Venezuela vuelto un socio sumiso del régimen de Trump

Por YUSEF RAMIREZ

Después de meses de acumular fuerzas militares en el mar caribe y en el pacífico y de ataques ilegales a barcos pesqueros, los EEUU invadió a Venezuela. Las fuerzas especiales norteamericanas secuestraron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación que decapitó al regimen chavista con bastante facilidad. La invasión de Venezuela señaló al continente latinoamericano y al mundo que los Estados Unidos pretendía poner en marcha su ‘Doctrina Donroe’ en la cual los EEUU declaraba su dominio sobre Latino América.

Los EEUU eligió a Delcy Rodríguez, la entonces vice presidenta bajo Nicolás Maduro, para gobernar la nación. Al mes de llegar al poder, Delcy Rodríguez impulsó un cambio fundamental en política energética del país. El gobierno venezolano cambió la ley chavista que limitaba el control de empresas extranjeras del petróleo nacional. Con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las corporaciones transnacionales energéticas podrían ejercer control sobre la producción, la venta, y los precios energéticos sin colaborar con PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana bajo la cual Chávez había nacionalizado el petréoleo en el 2006.

La ley también cambió la estructura legal en la cual se resolvían conflictos industriales, cambiando de cortes venezolanas a cortes internacionales, lo que en la práctica acentúa la disminución del poder estatal venezolano sobre el petróleo.  Y para continuar asegurando a los inversionistas extranjeros, la Ley de Hidrocarburos también redujo las regalías de las empresas extranjeras a un máximo de 30%, con la posibilidad de reducirlos hasta un 15%.

A la Ley Orgánica de Hidrocarburos le sumamos la Ley de Orgánica de Minas. La legislatura venezolana la aprobó en abril del 2026. Tal y como la ley energética, la Ley Orgánica de Minas elimina el derecho estatal sobre la explotación de oro y tierras raras y la abre a las empresas extanjeras. Viene como orden desde la Casa Blanca, que necesita abastecerse de estos minerales para disminuir la dependencia que tiene con China, que controla las reservas más importantes de tierras raras a nivel mundial, esenciales para la industria tecnológica.

El gobierno venezolano impuso estas leyes privatizadoras bajo la amenaza militar norteamericana, allanando el terreno para la profundización de la explotación extranjera de los recursos naturales venezolanos y del dominio político sobre sus instituciones. A unos meses de esta reforma, la administración Trump la utilizaría para concretar el control yanqui de la industria petrolera venezolana.

Tras negociaciones secretas y a espaldas de la legislatura venezolana, Delcy Rodríguez firmó el 2 septiembre del 2026 un acuerdo con el gobierno estadounidense y sus amos del sector energético de su país una entrega histórica de las reservas petroleras venezolanas. En el acuerdo, los EEUU obtuvo el control de casi una cuarta parte de tales recursos, el control de las ganancias de su producción, y un derecho de explotación por cien años. La entrega se hará bajo la tutela de North American Blue Energy Partners, con la gestión de administradores y abogados norteamericanos en suelo venezolano.

No obstante la retórica nacionalista de Delcy Rodríguez, este acuerdo histórico aumentará la dependencia semicolonial de Venezuela hacia Estados Unidos. No solo le permite un control de 25% del recurso más importante del país por un siglo, sino que señala la disposición de Delcy Rodríguez de llegar a tales acuerdos sin la más mínima participación de sus propias instituciones, y mucho menos con la consultación de las masas. Además, el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela – destrozada por años de sanciones norteamericanas y corrupción estatal – requerirá tecnología y administración de los Estados Unidos. La dependencia tecnológica es un mecanismo clave del imperialismo para controlar las industrias de los países oprimidos y un obstáculo fundamental en el desarrollo de una economía nacional que satisfaga a las necesidades de su propio pueblo.

Aunque algunos en la izquierda internacional argumenten que este acuerdo energético es una concesión necesaria del estado venezolano para defender a su ‘revolución socialista,’ la realidad es completamente opuesta. Este acuerdo alimenta a la economía y política norteamericanas y a sus socios menores de la burguesía venezolana. Las masas, por el otro lado, continuarán sufriendo la precariedad, el desempleo, y la represión, condiciones que han propiciado la huida de una cuarta parte de su población en la última década.

Nunca hubo una revolución socialista bajo el chavismo. La clase trabajadora no derrocó al estado capitalista venezolano con la llegada al poder de Chávez en 1998; no expropió la propiedad privada y extranjera para ponerla bajo el control democrático de los obreros ni rompió con el modelo económico extractivista en la cual Venezuela depende de la venta de petróleo en el mercado internacional. La burguesía derechista y blanca que había gobernado a Venezuela en las décadas anteriores cedió terreno ante una nueva ‘boliburguesía’ – la nueva burguesía surgida de la ‘Revolución Bolivariana’ del chavismo – pero jamás fue sacada del poder por una revolución de masas.

En fin, las acciones de Delcy Rodríguez son una continuación de las políticas del chavismo. El chavismo fue un movimiento de un sector de las fuerzas armadas venezolanas que usó el descontento social provocado por el neoliberalismo para catapultarse al poder y renegociar – no eliminar – la dependencia de su economía a los precios del petróleo en el mercado internacional. Al nacionalizar el petróleo y otros industrias clave del país, Chávez fortaleció el papel del estado capitalista en relación a las empresas trasnacionales. Pero la nacionalización petrolera no es en sí un acto revolucionario ni socialista; anteriores gobiernos venezolanos lo habían aplicado en el siglo XX de acuerdo a sus intereses políticos y la relación de fuerzas con el imperialismo.

El estado venezolano, por ejemplo, empezó a desempeñar un papel más activo en la industria petrolera a partir de la década del 1920, cuando impuso regalías a la producción y venta de hidrocarburos. Cuando el partido Acción Democrática llegó al poder tras un golpe militar en 1945, el nuevo estado aumentó la tajada del estado a un 50% de la riqueza generada por la extracción de petróleo. Esta política se reflejó en otros estados con abudantes recursos petroleros como Irak, Kuwait, y Arabia Saudí, que se aprovecharon de la alta demanda energética con el auge de la industria automotriz. En 1958, bajo otro gobierno civico-militar, Venezuela aumentó el control estatal a 65%, y en 1980 el estado declaró que un 80% de las concesiones petroleras quedarían bajo control estatal al término de los contratos.

Las políticas energéticas de Chávez continuaron bajo un nuevo contexto las políticas nacionalistas burguesas enfocadas en fortalecer el estado capitalista ante la presión imperialista sobre el petróleo nacional. Reviertiendo lo que fue un proceso de desnacionalización y privatización energéticas durante la décadas de los noventa, el gobierno de Hugo Chávez comenzó un proceso de renacionalización del petróleo en el 2006. Bajo las nuevas leyes, la empresa petrolera estatal PDVSA controlaría un mínimo del 50% de los proyectos de inversión con empresas extranjeras como Chevron, BP, y Total Oil, las cuales aceptaron estas condiciones. ExxonMobile y Conoco Phillips fueron las únicas que las rechazaron y fueron expropiadas por el estado. Es decir, la explotación energética por empresas multinacionales continuó, pero con una participación más activa de la burguesía chavista.

Además, Chávez buscó acercarse a China, la cual le ha prestado alrededor de $100 mil millones entre el 2000 y 2023 a cambio de exportaciones de petróleo a China. Con la deuda a China aún entre $10-15 mil millones en el 2026 – en estado de incertidumbre desde la invasión de los EEUU – Chávez inició una relación de dependencia hacia el imperialismo chino. Por más que China intente proyectarse como un aliado de los países oprimidos y una alternativa progresista al imperialismo occidental, no es sino otro imperialismo, aunque relativamente nuevo y en ascenso, que ha crecido tras la explotación brutal de los obreros chinos, asiáticos, africanos, y latinoamericanos.

El auge en los precios del petróleo en el mercado internacional entre 2004 y 2014 supuso mayores ingresos estatales en Venezuela. Con estos la burguesía venezolana no solo se enriqueció, sino que el gobierno de Chávez implementó programas sociales en la vivienda, los alimentos, la educación, la infraestructura, etc., lo cual mejoró las condiciones de vida de millones de venezolanos. Pero la caída del precio del petróleo cayó a partir del 2014, lo cual generó una crisis económica y comenzó un proceso de ajustes neoliberales, privatizaciones, y represión en contra de la clase obrera.

Tras la muerte de Hugo Chávez en el 2013, Nicolás Maduro tomó las riendas del poder. Como el chavismo jamás diversificó su economía para satisfacer las necesidades de su pueblo, el cambio de precios energéticos en el mercado internacional redujo drásticamente la fuente de ingresos principal del país. Como en cualquier estado capitalista, Nicolás Maduro le echó esta crisis a los hombros de la clase trabajadora. Los famoso programas sociales se vieron desfinanciados: los subsidios para la salud, la medicina, y los alimentos cayeron en picada. La burguesía chavista usó los ingresos petroleros que aún llegaban del exterior para pagar la deuda externa, fortalecer a las fuerzas armadas, y enriquecerse con una corrupción descarada. En este período, el capital privado propició una gran fuga de capitales, eliminando recursos, capitales, y tecnología en el país. Los cambios en el mercado internacional, el compromiso a cumplir con el pago de la deuda externa, la corrupción, y la huida de capitales contribuyeron para generar una crisis económica que amenazó los cimientos del poder chavista y las condiciones de vida de las masas.

Las sanciones norteamericanas impuestas por Trump en su primer mandato en el 2017 empeoraron la situación porque prohibieron la reestructuración de la deuda venezolana y amenazaron sanciones a países que comerciaban con Venezuela. Las sanciones a las ventas de petróleo hacia China e India fueron impactantes porque esos dos países importaron gran parte de las exportaciones energéticas anteriormente destinadas para los Estados Unidos. Los EEUU congeló los activos de PDVSA y impuso una prohibición total a las importaciones de petróleo venezolano al mercado estadounidense. El objetivo norteamericano era estrangular a la economía venezolana para provocar la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin los programas sociales que legitimaban al gobierno chavista, el estado recurrió al terror estatal para controlar a los sectores populares. Se estima que en este periodo, el estado cometió un 20% de los homicidios en todo el país, justo durante una ola de protestas de masas en contra de la represión y la carestía de la vida. Bajo la justificación de combatir al crimen organizado, el estado chavista bajo Maduro desplegó sus fuerzas armadas y sus grupos paramilitares para desatar una ola de terror en contra de los barrios populares, no muy distinto a los combates urbanos que se ven en Brazil, México, u otras partes de Latinoamérica.

En las últimas semanas, el gobierno venezolano viene poniendo en marcha políticas que desvelan el carácter capitalista y semicolonial de su gobierno. A fines de octubre del 2026, Delcy Rodríguez anunció que su gobierno privatizaría empresas en sectores “no esenciales” y devolverlas a sus anteriores dueños. Dijo la presidenta que la propiedad privada era “garantizada por la Constitución” pero aseguró que “la soberanía no se negocia, cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela.” Aunque el estado venezolano mantiene cierta presencia en industrias como la agricultura, las telecomunicaciones, y el turismo, no ha expresado cuáles serán las privatizadas. Esta ley forma parte de un paquete de cambios prometidos que incluyen nuevas elecciones gestionadas por un nuevo Consejo Nacional Electoral – distinto al que gestionó las últimas elecciones -, el respeto de los derechos democráticos, y un aumento salarial.

También a fines de octubre, el ejército venezolano realizó un bombardeo en contra de las Fuerzas de Liberación Nacional, grupo guerrillero colombiano que operaba dentro de Venezuela y se acusaba de traficar en drogas y actuar como ejército paramilitar para Nicolás Maduro. Esta acusación se ha usado un sinfín de veces por el ejercito estadounidense y sus aliados en América Latina para encubrir asesinatos y masacres de pobladores inocentes para desplazarlos de sus tierras ricas en recursos naturales. No es ninguna coincidencia que este ataque se da cuando los EEUU consiguió el derecho de explotar las tierras raras venezolanas – con este ataque anuncia su intención de deshacerse de la competencia.

En junio, los EEUU proveyó armamento e inteligencia para asesinar a un supuesto líder de la organización Tren de Aragua. Esto forma parte de un plan para la presencia a largo plazo de tropas gringas en territorio venezolano, cuyos detalles los EEUU y Delcy están negociando.

Justo en este momento llegó María Corina Machado, la figura principal de la derecha pro-EEUU venezolana. Su retorno después de un año en el exilio fue acompañado por movilizaciones multitudinarias – mas grandes que las del sector chavista – con las cuales Machado quiere consolidar una base y acelerar las elecciones que espera la lleven al poder. Cuando cayó Maduro, Trump descartó la idea de impulsar a Machado como nueva líder del país por su inhabilidad en previas elecciones de desplazar al chavismo. Su regreso a Venezuela se da dentro del marco del control político estadounidense, que busca gestionar un proceso electoral sin generar un caos político que podría amenazar sus proyectos inversionistas. En función de esto, el chavismo y la derecha tradicional venezolana negocian el fin de la era del chavismo.

El gobierno de Trump ha optado por asegurar sus intereses económicos en Venezuela antes de apoyar un “retorno a la democracia,” desmintiendo su interés por apoyar un proceso de reforma democrática. Por ahora, el estado chavista sin Maduro le ha servido bastante bien. Tendrá que manejar las aspiraciones de María Corina Machado y su base en Venezuela y en los EEUU en función de su deseo por la estabilidad colonial que la conviene a Trump.

Las políticas del gobierno de Delcy reflejan un gobierno sumiso ante el imperialismo yanqui. Chávez y Maduro gobernaron a Venezuela bajo distintos contextos, pero los dos mantuvieron la dependencia del pais a los dictados del mercado internacional, las políticas de contención y represión de la clase obrera, y una economía neoliberal extractivista que alimentó a la burguesía local y a sus amos imperialistas mientras empobrecía a las masas y destruía el medioambiente. El gobierno de Delcy tras la invasión yanqui mantiene este caracter del capitalismo venezolano, con una penetración más profunda del imperialismo norteamericano junto con una retracción importante de poder estatal sobre la economía.

Las privatizaciones en los sectores clave, el control del proceso político, y las conjuntas acciones militares en Venezuela se están llevando a cabo por el mismo estado chavista que gobernó durante tres décadas. En vez de organizar una resistencia popular, el estado venezolano fácilmente se doblegó y se volvió un socio menor sumiso de los piratas yanquis. Tarde o temprano, el chavismo tomaría esta decisión; era solo cuestión de tiempo. Aunque aumentó el control estatal sobre la economía a inicios del 2006, la esclavitud de su economía ante el mercado capitalista internacional y la sed de ganancias de la boliburguesía invitarían a la privatización, la represión, y, en el momento conveniente, el total colapso ante el imperialismo.

La tarea de los socialistas consiste en defender el derecho de las masas venezolanas de decidir su propio futuro sin la dominación imperialista. A la misma vez, es indispensable que nuestra solidaridad anti-imperialista con Venezuela se mantenga del lado de los obreros y oprimidos de ese país.

Foto: Delcy Rodríguez y Donald Trump en Nueva York en Septiembre. (AFP / Getty Images)

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