Por CARLOS SAPIR

El 20 de mayo, el fiscal del caso de la Corte Penal Internacional relativo a la invasión israelí de Gaza y el genocidio contra los palestinos anunció que solicitaría órdenes de detención contra dirigentes tanto del Estado israelí como de Hamás. Con ello, el tribunal avanza lentamente hacia el decreto de una sentencia, mientras se entrega a irresponsables ilusiones de “ambos lados” y a fabulas liberales.

Las órdenes de detención contra dirigentes israelíes han sido acogidas con satisfacción por la Oficina de Medios de Comunicación de Gaza (que también criticó las órdenes contra dirigentes de Hamás) y grupos de derechos humanos como B’Tselem y Human Rights Watch. Funcionarios de derechos humanos de la ONU calificaron este hecho de “día histórico” y opinaron que es “probable que los cargos prosperen”. Los grupos de derechos palestinos Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos calificaron la sentencia de “paso crucial”, pero criticaron la omisión de la acusación de genocidio contra Israel a pesar de las abundantes declaraciones grabadas de intención genocida por parte de políticos y soldados israelíes.

Wasel Abu Yousef, miembro del comité ejecutivo de la OLP, tuvo una respuesta más moderada, limitándose a reiterar que los palestinos tienen derecho a defenderse y que es responsabilidad de la CPI investigar los actos de genocidio.

Las órdenes de detención representan un cambio inusual en las prioridades de la CPI, que históricamente ha emitido órdenes de detención generalmente alineadas con los intereses de la OTAN, acusando a individuos de la República Democrática del Congo, Uganda, Sudán, la República Centroafricana, Libia, Malí y Rusia. En particular, los casos contra funcionarios del gobierno ruso a tras su invasión de Ucrania fueron reconocidos por la rapidez con la que se presentaron y tramitaron. Sin embargo, el clamor masivo en defensa de Palestina a escala mundial ha creado una crisis moral para las instituciones del orden internacional liberal, que ahora se ven obligadas a denunciar los crímenes de Israel para mantener su propia legitimidad.

¿Qué ha ocurrido realmente?

Solicitar una orden de detención es sólo un paso inicial y provisional. También es un proceso que se produce de forma paralela y separada del caso de la Corte Internacional de Justicia presentado por Sudáfrica a principios de este año. A diferencia de la CIJ, que es un órgano oficial de la ONU encargado de conocer en general de los litigios entre países, la CPI fue convocada por un estatuto de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1998, y está específicamente creada para examinar casos de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión.

Tras la petición del fiscal, ahora será examinado por los jueces de la CPI. Oficialmente, se supone que en este momento el tribunal debe evaluar si tiene jurisdicción para emitir las órdenes y si existen motivos razonables para creer en los cargos presentados por la fiscalía. Este proceso no tiene fecha límite e históricamente ha durado entre un mes y varios meses en casos anteriores de la CPI.

La lentitud de este proceso se pone aún más absurdo cuando recordamos que, en el caso de la CIJ presentado por Sudáfrica contra Israel, la CIJ determinó que eran plausibles cargos equivalentes a los que ahora imputa la CPI. La CIJ, por su parte, ha hecho poco públicamente desde que en enero exigió a Israel que “garantice que sus tropas no cometen actos genocidas contra los palestinos” y en marzo que “adopte todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar la llegada de suministros alimentarios básicos”.

Todo esto ocurre mientras que Israel lleva a cabo una operación militar que ha matado más palestinos cada día que el masacre de Srebrenica en Bosnia en 1995, con una duración cuatro veces mayor, y con todos los indicios de que la violencia más brutal está aún por llegar, con la hambruna y la intensificación del asalto militar israelí acercándose claramente en un futuro próximo.

En cierto sentido, el hecho de que se presente un caso en este momento es sorprendente. Hasta ahora, el fiscal Karim Khan ha seguido las prioridades de la política exterior británica y, en general, ha ignorado Palestina con respeto a la agenda, el presupuesto y el personal del tribunal. La solicitud de orden judicial es, por tanto, en sí misma un signo del deterioro de la posición diplomática de Israel a los ojos de la burguesía occidental, aunque el alcance de esta caída en desgracia se ve socavado por la agresiva denuncia de la decisión del fiscal por parte de los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos. (El gobierno francés, por su parte, ha acogido con satisfacción la acción del fiscal como la respuesta adecuada a que Israel haya ignorado advertencias previas, incluso mientras lleva a cabo su propia violencia colonial contra Kanaky).

Si se emiten las órdenes de detención, los países que reconocen la autoridad de la CPI estarán legalmente obligados a detener a los acusados. Incluso para los países que han firmado tratados que reconocen la autoridad de la CPI, no existe ningún mecanismo que les obligue a llevar a cabo las detenciones. De hecho, incluso Sudáfrica se negó a detener a Vladimir Putin en cumplimiento de una orden de la CPI emitida tras la invasión rusa de Ucrania y los crímenes cometidos contra su población. La totalidad del proceso es, por tanto, en gran medida simbólica, aunque es probable que afecte de alguna manera a la posición diplomática de Israel si llega a su conclusión, y es un indicador de cómo las acciones de Israel han abandonado incluso las mínimas restricciones morales de la gobernanza burguesa.

Por esta razón, Joe Biden, los más Sionistas del Congreso y los políticos israelíes han denunciado duramente las sentencias, fingiendo indignación moral ante la mera idea de que más de 35.000 palestinos muertos pudieran tener derecho a la justicia proporcional a los 1.200 israelíes asesinados en el contexto de un apartheid colonial. Para los imperialistas y sus compinches, cualquier sugerencia de que no pueden comportarse con violenta impunidad necesita ser atacada. Biden y otros políticos estadounidenses, por su parte, entienden además que cualquier cosa de la que el gobierno de Israel sea culpable, ellos también lo son.

Falsa equivalencia entre el opresor y la resistencia

Las limitaciones del proceso de la CPI quedan aún más expuestas por la burda equivalencia moral que hace al dictar órdenes de detención no sólo contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, sino también contra el dirigente de Hamás, Yahya Sinwar, su comandante militar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, y, lo que es más ridiculo, el dirigente de su oficina política, Ismail Haniyeh. Cabe señalar que, si estas detenciones se llevaran a cabo de forma imparcial, se eliminaría a todos los dirigentes públicamente reconocibles de Hamás, pero sólo a una fracción del gobierno de Israel (por no hablar de la oposición y otros políticos israelíes que han apoyado con igual entusiasmo tanto la guerra actual como el apartheid en general).

Esta equivalencia moral entre los dirigentes de un Estado extremamente militarizado y respaldado por el imperialismo por un lado, y por otro los dirigentes de un movimiento de resistencia asediado, no respeta la verdad de la guerra y el genocidio que están ocurriendo en Palestina de una manera absurda, pero también es muy típica de la lógica jurídica liberal empleada por la CPI y otras instituciones burguesas internacionales.

El derecho burgués tiene prioridades burguesas. No está diseñado para hacer justicia, sino para asignar culpas que puedan ser reparadas con pagos, un acuerdo que es muy beneficioso para la realización eficiente de transacciones comerciales, pero que no es particularmente deseable para nadie más. Además, mantiene la falsa pretensión de que todos los individuos son iguales ante la ley, incluso cuando estos mismos individuos tienen un acceso completamente desigual a los recursos y al poder bajo el capitalismo. Se trata de una equivalencia moral que crea injusticias constantes, incluso en los procedimientos judiciales cotidianos y mundanos de la sociedad capitalista, pero que se amplía hasta proporciones verdaderamente absurdas en condiciones de apartheid prolongado, ocupación militar y genocidio.

Como dijo Trotsky en “Su moral y la nuestra”, no puede haber equivalencia entre “un propietario de esclavos que mediante la astucia y la violencia encadena a un esclavo, y un esclavo que mediante la astucia o la violencia rompe las cadenas”, pero ésta es precisamente la equivalencia que defienden la CPI y otros tribunales liberales.

Una vez que se haya puesto fin al genocidio, una vez que haya caído el apartheid, puede haber procesos de verdad y reconciliación que investiguen los excesos violentos cometidos por las fuerzas de la resistencia. Pero es imposible emprender un proceso de este tipo mientras los palestinos estén luchando por sus vidas contra la bota militar israelí que los está aplastando.

Además, cualquier proceso de este tipo tendría que tener en cuenta el contexto de opresión y desposesión en el que viven los palestinos: Casi todos los miembros de la resistencia armada de Gaza han pasado toda su vida bajo un brutal asedio militar que ha matado y sigue matando a sus familiares y amigos, y que amenaza abiertamente con acabar con toda su sociedad. Una gran parte de ellos ha pasado por cárceles israelíes, donde la tortura, incluidos los abusos sexuales, es rutina. Mientras tanto, casi todos los adultos judíos israelíes han servido en su ejército y de esa manera han participado directamente en el cuerpo armado que lleva a cabo la opresión violenta contra los palestinos. Un tribunal que no considera estos hechos como factores decisivos en sus deliberaciones no imparte justicia, sino que está dispuesto a castigar a quienes intentan defenderse de crueldades indefendibles.

Sólo las masas pueden hacer justicia

Si la CPI y la CIJ no van a proteger a Palestina, ¿dónde quedamos? En última instancia, sólo la amplia movilización de los trabajadores y los oprimidos puede forzar un cambio político que afectará a los poderosos. No lo vamos a ganar por elaborar argumentos jurídicos o apelando a tribunales que se toman tranquilamente su tiempo en Europa mientras decenas de miles de palestinos son asesinados, millones se enfrentan al hambre y aún más esperan bajo el apartheid dentro de las fronteras israelíes de 1948, bajo la ocupación militar en Cisjordania o en campos de refugiados en Líbano y Jordania, preguntándose cuándo vendrá Israel a matarlos a ellos también. Pero esto no significa que seamos impotentes.

Las claves de la victoria y la liberación de Palestina están en la historia de su propio movimiento: movilizaciones masivas y huelgas generales de los palestinos donde se encuentren, como en la Primera Intifada, mientras la resistencia armada continúa su legítima autodefensa contra la ocupación israelí. Las claves de la victoria también están en las movilizaciones y huelgas que se están gestando en todo el mundo árabe, especialmente contra los odiados regímenes de Egipto y Jordania, respaldados por Estados Unidos, que son socios vitales en la defensa del apartheid israelí. Y también están las llaves en los movimientos de masas y las valientes protestas del resto del mundo, donde cada semana más y más estudiantes y trabajadores denuncian la complicidad de sus escuelas, sus empleadores y sus gobiernos por su apoyo a los crímenes de Israel.

Con estas fuerzas, haciendo crecer los movimientos, construyendo y defendiendo su política en asambleas democráticas que no sólo coordinen acciones eficaces sino que también eduquen a todos los presentes y los preparen para luchar por la liberación, prepararemos las fuerzas que puedan tomar las calles, organizar huelgas decisivas y acabar con el apartheid de una vez por todas.

– ¡Acabar con toda la ayuda estadounidense a Israel!

– ¡Detener la invasión genocida de Israel!

– Biden, Trump, Netanyahu, Smotrich, Gantz, Gallant, y el resto de los políticos: ¡Todos ellos deben pagar por sus crímenes contra los palestinos!

– ¡Abajo el apartheid israelí!

– ¡Por una Palestina libre, democrática y no sectaria del río al mar!

Foto: Una familia palestina se acerca al hospital tras el bombardeo israelí del campo de al-Bureij, en el centro de Gaza, el 8 de abril. (AFP)