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El periódico «La Voz de los Trabajadores»: Edición de marzo-abril
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es una escalada importante en el Medio Oriente que tiene implicaciones peligrosas para los trabajadores de todo el mundo. La brutalidad del asalto imperialista a nivel internacional va junto con el ataque a las libertades civiles por parte del régimen de Trump dentro de Estados Unidos. Esto incluye las operaciones continuas del ICE y la Patrulla Fronteriza, las amenazas a las elecciones de mitad de período de 2026, los retrocesos ambientales que afectan profundamente a la comunidad negra y la brutalidad policial sin control.
Nuestro editorial en este número nos advierte: «Existe un gran peligro de subestimar la determinación de la élite empresarial estadounidense de llevar adelante esta iniciativa. No podemos confiar en que las sentencias judiciales o las próximas elecciones nos salven. Debemos organizarnos ahora, no solo para realizar manifestaciones masivas y crear redes comunitarias contra la violencia del ICE, sino para encontrar el camino hacia la construcción de un nuevo partido de la clase trabajadora a través del cual podamos organizar nuestra defensa política en todos los planos y todos los días».
En este número también tenemos artículos sobre los archivos de Epstein y la clase dominante, la huelga de maestros de San Francisco y una reseña del nuevo álbum de U2.
La edición de marzo-abril de 2026 de nuestro periódico está disponible en formato impreso y en línea como PDF y contiene articulos en ingles y español. ¡Lee hoy mismo el último número de nuestro periódico con una descarga gratuita en PDF! Como siempre, agradecemos cualquier donación que ayude a sufragar los gastos de impresión.
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¡No a la amenaza injerencista de Donald Trump y el imperialismo norteamericano! ¡Fuera las tropas yankees de Venezuela y Latinoamérica!
Por Leonardo Arantes (Unidad Socialista de los Trabajadores – Venezuela)
El 2 de septiembre, el presidente Trump anunció que, siguiendo sus órdenes, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron una pequeña embarcación en aguas internacionales del Caribe. Sin aportar pruebas, Trump afirmó que la embarcación transportaba a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua que transportaban drogas ilegales. Declaró que 11 personas murieron en el ataque. El siguiente artículo de los socialistas venezolanos fue escrito varios días antes del ataque estadounidense. — La Redacción
En días recientes, el gobierno norteamericano, encabezado por el ultraderechista Donald Trump, ha venido realizando una serie de anuncios y ejecutando acciones orientadas al desarrollo de una operación militar en aguas de América Latina y el Caribe, bajo el argumento de enfrentar el narcotráfico.
El imperialismo norteamericano amenaza y muestra sus dientes
Mediante una inusitada demostración de poder militar naval, Estados Unidos ha comenzado desde hace un par de semanas a desplegar varios buques de guerra y personal militar en el área antes señalada, en la cual, según reseña la prensa internacional se habrían empleado hasta ahora, tres buques de guerra, un submarino nuclear con capacidad misilística y operaciones de inteligencia, además de aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidón y un personal militar que sobrepasaría los 4000 efectivos marines.
Además de esto, se anunció el envío, hasta el límite del mar territorial venezolano, de tres destructores dotados del sistema de defensa aérea Aegis, además de submarinos y aviones. Se trata de buques armados con misiles guiados, entre ellos los Tomahawk para atacar objetivos en tierra, de última tecnología en la Marina de Estados Unidos.
Se trata de buques polivalentes que cumplen funciones de combate naval, escolta de buques mayores -como portaaviones-, bombardeo a tierra y defensa área, entre otras, pudiendo ser usados tanto para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, como a manera de plataforma de lanzamiento para ataques militares selectivos.
Todo este desproporcionado despliegue armamentístico, para un supuesto combate al narcotráfico, haciendo uso de armas, equipos bélicos, recursos y poderío militar más característico de guerras y/o invasiones militares, dejan en evidencia, que, bajo ese argumento de lucha contra el narcotráfico, este operativo que desarrolla el imperialismo norteamericano, constituye una nueva amenaza contra los pueblos de Latinoamérica y el Caribe en general y en específico contra Venezuela; país este último al respecto del cual, viendo desarrollar todo este operativo en las cercanías de las fronteras de su mar territorial y considerando la tensión política de los últimos días, es imposible no plantearse la posibilidad de que este siendo considerado como un potencial objetivo militar.
El contexto político en el que se desarrolla la amenaza injerencista
Consideramos que es pertinente describir y analizar el contexto político en el que se enmarca el actual operativo y amenaza injerencista norteamericana.
Tal despliegue militar se produce a posteriori de que el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, emitiese, el pasado 08 de agosto, una orden autorizando el uso de las fuerzas armadas para la “lucha contra carteles de drogas extranjeros, con el objetivo de defender a su nación”, previo a esto el gobierno norteamericano (07/08/2025) había duplicado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Vale recordar que, en 2020, durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo. En concreto, el gobierno de EE.UU., asegura que Maduro y funcionarios y militares de alto rango de su Gobierno lideran el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización criminal a la que EE.UU. declaró como terrorista.
Luego de los anuncios señalados, La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que el gobierno norteamericano había “confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro”, los cuales incluirían “dos aviones de lujo, varias casas, una mansión en República Dominicana y otras en Florida, una granja de caballos y millones de dólares en joyas”, todo esto producto de su accionar como “líder del Cartel de los Soles”.
Las semanas previas a esto, la administración Trump había desarrollado un proceso de negociación con el gobierno de Maduro, el cual incluyó el canje de prisioneros norteamericanos por migrantes venezolanos retenidos por el gobierno de Bukele en cárceles de El Salvador, la liberación de algunos presos políticos en territorio venezolano y el otorgamiento de una nueva licencia que autoriza a Chevron para operar en el país, extraer y comercializar petróleo venezolano.
Es pronto para afirmar si se trata de una pretensión real del gobierno de EE.UU. de intervenir militarmente en Venezuela o si por el contrario se trata como en otras ocasiones de un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro (algo también bastante probable) para empujar a este a negociar en peores condiciones acuerdos en función de seguir profundizando la entrega de la soberanía del país, sobre todo los recursos petroleros y minerales.
Lo cierto es que el argumento del “combate al narcotráfico” no pasa de ser un pretexto barato que, como en ocasiones anteriores y como la historia lo demuestra, utiliza el imperialismo para aumentar su ofensiva recolonizadora en América Latina y el Caribe, y en este caso particularmente contra Venezuela.
Con el actual despliegue militar lo menos que persigue Trump y su gobierno como representantes del imperialismo yankee, es combatir, controlar y derrotar al narcotráfico, su verdadero objetivo consiste en reforzar el resguardo de sus intereses económicos, políticos, geopolíticos y militares en una región históricamente estratégica para el imperialismo norteamericano.
La respuesta del gobierno de Maduro, el falso antiimperialismo
Tal como era de esperarse, la respuesta de Maduro y de funcionarios de su gobierno como Diosdado Cabello (Ministro de Relaciones Interiores), Delcy Rodríguez (Vicepresidenta Ejecutiva), entre otros, varios de ellos acusados de diversos delitos, ha sido negar las acusaciones que los vinculan (tanto a Maduro como a esos funcionarios) con el narcotráfico, además de hacer altisonantes declaraciones en el tenor de “…ningún imperio va a venir a tocar el suelo sagrado de Venezuela…” (Nicolás Maduro 19/08/2025) ó “…Nosotros también estamos desplegados, en el Mar Caribe, en nuestro mar territorial venezolano, para defender nuestra soberanía…” (Diosdado Cabello 19/08/2025).
Igualmente, han anunciado la movilización de más de 4 millones de milicianos (reservistas), y el inicio de un proceso de alistamiento (incorporación de nuevos miembros) y adiestramiento de tales fuerzas (en lo que seguramente obligaran bajo chantaje a participar a los trabajadores de la administración pública), mientras que la Vicepresidenta Ejecutiva hace llamados a “la unión de los países latinoamericanos ante amenazas directas de intervención militar por parte de EE.UU.” (Delcy Rodríguez 19/08/2025).
Con todo esto, Maduro hace alarde de un falso antiimperialismo, mientras continua entregando nuestra soberanía, recursos petrolíferos, hidrocarburos y minerales a empresas transnacionales imperialistas como Chevron, así como Barrick Gold y Gold Reserve en el Arco Minero Orinoco (AMO), a la vez que exonera de pagar impuesto sobre la renta a las empresas imperialistas en el negocio petrolero y de importación de alimentos, y aplica un brutal ajuste contra los trabajadores venezolanos a quienes mantiene padeciendo miseria y penurias, devengando un salario mínimo mensual de menos de 1$, con las convenciones colectivas congeladas y conculcados todos sus derechos laborales, sindicales y sociales.
La oposición burguesa celebra el operativo y las amenazas
Fiel a su a su carácter burgués y ultraderechista y a su papel lacayo y servil a los intereses del imperialismo norteamericano, María Corina Machado y el sector opositor que se organiza en torno ella, apoyan las amenazas injerencistas y celebran el operativo militar imperialista, alimentando entre la población expectativas en una eventual intervención militar contra Maduro y el país, clamando inclusive por una ejecución inmediata y fugaz de la misma, a la vez que declara que los Estados Unidos serían «el mejor aliado comercial, energético y de seguridad en la región” en caso de ella ser gobierno.
Desde acá alertamos que los trabajadores y el pueblo venezolano no debemos depositar ninguna confianza en una dirigente burguesa, socia servil de los más rancios intereses imperialistas, ni en el sector político que ella representa y mucho menos en el imperialismo norteamericano, su gobierno y sus fuerzas armadas.
Rechacemos las amenazas injerencistas imperialistas, ningún apoyo a Maduro y su gobierno
Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), rechazamos y llamamos a repudiar esta nueva amenaza injerencista y esta agresión imperialista, categóricamente estamos en contra del despliegue militar estadounidense en las cercanías de los límites del mar territorial venezolano, y en los mares de toda Latinoamérica y el Caribe, exigimos la retirada inmediata de las tropas gringas de estas latitudes, exigimos a los gobiernos del continente pronunciarse en contra de tal operativo militar.
De igual manera, afirmamos que, rechazar tal agresión y ofensiva del imperialismo norteamericano contra Venezuela, no significa brindar ningún apoyo político a Maduro y su gobierno, al contrario, denunciamos su política entreguista de nuestra soberanía y recursos naturales energéticos y minerales a las transnacionales yankees, chinas y rusas, entre otras, estamos en contra de su política de destrucción del salario, de bonificación del ingreso de cercenamiento de los derechos laborales y sociales, de violación de las libertades democráticas, de la represión contra dirigentes obreros, sindicales y políticos opositores al gobierno, así como también de sus pretensiones de eliminar los sindicatos mediante la pretendida constituyente sindical; llamamos a los trabajadores a organizarnos y movilizarnos de manera unificada para derrotar la política de entrega de la soberanía del país, derrotar el ajuste antiobrero y antipopular que aplica el gobierno y expulsar a Maduro del poder.
Solo derrocando al gobierno de Maduro, mediante la movilización autónoma e independiente de los trabajadores y los sectores populares, se puede desarrollar un antiimperialismo consecuente que ponga freno a la entrega del país, expulsando a las transnacionales y empresas mixtas del negocio petrolero y del Arco Minero Orinoco, nacionalizando 100% el petróleo, la banca, la producción de alimentos, las telecomunicaciones y otros sectores estratégicos, dejando de pagar la deuda externa y repatriando los capitales fugados.
Todas estas son tareas antiimperialistas que no llevará adelante el gobierno burgués y dictatorial de Maduro, ni ningún gobierno burgués, estas tareas solo pueden ser acometidas por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares del país.
Fuera las tropas yankees de América Latina y el Caribe.
No a la injerencia imperialista en Venezuela. Rechacemos las amenazas y agresiones del imperialismo.
Ninguna confianza en la oposición burguesa, el imperialismo norteamericano, su gobierno y sus fuerzas armadas.
Movilización obrera y popular para frenar la entrega de la soberanía del país.
Derrotemos el ajuste antiobrero y antipopular del gobierno Maduro.
Por el rescate del salario, las convenciones colectivas, los derechos laborales, sindicales y sociales de los trabajadores. Basta de Represión
No a la constituyente sindical, por la defensa de los sindicatos.
Fuera el gobierno de Maduro.
Por un gobierno obrero y popular.
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Los estudiantes por Palestina en la Universidad de Pittsburgh conquistan su reincorporación
Por CARLOS SAPIR
El jueves 27 de agosto, un juez federal levantó la prohibición contra Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) en la Universidad de Pittsburgh, al dictaminar que la universidad había violado su derecho a la libertad de expresión. La reincorporación se consiguió gracias a la decidida organización de los estudiantes y los profesores, que movilizaron a la comunidad universitaria y los sindicatos para llevar a cabo su defensa pública.
Esta victoria sigue a la que se ganó en febrero de 2024 por una campaña en defensa de las libertades civiles en la Universidad Estatal de Ohio, donde los Socialistas Revolucionarios del Centro de Ohio (CORS) fueron prohibidos brevemente por organizar eventos a favor de Palestina, y lograron su reincorporación tras una campaña de presión pública. A pesar de los numerosos esfuerzos draconianos de las universidades por limitar o suprimir la libertad de expresión en el campus, estos derechos siguen dentro de nuestro alcance y proporcionan una valiosa plataforma para ganar una audiencia más amplia para la solidaridad con Palestina.
¿Qué ocurrió en Pittsburgh?
Los Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) de la Universidad de Pittsburgh han sido acosados por los administradores de la universidad por todas sus actividades de protesta contra el genocidio en curso en Palestina. Además de las comunicaciones hostiles de la universidad, han sido acosados por grupos sionistas, que los amenazaron públicamente con violencia durante la invasión israelí del Líbano en 2024 (amenazas que les gustaron al senador demócrata John Fetterman).
En diciembre de 2024, durante la semana de exámenes finales, los estudiantes organizaron un estudio en grupo en la biblioteca Hillman, de la universidad. Durante varios días consecutivos, los estudiantes, vestidos con keffiyehs, ocuparon un espacio en la planta baja de la biblioteca, mientras que los administradores de la universidad y la policía los amenazaban periódicamente y les exigían que se dispersaran por motivos disciplinarios vagos. Los estudiantes, flanqueados por profesores que los apoyaban, insistieron en que los administradores especificaran las políticas universitarias exactas que supuestamente habían infringido y accedieron a borrar los mensajes de las pizarras comunitarias. Los estudiantes fueron remitidos a un opaco proceso disciplinario interno, mientras se les amenazaba continuamente con repercusiones por seguir con su actividad política.
Los estudiantes no se dejaron intimidar. Publicaron una carta abierta en la que pedían a la universidad que retirara los cargos contra ellos, con el respaldo firmado de 70 organizaciones universitarias y comunitarias. La universidad respondió suspendiendo oficialmente a SJP, acusándola de interferir en el proceso disciplinario por enviar la carta abierta a la junta de revisión disciplinaria.
Los organizadores estudiantiles plantearon las cuestiones fundamentales del momento al conjunto estudiantil, proponiendo tres medidas electorales en las elecciones al gobierno estudiantil de marzo de 2025 que estaban directamente relacionadas con su lucha política:
- ¿Debería modificarse el Código de Conducta Estudiantil para garantizar que, en todas las audiencias disciplinarias, uno o más estudiantes participen como arbitros?
- ¿Debería la Universidad de Pittsburgh publicar detalles de sus inversiones financiales y someterse a un proceso de auditoría pública anual para garantizar que las operaciones de la universidad sean transparentes y responsables?
- ¿Debería la Universidad de Pittsburgh deshacerse de todas sus participaciones financieras que tenga, en fabricantes de armas destinadas por Israel?
Las tres medidas se aprobaron con una alta participación, junto con una cuarta medida por eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso. Miles de estudiantes expresaron su apoyo a la desinversión en Israel, a la transparencia financiera que permita dicha desinversión y a un mayor control de los estudiantes sobre los procesos disciplinarios, una demanda clave, histórica y democrática de los movimientos estudiantiles de todo el mundo.
Los estudiantes y el profesorado también se pusieron en contacto con asistencia jurídica, y la ACLU aceptó presentar una demanda pro bono en un tribunal federal. El sindicato de profesores, United Steel Workers Local 1088, organizó una manifestación coincidiendo con el día de acción nacional por la educación superior del 17 de abril, vinculando las cuestiones de los ataques federales a los presupuestos universitarios, la libertad académica y los programas de diversidad con la censura de Palestina por parte de la universidad. También exigieron respuestas a la universidad sobre su trato a SJP en reuniones sobre la política universitaria frente el ataque del gobierno federal a la financiación de las universidades y al discurso político.
Mientras tanto, el proceso disciplinario interno siguió su curso con nuevas audiencias, y la universidad finalmente retiró los cargos relacionados con la sesión de estudio en la biblioteca de diciembre, pero mantuvo la suspensión.
En agosto, los estudiantes acudieron a la audiencia preliminar rodeados de una multitud de simpatizantes. Tras varias horas de deliberaciones en la sala del tribunal federal, el juez publicó una orden judicial en la que afirmaba que la universidad, una entidad gubernamental, había violado los derechos de expresión de los estudiantes, que su suspensión durante el periodo de reclutamiento a principios del semestre les había causado un daño irreparable y que la reincorporación de SJP beneficiaría al público «al aumentar el nivel de asociación y expresión en el campus».
Podemos luchar y ganar
Las universidades son importantes campos de actividad política: en ningún otro lugar de la sociedad hay tanta gente formando y reconstruyendo activamente su comprensión política del mundo. Los vínculos de los estudiantes con sus comunidades de origen, así como su posición como nuevos trabajadores que se incorporan al mercado laboral, les permiten organizarse e influir en la actividad política más allá de la geografía de la propia universidad. Además, las universidades a menudo son los mayores empleadores de las ciudades en las que se encuentran, y muy arraigadas en los servicios de salúd locales. Mantener una presencia en estos campus es importante para los movimientos sociales y las organizaciones socialistas, y también proporciona acceso a los recursos puestos a disposición de los grupos estudiantiles.
Los derechos democráticos que tenemos hoy en día, como la libertad de expresión, son el resultado de siglos de lucha de clases. Contrariamente a la perspectiva ideológica de la clase dominante de que estos derechos están protegidos por estar consagrados en la ley, sabemos por experiencia que hay que luchar, exigir y proteger continuamente estos derechos.
Conseguir la reincorporación del SJP en la Universidad de Pittsburgh, al igual que ocurrió con los Socialistas Revolucionarios de Ohio Central en la Universidad Estatal de Ohio, supuso meses de organización y acción política para impulsar el apoyo al caso lo más ampliamente posible. En el proceso, estos grupos estudiantiles pudieron demostrar los vínculos entre la opresión del pueblo palestino por parte de Israel y la represión de la libertad de expresión en su país, ganando el apoyo de capas cada vez más amplias de la población por la causa palestina y por otras luchas de liberación. Estas luchas no se contraponen, sino que se complementan y permiten que el movimiento en su conjunto avance políticamente hacia la derrota de la agenda de la clase dominante tanto en Palestina como en Norteamérica.
Foto: La policía de la Universidad de Pittsburgh ataca a estudiantes pro palestinos cerca de su campamento el 3 de junio de 2024. (Quinn Glabicki / Public Source)
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Israel se prepara para expulsar a los palestinos en medio del repudio internacional
Por Fabio Bosco (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – Brasil)
Era el 1 de marzo de 2025. Según el Canal 13 de la televisión israelí, el gobierno decidió bloquear la entrada de ayuda humanitaria para inhabitar Gaza y obligar así a la Resistencia Palestina a rendirse. El Estado de Israel decidió utilizar la hambruna como arma de guerra a gran escala.
Poco después, el día 18, Israel rompió el alto el fuego, invadió y se apoderó del 75% de Gaza, además de realizar bombardeos indiscriminados contra escuelas, hospitales y viviendas. 400 palestinos murieron solo en los primeros días.
A partir de abril, Israel excluyó a las agencias de las Naciones Unidas (ONU) y a las ONG de la ayuda humanitaria y contrató a la empresa GHF para distribuir alimentos en Gaza. GHF y el ejército israelí convirtieron los seis puntos de distribución en trampas mortales.
Hasta el 17 de agosto, Israel había matado a 1.938 personas y herido a otros 14.420 palestinos en las colas para obtener alimentos. Además, el Estado sionista ha matado de hambre a 258 palestinos, incluidos 110 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Preparando una diáspora forzada brutal
Simultáneamente, Israel ha contactado a otros países para persuadirlos de que acepten a los palestinos expulsados de Gaza. Además de Sudán, Sudán del Sur y Somalilandia, Israel, con la aprobación de Estados Unidos, está negociando con el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, quien gobierna el oeste de Libia, para aceptar a cientos de miles de palestinos a cambio de la liberación de 30 mil millones de dólares bloqueados en el extranjero desde 2011.
También están negociando con el general Khalifa Haftar, que domina el este de Libia, para acoger a los palestinos a cambio de una mayor participación en la producción petrolera del país.
En Cisjordania, Israel se prepara para anexar todo el territorio. Por un lado, ha armado a 700.000 colonos israelíes para, junto con el ejército, atacar y expulsar a los palestinos. Además, se ha apoderado de la zona conocida como «E1», que divide Cisjordania entre el norte y el sur y la separa de Al-Quds/Jerusalén.
Según el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el objetivo es enterrar, de una vez por todas, la solución de dos Estados y, con ello, la formación del Estado palestino.
La disputa por el control de la región
Finalmente, Israel busca consolidarse como la única potencia regional. Actualmente ocupa territorios en Líbano y Siria, ataca Yemen con regularidad y prepara nuevos ataques contra Irán. Sus planes avanzan en Líbano, donde el nuevo presidente y primer ministro, aliados de Estados Unidos y Arabia Saudita, fueron elegidos y presionan a Hezbolá para que se rinda.
En Siria, el plan sionista de dividir el país se vio facilitado por la masacre de Sweida, donde fuerzas del gobierno interino ejecutaron a cientos de drusos, empujándolos al lado de Israel y alimentando la división tóxica entre las comunidades confesionales, lo cual es contrario a los objetivos de la revolución.
En Yemen, hay un fortalecimiento de los hutíes yemeníes (organización Ansar Allah) para el control del tráfico comercial en el estrecho de Bab al-Mandeb en el Mar Rojo y para la capacidad de paralizar la producción de petróleo en Arabia Saudita, como lo hicieron en 2019.
En Irán, se están negociando un nuevo acuerdo nuclear con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, se está reanudando la producción de armas para su defensa, en particular misiles balísticos, que han penetrado con éxito las defensas aéreas de Israel. Además, la reconstrucción de su programa nuclear también está en marcha.
110 niños palestinos han muerto de hambre en Gaza. Foto: IRNA El apoyo de Estados Unidos a la limpieza étnica
Ninguno de estos planes israelíes sería posible sin el apoyo estadounidense. Estados Unidos suministra el 70% de las armas utilizadas por Israel. Además, proporciona cobertura política y diplomática al genocidio en Gaza.
Trump, por ejemplo, impuso sanciones contra la relatora de la ONU para los territorios palestinos, la combativa Francesca Albanese, así como contra dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), paralizando el Tribunal y la Corte Internacional de Justicia. Todo esto para proteger a los criminales sionistas.
Esta política de Trump beneficia directamente a las industrias armamentística y petrolera estadounidenses. Además, Trump fortalece su relación con los sionistas cristianos que forman parte de su movimiento «Make America Great Again» (MAGA).
El imperialismo europeo y los BRICS no son alternativas
Mientras el imperialismo estadounidense apoya abiertamente el genocidio, el imperialismo europeo busca otra forma de apoyar a Israel.
En septiembre, Francia y Arabia Saudita patrocinaron una conferencia de la ONU para reconocer un «Estado palestino». Sin embargo, este «Estado palestino» se formaría sobre la base de la rendición de la Resistencia Palestina y también sería desmilitarizado para garantizar la «seguridad» de Israel.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) participó en la Conferencia y abogó por el desarme de Hamás y la Resistencia Palestina.
El imperialismo británico, a su vez, se comprometió a apoyar esta política francesa si Israel no mitigaba el genocidio en Gaza. Pero ninguno de los dos habló sobre lo que realmente sería necesario: un embargo militar y la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.
El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció un embargo parcial de armas y se detuvo ahí. Estos anuncios engañosos buscan «distanciar» la responsabilidad del genocidio y apaciguar la masiva ola de protestas propalestinas en Europa.
Lamentablemente, la situación no es diferente entre los BRICS, la alianza formada inicialmente por los países que componen el acrónimo –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– y que ahora incluye a varios países del norte de África, como Egipto y Etiopía, y de Oriente Medio, como Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
India es un aliado incondicional de Israel. China es la principal potencia exportadora de Israel. Rusia es un aliado histórico de Israel y proveedor de petróleo de la maquinaria bélica sionista. Brasil y Sudáfrica protestan por el genocidio, pero siguen exportando petróleo y carbón a Israel, respectivamente.
Hamás apoya un alto el fuego sin rendición
La Resistencia Palestina en Gaza, liderada por Hamás, se encuentra debilitada tras 22 meses de lucha desigual contra los genocidas sionistas. Aun así, Hamás se niega a rendirse: su desarme y la ocupación israelí de Gaza.
Por el contrario, Hamás apoya la propuesta de un alto el fuego de 60 días, con un amplio intercambio de prisioneros, además de la retirada de las tropas israelíes de Gaza.
La experiencia histórica respalda la Resistencia Palestina. El desarme siempre ha conducido a masacres de palestinos, como en 1982 en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, en el Líbano.
La extraordinaria ola de solidaridad internacional
El genocidio en Gaza es condenado por personas de todo el mundo. Las encuestas de opinión pública indican el mayor apoyo a los palestinos jamás registrado. Este rechazo al genocidio se manifiesta en diversas acciones de solidaridad, desde marchas que congregan a miles de personas hasta protestas en universidades y eventos culturales y deportivos.
Los vínculos entre la lucha en Palestina y Ucrania también han dado sus primeros pasos. En Kiev, activistas de izquierda se manifestaron en apoyo a Palestina frente al Memorial del Holodomor, dedicado a los millones de personas que murieron de hambruna en Ucrania en la década de 1930 como consecuencia de las políticas asesinas de Stalin.
Lo que aún no ha ocurrido a gran escala es la necesaria unidad de los trabajadores para impedir las exportaciones de material militar a Israel.
Las protestas en Israel y sus límites
La semana pasada, cientos de miles de israelíes protestaron exigiendo un alto el fuego y un intercambio de prisioneros. Cientos de judíos ultraortodoxos también protestaron contra el servicio militar obligatorio para los creyentes.
Estas protestas son importantes porque presionan al gobierno de Benjamín Netanyahu para que acepte el alto el fuego. Sin embargo, es importante conocer sus límites. La gran mayoría de los judíos israelíes apoya la expulsión de los palestinos de Gaza y la colonización de Cisjordania.
Sin embargo, el genocidio prolongado está impactando la economía —que se encuentra en recesión— y afectando la vida de los israelíes que no quieren ser asesinados en Gaza por la resistencia palestina. Además, la imagen internacional de Israel también está gravemente dañada.
La mayoría de la población judía israelí, incluida la clase trabajadora, no es aliada de los palestinos. Al contrario, también se benefician del robo de tierras y hogares palestinos. Debido a estos beneficios materiales, los trabajadores judíos israelíes se unen a la empresa sionista en contra de los intereses de los palestinos y de los trabajadores de todo el mundo.
Sólo las manifestaciones de los palestinos de 1948 (palestinos que viven en los territorios palestinos capturados en 1948, sobre los que se formó el Estado de Israel), principalmente en la ciudad palestina de Umm al-Fahm, exigen el fin del genocidio, en solidaridad con sus hermanos y hermanas palestinos de Gaza.
¡Apoyo incondicional a la Resistencia Palestina! ¡Fortalezcamos la solidaridad internacional!
El PSTU apoya incondicionalmente a la Resistencia Palestina. No tenemos un acuerdo programático con Hamás, la Yihad Islámica ni el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), pero nos mantenemos firmes contra el genocidio israelí.
Apoyamos la decisión de la Resistencia Palestina de no entregar sus armas y continuar sus acciones contra el ejército israelí, por limitadas que sean.
Mientras la Resistencia Palestina hace su parte en la lucha, es necesario que la clase trabajadora y la juventud de todo el mundo hagan también la suya.
En los países árabes, se necesita una nueva «Primavera Árabe» para derrocar a los regímenes colaboracionistas. En otros países, se necesita movilización para obligar a los gobiernos a romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, buscando involucrar a la clase trabajadora en la acción directa y boicoteando el envío de armas y cualquier otro tipo de bienes a Israel.
Será en el calor de la lucha contra el genocidio que construiremos el camino hacia la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar, y para acabar con el Estado racista de Israel, única solución para la paz en Oriente Medio.
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Trump intensifica el Estado policial
Por JOHN LESLIE
En medio de la ocupación militar de Washington D. C., Trump emitió otra orden ejecutiva (EO) que intensifica aún más el uso del ejército contra la población civil nacional. Especialmente alarmante es la creación de una «fuerza de reacción rápida permanente de la Guardia Nacional», que podría desplegarse a nivel nacional por orden del presidente. Desde el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en D.C., Trump ha estado amenazando con enviar tropas a Oakland, Baltimore y Chicago, todas ellas ciudades con alcaldes negros, basándose en afirmaciones erróneas de una «emergencia criminal».
Durante la ceremonia de firma de la orden ejecutiva el 25 de agosto, Trump dijo a la prensa que «mucha gente está diciendo: «Quizás nos gusta un dictador»». Inmediatamente después de hacer este comentario, aseguró a los periodistas: «No soy un dictador. Soy un hombre con mucho sentido común». Sin embargo, en una reunión del gabinete al día siguiente, Trump volvió a referirse al término «dictador» mientras negaba que pudiera haber ninguna limitación a su «derecho» a enviar tropas a Chicago: «No es que no tenga… el derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de los Estados Unidos».
Todo esto se produce en el contexto de la expansión masiva del ICE, la policía política de Trump, junto con la construcción de campos de prisioneros para la detención de trabajadores inmigrantes. Como escribimos anteriormente, «Trump ha tomado las herramientas que le han proporcionado las administraciones anteriores y las ha dirigido hacia un régimen de deportación masiva utilizando una miríada de agencias federales, incluyendo el FBI, la ATF y el Servicio de Inspección Postal para aumentar los esfuerzos del ICE y la Patrulla Fronteriza».
¿Qué hay en la nueva orden ejecutiva?
- Utilizando el pretexto de una supuesta «emergencia criminal», la orden ejecutiva crea una unidad especializada de la Guardia Nacional de Washington D. C.: «El secretario de Defensa, sujeto a la disponibilidad de fondos y a la legislación aplicable, creará y comenzará inmediatamente a entrenar, dotar de personal, contratar y equipar una unidad especializada dentro de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, sujeta a la activación en virtud del título 32 del Código de los Estados Unidos, que se dedicará a garantizar la seguridad y el orden público en la capital de la nación». Esta unidad de Washington D. C., junto con las unidades de la Guardia Nacional de todos los estados, «será entrenada para ayudar a las fuerzas del orden federales, estatales y locales a sofocar los disturbios civiles».
- Además, «el Secretario de Defensa designará un número adecuado de miembros entrenados de la Guardia Nacional de cada estado que estén disponibles para una rápida movilización con tales fines. Además, el Secretario de Defensa garantizará la disponibilidad de una fuerza de reacción rápida permanente de la Guardia Nacional que contará con los recursos, la formación y la disponibilidad necesarios para un rápido despliegue en todo el país.
- La orden ejecutiva también ordena al Servicio de Parques Nacionales que aumente el tamaño de la Policía Federal de Parques de D.C.
- La orden ejecutiva incluye medidas severas contra las viviendas públicas de Washington D. C., y ordena al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que investigue las infracciones y «tenga en cuenta las disposiciones de los acuerdos que exigen a los proveedores de vivienda mantener condiciones seguras, dignas y sanitarias, o restringir a los inquilinos que participen en actividades delictivas que amenacen la salud, la seguridad y el derecho al disfrute pacífico de otros inquilinos, incluyendo la distribución de drogas, las actividades delictivas violentas y la violencia doméstica».
- La orden ejecutiva también otorga al fiscal general el derecho a revisar las órdenes generales de la Policía Metropolitana de Washington D. C. y a solicitar al alcalde que realice «actualizaciones y modificaciones de dichas órdenes que el fiscal general considere necesarias para hacer frente a la emergencia delictiva y garantizar el orden público y la seguridad».
El escritor Hamilton Nolan explica: «Esta orden ejecutiva intenta crear una fuerza militar permanente que vaya donde Donald Trump les diga que vayan y haga lo que él les diga que hagan. Su objetivo es suavizar cualquier objeción burocrática, legalista o técnica a este tipo de uso dictatorial de la fuerza. Su objetivo es garantizar que Donald Trump pueda señalar cualquier ciudad y decir «Envie a las tropas» y que eso se cumpla, a pesar de la oposición de cualquier gobernador o alcalde, de oficiales militares descontentos o de tribunales rebeldes».
Afirmaciones falsas sobre la delincuencia
A pesar de las afirmaciones de Trump, las tasas de delitos violentos han disminuido desde el pico alcanzado durante la pandemia de COVID, con una reducción significativa de las tasas de homicidios: una caída del 14,9 % entre 2023 y 2024. Los homicidios, las agresiones violentas, las agresiones sexuales, los robos y los hurtos de vehículos a motor han registrado descensos significativos desde los picos alcanzados al final de la pandemia.
El ataque verbal de Trump a Washington D. C., en el que califica la ciudad de sucia, infestada de delincuencia y peligrosa, está en línea con los argumentos conservadores que vilipendian las zonas urbanas. Según Trump, la situación en D. C. «se está convirtiendo en una situación de completa y total anarquía, y también estamos eliminando los barrios marginales. … Sé que no es políticamente correcto. Dirán: «Oh, qué terrible». No, estamos eliminando los barrios marginales donde viven».
Según The Hill, «se registraron 926 delitos violentos por cada 100 000 habitantes en la capital del país, gobernada por la alcaldesa Muriel Bowser (demócrata). Las autoridades afirmaron que los delitos violentos han descendido un 27 % y se encuentran en su nivel más bajo en 30 años, tras alcanzar máximos históricos durante la pandemia». Por el contrario, una hoja informativa publicada por la Casa Blanca afirma que «el gobierno local de Washington D. C. ha perdido el control de la seguridad pública en la ciudad», con «una tasa de delitos violentos superior a la de algunos de los lugares más peligrosos del mundo».
Viene el Estado policial
Los defensores de las libertades civiles y los activistas comunitarios están preocupados, con razón, por este uso innecesario y peligroso del ejército en las ciudades estadounidenses. El mayor general retirado Randy Manner se pronunció en contra de esta nueva medida, afirmando que «la Administración está tratando de desensibilizar al pueblo estadounidense para que se acostumbre a ver a soldados estadounidenses armados en vehículos de combate patrullando las calles de Estados Unidos».
El uso que hace Trump del ejército para la vigilancia interna viola la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso del ejército para la vigilancia interna. Desde que asumió el cargo, Trump ha aumentado drásticamente el tamaño y el alcance del ICE. Una orden ejecutiva anterior de Trump, Fortalecer y liberar a las fuerzas del orden de Estados Unidos para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes, militariza aún más las fuerzas policiales locales y estatales, proporcionando más equipo militar excesivo a la policía y protegiéndola de la rendición de cuentas. El deseo de Trump de utilizar a la policía y al ejército contra sus supuestos enemigos supone un peligro muy real para las nacionalidades oprimidas, los opositores a la represión estatal y los sindicatos.
Trump está creando el marco para una fuerza policial y militar integrada, leal y que no rinde cuentas, capaz de llevar a cabo una campaña de contrainsurgencia y represión a escala nacional, una represión sin precedentes en Estados Unidos. En un artículo publicado en The New York Times, Ezra Klein escribió: «… esa es la otra imagen que veo, la que se va aclarando cada vez más. No es Trump limpiando la crisis o el desorden, sino Trump creando crisis y desorden para poder construir lo que ha querido construir: un Estado autoritario, un ejército o una fuerza paramilitar que solo responda ante él, que le dé el control total».
Klein continuó: «El ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han sido durante mucho tiempo las agencias policiales más rebeldes, renegadas y, sin duda, pro-Trump del Gobierno federal. Por eso creo que Trump las considera las más leales a él. Además, es obvio que las deportaciones masivas garantizarán que esas dos agencias sigan siendo relevantes durante toda su administración». Entonces, ¿qué impedirá que Trump, o un sucesor, utilice las fuerzas de reacción rápida del ICE y la Guardia Nacional, junto con la policía local, contra los manifestantes contra la brutalidad policial, los activistas solidarios con Palestina o contra las huelgas laborales?
La lucha que nos queda
La construcción de una respuesta contra Trump también plantea la cuestión del Partido Demócrata. La cúpula demócrata ha sido una «oposición» débil y tibia al ataque frontal de Trump contra la democracia, los sindicatos, los inmigrantes, las personas LGBTQ y los derechos de las mujeres. Basta con ver los ataques contra las personas sin hogar y trans por parte de políticos como Gavin Newsom para saber que los demócratas no son más que otro grupo de defensores del capitalismo.
Los cortes y los políticos no nos salvarán. El poder está en nuestras manos a través de métodos de lucha de la clase trabajadora como huelgas, protestas masivas, boicots y campañas políticas independientes.
Detener las ambiciones autoritarias de Trump requerirá una lucha unida en múltiples frentes. La movilización democrática masiva de todos los sectores de la sociedad —los jóvenes, las nacionalidades oprimidas y los sindicatos en particular— es una tarea urgente. Debe ser una lucha combinada por los derechos democráticos y el debido proceso, contra la limpieza étnica legal bajo el pretexto del control de la inmigración, por la abolición del ICE y en defensa de la clase trabajadora. Debe haber un rechazo unido y rotundo al autoritarismo.
Foto: J. Scott Applewhite / AP
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Recortes en el transporte público de Pensilvania: un ataque a los trabajadores
Por B. COOPER
En el momento de escribir este artículo, el Senado de Pensilvania no ha aprobado un presupuesto que financie el transporte público, incluido el SEPTA, un sistema que da servicio a 800 000 personas al día en la región metropolitana de Filadelfia. Esta financiación era necesaria para sacar a la tambaleante empresa de transporte público de un déficit paralizante de 213 millones de dólares.
Desgraciadamente, la SEPTA (Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania) decidió, a la luz de su prolongada «espiral de muerte» fiscal, reducir drásticamente el servicio y aumentar las tarifas. La primera ronda de recortes entró en vigor el domingo 24 de agosto. Se suprimirán por completo al menos 50 líneas de autobús y la mayoría de las líneas de tren reducirán a la mitad sus servicios. Con el tiempo, se eliminarán varias líneas ferroviarias regionales importantes, mientras que las demás dejarán de funcionar después de las 9 de la noche. Además, las tarifas básicas subirán a 2,90 dólares por trayecto.
Esto supone un importante revés en la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores de Filadelfia y la región metropolitana, incluidos Nueva Jersey y Delaware. Los recortes en el transporte público también afectarán a Pittsburgh y Harrisburg, así como a la conexión de Amtrak entre Nueva York, Filadelfia y Harrisburg. Todo ello supone un fuerte aumento de los gastos de transporte para las personas pobres y de clase media. También supondrá un aumento masivo de las emisiones de carbono y partículas debido al incremento diario estimado de unos 275 000 coches en las carreteras (hasta antes de considerar la congestión).
Esto ocurre en un momento en que la nación gasta casi un billón de dólares al año en su ejército, 175 000 millones en aterrorizar y encarcelar a los inmigrantes en campos de concentración, y cientos de millones más en los llamados «centros de datos de inteligencia artificial» que consumen y contaminan el agua de las comunidades cercanas.
El problema presupuestario de SEPTA
Los responsables de SEPTA se han quejado durante años de su «espiral de muerte» fiscal, que ha limitado constantemente los servicios. Lamentablemente, culpan de ello a los consumidores, es decir, a los usuarios de clase trabajadora, en lugar de al gobierno capitalista.
En 1961, el Southern Pennsylvania Transportation Compact puso fin al caótico sistema privatizado y fusionó varias empresas en una única red, que se reorganizó como SEPTA en 1964. En el proceso se suprimieron varias líneas ferroviarias suburbanas, pero se consideró una medida temporal a la espera de la electrificación de todo el sistema. Al mismo tiempo, se trazaron planes para una gran ampliación del metro de la ciudad, aunque la mayoría de los planes de ampliación nunca se llevaron a cabo.
En general, la creación del sistema de propiedad pública supuso un paso adelante en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Pero la SEPTA se vio perjudicada por una financiación inconsistente. Nunca hubo una garantía segura de fondos por parte del gobierno estatal o federal, y tanto los republicanos como los demócratas pospusieron eternamente la decisión.
Dado que SEPTA no recibe un apoyo financiero regular y garantizado de los gobiernos estatal o federal, una gran parte de su financiación proviene de las tarifas. SEPTA, al igual que todas las redes de transporte público desde la pandemia de COVID-19, ha sido impactados por una caída en el número de personas que utilizan sus servicios, lo que crea una «espiral» en la que los clientes restantes tienen que pagar más para que todo siga funcionando.
Al mismo tiempo, SEPTA ha visto un aumento en el número de personas que no pagan, lo que ha creado un punto de discordia entre los pasajeros y los conductores de autobús que ha sido una fuente innecesaria de conflicto. A finales de 2024, el sindicato Transport Workers United Local 234 amenazó con ir a la huelga por cuestiones salariales y, lo que es más importante, por la seguridad en el trabajo.
Hoy en día, el déficit presupuestario de SEPTA no se puede solucionar solo con subidas de tarifas y, según la ley del estado de Pensilvania (para echar más leña al fuego), tampoco se puede solucionar con impuestos municipales. La familia media de Pensilvania pagará el 12 % de sus ingresos en impuestos estatales y locales, mientras que los más ricos solo pagarán el 6,2 %.
¿Por qué se ataca el transporte público?
Medios de comunicación como el Philadelphia Inquirer, City-cast Philly y Philly Voice han publicado información detallada sobre muchos de los aspectos específicos de la disputa presupuestaria entre los dos partidos capitalistas del Senado de Pensilvania. La gente podría pensar que no hay dinero disponible para financiar de forma constante a SEPTA (¡ni para los otros servicios públicos necesarios!). Sin embargo, un examen de las decisiones presupuestarias del gobierno estatal y federal revela una historia diferente, y una motivación ideológica más que realidades económicas.
Los republicanos, que han tenido la mayoría en el Senado estatal durante más de 30 años, principalmente debido al gerrymandering, tienen un fundamentalismo brutal del «mercado libre» que desprecia el bien público. En todo el país, su partido ha hecho todo lo posible por sabotear u obstaculizar el progreso de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y la vivienda. El Partido Republicano, influido por Trump, también está tratando de ganarse el favor de los votantes blancos de las zonas rurales y las pequeñas ciudades diciendo que sus impuestos no deben destinarse a las ciudades «azotadas por la delincuencia» gobernadas por los demócratas.
La estrategia republicana de destrucción a largo plazo del transporte público queda plenamente de manifiesto en su última propuesta presupuestaria, en la que se recortaría 1000 millones de dólares del Fondo Fiduciario de Transporte Público, un fondo que, según la SEPTA, es necesario para el mantenimiento y las futuras mejoras de capital del sistema en general.
Ambos partidos defienden el capitalismo y su explotación lucrativa de la mano de obra, así como la misión imperialista de Estados Unidos en el extranjero. Pero mientras que el Partido Demócrata tiende a presentarse como representante de las políticas «racionales» y «justas» del capitalismo estadounidense, el Partido Republicano, especialmente bajo Trump, ha abrazado más abiertamente los mitos racistas y excluyentes para justificar la explotación despiadada. Por supuesto, los recortes en los servicios sociales, incluido el transporte público, no benefician en absoluto a los blancos rurales ni a las pequeñas empresas, que se verán perjudicados por el impacto negativo en la economía de muchas de las políticas de Trump. El trumpismo solo puede beneficiar a los muy ricos.
Presupuestos estatales y nacionales
Por supuesto, 213 millones de dólares no es mucho dinero cuando se habla del presupuesto. Esto es fácil de ver cuando examinamos el llamado Big Beautiful Bill, aprobado recientemente como la joya de la corona de las políticas de Trump. El proyecto de ley incluye, entre muchas otras disposiciones, un aumento de 145 000 millones de dólares en el gasto militar anual, dinero que incluso el Pentágono admite que no puede controlar. Esto eleva el gasto neto anual en el ejército a casi 1 billón de dólares.
El llamado «hermoso» proyecto de ley también aumentó la contratación de agentes del ICE unos pocos 8000 millones de dólares y asigna 45 000 millones de dólares para la construcción de nuevos «centros de detención». Esto se suma a una obscena asignación de 50 000 millones de dólares para la seguridad fronteriza y la construcción del muro fronterizo. Incluso el dinero gastado en la construcción de «refugios» para los niños inmigrantes detenidos, 3000 millones de dólares, es 15 veces la cantidad de dinero que se necesitaría para acabar con el déficit de la SEPTA.
El presupuesto del estado de Pensilvania no parece mucho mejor. Por ejemplo, el presupuesto de Pensilvania para 2024-25 asignó 2700 millones de dólares a «correcciones», es decir, al sistema racista de encarcelamiento masivo, y otros 1300 millones a la policía estatal. En comparación, se destinaron unos míseros 234 millones de dólares —menos de una quinta parte del presupuesto policial— a la protección del medio ambiente.
¿A quién sirve este presupuesto? A nivel federal o estatal, se da claramente prioridad al mantenimiento de los órganos opresivos del gobierno por encima de las necesidades reales de las clases trabajadoras o medias, como la vivienda asequible, el transporte y el aire y el agua limpios.
¡El transporte público debe recibir financiación!
Cuando comparamos las redes de transporte público de Estados Unidos con las de otros países desarrollados, incluso con los que son mucho más pobres que Estados Unidos, vemos un fracaso absoluto. El transporte público en países como Bélgica, Austria y Alemania es mucho más sólido, tiene una capacidad diaria mucho mayor y cuenta con una financiación constante. Independientemente de los demás defectos que puedan tener estos gobiernos capitalistas, el transporte público se apoya como base de la sociedad civil.
El transporte público no debe ser un coste que recaiga sobre los trabajadores. El transporte público debe considerarse una necesidad. Además, debe ampliarse drásticamente si queremos que la civilización sobreviva al cambio climático. Esa ampliación proporcionaría empleo masivo. Filadelfia, por ejemplo, fue en su día un importante centro de fabricación de vagones de tren y metro, antes de que la industria fuera eclipsada por los fabricantes de automóviles, que presionaron al Gobierno para que ampliara las carreteras asfaltadas para los coches.
La financiación de la ampliación del sistema de transporte público también podría lograrse aumentando los impuestos a los más ricos y a las empresas. La campaña de Zohran Mamdani para las primarias de Nueva York ganó mucha popularidad entre su base de clase trabajadora al prometer autobuses gratuitos financiados en parte con multas a los propietarios de viviendas insalubres y con el aumento de los impuestos a los más ricos.
Estados Unidos tiene recursos más que suficientes para satisfacer el bien común. Pero el actual gobierno solo sirve fielmente a una minoría privilegiada. La estructura del gobierno está diseñada para mantener el control de los propietarios capitalistas de la industria, la alta tecnología y las finanzas, mientras se margina al 90 % de la población y se hace que sus necesidades sean irrelevantes para la política gubernamental.
Los trabajadores necesitan un movimiento político independiente de los demócratas y de los republicanos, basado en los sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora. Debe luchar sin concesiones en las urnas, en las calles y en los lugares de trabajo para derrotar a este régimen reaccionario. Solo un gobierno obrero dirigido por líderes de la clase trabajadora, respaldado por un movimiento democrático de masas y sindicatos democráticos, podría crear un presupuesto que realmente satisfaga las necesidades de los trabajadores, proteja el medio ambiente y ponga fin al apoyo a la guerra y al genocidio.
¡Financiar el transporte público! ¡Transporte público completo dentro y entre nuestros pueblos y ciudades!
¡Autobuses y metros gratuitos! ¡Que lo paguen los ricos! ¡Que lo paguen las empresas!
¡Desmantelar el complejo militar-industrial! ¡Derribar los muros! ¡Cerrar las prisiones y los campos!
¡Acabar con todo el apoyo a Israel! ¡Utilizar el dinero para financiar escuelas, trenes y asistencia sanitaria!
¡Por un movimiento obrero democrático y combativo! ¡Por el control obrero de la industria, el transporte y los bancos!
Foto: Jessica Griffin / The Philadelphia Inquirer
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¡Liberen a Kilmar Abrego García!
Por ERWIN FREED y AVA FAHY
Kilmar Abrego García, trabajador sindicalizado del sector metalúrgico, esposo y padre, y miembro del grupo de defensa de los inmigrantes CASA, fue finalmente liberado de una cárcel de Tennessee el viernes 22 de agosto. Desafortunadamente, fue detenido nuevamente tres días después, en la mañana del 25 de agosto, durante una cita de «control» del ICE. Una rueda de prensa organizada por CASA reunió a cientos de simpatizantes que se manifestaron frente a la oficina local del ICE en Baltimore cuando él llegó para su cita de «control».
La liberación de Abrego García de la prisión y su posterior nueva detención marcan un punto crucial, pero sin resolución, en el movimiento contra la actual represión de los inmigrantes y de las libertades civiles. El movimiento para liberar a Abrego García ha demostrado que todas las mentiras y calumnias de la administración Trump contra él son infundadas. Debería ser obvio que no hay ninguna justificación «legal» para su continua detención. Sin embargo, el movimiento no puede bajar la guardia; debe movilizar el apoyo contra la nueva maniobra de la administración, que ha llevado a la nueva detención de Abrego García.
Como han señalado los abogados de Abrego García, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional están trabajando «en estrecha colaboración» para intentar coaccionarlo a que se declare culpable de falsos «cargos de tráfico de personas» a cambio de su deportación a un país «seguro», donde se le concedería asilo. El gobierno federal le dio a Abrego García un ultimátum: si no se declaraba culpable el 25 de agosto y aceptaba la deportación a Costa Rica, el gobierno amenazó con deportarlo a Uganda, un país donde no habla el idioma y donde sería más vulnerable a los abusos de los derechos humanos.
Es obvio que el gobierno estaba intentando coaccionar a Abrego García para que renunciara a sus derechos civiles a un proceso justo en los procedimientos de inmigración. Abrego García rechazó valientemente los términos del ultimátum y aceptó pacíficamente su nueva detención, que era de esperar, en su cita de «control» ante el ICE. Fue enviado a un centro de detención en Virginia. Un juez federal de Maryland ha bloqueado temporalmente la deportación de Abrego García hasta, al menos, después de que se celebre su audiencia probatoria el 27 de agosto.
Analistas de políticas de inmigración como Aaron Reichlin-Melnick especulan que, si el Gobierno de Estados Unidos lo enviara a Uganda, ese país deportaría a Abrego García a El Salvador, donde se enfrentaría a amenazas de violencia y donde, técnicamente, sería ilegal que Estados Unidos lo enviara directamente. Por supuesto, el Gobierno de Estados Unidos ya hizo precisamente eso cuando envió a Abrego García, junto con otros 280 detenidos, al centro de tortura CECOT en El Salvador a mediados de marzo.
A menudo se omite en las noticias sobre esta situación el hecho de que el acercamiento entre Estados Unidos y el régimen de Nayib Bukele en El Salvador comenzó durante la administración Biden. En 2023, altos funcionarios de Biden comenzaron a blanquear la imagen del presidente salvadoreño Bukele y a «cortejar» al régimen hipercorrupto e hipercarcelario. Un artículo de The Dial informó que, en septiembre de 2023, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, «[Alejandro] Mayorkas, aplaudió las detenciones en estado de excepción [de El Salvador], cuyas víctimas son personas como Juan Saúl Castillo Alberto, un empleado de la agencia de obras públicas salvadoreña que fue detenido arbitrariamente y murió de hambre en prisión. Falleció a los 32 años». Cuando Bukele aceptó la reelección el verano siguiente, Mayorkas encabezó una delegación diplomática de alto nivel al país.
El secuestro y el «caso» contra Kilmar
Las citas sin atribución se refieren a este expediente judicial: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.mdd.578815/gov.uscourts.mdd.578815.1.0.pdf
El ICE y todo el Gobierno federal mantuvieron a Abrego García entre rejas desde el 12 de marzo. Ese día, después de trabajar un turno completo como aprendiz de chapista, agentes del ICE HSI detuvieron su coche. Abrego García acababa de recoger a su hijo de la casa de su abuela y ambos se dirigían a casa. Los agentes del ICE solo le dijeron que su «estatus había cambiado», mientras lo arrestaban y amenazaban con enviar a su hijo a los Servicios de Protección Infantil si su esposa no acudía al lugar lo suficientemente rápido.
Nacido en la capital, San Salvador, Kilmar Abrego García huyó del país a los 16 años tras años de ser blanco de la Mara 18. La pandilla extorsionaba el puesto de pupusas de su madre y amenazaba con matar a Kilmar y a sus hermanos si no se unían a la Mara 18. Un juez de inmigración de Estados Unidos consideró que la historia de Abrego García era lo suficientemente creíble como para concederle el estatus de «suspensión de expulsión», lo que impedía legalmente al Gobierno deportarlo a El Salvador en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Esta medida solo se concede a las personas que se enfrentan a una «probabilidad clara de persecución futura».
Durante su primera noche en detención del ICE, Abrego-García habló con su esposa. Le dijo que le habían interrogado sobre su afiliación a pandillas, que había afirmado repetidamente que no tenía ninguna y «que le habían dicho que comparecería ante un juez de inmigración y luego sería puesto en libertad». Tras su detención inicial, Abrego-García fue trasladado a «varios centros de detención en todo el país». Durante el trayecto, le dijo urgentemente a su esposa que «El Salvador lo estaba reclamando». Mientras ella intentaba desesperadamente explicar a los funcionarios y agentes del ICE que «había obtenido protección contra su expulsión a El Salvador», nadie le respondió.
En una llamada realizada alrededor de las 11 de la mañana del 15 de marzo, Abrego García «le comunicó que le habían dicho que iba a ser deportado a El Salvador. Con un sentido de urgencia, le pidió a su esposa que se pusiera en contacto con su madre para que su familia pudiera recogerlo del «CECOT», ya que era allí donde le habían dicho que lo enviarían». El CECOT es un campo de concentración con 40 000 camas donde el abuso físico, psicológico y sexual de los detenidos cuenta con el respaldo institucional.
Desgraciadamente, a Abrego García le habían dicho la verdad. Al menos 280 personas, incluido él, fueron enviadas al CECOT como parte de una operación de guerra psicológica destinada a infundir miedo en las comunidades de inmigrantes.
Abrego García, junto con el resto de las personas enviadas al CECOT, fue brutalmente golpeados y torturados. La mayoría de las personas enviadas al CECOT, estimadas en unas 250, eran hombres venezolanos. Aunque la administración Trump afirmó que eran miembros de la banda venezolana «Tren de Aragua», incluso esos cargos eran inventados. El Tren de Aragua apenas existe en Estados Unidos, y la administración no ha presentado ninguna prueba que demuestre que alguna de las personas deportadas al CECOT fuera miembro de la banda.
En cambio, los vuelos de deportación estuvieron plagados de supuestos «errores administrativos». Entre ellos se encontraban al menos siete mujeres, que fueron enviadas por error al CECOT (una prisión exclusivamente masculina) y, según la propia admisión de error del Gobierno, Kilmar Abrego García. En 2019, un juez de inmigración ordenó la suspensión de la expulsión de Abrego García, prohibiendo específicamente al Gobierno deportarlo a El Salvador.
Desde que se conoció la noticia de las deportaciones al CECOT, la solidaridad con los deportados y el rechazo a los crímenes de la administración Trump se han cristalizado en gran medida en la demanda «Liberen a Kilmar Abrego García y a todos los detenidos del CECOT». En todo el país, las imágenes de Abrego García han inundado las manifestaciones masivas contra la represión antiinmigrante y la represión general desatada por el gobierno. Todo lo que hacen las autoridades federales para intentar justificar la persecución de Abrego García pone aún más de manifiesto la arbitrariedad y la ilegalidad no solo de la aplicación de las leyes de inmigración, y de la policía capitalista en general.
Kilmar Abrego García tuvo tres contactos principales con las fuerzas del Estado, todos los cuales terminaron con la autorización para permanecer en su comunidad y ninguno de los cuales dio lugar a que se le imputara ningún delito.
El primero fue en 2019. En ese momento, Kilmar fue detenido junto con otros jornaleros que esperaban trabajo. Fueron detenidos por un policía corrupto, Iván Méndez, que semanas más tarde se declararía culpable de ser un «cliente» de «trabajadoras sexuales» y de haberles filtrado información a ellas. La «prueba» de que Abrego García era miembro de la banda criminal MS-13 se basaba en las palabras de un «informante criminal» aún sin identificar en una hoja de «un formulario de campo sobre bandas» rellenada por Méndez. El formulario era tan vago que no muestra nada, y la practica fue declarado ilegal por el estado de Maryland poco después de la detención inicial de Abrego García. Del mismo modo, el informante afirmó que Abrego García formaba parte de una «pandilla» de la MS-13 ubicada en Nueva York, un estado con el que el Gobierno nunca ha demostrado que Abrego García tuviera ninguna conexión. Durante este periodo, del 8 de marzo al 10 de octubre de 2019, Abrego García permaneció detenido por el ICE. La policía local lo entregó inmediatamente al ICE tras su detención, aunque durante su última audiencia en este episodio, no fue condenado ni acusado de ningún delito.
El segundo contacto con las fuerzas del orden fueron dos denuncias por disputas domésticas, una en 2019 y otra en 2020, cuando la esposa de Abrego García llamó a la policía durante una discusión. No se presentaron cargos y la pareja parece haber resuelto el problema con la ayuda de un terapeuta. Jennifer Vásquez Sura, esposa de Kilmar, ha culpado directamente al trauma de haber sido detenido por el ICE del comportamiento inusualmente agresivo de Abrego García durante este periodo.
El tercero fue una breve parada de tráfico por parte de la Patrulla de Carreteras de Tennessee el 1 de diciembre de 2022. Según el propio relato del gobierno, Abrego García fue detenido por «exceso de velocidad» y por no «mantenerse» el carril. En el vehículo había «otras ocho personas» a las que Abrego García dijo a la policía que llevaba de Texas a Maryland «para realizar trabajos de construcción». Abrego García fue puesto en libertad con una advertencia y no se presentó ningún informe del incidente. Sin embargo, los detalles de la parada de tráfico acabaron de alguna manera en los archivos de la «Unidad de Inteligencia Combinada» (CIU) de la oficina de Operaciones de Ejecución y Expulsión del ICE.
Tras una rápida revisión de los documentos, no queda claro qué es la CIU. En cualquier caso, el informe de esa unidad, junto con la palabra de un informante federal, José Ramón Hernández Reyes, parecen ser la base de la insistencia de la Casa Blanca en que Abrego García es un «presunto traficante de personas». En realidad, el informante en este caso había sido condenado anteriormente por tráfico de personas y era el propietario de la camioneta que conducía Abrego García. Ahora, el Departamento de Justicia y el DHS parecen estar aprovechando los extensos antecedentes penales de Reyes para coaccionarlo y que describa a Abrego García como una especie de capo del «tráfico de personas».
Es evidente que ninguna de estas interacciones con la policía da credibilidad a ninguna de las afirmaciones de la Casa Blanca. No hay pruebas de que sea miembro de la MS-13, no hay pruebas de que sea un «maltratador de mujeres» en serie y no hay pruebas de que haya participado en «el tráfico de personas», tal y como lo entendería cualquier persona razonable. En cuanto al último punto, independientemente de la situación que pudieran tener las personas que viajaban en su coche el 1 de diciembre de 2022, el Gobierno federal está haciendo todo lo posible por retirar los cargos similares contra José Ramón Hernández Reyes, así como los cargos por disparar armas de fuego al azar y otros delitos, con el fin de obtener testimonios que respalden su narrativa demonizadora de Abrego García.
¡Los migrantes no son peones políticos! ¡Acabemos con el terror de ICE y CECOT! ¡Manos fuera de Kilmar Abrego-García!
Mientras decenas de miles de hombres salvadoreños sufren en el CECOT y otros campos de tortura, casi 300 deportados enviados desde Estados Unidos fueron finalmente intercambiados para liberar a 10 presos «políticos» de las cárceles venezolanas. Esa lista incluye inexplicablemente a Dahud Hanid Ortiz, condenado en Venezuela por un triple homicidio cometido en el Estado español.
Las negociaciones del CECOT son emblemáticas de la aparente estrategia emergente de la clase dominante estadounidense hacia las «negociaciones» por la fuerza bruta y el uso de los trabajadores y el espectáculo mediático para orquestar la «política exterior». El segundo mandato de Trump ya se ha caracterizado por grandes declaraciones, seguidas de pequeñas «victorias» reivindicadas por una prensa ávida de atención. En el camino, la administración está dispuesta a destruir la vida de innumerables personas mediante un comportamiento arbitrario destinado a sumir a las comunidades afectadas en un estado de «conmoción y pavor» y a crear el temor generalizado de que hablar abiertamente llevará a la cárcel.
La odisea de Kilmar Abrego García con el ICE, que ha durado meses, abarca probablemente una media docena de estados, varios países e incluso varios centros de detención dentro de El Salvador. Ha sido vilipendiado y calumniado públicamente en cada oportunidad por las más altas «autoridades» de Estados Unidos. Los intentos de deportarlo también muestran la debilidad de los intentos del movimiento MAGA de llevar a cabo «deportaciones masivas» y ganarse el apoyo popular para sus planes. En cambio, «¡Manos fuera de Abrego García!» se convirtió en un punto de encuentro y un llamamiento unificador para millones de personas, que salieron a las calles para oponerse a la administración Trump.
Especialmente ahora, cuando Abrego García vuelve a estar encarcelado por el «delito» de cruzar las fronteras, la lucha para defenderlo y poner fin a esta caza de brujas merece el apoyo de todos los que se preocupan por los derechos democráticos y entienden que cada paso exitoso que se da para potenciar y ampliar la maquinaria de detención y deportación es también un retroceso exitoso de las libertades civiles de todos.
¡No hay tiempo que perder! «Que se quede en casa Kilmar Abrego García» debe ser el mensaje en todos los lugares de trabajo, en todos los espacios comunitarios y en todas las movilizaciones de los trabajadores y las libertades civiles.
Foto: Kilmar Abrego García habla con sus seguidores fuera de su «control» en el ICE el 25 de agosto. (Elizabeth Frantz / Reuters)
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¡Libertad para Catalina ‘Xóchitl’ Santiago!
Por JOHN LESLIE
Activistas por la justicia para los inmigrantes y sus aliados exigen la liberación de Catalina «Xóchitl» Santiago, una respetada organizadora comunitaria y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Xóchitl fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza en el aeropuerto de El Paso el domingo 3 de agosto, mientras viajaba por motivos de trabajo.
Los agentes ignoraron su estatus legal bajo el DACA y la pusieron en detención. Los beneficiarios del DACA supuestamente están autorizados para trabajar y protegidos contra la deportación.
Catalina «Xóchitl» Santiag El gobierno ha afirmado falsamente que Xóchitl fue detenida por cargos penales de 2020. Su abogada, Norma Islas, ha emitido un comunicado en el que refuta esta acusación y señala: «A pesar de las repetidas afirmaciones falsas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al público, a los medios de comunicación y a los miembros del Congreso sobre la existencia de cargos penales pendientes, no existe ninguno».
El DHS y el FBI inventan constantemente delitos y los imputan a las personas negras y morenas. La administración Trump sigue difundiendo la mentira de que Kilmar Abrego-García es «miembro de la MS-13», a pesar de que no hay más pruebas que un «formulario de verificación de pandilla» interno de la FBI que no significa nada y la palabra de un informante de policía corrupto. Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk y otras personas fueron detenidas por el ICE únicamente por defender a Palestina. En prácticamente todos los comunicados de prensa con estadísticas sobre detenciones de inmigrantes, el ICE oculta y confunde deliberadamente los cargos penales. Las estadísticas más recientes muestran que la gran mayoría de los inmigrantes detenidos por las autoridades federales desde que Trump asumió el cargo no han sido acusados de ningún delito, salvo «infringir» las leyes de inmigración.
Xóchitl nació en México y llegó a Estados Unidos como hija de trabajadores agrícolas. Ya de adulta, se ha dedicado a luchar por la igualdad de derechos y la dignidad de los trabajadores inmigrantes y sus familias, organizándose en Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts. Más recientemente, Catalina ha estado trabajando en El Paso, ayudando a las mujeres de la comunidad a través de La Mujer Obrera. En una vigilia organizada por sus simpatizantes en Filadelfia, un amigo y compañero organizador, Evan Feldberg-Bannatyne, habló sobre su trabajo en la lucha por el derecho de los trabajadores inmigrantes a obtener permisos de conducir. Sus partidarios en Filadelfia, Chicago y El Paso celebraron vigilias para exigir la liberación de Santiago, y hay más previstas en otras ciudades.
En la vigilia de Filadelfia, una amiga, Frangi Pozo, leyó un mensaje de Xóchitl: «Hoy se cumple una semana sin poder ver la puesta de sol cada tarde, sin poder sentir el calor de la tierra, sin poder germinar semillas ni oír reír a los ancianos ni a los niños. Ha sido una semana llena de historias de conflictos arraigados en la inmigración forzosa y de enfrentamiento con la criminalización de los inmigrantes. Hemos podido ver las entrañas del sistema penitenciario lucrativo que vigila cada uno de nuestros movimientos y nos encierra lejos de nuestros seres queridos. Donde las luces están encendidas día y noche. Donde cada noche la cena es un sándwich de jamón y queso congelado, galletas saladas y jugo de naranja». Catalina continúa describiendo la negligencia médica hacia las mujeres embarazadas, el comportamiento racista y homófobo de los guardias y las condiciones de vida inhumanas.
La Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) declaró:
«Este no es un incidente aislado. Catalina forma parte de una tendencia preocupante y creciente en la que inmigrantes con residencia legal son detenidos sin causa, lo que constituye una violación de sus derechos y una amenaza directa al liderazgo comunitario.
Catalina es un pilar de su comunidad: una narradora talentosa, una defensora apasionada y una incansable defensora de las mujeres, los ancianos y los niños. Educa a los jóvenes sobre la medicina vegetal y la gestión ambiental, cultiva huertos comunitarios y siembra conocimiento, esperanza y resiliencia dondequiera que va. Su detención no solo es injusta, sino un abuso flagrante de poder contra quienes buscan y construyen justicia en sus comunidades».
Qué puedes hacer:
- Difunde el caso de Catalina en tu sindicato, organización comunitaria o organización universitaria. Pídeles que emitan resoluciones exigiendo su libertad inmediata.
- Sigue la página de Instagram Free Cata «Xóchitl» Santiago Now! para obtener información actualizada y conocer las acciones que se están llevando a cabo.
- Firma la petición, ¡Liberen a Xóchitl! Organizadora comunitaria y beneficiaria del DACA detenida en un aeropuerto de Texas
- Dona a Free Xóchitl: Apoya a la beneficiaria del DACA detenida por el ICE
Está claro que Catalina «Xóchitl» Santiago ha sido señalada como un ataque contra DACA y como una amenaza para los organizadores de los derechos de los inmigrantes por parte del régimen racista de Trump. Todo el movimiento por la justicia inmigrante debe alzarse con una sola voz y decir: ¡Liberen a Xóchitl! ¡Liberen a todos los detenidos inmediatamente! ¡Detengan las redadas racistas del ICE! ¡Abolan el ICE, la policía política de Trump!
Foto: Protesta en El Paso, Texas, el 6 de agosto. (Jeff Abbott / El Paso Times)
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Los hospitales cierran sus puertas a los jóvenes trans
POR ROSA AURELIA
El jueves 24 de julio, los hospitales Yale Medicine y Yale New Haven Health anunciaron que dejarían de ofrecer atención médica para la afirmación de género (tanto quirúrgica como farmacológica) a pacientes menores de 19 años. Esta decisión se tomó inmediatamente después de que Connecticut Children’s Medical anunciara que haría lo mismo. Estos acontecimientos tienen graves consecuencias para las personas trans y sus aliados en el estado de Connecticut. Cuando algunas clínicas cierran sus puertas, los clientes de las que permanecen abiertas se enfrentarán a listas de espera cada vez más largas, lo que por seguro provocará la muerte (evitable) de los jóvenes más marginados del estado.
Sin embargo, esta medida calculada por parte de las instituciones liberales representa una oportunidad para evaluar las estrategias que la clase dominante está empleando en su continuo desmantelamiento de servicios sociales y médicos esenciales, lo que afecta a todos los estadounidenses de clase trabajadora. Además, estos ataques brindan a la clase la oportunidad de identificar a sus antagonistas y de luchar contra ellos con el poder de un movimiento de masas por proteger a los jóvenes trans que se une a los trabajadores médicos que luchan contra las medidas de austeridad neoliberales.
Para entender estos ataques y cómo combatirlos, debemos analizar el contexto nacional e internacional en el que los hospitales de Connecticut han cedido a las presiones de la derecha antitrans, y luego considerar las posibles respuestas del movimiento de liberación trans, así como planificar cómo deben enfrentar los revolucionarios a este momento tan determinante en el ámbito de la lucha de clases.
Los motivos y las estrategias de la reacción antitrans
Desde Brasil hasta Bretaña, pasando por Hungría y China, vemos cómo los agentes del capital se adhieren al sentimiento antitrans porque les ayuda a dividir a la clase trabajadora según criterios de género y porque desvía las respuestas a las crisis del capitalismo hacia la comunidad LGBTQ+, ya marginada.
Estratégicamente, la clase dominante puede reutilizar el descontento hacia los sistemas liberales de educación y de la salud para convertir a las personas trans en chivos expiatorios de los fracasos de las décadas de políticas neoliberales. Esta estrategia es especialmente eficaz con las personas que conocen de cerca como son los servicios sociales destrozados, pero que no ven alternativas independientes de clase en las elecciones.
La estrategia de la derecha es bastante fácil de entender. En Estados Unidos, hemos visto a la fiscal general Pam Bondi anunciar que perseguirá a estas industrias por «defraudar» al pueblo estadounidense. Esta formulación permite al Gobierno pretender que lucha contra los intereses de la «élite».
El Departamento de Justicia también ha enviado citaciones a unos 20 proveedores médicos exigiéndoles que entreguen al Gobierno información confidencial sobre sus pacientes transgeneros jóvenes —incluidas fechas de nacimiento, números de la Seguridad Social y sus direcciones de casa— así como documentos de facturación, comunicaciones con fabricantes de medicamentos, etc., desde enero de 2020. Bondi dijo el mes pasado que el Departamento de Justicia está tratando de responsabilizar de sus actos a «los profesionales y las organizaciones médicas que mutilaron a niños al servicio de una ideología retorcida».
Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Robert Kennedy Jr. envió en abril una carta a los directores estatales de Medicaid instándoles a «limitar estrictamente» sus servicios de atención sanitaria para la reafirmación de género. Tres días después, el departamento publicó un formulario para que los denunciantes informaran al gobierno de sus «quejas» contra los proveedores de dichos servicios, con solo la prueba de que tuvieran «buena fe» de creer que los profesionales médicos «violaban las normas profesionales o clínicas». Al describir estas normas, el documento hace referencia a la Orden Ejecutiva 14187 de Trump contra las personas trans, titulada «Proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica».
Mientras tanto, la Comisión Federal de Comercio (FTC), que es la gran burguesía disfrazada de gobierno, persigue la «ideología de género» atacando los derechos de las clínicas y de los médicos, así como celebrando lo que se suma a ser a una manifestación antitrans (Baum, 2025). Lo que estamos viendo es un cambio del paradigma en la supervisión corporativa de las prácticas médicas, y muestra cómo la derecha pretende llevar adelante su ofensiva contra las personas trans. No hay duda de que las mismas estrategias que se emplean ahora contra las personas trans se utilizarán en el futuro para imponer la prohibición del aborto.
Aunque esta estrategia se aprovecha de la desconfianza de la clase trabajadora hacia el sector de los seguros médicos y el complejo industrial médico, en realidad no resuelve el problema de que los trabajadores se vean abrumados por enormes deudas médicas, que paguen un ojo de la cara por los seguros y que no puedan acceder a los servicios que necesitan.
De hecho, las caracterizaciones que la derecha hace de la atención médica trans se aprovechan de la desconfianza muy real y válida que existe hacia el fallido sistema de salud. Sin embargo, estas narrativas ocultan eficazmente el hecho de que las personas LGBTQ+ son mucho más propensas que sus contrapartes cis-heterosexuales a sufrir la marginación que les dificulta el acceso a la atención médica. Además, estos desafíos se intensifican exponencialmente para quienes ya enfrentan la pobreza, el racismo, el capacitismo y el sexismo.
El sistema sanitario estadounidense está en crisis y la falta de atención médica que esto provoca afecta de manera desproporcionada a los más oprimidos. Sin embargo, la derecha afirma que es el «complejo industrial transgenero», y no sus recortes de 880 millones de dólares a Medicare, lo que debilita aún más nuestro sistema sanitario. Estas narrativas de la derecha están codificadas por la FTC, la oficina del fiscal general y, especialmente, por la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Estados Unidos contra Skrmetti de mantener la prohibición de Tennessee sobre la atención sanitaria que afirma el género. Y ahora vemos que, a través de estas acciones, están presionando con éxito a los liberales de los supuestos «estados azules» en las altas esferas de la industria médica para que tomen la decisión tan destructiva de abandonar por completo a los jóvenes trans.
A nivel nacional, solo veremos cómo se agrava esta crisis para las personas trans a medida que aumenta la vigilancia de los proveedores de atención médica y que el FBI persigue a los proveedores que se oponen a estas presiones. Aunque pueden empezar por los proveedores y los médicos, sin duda esto se extenderá a las propias personas trans; como vimos a principios de este año, ya han eliminado la cláusula que prohibía al FBI vigilar a las personas únicamente por su identidad de género.
Esta forma de espionaje interno es solo el primer paso en el camino hacia la expansión del aparato de la vigilancia médica. Esta vigilancia permitirá a la clase dominante controlar a todos los cuerpos, y especialmente los de las personas embarazadas, mediante el seguimiento de datos como los de sus aplicaciones de salud y de seguimiento del periodo.
Nuestra estrategia para la lucha
Obviamente, unas circunstancias tan graves pueden ser muy aterradoras y desmoralizadoras para la comunidad trans. Las personas trans podrían verse tentadas a responder al aumento de la vigilancia y a la falta de acceso a la atención sanitaria afirmativa del género pasando a la clandestinidad. Pero estas estrategias, especialmente si se manifiestan en redes clandestinas de la distribución de la terapia hormonal sustitutiva (THS), tendrán un enorme potencial de infiltración por parte de la policía o el FBI. De ese modo, podrían acorralar a las personas trans y ponerlas en una situación de mayor represión.
Para defendernos, necesitamos la solidaridad pública que impida que el gobierno nos aísle y nos ataque como individuos criminalizados. A partir de estos momentos decisivos, los trabajadores y las personas oprimidas podrían construir un movimiento de masas amplio y fuerte que defienda las vidas trans, asumiendo la lucha por los derechos de las mujeres, de las personas LGBTQ+ y de la comunidad trans, especialmente vulnerable.
La construcción de campañas de defensa sólidas y eficaces puede verse favorecida cuando la comunidad trans participa en otros espacios de movimiento, como el movimiento por los derechos de los inmigrantes, el movimiento ambientalista, el movimiento de solidaridad por Palestina y los sindicatos. Las campañas organizadas por trabajadores sindicalizados podrían llegar a organizar una huelga creíble, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en nuestra lucha.
Además, aconsejamos a los aliados del movimiento de liberación trans que se abstengan de acciones que tengan como objetivo «concienciar» sobre nuestra situación mediante enfrentamientos escalados, performativos y aventureros con la policía y la Guardia Nacional. Estas acciones corren el riesgo de alejar al movimiento de sus aliados potenciales. Quienes proponen estos planes carecen de una comprensión completa de la única fuerza que tiene el potencial de lograr avances significativos hacia la liberación: la fuerza de la clase trabajadora unida.
La acción masiva de la clase trabajadora es enormemente poderosa. Por ejemplo, solo cuando los manifestantes de Black Lives Matter comenzaron a levantar la consigna «Black Trans Lives Matter» (Las vidas trans negras importan), vimos como la Corte Suprema, liderada por conservadores, hizo un dictamen que protegía a los trabajadores LGBTQ de ser despedidos por su orientación sexual o de género. En 2020, la clase dominante se sintió amenazada por los trabajadores que se unieron para defender a los cuerpos trans negros, por lo que cedió en el caso Bostock contra el condado de Clayton. Pero hoy se sienten menos amenazados, y por eso sucedio la decisión Skrmetti. La diferencia entre el Tribunal que dictó esa sentencia y el que vemos hoy es la fuerza de nuestra solidaridad.
Para construir esa solidaridad, debemos seguir el ejemplo de los manifestantes frente al NYU Langone Health en Nueva York y en Michigan a principios de este año, donde activistas trans se unieron a los trabajadores hospitalarios para oponerse a las concesiones en materia de atención médica trans que habían hecho los ejecutivos liberales de la industria sanitaria. Cuando estas fuerzas se unieron, vimos que ganaron sus respectivas batallas, haciendo retroceder eficazmente al movimiento antitrans de la derecha. Y cuando Kaiser Permanente, de California, dijo que dejaría de proporcionar atención quirúrgica para tratar la disforia de género en personas menores de 19 años, el sindicato de enfermeras más grande del país se levantó para condenar esas acciones. Estos ejemplos de solidaridad deben repetirse en todos los hospitales y todas las clínicas del país. Sabemos que esa solidaridad es posible porque, como personas trans, no solo queremos luchar por la atención médica trans, sino que queremos luchar por toda la atención médica y por los derechos de todos los trabajadores de la salud.
Es necesario que todos los activistas sociales ayuden a construir un movimiento de masas de los trabajadores y los oprimidos que pueda unir a los sindicatos de trabajadores sanitarios y a sus aliados dentro de la comunidad trans. Cuando ese movimiento salga a las calles con consignas tan contundentes como «Las vidas trans negras importan», podremos ir más allá de la defensa de la atención médica más básica para los menores y luchar por la plena liberación.
Fuentes
Baum, S. (10 de julio de 2025). «La FTC de Trump sienta las bases para acusar a los proveedores de GAC de “fraude”». https://www.erininthemorning.com/p/trumps-ftc-lays-the-groundwork-to
Maroney, E. (2025a). «La caza de brujas contra las personas trans». Spectre, (11). La caza de brujas contra las personas trans Spectre: A Marxist Journal. https://spectrejournal.com › the-anti-trans-witch-hunt
Maroney, E. (30 de enero de 2025b). «Trump, la derecha y la reacción antitrans en general». Tempest. https://tempestmag.org/2025/01/trump-the-right-and-the-broader-anti-trans-reaction/
Foto: Emma Williams / Austin Monthly
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El espejismo del «reconocimiento de un Estado palestino» por parte de Europa
Por JAMES MARKIN
Con la crisis en Gaza provocada por la genocida ofensiva militar israelí cada vez más grave, la posición diplomática de Israel en el mundo ha seguido desintegrándose bajo la presión de la opinión pública y los movimientos sociales de todo el mundo. En ningún lugar ha sido esto más evidente que en Europa, que antes era una de las regiones más favorables a Israel.
Tras casi dos años de guerra genocida, la opinión pública europea se ha mostrado cada vez más firme en su rechazo a la cercanía de los gobiernos europeos con Israel. Este mes de junio, por ejemplo, decenas de miles de personas se manifestaron contra Israel en Europa. Solo en Berlín, el 23 de junio, 50 000 personas se manifestaron contra el genocidio. En agosto se llevaron a cabo grandes manifestaciones en otras ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Ginebra.
Estas protestas son importantes porque muestran la indignación de la clase trabajadora europea a pesar de la represión cada vez más agresiva de los gobiernos europeos en su intento de destruir el movimiento de solidaridad por Palestina. Por ejemplo, en las manifestaciones en apoyo al grupo prohibido Palestine Action en Londres este mes, cientos de manifestantes fueron detenidos. Las detenciones similares y la violencia policial contra los manifestantes en Alemania se han convertido en algo habitual durante el último año, según informes de la prensa independiente Unicorn Riot.
Ahora, en medio de las crecientes denuncias de hambre y las matanzas en los centros de distribución de alimentos, muchos gobiernos europeos han comenzado a tomar medidas para mostrar al público su deseo de una «solución diplomática» en Gaza. Los anuncios israelíes de planes para tomar la ciudad de Gaza y construir otras 3400 viviendas en Cisjordania han sembrado aún más dudas entre las cupulas europeas. En respuesta a las noticias sobre las acciones israelíes en Gaza y Cisjordania, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, reflexionó públicamente sobre la posibilidad de las sanciones. El primer ministro belga, Bart De Wever, ya había formulado amenazas similares en julio, junto con un impulso para que la UE tomara medidas contra Israel. El Estado Español ha realizado un impulso similar a nivel de la UE. Al mismo tiempo, el Dáil (Parlamento) irlandés se prepara para aprobar la tan esperada Ley de Territorios Ocupados, que ilegalizaría la importación de productos de los asentamientos israelíes a Irlanda. Lo más impactante es que el canciller alemán Mertz, aliado cercano de Netanyahu, ha anunciado que Alemania ya no aprobará la venta de «armas ofensivas» a Israel a raíz del nuevo plan israelí. Sin embargo, Mertz también dijo que el enfoque básico de Alemania hacia Israel no ha cambiado, y parece claro que Alemania sigue planeando respaldar a Israel, aunque quizás no tanto como antes.
La medida más publicitada adoptada recientemente por los Estados europeos ha sido el paso de reconocer formalmente a un Estado palestino. Francia, Malta y Portugal, así como los aliados no europeos Australia y Canadá, han anunciado que planean dar este paso formalmente en una reunión de la ONU en septiembre.
Los planes franceses de «reconocer un Estado palestino» e impulsar una «solución» de dos Estados no representan nada nuevo ni mejor, ni son más que una tapadera para el plan imperialista para Palestina. Los documentos presentados por Francia y sus aliados esbozan claramente un plan, no para la soberanía palestina, sino para un Estado títere palestino «desmilitarizado».
Esto queda claro en la declaración conjunta de Francia y Arabia Saudí sobre el reconocimiento de un Estado palestino, publicada el 29 de julio. Si bien la declaración condena los crímenes israelíes que, según la declaración, «hace tiempo que dejaron de tener justificación militar o política», también pide a los Estados de Oriente Medio que normalicen sus relaciones con Israel y lo reconozcan. En otra declaración ante las Naciones Unidas el mismo día, Francia dejó claro qué resolución política apoya en su «reconocimiento» cuando afirmó: «La gobernanza, la aplicación de la ley y la seguridad en todo el territorio palestino deben recaer exclusivamente en la Autoridad Palestina, con el apoyo internacional adecuado. Acogimos con satisfacción la política de «un Estado, un Gobierno, una ley, un arma» de la Autoridad Palestina y nos comprometimos a apoyar su aplicación, incluso mediante el necesario proceso de desarme, desmovilización y reintegración, que debe completarse en el marco de un mecanismo acordado con los socios internacionales y en un plazo determinado».
El momento más despreciable de esta farsa se produjo cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, se sumó al coro y afirmó que también reconocería a Palestina en septiembre, aunque condicionó el reconocimiento a un ultimátum a Israel. Starmer declaró que su reconocimiento se producirá «a menos que el Gobierno israelí adopte medidas sustantivas para poner fin a la terrible situación en Gaza, acepte un alto el fuego y se comprometa a una paz duradera y sostenible, reavivando la perspectiva de una solución de dos Estados». Condicionar el reconocimiento de la independencia de una nación oprimida al comportamiento de su opresor genocida es obviamente abominable, aunque no es ninguna sorpresa que sea eso la posición de Starmer y del Gobierno británico.
Al leer de manera directa las declaraciones, se ve que Francia, Bretaña y los otros imperialistas europeos no quieren crear ningun Estado palestino que represente verdaderamente la voluntad del pueblo palestino, sino que quieren empoderar a un régimen similar al del histórico primer ministro noruego, Vidkun Quisling. Quisling, que era el jefe del Estado noruego oficialmente independiente, en realidad no era más que la cara visible de la ocupación nazi del país. De manera similar, la presión franco-saudí por el «reconocimiento» de un Estado palestino exige repetidamente el desarme y la disolución de todas las fuerzas armadas en Gaza para ser sustituidas por el liderazgo de la Autoridad Palestina, que recibe su financiación y sus órdenes del Estado de Israel.
La realidad es que no hay ninguna posibilidad de un Estado palestino independiente y soberano mientras que el ejercito israelí siga siendo un proxy fuertemente armado del imperialismo estadounidense. La verdad de la «solución» de dos Estados es que cualquier Estado palestino «independiente», hasta en el caso en cual no estuviera desarmado y controlado directamente por Israel, estaría completamente bajo su dominio militar. Esto queda claro cuando se recuerda uno de los otros países vecinos, como el Líbano y Siria, que han sido totalmente moldeados por las intervenciones militares israelíes.
La única solución que permitirá la existencia de Estados soberanos palestino, libanés y sirio es la destrucción del ejercito de Israel y, en última instancia, del Estado de Israel. En su lugar, debe crearse una Palestina democrática con igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su origen religioso, étnico y cultural.
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¿De qué se tratan los ataques de Trump contra los trabajadores federales?
Por ERNIE GOTTA
Los empleados federales sindicalizados se enfrentan a una verdadera crisis debido a los graves ataques de la administración de Trump. Estos ataques amenazan la propia existencia de los sindicatos federales y los derechos de negociación colectiva que garantizan buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Esta amenaza debería poner en alerta a todos los trabajadores sindicalizados.
¿Por qué necesita Trump acabar con los sindicatos de empleados federales? La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) por sí sola representa a más de 820 000 trabajadores de casi todas las agencias del gobierno federal y del Distrito de Columbia, repartidos en 900 sindicatos locales. La AFGE y otros sindicatos que organizan a los trabajadores federales representan un obstáculo enorme para el proyecto antiobrero y proempresarial que está llevando a cabo Trump, originalmente desarrollado por la Fundación Heritage en el Proyecto 2025, y que se está materializando con el Decreto Ejecutivo 14251.
¿Qué propone el Proyecto 2025? Propone eliminar un millón de empleos federales, privatizar agencias federales, recortar drásticamente los salarios y prestaciones de los trabajadores federales y discriminar contra las personas racializadas y las personas LGBTQIA+. Pero para todo eso tienen que acabar con los sindicatos de empleados federales. La administración Trump intenta mantener en secreto estos avisos de reducción de efectivos (RIF, por sus siglas en inglés). Algunas agencias han realizado recortes incentivando las bajas voluntarias y aumentando la atrición. Los departamentos de Estado, Asuntos de Veteranos, Educación y Salud y Servicios Humanos están llevando a cabo despidos masivos. El número total de agencias que se verán afectadas no está claro, pero oscila entre 40 y 70 medidas de RIF que afectarán a entre 17 y 19 agencias.
Los ataques profundos
Citando la Orden Ejecutiva 14251, el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) ha avanzado en la rescisión del contrato colectivo (CBA) de la mayoría de los miembros del sindicato del departamento. En un comunicado de prensa del 6 de agosto, el secretario del VA, Doug Collins, dijo: «Con demasiada frecuencia, los sindicatos que representan a los empleados del VA luchan contra los mejores intereses de los veteranos, al tiempo que protegen y recompensan a los malos trabajadores. Nos estamos asegurando de que los recursos y los empleados del VA se centren exclusivamente en la labor que se nos ha encomendado: proporcionar una atención y un servicio de primera clase a quienes se pusieron el uniforme».
El presidente de la AFGE, Everett Kelley, respondió: «La verdadera razón por la que Collins quiere sacar a la AFGE de la VA es porque nos hemos opuesto al plan de la administración de Trump de desmantelar la atención médica para veteranos mediante el recorte de 83 000 puestos de trabajo, hemos luchado con éxito contra las recomendaciones desastrosas para los veteranos… que habrían cerrado varios hospitales y clínicas rurales de la VA, y hemos informado constantemente al pueblo estadounidense sobre cómo la atención médica privada y con fines de lucro para veteranos es más cara y da peores resultados para los veteranos».
La multimillonaria secretaria de la Educación, Linda McMahon, ha puesto al Departamento de Educación en la picota. Aunque quiere desmantelar completamente el departamento, el Tribunal Supremo ha allanado el camino para que la administración de Trump recorte 1400 puestos de trabajo, casi la mitad del departamento. La presidenta del sindicato AFGE Local 252, Sheria Smith, respondió en un comunicado publicado en el sitio web del sindicato: «Seamos claros, a pesar de esta decisión, el Departamento de Educación tiene una opción: volver a comprometerse a prestar servicios esenciales a la población estadounidense y rechazar las agendas políticas. La agencia no tiene por qué seguir adelante con esta cruel medida de eliminar servicios y despedir a trabajadores dedicados».
El 15 de julio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, dirigido por el conspiracista Robert F. Kennedy Jr., tiene previsto una nueva ronda de despidos que se sumará a los 10 000 trabajadores que perdieron su empleo el 1 de abril. En total, el HHS tiene previsto despedir a unos 20 000 trabajadores. Según The Guardian, este año se han eliminado casi 3000 puestos en el Departamento de Estado mediante despidos y bajas voluntarias. Más de 250 000 empleados federales en total ya han abandonado el servicio gubernamental mediante jubilaciones anticipadas o indemnizaciones por despido.
¿A qué se deben los ataques a los sindicatos?
Estos ataques no tienen como objetivo reducir el gasto público. La administración de Trump está gastando enormes cantidades de dinero en guerras, deportaciones y la policía. El gobierno se está preparando para gastar mucho dinero a través de la «Gran y Hermosa Ley» de Trump. El proyecto de ley destina 150 000 millones de dólares, lo que da al ICE un presupuesto mayor que el de la mayoría de los ejércitos del mundo. Mike Winters, de la CNBC, informa: «Se prevé que el «gran y hermoso» proyecto de ley de impuestos y gasto del presidente Donald Trump, que firmó el 4 de julio, aumente el déficit federal en al menos 3,4 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. Esto se suma a la deuda federal bruta, que ha aumentado a más de 36 billones de dólares, frente a los aproximadamente 23 billones de principios de 2020, lo que supone un aumento de más del 50 % en solo cinco años, impulsado por las ayudas por la pandemia, el aumento de los costes de las prestaciones sociales y el déficit persistente».
La eliminación del contrato sindical permitirá a las agencias gubernamentales despedir o cesar más fácilmente a los trabajadores, recortar los salarios y reducir las prestaciones. Los ataques a los sindicatos federales pueden servir como una primera salva que proporcione a los patrones la oportunidad de ir tras los trabajadores estatales y del sector privado con el fin de maximizar los beneficios de la clase capitalista. ¿Cómo pueden los trabajadores sindicalizados detener este proceso?
¿Qué camino deben seguir los trabajadores federales?
La AFGE y otros sindicatos confían en los demócratas y en un sistema judicial capitalista para que resuelvan de manera justa sus reclamaciones. Históricamente, los demócratas y el sistema judicial estadounidense han fallado, a menudo a favor de los dueños de las empresas. Los tribunales han impuesto medidas cautelares contra los trabajadores en piquetes, han arbitrado a favor de los dueños en casos de despidos injustos y mucho más.
Los demócratas siguen diciendo a los sindicatos que se centren en la legislación o que confíen en los tribunales. Mientras los sindicatos agotan la vía judicial, también tienen la responsabilidad de librar una lucha masiva en las calles. ¿Por qué no hay ya piquetes, huelgas, recaudación de fondos, educación y marchas masivas? ¿Por qué la AFGE y la AFL-CIO no han hecho un llamamiento a todos los trabajadores sindicalizados para que salgan a las calles a oponerse a los ataques de Trump?
Hoy más que nunca necesitamos sindicatos combativos y democráticos que eleven la voz de los trabajadores de base, que rompan su dependencia de los demócratas y los tribunales, y que construyan un movimiento independiente de la clase trabajadora. Necesitamos un movimiento que sea capaz de hacer la conexión entre los ataques contra los trabajadores federales y las luchas sociales más amplias, y ganarse a los trabajadores industriales, de logísticas y de otros sectores privados que pueden tener un gran impacto al paralizar las ganancias capitalistas en el punto de la producción.
Foto: Trabajadores se manifiestan frente al Capitolio de los Estados Unidos. (Josh Morgan / USA Today)
