Por DOLORES UNDERWOOD

La crisis ambiental seguirá provocando desplazamientos y migraciones en todo el mundo. A medida que suba el nivel del mar, el calor extremo haga incultivable la tierra y se sequen las fuentes de agua, seguiremos viendo cómo millones de personas se ven obligados a buscar nuevo refugio. Los desplazamientos causados por el clima no son cosa del futuro; están ocurriendo ahora mismo. En los últimos 20 años, por ejemplo, el número de personas que sufren inundaciones por mareas y tormentas relacionadas con la subida del nivel del mar ha aumentado de 160 a 260 millones. Y estamos viendo ya cómo responderán a la crisis los diferentes sectores de la clase capitalista, que trabajan para promover los intereses imperialistas: cosechando beneficios de la “transición verde” capitalista, mientras invierten en la militarización de las fronteras para mantener fuera a los refugiados y migrantes.

La situación se ve empeorada por la actual crisis económica mundial. Los países semicoloniales endeudados están recurriendo al extractivismo extremo y a la privatización de la tierra para pagar sus deudas y evitar un mayor colapso económico. La caída de las tasas de beneficio y de la inflación, combinada con los crecientes pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), han impuesto graves restricciones económicas a los países semicoloniales. Además, en el caso de América Latina, los inversores imperialistas han orquestado la desindustrialización en toda la región. Como resultado, tanto los gobiernos “progresistas” como los de derechas han recurrido a la extracción de recursos naturales para evitar el impago y revertir los déficits energéticos.

En todo el mundo semicolonial han surgido proyectos de extracción de litio, cobalto y cobre, minerales esenciales para la “transición verde”. El “triángulo del litio”, que incluye Argentina, Bolivia y Chile, contiene alrededor del 67% de las reservas de litio conocidas. Esta región se ha convertido en la primera linea de la lucha de las comunidades indígenas contra las multinacionales mineras. Los oleoductos que atraviesan zonas de gran biodiversidad, como sabanas, manglares y aguas costeras, no harán sino aumentar la probabilidad de que se produzcan migraciones, ya que los pequeños agricultores se verán desplazados debido a la contaminación.

La expansión de las empresas agroindustriales imperialistas aumenta la deforestación y refuerza la producción monocultural. Esta industria contamina los cursos de agua, desplazando a los agricultores y a las poblaciones indígenas. Las caravanas centroamericanas que captaron la atención del público en 2018, por ejemplo, se dedicaban principalmente a la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca. El acortamiento de las temporadas de lluvias y el aumento de la sequía, que afectan al “Corredor Seco” que va de México a Costa Rica, se combina con la intensificación de las temporadas de huracanes que empujan a la población hacia la hambruna.

Irónicamente, como señalan muchos en el movimiento climático, las personas más afectadas por un clima cambiante son los menores emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Los países del G20 representan alrededor del 75% de las emisiones de GEI. La solución de la COP27 de las Naciones Unidas (ONU) consiste en crear un fondo de pérdidas y daños por el que los países que más emiten paguen a los que menos por la inminente devastación climática. Las cifras más conservadoras sugieren que estos pagos deben alcanzar los 300.000 millones de dólares al año para 2030, mientras que otros estiman que los daños económicos mundiales derivados de la crisis ambiental alcanzarán los 99 billones de dólares al año entre 2025 y 2050. Sin embargo, en 2020, el fondo recaudó menos de 100.000 millones de dólares.

En lugar de utilizar el dinero para las reparaciones, los mayores emisores de GEI se están preparando para la inminente avalancha de refugiados climáticos y están militarizando sus fronteras. Los siete países responsables del 48% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero del mundo gastaron colectivamente al menos el doble en el control de las fronteras y la inmigración que en la financiación de la lucha contra el cambio climático. En Estados Unidos, el gasto en militarizar la frontera del sur casi se ha triplicado desde 2003, pasando de 9.200 millones de dólares a 25.000 millones en 2021. En Europa, el presupuesto de la agencia de fronteras de la Unión Europea ha aumentado un 2763% desde su fundación en 2006.

La industria de la seguridad fronteriza se beneficia de la crisis climática de los refugiados. Raytheon, Lockheed Martin, Airbus, Palantir, Deloitte, IBM y Boeing son sólo algunas de las corporaciones que se aseguran cientos de miles de millones de dólares en contratos con gobiernos imperialistas. Sus servicios incluyen la construcción de centros de detención, tecnología de vigilancia, biometría y transporte blindado. Los refugiados climáticos son oportunidades financieras para ellos. Como si esto no fuera lo suficientemente tiránico, muchas de estas mismas empresas de seguridad fronteriza son contratadas por las mayores empresas de petróleo y gas para proporcionar seguridad a sus sitios de perforación. Exxon Mobil, por ejemplo, contrató a Lockheed Martin, uno de los principales contratistas de seguridad fronteriza de Estados Unidos, para reforzar las instalaciones de refinado y fabricación de productos químicos. También tiene contratos con otro importante contratista fronterizo estadounidense, L3 Harris, para vigilar sus instalaciones de perforación en el delta del Níger.

Muchos criticaron con razón el muro fronterizo de Trump. Sin embargo, ambo los demócratas y los republicanos siguen una estrategia muy similar cuando se trata de construir un muro contra los refugiados del clima. Mientras que los amigos de Trump podrían estar en la construcción física de muros, la administración de Biden persigue en cambio un enfoque de “tecnología inteligente” para vigilar la frontera. La orden de emergencia “Título 42” de Trump, que deportaba a los inmigrantes a su llegada, fue sustituida bajo Biden a principios de 2023 por una política posiblemente más restrictiva que exige a los migrantes solicitar primero su permiso de refugiado en otro país, utilizando la aplicación CBP One, una aplicación mal hecha que ni funciona bien.

¿Qué hay que hacer? Los países altamente emisores y las corporaciones de petróleo y gas deben miles de millones en reparaciones, pero necesitamos ir aún más allá. El dinero que actualmente se utiliza para militarizar las fronteras debe ser utilizado por los países afectados para reforzar y ampliar sus sectores de salud pública, para reubicar a las poblaciones en riesgo que deseen desplazarse y para proteger los recursos naturales. Deben cancelarse todas las deudas de los países semicoloniales. Dentro de los países imperialistas, la financiación debe destinarse a la preparación de viviendas y al apoyo a los refugiados climáticos que necesitan reubicarse.

Aquí en Estados Unidos, debemos mirar a las luchas al sur de nuestra frontera, donde las comunidades indígenas y los trabajadores de minería se están uniendo para exigir la nacionalización de las empresas mineras. En Chile, por ejemplo, durante la convención constitucional de 2022, un sector del movimiento pidió que las grandes empresas mineras de cobre, litio, oro y otros minerales estratégicos fueran nacionalizadas y puestas bajo control de los trabajadores.

Las empresas mineras contaminan, destruyen los recursos naturales y explotan a los trabajadores para aumentar sus beneficios. En manos de los trabajadores mineros, y con la participación de las comunidades directamente afectadas, la decisión de extraer recursos tendría en cuenta los riesgos de contaminación, polución y destrucción de las ecologías circundantes. Además, debemos luchar por la apertura de nuestras fronteras y exigir papeles para todos los migrantes. La lucha para salvar el planeta y a nosotros mismos sólo puede ganarse mediante la solidaridad y la cooperación internacional.