Por CHRISTINE MARIE
Es posible que el verano de 2026 sea recordado como el momento en que los movimientos sociales se vieron más claramente desafiados a combinar la defensa del voto afroamericano con las demandas de justicia en respuesta a los «linchamientos de la era moderna». Este momento de reflexión se debe, en parte, a la extraordinaria atención de la prensa a la sospechosa muerte de Nolan Xavier Wells.
Nolan Wells era un adolescente afroamericano que fue hallado sin vida tras salir el 4 de julio con un grupo de estudiantes blancos, quienes han dado explicaciones sobre el paradero de Nolan que no concuerdan con los hechos del caso. Además, los estudiantes optaron por conceder una entrevista al comentarista de derecha y defensor de los autores de violencia racializada, Brandon Tatum. No se han desvinculado de una campaña de recaudación de fondos en GiveSendGo, una plataforma conocida por recaudar fondos para personas acusadas de ataques racistas.
A la familia de Wells se le otorgó un lugar destacado en la convención de julio de la NAACP y en la conferencia de agosto de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, grupos que han dado peso a la exigencia de la familia de obtener respuestas.
Otros casos han recibido menos cobertura mediática, pero han llamado la atención sobre un patrón en el que la policía rápidamente clasifican como «suicidios» las muertes por ahorcamiento de personas negras.
El 15 de agosto, se encontró el cuerpo de un hombre afroamericano aún no identificado colgado de un árbol detrás de un restaurante en el centro de Raleigh, Carolina del Norte. La policía rápidamente calificó la muerte como un suicidio. Esto se produjo tras las sospechosas muertes por ahorcamiento de Cedric Tayuhe, un inmigrante congoleño y activista comunitario, en Harrisburg Park, Carolina del Norte, en junio, y de Juliana Nzita, de 16 años, en Charlotte, Carolina del Norte, en mayo.
El 3 de agosto, se encontró el cuerpo de Tasia Fortune, de 29 años, colgado de un árbol detrás de una casa abandonada en Jackson, Misisipi. Los vecinos informaron que los bomberos necesitaron una escalera para recuperar su cuerpo debido a la altura de la rama, y su madre insiste en que su hija no tenía tendencias suicidas.
El 19 de junio, la NAACP de Miami-Dade informó que To’Nea Miller, de 27 años, fue encontrada colgada de un árbol en el parque Gwen Cherry, en Miami, Florida. Su muerte se calificó rápidamente como un suicidio, pero su tía considera que esta conclusión es irrazonable, y los registros de la autopsia, que están bajo sello y supuestamente a disposición de su familia, no les han sido entregados.
El 13 de abril, se encontró a un hombre latino no identificado colgado de un árbol en Washington, D.C. En menos de tres días, la muerte fue declarada como un suicidio, y las comunidades afroamericanas y latinas, a pesar de los repetidos pedidos de pruebas, se quedaron sin respuestas.
El 14 de marzo, la BBC informó sobre el hallazgo del cuerpo desmembrado de Rasheem Carter, de 25 años, en un bosque al sur de Taylorsville, Misisipi. Antes de desaparecer, Carter había entrado corriendo a una estación de policía pidiendo protección contra unos hombres blancos que lo perseguían en tres camionetas, pero se le negó la ayuda. Las llamadas aterrorizadas que hizo a su madre sobre la amenaza quedaron grabadas para la posteridad. Las autoridades locales siguieron afirmando que no sospechaban de «ningún acto delictivo», argumentando que el desmembramiento había sido obra de animales. En febrero de 2026, se encontró el cuerpo de Kyle Bassinga, estudiante de la Universidad Estatal de Georgia, colgado de un árbol en el condado de Cobb, Georgia. En marzo, su familia aparentemente aceptó la conclusión de las autoridades de que se trataba de un suicidio, pero los activistas de la comunidad continúan exigiendo respuestas.
El ahorcamiento de Bassinga fue precedido, en septiembre de 2025, por la muerte de Trey Reed, de 21 años. Reed fue hallado colgado de un árbol cerca de las canchas recreativas de la Universidad Estatal de Delta, en Cleveland, Misisipi. Aunque se dictaminó que fue un suicidio, la indignación nacional ante esta decisión ha mantenido vivo el caso, y la familia sigue exigiendo la verdad.
Al igual que en el caso de Nolan Wells, el estado retuvo partes del cuello de la víctima para que no las viera el médico forense que realizaba una autopsia independiente.
Los comentaristas afroamericanos han comenzado a referirse a este escenario como «linchamiento por suicidio». O, como tituló Malik Washington un artículo en el Vanguard News el 24 de abril, son casos «declarados suicidios, recordados como linchamientos» y una señal del «regreso del terror más antiguo de Estados Unidos».
Si bien es posible que los hechos nunca se establezcan de manera concluyente en cada caso, todos comparten el mismo patrón. Los gobiernos locales y estatales desestiman los casos dictaminándolos como suicidios, tomando sus decisiones en un plazo que indica que no pudo haber habido una investigación honesta. Y los procesos estatales secretos (aunque legales) en torno a las pruebas y los informes médicos niegan la transparencia a la familia y a la comunidad. Las cartas están marcadas en contra de la justicia y, en la mayoría de los casos, los esfuerzos legales para obtener reparación no han surtido efecto. Sin embargo, se trata de una lucha de la más alta importancia.
Lo que se necesita es una campaña nacional masiva que informe al público en general sobre el uso continuado del linchamiento como parte de esfuerzos sistemáticos para aterrorizar y forzar la subordinación de la comunidad negra a un orden de supremacía blanca. Dicha campaña es el requisito previo para las movilizaciones masivas tan necesarias que puedan exigir justicia en cada caso de presunto linchamiento.
A principios de este año se dio a conocer una herramienta para ese tipo de campaña. El 18 de febrero, la organización sin fines de lucro de derechos civiles llamada Julian, dirigida por la abogada de Misisipi Jill Collen Jefferson, publicó «The Crimson Report» (Julianfreedom.org). Siguiendo el espíritu de «The Red Record», publicado por Ida B. Wells en 1895, el informe de Julian define el «linchamiento moderno», reabre casos sin resolver y documenta 70 linchamientos ocurridos en todo el Profundo Sur entre 2020 y 2025. El informe brinda nueva información sobre cómo los datos forenses —tanto en lo que respecta a la evidencia física como a los antecedentes de salud mental— pueden utilizarse para deslegitimar los encubrimientos e impulsar los movimientos en favor de la justicia. Los activistas deben estudiarlo y encontrar formas de integrar la lucha para detener este terror sistémico en su trabajo sobre otros temas relacionados con la represión y la opresión.
Foto: Juliana Nzita, de 16 años, fue encontrada colgada de un árbol en Charlotte, Carolina del Norte, en mayo.