-
El periódico «La Voz de los Trabajadores»: Edición de marzo-abril

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es una escalada importante en el Medio Oriente que tiene implicaciones peligrosas para los trabajadores de todo el mundo. La brutalidad del asalto imperialista a nivel internacional va junto con el ataque a las libertades civiles por parte del régimen de Trump dentro de Estados Unidos. Esto incluye las operaciones continuas del ICE y la Patrulla Fronteriza, las amenazas a las elecciones de mitad de período de 2026, los retrocesos ambientales que afectan profundamente a la comunidad negra y la brutalidad policial sin control.
Nuestro editorial en este número nos advierte: «Existe un gran peligro de subestimar la determinación de la élite empresarial estadounidense de llevar adelante esta iniciativa. No podemos confiar en que las sentencias judiciales o las próximas elecciones nos salven. Debemos organizarnos ahora, no solo para realizar manifestaciones masivas y crear redes comunitarias contra la violencia del ICE, sino para encontrar el camino hacia la construcción de un nuevo partido de la clase trabajadora a través del cual podamos organizar nuestra defensa política en todos los planos y todos los días».
En este número también tenemos artículos sobre los archivos de Epstein y la clase dominante, la huelga de maestros de San Francisco y una reseña del nuevo álbum de U2.
La edición de marzo-abril de 2026 de nuestro periódico está disponible en formato impreso y en línea como PDF y contiene articulos en ingles y español. ¡Lee hoy mismo el último número de nuestro periódico con una descarga gratuita en PDF! Como siempre, agradecemos cualquier donación que ayude a sufragar los gastos de impresión.
Haz clic en la imagen para leer el periódico o envíanos un mensaje para recibir una copia impresa:
-
La cumbre de «paz» entre Trump y Putin fue una farsa
Por CARLOS SAPIR
El 15 de agosto, dos criminales de guerra se reunieron en Anchorage. Cada uno voló unas ocho horas para llegar a la ciudad de Alaska, saludarse, hablar brevemente en privado y luego celebrar una rueda de prensa conjunta en la que no se dijo nada de importancia. Mientras estos dos imperialistas cenaban juntos y realizaban banales actos publicitarios, los ucranianos siguieron luchando en el frente contra la invasión, determinados a preservar su independencia.
Una gira publicitaria por una paz falsa
Con mucha fanfarria y poco nuevo que mostrar, está claro que el objetivo último de esta cumbre era que Putin y sus lacayos hicieran alarde del poderío diplomático de Rusia y recitaran su discurso sobre la supuesta «desnazificación» de Ucrania con el respaldo sonriente del presidente estadounidense (por su parte, Trump probablemente espera que esto ayude a presionar a Zelensky para que haga más concesiones económicas).
Al igual que innumerables imperialistas antes que ellos, desde Kissinger hasta Woodrow Wilson y Hitler, Trump y Putin buscan cada oportunidad para presentarse como hombres de paz. Parados en frente a una fachada con las palabras «En busca de la paz», Trump y Putin pueden fingir que lo que están haciendo es resolver un problema espinoso, cuando en realidad están trabajando para someter a Ucrania y allanar el camino para lanzar la próxima guerra que elijan.
Pero incluso mientras Putin y sus aliados, como Viktor Orbán, intentan proyectar que la guerra ya está prácticamente terminada, la realidad no es tan complaciente. Incluso el sitio de la cumbre lo delata: lugares más típicos y convenientes para una cumbre entre Estados Unidos y Rusia, como Islandia, Finlandia o las propias capitales de Estados Unidos y Rusia, están fuera de los límites debido a que los países europeos y Canadá han cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos. Mientras tanto, los drones y los ciberataques ucranianos han obligado a los aeropuertos de la Rusia europea a cerrar repetidamente durante largos periodos de tiempo. Incluso en Anchorage, donde Trump quizo recibir a Putin como gran amigo, cientos de manifestantes también se presentaron para recibir a Putin con una marea de banderas ucranianas.
Tras la cumbre, Trump se reunió con Zelensky y los líderes de la UE, haciéndoles promesas turbias y apoyando la exigencia de Putin de que Ucrania haga concesiones territoriales «por la paz». Por supuesto, las promesas son una farsa, ya que no habrá paz para los ucranianos mientras su país siga ocupado por una potencia imperialista.
Trump prometió vagamente compromisos de seguridad respaldados por Estados Unidos para Ucrania, una frase que debería provocar un déjà vu y escepticismo entre los ucranianos tras el proceso: Después de todo, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña prometieron lo mismo en 1994 cuando firmaron el Memorándum de Budapest, en el que se comprometían a garantizar la independencia de Ucrania a cambio de que el país renunciara a su arsenal nuclear, que en ese momento era el segundo más grande después del de Estados Unidos y Rusia. Ucrania cumplió sus promesas; los Estados imperialistas no.
Ucrania merece la autodeterminación, los imperialistas de la OTAN le han dado deuda
Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha estado desesperada por armarse para defenderse de la invasión. En lugar de dedicar su producción nacional al esfuerzo bélico y nacionalizar los activos rusos en Ucrania —que incluso ahora siguen siendo propiedad de los aliados burgueses de Putin y les generan beneficios—, el Gobierno ucraniano optó por complacer a los imperialistas de la OTAN y aceptar sus imposiciones de deuda, presupuestos de austeridad y producción orientada al beneficio en nombre de la «responsabilidad fiscal». Casi inmediatamente después de asumir el cargo, Trump fue a extorsionar aún más a Zelensky con un acuerdo sobre recursos minerales.
Las deudas y los acuerdos comerciales unilaterales impuestos a Ucrania mientras se encuentra bajo la amenaza de una invasión son la esencia de la política imperialista. Son moralmente injustificables y deben ser denunciados. La cancelación de todas estas deudas y acuerdos que benefician a Estados Unidos y otros Estados imperialistas y a sus bancos apenas sería un pequeño paso para abordar las injusticias cometidas.
Al mismo tiempo, la solidaridad internacional entre trabajadores puede ayudar a mitigar las carencias que el gobierno neoliberal de Ucrania no abordará. Aunque por ahora son modestos, esfuerzos como la actual recaudación de fondos de la Red de Solidaridad por Ucrania para el sindicato de enfermeras ucranianas Sea Como Nosotros (Будь як ми) proporcionan ayuda directa a los trabajadores que se enfrentan a la invasión rusa y construyen los lazos políticos internacionales necesarios para que los trabajadores ucranianos puedan enfrentarse de forma decisiva a su propio gobierno y luchar por una independencia que realmente signifique algo para la clase trabajadora.
Como demostraron las protestas contra la corrupción del mes pasado, los ucranianos, endurecidos por la guerra, están más que dispuestos a plantarse frente a su propio gobierno y a obligarlo a hacer concesiones cuando intenta despojarlos de sus derechos.
Trump y Putin tienen el tiempo y los recursos para montar un espectáculo en Alaska y fingir que Ucrania no existe. Pero no han sido capaces de hacer desaparecer a los ucranianos, ni de hacerles abandonar la lucha que comenzó con marchas en las calles contra Poroshenko, el lacayo de Putin, y que continúa más de una década después en las trincheras luchando contra los mercenarios de Rusia.
Foto: Llegada amistosa de Trump y Putin al aeropuerto de Anchorage. (Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images)
-
La guerra de Cachemira y la amenaza de una guerra mundial
La derogación del artículo 370 de la Constitución india fue celebrada por el Gobierno de Modi como una gran victoria nacionalista. Esta enmienda, que puso fin a la limitada autonomía de Cachemira, se presentó como el cambio que traería una paz duradera a Cachemira, a la que pronto seguiría la prosperidad. En cambio, convirtió Cachemira de la noche a la mañana en una prisión gigante, con miles de personas detenidas arbitrariamente y encarceladas, la suspensión de Internet y las comunicaciones móviles, y la entrada en el estado severamente restringida. Finalmente, se borró la existencia de Cachemira como estado independiente, se separó Ladakh del estado y los dos nuevos estados nacidos de esta separación se convirtieron en territorios de la Unión, ahora bajo la administración directa de la capital nacional. Es importante recordar este contexto, porque el resentimiento que generaron estas acciones condujo directamente a los acontecimientos de este año.
El 22 de abril se produjo un atentado terrorista en el distrito de Pahalgam, en Cachemira, en el que 26 turistas fueron asesinados por militantes del «Frente de Resistencia». El ataque contra civiles inocentes conmocionó a la India y se convirtió en combustible para que el gobierno de derecha hindutva y sus dóciles medios de comunicación clamaran por la guerra. Desde entonces, la India inició una serie de medidas de escalada contra Pakistán, comenzando con la suspensión del tratado sobre las aguas del Indo y el cierre repentino de las presas del río Chenab. Pakistán respondió cerrando su espacio aéreo a los aviones indios, a lo que la India respondió con la misma medida. Ambas partes se prepararon para los ataques militares que inevitablemente seguirían a esto.
En la madrugada del 7 de mayo, la fuerza aérea, la marina y el ejército indios coordinaron un ataque contra nueve objetivos en el interior de Pakistán, alegando que se trataba de bases terroristas. El ataque, llevado a cabo por los nuevos aviones Rafale de la India, causó una destrucción generalizada y decenas de víctimas civiles en Pakistán. Sigue siendo un misterio si realmente murieron terroristas en estos ataques, pero desde entonces los medios de comunicación indios no han dejado de alardear, afirmando que murieron 900 «terroristas». A esto le siguió un bombardeo indiscriminado por parte de Pakistán, que causó aún más pérdidas de vidas humanas. Los 26 muertos en el ataque terrorista recibieron cobertura las 24 horas del día por parte de los medios de comunicación indios, pero los pobres agricultores que perdieron la vida en las escaramuzas fronterizas han quedado reducidos a números sin rostro, indignos de aparecer en horario de máxima audiencia.
Mientras los funcionarios pakistaníes y la prensa oficial se regocijan por el supuesto derribo de cinco aviones de combate indios, los medios de comunicación indios ofrecen una cobertura triunfal las 24 horas del día de los ataques aéreos contra Pakistán. Los civiles muertos por los ataques de la India no reciben ninguna simpatía de la prensa india, y el Gobierno indio hace todo lo posible por deshumanizar al pakistaní medio. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo simulacros de defensa civil para normalizar el estado de guerra.
Durante los cuatro días que siguieron a los ataques aéreos de la India en territorio pakistaní, ambos bandos continuaron con un intenso intercambio de misiles y bombardeos de artillería que se saldó con decenas de muertos en la India y Pakistán. El 11 de mayo, Pakistán había desplegado su ejército en la frontera, listo para operaciones terrestres, justo cuando la India se preparaba para mayores acciones militares. De repente, el 11 de mayo, todo se calmó, cuando Trump declaró que supuestamente había negociado un alto el fuego entre la India y Pakistán. Hasta ahora, este frágil alto el fuego se ha mantenido, con una violación por parte de Pakistán que provocó bombardeos en la frontera de Cachemira ocupada por la India. Este alto el fuego ha detenido momentáneamente la posibilidad de una escalada hacia una guerra abierta, y nos devuelve a la situación que se vivió inmediatamente después de la suspensión unilateral por parte de la India del Tratado del Indo.
No es exagerado decir que el sur de Asia se encuentra quizás en el momento más peligroso de su historia reciente, ya que dos naciones con armas nucleares juegan con la posibilidad de una guerra convencional. No es en absoluto seguro que una guerra convencional se limite a medios convencionales y no derive en una guerra nuclear total, que probablemente destruiría la civilización tal y como la conocemos y podría arrastrar al mundo entero a una tercera guerra mundial.
El conflicto de Cachemira
Para comprender verdaderamente el conflicto de Cachemira, debemos ir a las raíces del problema. El conflicto es, de hecho, uno de los legados más tóxicos del colonialismo británico en el sur de Asia. Hoy en día, Cachemira se ha convertido en el frente no solo de dos poderosos ejércitos enfrentados entre sí, sino también de un conflicto entre dos corrientes ideológicas reaccionarias y tóxicas. Por un lado, tenemos el islamismo reaccionario consagrado en el Estado militarizado de Pakistán, arraigado en la teoría de las dos naciones, y por otro lado tenemos el hindutva, que ha tomado las riendas del poder en la India. Es importante comprender cómo se llegó a esta situación.
En la década de 1930, el control de Gran Bretaña sobre la India se había debilitado hasta tal punto que necesitaba delegar más poderes a los indios para continuar su dominio. Los británicos recurrieron cada vez más a los servicios de grandes organizaciones comunitarias reaccionarias para contrarrestar la influencia de los partidos laicos. Entre estas organizaciones reaccionarias destacaban la Liga Musulmana y la Rashtriya Swayamsevak Sangh. Mientras el Partido del Congreso protestaba por que la India fuera arrastrada a otra guerra mundial, no había planes para una movilización nacional, como las «satyagrahas» del pasado. Los acontecimientos les obligarían a convocar una movilización general en 1942, en el marco del movimiento «Quit India».
A lo largo de los años 40, la India vivió una movilización prerrevolucionaria, primero con el movimiento «Quit India» y luego con el levantamiento naval y el levantamiento juvenil de 1946. Sin embargo, con el Partido del Congreso ilegalizado y su liderazgo encarcelado, el Gobierno británico dio rienda suelta a organizaciones reaccionarias dóciles como el RSS y la Liga Musulmana, apoyadas por la secta Deobandi. Juntos lograron polarizar la India a lo largo de líneas religiosas comunales entre hindúes y musulmanes. Los acontecimientos culminaron en los disturbios de la partición de 1946, que comenzaron en Calcuta. Pronto, la violencia se extendió por las llanuras del Ganges y llegó al Punyab, donde se produjeron las peores matanzas.
Los fuegos del odio comunal acabaron llegando al principado de Cachemira. Aunque su población era mayoritariamente musulmana, Cachemira estaba gobernada por los hindúes dogras desde la segunda guerra anglo-sij de 1849. Los dogras eran duros con sus súbditos, y Hari Singh no fue una excepción.
Al igual que en el resto del subcontinente, Cachemira fue escenario de agitaciones de campesinos, trabajadores y, en particular, aparceros. Entre 1946 y 1947, la monarquía cachemir emprendió un programa de genocidio contra los campesinos gujjar, en su mayoría musulmanes. Esto no se debió simplemente a su religión, sino a una reacción contra el creciente poder de los campesinos y los trabajadores en el estado principesco. El poder de la monarquía se vio amenazado y respondió con violencia en el contexto de la partición.
Poco se sabe que el RSS participó activamente en este genocidio de musulmanes en Cachemira, que probablemente costó la vida a 200 000 personas. Tanto la India como Pakistán reclamaron Cachemira. Para Pakistán, el carácter mayoritariamente musulmán de Cachemira hacía «natural» su adhesión a Pakistán. Para la India, se hizo hincapié en el hecho de que Cachemira estaba gobernada por un monarca hindú. Sin embargo, el maharajá Hari Singh optó por la neutralidad y la independencia.
Pakistán decidió atacar primero, movilizando una fuerza de milicias tribales para conquistar Cachemira al rey. La violencia de la monarquía contra los musulmanes fue respondida por las milicias islámicas respaldadas por Pakistán, que mataron a miles de hindúes en Poonch y Mirpur. Al ver que sus fuerzas se desintegraban ante el ataque de las milicias tribales, el maharajá finalmente solicitó la adhesión a la India a finales de 1947. Así, cuando no habían pasado tres meses desde su independencia, la India y Pakistán se vieron envueltos en su primera guerra, por Cachemira.
Las guerras indo-pakistaníes
La India y Pakistán han librado cuatro guerras hasta ahora. Tres de ellas fueron por Cachemira, la primera en 1947, la segunda en 1965 y la tercera en 1999.
La anexión de Cachemira no fue algo que sucedió en el vacío. La partición había dejado a la India desarticulada, pero con las provincias peninsulares y el corazón del país intactos. La mayor parte de las industrias del Raj británico, los grandes centros urbanos y la mayoría de los activos militares pasaron a la India. Pakistán tenía dos provincias ricas en recursos, Bengala Oriental y Punyab Occidental, y un puerto estratégico en Karachi, pero no eran suficientes para que una república incipiente como Pakistán pudiera hacer frente a la India.
En 1947, la única zona de expansión para estas dos naciones capitalistas jóvenes y hambrientas eran los estados principescos. En el apogeo del Raj, alrededor de un tercio de los territorios del Raj estaban compuestos por 500 estados principescos, algunos de ellos grandes y ricos en recursos, como Cachemira e Hyderabad, y otros tan grandes como una pequeña ciudad, como Satara. En vísperas de la independencia, los estados principescos se vieron asediados por rebeliones campesinas y la amenaza de una anexión militar total, ya fuera por parte de la India o de Pakistán. La única opción realista era la adhesión a uno u otro. Sin embargo, Hyderabad y Cachemira intentaron mantener su independencia.
Con la India habiéndose quedado con la mayoría de los estados principescos, a Pakistán solo le quedaban dos opciones de expansión.
Al oeste se encontraba el estado de Kalat y al noreste, Cachemira. Tras perder estados vitales como Junagarh, gobernado por un nawab musulmán, las islas de Lakshadwip, de mayoría musulmana, y todos los estados principescos del este, Jinnah creía que no podía permitirse perder también Cachemira. Este estado se encontraba en la cabecera del río Indo, vital para la agricultura de Pakistán, proporcionaba una frontera terrestre con China y podía convertirse en un enlace con Asia Central, por lo que era vital para el futuro comercio de Pakistán. Para la India,
Cachemira sería valiosa por sus recursos, su ubicación y su uso como palanca contra Pakistán.
Con los acontecimientos que rodearon la partición, las medidas del rey contra los campesinos musulmanes y su deseo de mantener la independencia y la neutralidad, se preparó el escenario para la primera guerra entre la India y Pakistán. El ejército pakistaní intervino indirectamente, con milicias tribales que organizaron un asalto contra las débiles fuerzas del rey, expulsándolo rápidamente de la región de Gilgit y amenazando la propia Srinagar. La situación solo se estabilizó a favor de la monarquía de Cachemira cuando intervino el ejército indio.
Durante el resto del año, los dos ejércitos lucharon entre sí hasta llegar a un punto muerto. Esta guerra se caracterizó por
comandantes británicos al frente de los ejércitos de ambos países, que en aquel momento aún estaban vagamente vinculados a Gran Bretaña como dos dominios independientes. Los soldados y las víctimas de la guerra eran indios, pero el mando y el material eran británicos. El simbolismo insultante de esta guerra ha quedado en gran parte olvidado.
El estancamiento en el frente militar condujo al estancamiento en el frente político, donde ni la India ni Pakistán pudieron encontrar un terreno común para resolver la disputa. El primer ministro indio Nehru intentó llevar el asunto ante las Naciones Unidas con la esperanza de resolver la disputa. No fue así, y la resolución de la ONU sobre Cachemira, que ordenaba la celebración de un referéndum popular para decidir el futuro de Cachemira, ha quedado desde entonces en papel mojado.
El frente de la guerra permanece prácticamente intacto en la actualidad, convirtiéndose finalmente en la frontera entre la India y Pakistán, siguiendo los territorios que ambas partes se apropiaron durante la guerra. Este fue el final de la primera guerra entre la India y Pakistán, y la primera guerra por Cachemira, pero no sería la última.
Animado por los malos resultados de la India en la guerra de 1962 con China, Pakistán, entonces bajo una dictadura militar, intentó resolver la cuestión de Cachemira por medios militares una vez más. La Operación Gibraltar fue concebida por el ejército pakistaní para expulsar a las fuerzas de ocupación indias provocando una revuelta en Cachemira. Este plan fracasó estrepitosamente, pero llevó al Gobierno indio a responder militarmente. Se desató la guerra indo-pakistaní de 1965, la segunda vez que la India y Pakistán se enfrentaban por Cachemira.
El ejército pakistaní se modernizó con la ayuda de los Estados Unidos, y el ejército indio, que acababa de iniciar su propio programa de modernización, se enfrentó en las llanuras del Punyab y las montañas de Cachemira. Esta guerra fue testigo de una de las mayores batallas de tanques desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las ganancias de la India, la guerra terminó en un empate y se negoció un alto el fuego con la ayuda de la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. La guerra fue costosa, puso fin a un período de crecimiento económico en Pakistán y provocó una caída en picado del crecimiento de la economía de la India ese año. El costo de la guerra de Cachemira lo pagaron todos los habitantes del sur de Asia. Esta guerra también fue la primera vez que los Estados Unidos de América dejaron su huella en la disputa de Cachemira.
La guerra no logró ninguna resolución política, pero cambió la situación militar a favor de la India y reveló una importante debilidad en la capacidad militar de Pakistán. Agotado por los combates, Pakistán se quedó con solo dos semanas de municiones antes de que se declarara el alto el fuego. La modernización militar de la India continuaría, junto con la profundización de sus relaciones con la Unión Soviética. Al mismo tiempo, Pakistán entró en un periodo de crisis política y económica que culminaría en la guerra de liberación de Bangladés de 1971. La aniquilación de la Armada y la Fuerza Aérea pakistaníes y el debilitamiento de su Ejército dejaron a la India como hegemón militar y político indiscutible de la región.
La guerra dio lugar al Acuerdo de Simla de 1972, que pretendía regular la forma en que la India y Pakistán abordarían la cuestión de Cachemira, con el objetivo de convertir la línea de alto el fuego de 1971 en una frontera internacional. Este acuerdo quedó suspendido tras la escalada militar de mayo de 2025.
El dominio militar conseguido en 1971 contribuyó a asegurar la hegemonía india sobre el sur de Asia. Poco después de la victoria en la guerra de 1971, la India adquirió armamento nuclear y probó su primera bomba atómica en 1974, lo que la situó en el grupo de las pocas naciones con capacidad para desarrollar ojivas nucleares. Esto cambió para siempre la dinámica de las guerras en el sur de Asia y, a partir de entonces, Pakistán se apresuró a adquirir la misma tecnología. Las futuras guerras en el sur de Asia se librarían bajo el paraguas nuclear.
El año 1999 marcaría el comienzo de lo que ha sido la era moderna del conflicto de Cachemira. Dos acontecimientos importantes tuvieron lugar antes de la guerra de Kargil: el inicio de la insurgencia en Cachemira en 1989 y la adquisición de armas nucleares por parte de Pakistán en 1998.
En 1987, el control indio sobre la parte ocupada de Cachemira estaba prácticamente asegurado. La Conferencia Nacional, que en su día fue la principal organización combatiente de los cachemires, se había rendido por completo al Partido del Congreso, liderado por la India. Las elecciones de ese año fueron amañadas para garantizar la victoria de los colaboradores dóciles de la India, la Conferencia Nacional, liderada por Farooq Abdullah. No era la primera vez que se amañaban las elecciones para garantizar un resultado favorable a los intereses indios, pero sí era la primera vez que dicho amaño provocaba una gran insurgencia armada popular, liderada en un primer momento por el secular Frente de Liberación de Jammu y Cachemira (JKLF).
La respuesta india al levantamiento de enero de ese año fue muy dura. La Operación Brass Tacks supuso el despliegue de cientos de miles de soldados en Cachemira, lo que provocó una represión brutal que se cobró la vida de decenas de civiles. Esto no hizo más que echar leña al fuego, y en 1990 Pakistán respaldó a grupos islamistas con veteranos curtidos en la guerra soviética de Afganistán, que entraron en escena y cambiaron el carácter de la insurgencia, que pasó de ser principalmente nacionalista a estar cada vez más dominada por reaccionarios islamistas. La insurgencia provocó un éxodo de pandits cachemires y proporcionó a los reaccionarios hindutva de la India un arma permanente para demonizar a los musulmanes cachemires y a los musulmanes indios en general.
Los esfuerzos del Estado indio no lograron aplastar la insurgencia en Cachemira. Al mismo tiempo, la India atravesó un período de caos político y económico, con el desmoronamiento de la hegemonía del Partido del Congreso y una crisis de la balanza de pagos que obligó a la India a solicitar préstamos al FMI y a abrir su economía. El entonces incipiente gobierno del BJP llevaba un año en el poder cuando el ejército pakistaní, bajo el mando del general Musharraf, elaboró planes para resolver la cuestión de Cachemira por medios militares. El resultado de esta planificación fue la operación Badr. El objetivo era tomar la estratégica ciudad de Kargil, en el distrito de Ladakh, flanquear las posiciones indias en Siachen y obligar a los indios a negociar un acuerdo en los términos de Pakistán.
El ejército pakistaní llevó a cabo esta operación bajo la apariencia de militantes equipados en su mayoría con armas pequeñas, sin apoyo aéreo ni artillería pesada, que luchaban contra posiciones indias atrincheradas a alturas insondables cerca del glaciar Siachen. La guerra se cobró la vida de casi 600 indios y, según se afirma, de hasta 5000 soldados pakistaníes. Sin embargo, podría haber sido peor.
Hacia el final de la guerra, Pakistán comenzó a desplegar ojivas nucleares en posiciones avanzadas, amenazando con utilizarlas contra la India. Ante esto, la India preparó al menos cinco misiles balísticos con ojivas nucleares como parte de su abrumadora doctrina de segundo golpe. Nadie en la India ni en Pakistán sabía en ese momento lo cerca que habían estado ambos Estados de un conflicto nuclear. Sería la primera vez desde el final de la Guerra Fría que se planteaba la amenaza de un conflicto nuclear.
Esta amenaza de guerra nuclear sigue presente, mientras India y Pakistán se enfrentan a otra posible guerra.
Los efectos del auge de India
Desde la independencia hasta 1971 se produjo el auge del poder político y militar de India en la región. A principios de la década de 1970, India se había asegurado la hegemonía militar en el sur de Asia. Con la adquisición de armas nucleares en 1974, la India introdujo la dimensión nuclear en su conflicto con Pakistán. A partir de la década de 1980, el crecimiento económico de la India comenzó a despegar. El colapso del capitalismo de Estado indio y del sistema del Congreso no quebró ni debilitó al país, sino que creó las condiciones para expandirse más rápidamente que nunca. El auge del capitalismo indio le ha permitido convertir su hegemonía política y militar en hegemonía económica en la región.
Pakistán ha estado inmerso en una competencia con la India desde su nacimiento, ya fuera por la lucha por los territorios de los estados principescos o por la carrera armamentística mutuamente destructiva con la India. Mientras que la India contaba con los vastos recursos de su interior y con centros industriales consolidados como Bombay y Calcuta, Pakistán tuvo que compensarlo con una explotación más despiadada de Bengala Oriental, Baluchistán y su parte de Cachemira. La competencia acabó obligándole a invertir en la segunda modernización militar en los años 80, que culminó con la adquisición de armamento nuclear en 1998.
Ese mismo año, el recién elegido gobierno del BJP llevó a cabo la segunda prueba nuclear de la India en Pokhran. Esto marcó un punto de inflexión en el largo conflicto entre la India y Pakistán, con el fin de la hegemonía militar de la India y la posibilidad muy real de una guerra nuclear total. En estas condiciones se libró la guerra de Kargil.
La victoria de la India en la guerra no trajo consigo la paz inmediata, ya que Pakistán continuó con su estrategia de intentar desestabilizar a la India a través de organizaciones reaccionarias islámicas patrocinadas por el Estado. La primera década del siglo XXI estuvo marcada por atentados terroristas en todo el país, pero con especial intensidad en Cachemira. Esta estrategia no logró desestabilizar a la India ni frenar su creciente poderío económico. La brecha entre la India y Pakistán no hizo más que crecer durante este periodo, con el PIB de la India pasando de ser cinco veces superior al de Pakistán a ser once veces superior en la actualidad.
Sin embargo, los atentados terroristas islamistas dieron a los capitalistas indios una excusa para construir un Estado vigilante, reforzar sus fuerzas de seguridad, aumentar la represión en Cachemira y proporcionar a los reaccionarios hindutva una plataforma sobre la que construir su política. El poder económico de la India siguió creciendo, y con él su hambre de recursos. Las empresas indias se convirtieron en una fuerza importante en África, el sudeste asiático y Europa. Por supuesto, el principal foco de poder de la India era el sur de Asia, y su continua modernización militar fue acompañada de una expansión hacia el interior del país, donde la India libró una guerra contra su propio pueblo en beneficio del capital minero y la industria siderúrgica.
Con la estabilización del control de la India sobre la Cachemira ocupada, el estado se abrió a las inversiones en energía hidroeléctrica e infraestructuras. Durante un tiempo, las relaciones entre la India y Pakistán mejoraron, pero no se vislumbraba ninguna solución. Cuando la crisis económica mundial de 2008 golpeó la India, el Partido del Congreso, que parecía dispuesto a reconstruir su hegemonía sobre la India, se derrumbó.
Una ola de huelgas, protestas y movilizaciones entre 2010 y 2014 derrocó una vez más al gran partido tradicional de la India, y parece que de forma definitiva. El capital indio cambió su preferencia por el partido secular del Congreso por el Hindutva BJP. El capital indio se había expandido tanto interna como externamente, y eligió un partido que prometía «crecimiento» a cualquier precio.
El BJP se puso manos a la obra reforzando la vigilancia, aumentando las leyes de seguridad represivas, socavando el parlamento y la democracia, lo que culminó con la derogación del artículo 370, destruyendo los últimos vestigios de autonomía en la Cachemira ocupada por la India.
Esto abrió un nuevo capítulo en el conflicto de Cachemira y volvió a situar a la India y Pakistán en la senda del conflicto abierto. Este desarrollo no se produjo de la noche a la mañana, ni tampoco la llegada del BJP.
Las condiciones materiales que dieron lugar al BJP y al surgimiento del dominio ideológico del Hindutva en la India tienen sus raíces en el auge del capitalismo indio. El motor del capitalismo indio es la proletarización despiadada de su vasta población, la explotación más exhaustiva de los recursos del interior de la India, junto con la constante sofisticación de su maquinaria militar.
El auge del capitalismo indio lo lleva a competir con otras fuerzas imperialistas de la región y más allá, principalmente con el imperialismo chino y estadounidense. La contienda política y militar contra Estados Unidos se resolvió en gran medida a favor de la India en la década de 1970, primero con la independencia de Bangladesh y la destrucción de las fuerzas armadas pakistaníes, y luego con la adquisición de armas nucleares.
Por lo tanto, la competencia entre la India y Estados Unidos pasa a un segundo plano frente a la rivalidad de la India con China. A pesar de que China tiene una ventaja enorme sobre la India en poder económico y militar, la India sigue siendo una fuerza que puede desafiar a China. Esto se manifiesta de forma más evidente en su conflicto con Pakistán por el control de Cachemira.
Pakistán ha sido históricamente un aliado de Estados Unidos en la región, un pivote contra la Unión Soviética y, posteriormente, una base estratégica para ejercer influencia en Asia meridional y Asia central. Ahora, con Estados Unidos enterrando el hacha de guerra con la India, Pakistán se ve obligado a depender casi exclusivamente de China. Hoy en día, los gobernantes pakistaníes han convertido su país en una extensión del poder militar chino. China está interesada en contener o limitar el ascenso de la India, y Pakistán busca garantizar que la hegemonía absoluta de la India sea desmantelada.
En represalia, la India no solo está aumentando su poderío militar hasta convertirse en el mayor importador de armas del mundo, sino que también está forjando alianzas con los rivales de China, en particular Japón, Vietnam y Estados Unidos. El conflicto por Cachemira ya no se limita al sur de Asia, ni es un asunto que vaya a quedar restringido a la India y Pakistán. Se trata del punto álgido de un conflicto mucho más amplio que involucra a la superpotencia emergente de China y a una potencia imperialista emergente en la India.
Cómo puede escalar el conflicto: (Escalada en curso, su impacto y escenario hipotético de lo que podría suceder, posibilidades de una guerra mundial, el papel de Estados Unidos en Cachemira)
Los ataques militares mutuos entre la India y Pakistán no se intensificaron hasta convertirse en una guerra total. Se declaró un alto el fuego que puso fin a los combates, supuestamente mediado por Trump y su gabinete. El alto el fuego se produce tras una batalla aérea a gran escala entre la India y Pakistán, seguida de ataques masivos con misiles por parte de la primera contra bases del ejército y la fuerza aérea pakistaníes. Es posible que ambas fuerzas estuvieran preparando su arsenal nuclear y a punto de desplegar tropas terrestres en la frontera.
Hemos tenido suerte de que no se haya producido lo peor, pero no hay motivos para confiar en la situación actual. La cadena de acontecimientos, desde el atentado terrorista del 26 de abril hasta los ataques escalados del 7 de mayo, nos ofrece un anticipo de cómo podría comenzar una guerra. Los conflictos históricos entre la India y Pakistán muestran un patrón de actuación de las potencias externas, ya sea para prolongar el conflicto o para ampliarlo.
La respuesta militar a un ataque terrorista no era nueva, ya que el Gobierno del BJP había llevado a cabo ataques aéreos en Balakot en 2019. Esto fue en respuesta a un ataque contra las fuerzas paramilitares indias CRPF en Pulwama por militantes del Jaish-e-Mohammed, que causó la muerte de decenas de soldados indios. Los ataques aéreos indios fueron respondidos con represalias pakistaníes que provocaron el derribo de un avión indio obsoleto y la captura de un piloto, que posteriormente fue devuelto. Según todos los indicadores, los ataques aéreos indios fueron un fracaso militar y táctico, pero supusieron un gran éxito político para el BJP, que los utilizó para mostrar su fuerza y movilizar a su base reaccionaria. La propaganda en torno a los ataques aéreos ayudó al BJP a conseguir una mayoría absoluta en el Parlamento.
Los ataques aéreos del 7 de mayo fueron diseñados para ser similares a los de Balakot, pero a una escala mucho mayor, atacando supuestas infraestructuras terroristas a lo largo de la frontera. Independientemente de que alguno de sus objetivos tuviera valor militar, la fuerza aérea india lanzó un ataque aéreo y con misiles abrumador sobre Pakistán, que volvió a ser respondido con represalias de la fuerza aérea pakistaní. Estas represalias provocaron el derribo de al menos un caza indio Rafael de última generación, presuntamente por un caza JC-10 de fabricación china. La escalada no se detuvo ahí: durante los cuatro días siguientes, ambos bandos maniobraron sus tropas, la India continuó con intensos ataques con misiles y artillería a lo largo de la frontera y murieron decenas de civiles en ambos bandos.
Esta escalada no tenía precedentes. Desde la guerra de Kargil, la posibilidad de una guerra en el subcontinente no había estado tan cerca como en las dos primeras semanas de mayo de este año. Esto pudo suceder precisamente debido a las condiciones políticas actuales en la India y Pakistán, con un gobierno reaccionario hindutva en la India y el ejército al mando en Pakistán. El partido gobernante en la India, el BJP, busca una forma de revertir su hegemónica influencia en la política india mediante la agresión militar para movilizar a su base reaccionaria. Esto tuvo éxito inicialmente, pero se desvaneció una vez que se anunció el alto el fuego. Es casi seguro que lo intentarán de nuevo.
Por otro lado, el ejército pakistaní buscaba legitimar su gobierno profundamente impopular. La escalada militar del BJP le entregó en bandeja una victoria política. La amenaza de guerra podría llevar al ejército pakistaní a señalar al enemigo externo para distraer la atención de los problemas internos, una economía en declive y el fortalecimiento del Movimiento de Liberación de Baluchistán.
Tan inesperada como la escalada militar fue el repentino anuncio de un alto el fuego. Es muy poco probable que Trump o su gabinete hayan desempeñado un papel importante en esto, ya que fueron los saudíes quienes mantuvieron los esfuerzos de mediación durante toda la crisis.
Al final, se aceptó un alto el fuego, pero los términos o condiciones siguen siendo un misterio. La realidad es que la India tenía muy pocas razones para aceptar cualquier alto el fuego, a pesar de los llamamientos de Pakistán y China para que se redujera la tensión. Es probable que la próxima ronda de escalada militar, que es casi inevitable si el BJP consigue otro mandato, no termine hasta que se produzca una guerra total, con operaciones terrestres a gran escala que serán inevitables.
La mayor probabilidad de que se produzca una operación de este tipo podría ser alrededor de marzo o mayo de 2026, cuando se celebren las elecciones en Bihar y Bengala Occidental, o en 2029, cuando se celebren las elecciones nacionales. Si el fiasco de Balakot sirve de referencia, el BJP intentará demostrar su fuerza tomando como objetivo a Pakistán. Hasta ahora, el ejército indio ha sido un socio dócil en las maniobras políticas del BJP, aceptando cualquier ataque escalatorio que este haya ideado. El ejército pakistaní no se rendirá. Ante un ataque aéreo o una incursión india, responderán con mayor fuerza, tal y como hicieron durante el ataque de Balakot y el 7 de mayo. Es esencial que el ejército pakistaní demuestre que puede proteger a sus ciudadanos, aunque no pueda hacerlo, aunque sus políticas contribuyan directamente a un conflicto.
Para el ejército pakistaní, la guerra es un regalo político, aunque se convierta en una pesadilla económica. Mientras que la India se vería favorecida por una guerra de desgaste a largo plazo, las fuerzas armadas pakistaníes desean un conflicto rápido y relativamente barato, con objetivos limitados y victorias limitadas, que luego puedan presentar como una victoria ante la opinión pública nacional. Una guerra de desgaste beneficiaría al partido gobernante de la India, que podría utilizarla para desmantelar más espacios democráticos dentro del país y reprimir con mayor dureza las protestas y la disidencia.
Como se ha explicado anteriormente, la guerra en Cachemira es un frente en un escenario más amplio de competencia interimperialista, entre la India y China, por un lado, y entre China y Estados Unidos, por otro. La India se está alineando cada vez más con el bloque liderado por Estados Unidos en Asia, al tiempo que mantiene su alineamiento con Rusia e Irán, todo ello en un esfuerzo por rodear y contener el ascenso de China. Del mismo modo, China está invirtiendo fuertemente en Pakistán como pivote contra la India.
Una guerra con Pakistán podría entonces extenderse a una guerra más amplia en todo el continente asiático, involucrando a las superpotencias de China y Estados Unidos. Incluso si no se expande hasta ese punto, es muy posible que la guerra entre India y Pakistán se convierta en una guerra entre India y China, que sería increíblemente destructiva para los pueblos de Asia en su conjunto, y en particular para el sur de Asia.
La amenaza de una guerra nuclear y una guerra mundial es muy real, la dinámica de las superpotencias que se enfrentan a través de proxies o aliados en el sur de Asia ya se produjo una vez en 1971, y puede volver a ocurrir. Solo que esta vez, tanto la India como Pakistán tienen armas nucleares y ejércitos convencionales masivos.
El impacto de la guerra en las masas trabajadoras de ambos bandos: (Mayor vigilancia, restricción de los derechos democráticos, mayor opresión de los cachemires, baluchis, tribus del centro de la India y minorías).
Los ataques aéreos y los bombardeos de artillería a través de la frontera causaron la muerte de unos setenta civiles en ambos bandos. Tanto en la India como en Pakistán, el pánico ante la repentina amenaza de guerra provocó que los especuladores comenzaran a acaparar productos básicos. El impacto en Pakistán fue mayor como consecuencia del cierre del espacio aéreo pakistaní. El impacto indirecto del cierre por parte de la India del flujo normal de agua hacia la cuenca del valle del Indo aún está por verse, pero los trastornos causados por la guerra fueron solo un leve anticipo del impacto que tendría una guerra en toda regla.
Inmediatamente después del ataque del 26 de abril, una represión masiva en Cachemira se saldó con más de 1500 detenidos, decenas de viviendas voladas por el ejército y ataques esporádicos contra musulmanes cachemires en la India. En Pakistán, el ejército aprovechó esta situación de emergencia para aplicar la Ley del Ejército Pakistaní, que permitía a los tribunales militares juzgar a civiles. Ambos países impusieron una censura generalizada en las redes sociales.
Lejos de los ojos de los medios de comunicación y del público, la India intensificó sus operaciones contra los naxalitas en el centro del país, lo que provocó masacres de cuadros naxalitas y el asesinato del secretario general del CPI (maoísta). Al mismo tiempo, Pakistán intensificó la represión contra los baluchis, que habían intensificado su agitación por la independencia de Baluchistán.
El panorama que se dibuja deja claro que la amenaza de guerra será utilizada por los regímenes capitalistas reaccionarios de ambos bandos para justificar una represión cada vez mayor. Las fuerzas hindutva se movilizaron en apoyo del BJP y de la inminente guerra con Pakistán. Aunque no se llegó a una guerra total, está claro que, de haberse producido, se habría utilizado para justificar las peores medidas represivas en ambos países.
Los sentimientos antibélicos en la India no se materializaron en una movilización a gran escala contra la propaganda bélica reaccionaria del BJP; por el contrario, todos los partidos de la oposición, incluido el estalinista CPI(M) y sus aliados, salieron en apoyo del gobierno del BJP. No se cuestionaron los fallos de seguridad, ni las evidentes violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante la represión. No se cuestionaron las decenas de muertes de civiles que causó la India, ni las causadas por Pakistán en represalia.
Igualmente clara es la división de clase de las muertes: las muertes de turistas de clase media alta en el ataque de Pahalgam ocuparon los titulares, pero las muertes de decenas de campesinos y trabajadores que vivían a lo largo de la frontera entre la India y Pakistán fueron prácticamente borradas de la narrativa de los medios de comunicación. Las muertes de los trabajadores y los campesinos fueron tratadas como daños colaterales.
La escalada y el repentino alto el fuego supusieron una victoria política para el ejército pakistaní, aunque requirieron un préstamo de emergencia de casi 3000 millones de dólares, lo que profundizó la explotación imperialista del país. El ejército sigue presentándose como el salvador de Pakistán, incluso después de haber vendido su país y el futuro de los trabajadores y campesinos pakistaníes para librar su guerra.
La India, y en particular el BJP, salió peor parada políticamente, pero tuvo poco impacto económico. La escalada ha dado al gobierno del BJP la oportunidad de intensificar la represión, la propaganda reaccionaria y la política de divide y vencerás.
Nuestra posición
Los socialistas revolucionarios deben ver esta guerra como lo que es, una guerra reaccionaria por el control de Cachemira. Una guerra que no tiene más que beneficios para la clase dominante y nada más que miseria y represión para los trabajadores y los campesinos. En este sentido, los trabajadores indios y pakistaníes se enfrentan a un enemigo similar, el que en su país los llevaría a la guerra y libraría sus juegos geopolíticos sobre las tumbas de los trabajadores y los campesinos. Ni en la India ni en Pakistán se debe confiar en las fuerzas armadas, que no son más que asesinos glorificados del Estado capitalista. No están ahí para «protegernos», están ahí para proteger el capital.
Tanto la India como Pakistán libran guerras para profundizar o ampliar su ocupación sobre los pueblos oprimidos, ya sean baluchis, chhattisgarhis adivasis o cachemires. La propaganda implacable nos enseña desde la infancia a saludar a las tropas, a adorarlas como héroes, sin darnos cuenta de que las mismas armas que apuntan al «enemigo al otro lado de la frontera» se volverán contra nosotros cuando la clase dominante se vea amenazada.
Por eso, no solo nos oponemos a la guerra entre India y Pakistán, ¡nos oponemos a la base misma de la guerra!
¡Defendemos la autodeterminación de Cachemira, hasta la independencia!
¡Nos solidarizamos con los pueblos oprimidos de Baluchistán y los adivasis de la India central!
¡Nos oponemos a las fuerzas armadas de la India y Pakistán!
¡Abajo el BJP hindutva!
¡Abajo el ejército pakistaní!
Mazdoor inquilab India
Mehnatkashtareek Pakistán
-
El Estado policial de los sueños de Trump: ICE se refuerza mientras tropas van marchando en Washington D.C.
Por JOHN LESLIE
Trump ha anunciado la toma de control federal de la policía del Distrito de Columbia y ha desplegado más de 800 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, alegando la necesidad de tomar medidas drásticas contra los delincuentes y las personas sin hogar. Trump intentó reforzar sus afirmaciones sobre la delincuencia generalizada diciendo que Washington D. C. es «sucia, repugnante» y está llena de «maníacos drogados». Pero su orden ignoró el hecho de que los delitos violentos han disminuido allí y en ciudades de todo el país. La policía de Washington D. C. ahora está bajo el control del Departamento de Justicia.
Trump también declaró su intención de «recuperar» otras ciudades, señalando a Chicago, Los Ángeles, Baltimore y Oakland como posibles objetivos de una ocupación militar. Anteriormente, Trump invocó su poder como presidente para sofocar «insurrecciones» con el fin de desplegar más de 5000 marines y efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles contra manifestantes pacíficos.
El 12 de agosto, el Washington Post informó de que la administración Trump está evaluando planes para crear una «Fuerza de Reacción Rápida contra Disturbios Civiles Internos». Estaría compuesta por unos 600 efectivos de la Guardia Nacional estacionados en espera para ser desplegados rápidamente en ciudades estadounidenses con el fin de sofocar protestas o disturbios. La Fuerza contra Disturbios Civiles podría estar operativa en 2027, según el informe.
Este uso del ejército, junto con el aumento masivo de la financiación de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), es una demostración de las ambiciones autoritarias de Trump. La rápida expansión del ICE no hará más que agravar el actual abuso de poder por parte de agentes federales enmascarados, que aterrorizan a las familias. A pesar de la retórica de la campaña de Trump sobre la persecución de los llamados «extranjeros criminales», el ICE persigue a inmigrantes sin antecedentes penales, detiene a personas cuando acuden a sus audiencias de ciudadanía y separa a los niños de sus familias al arrestar a los padres delante de ellos. Lugares que antes eran inaccesibles para el ICE, como las iglesias, ahora son los objetos de las redadas.
En un intento por eludir la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de las fuerzas militares para el cumplimiento de la ley civil, Trump emitió un memorándum el 11 de abril en el que declaraba una franja de tierra de 60 pies de ancho que abarca tres estados a lo largo de la frontera sur como «instalación militar» para «hacer frente a la emergencia». Esto permitió a las tropas estacionadas allí actuar como policía fronteriza de facto.
Los primeros meses de Trump en el cargo han sido un ataque implacable a los derechos democráticos, los derechos de los trabajadores, los trabajadores inmigrantes y las personas LGBTQ. Las redadas contra los trabajadores inmigrantes tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que afecta directamente a las comunidades inmigrantes. El objetivo de esta campaña reaccionaria y racista no es solo capturar a «delincuentes», sino aterrorizar a los trabajadores inmigrantes y a sus aliados. La naturaleza supremacista blanca del trumpismo se pone de manifiesto en la forma en que la política de inmigración se ha centrado en las personas negras y morenas, mientras que el régimen trae a granjeros blancos sudafricanos con falsas afirmaciones de que se está produciendo un genocidio contra los blancos en ese país.
ICE: la policía política de Trump
Trump ha tomado las herramientas que le han dado las administraciones anteriores y las ha dirigido hacia un régimen de deportaciones masivas utilizando una miríada de agencias federales, incluyendo el FBI, la ATF y el Servicio de Inspección Postal para aumentar los esfuerzos del ICE y la Patrulla Fronteriza. Las oficinas locales del FBI recibieron órdenes de transferir personal de otras investigaciones a la aplicación de la ley de inmigración. El ICE, supervisado por Kristi Noem, es una organización deshonesta, que no rinde cuentas, y que actúa como la policía política de Trump.
El corresponsal de MSNBC, Julio Ricardo Varela, escribe: «El ICE se creó en 2003, cuando se reestructuró la aplicación de la ley de inmigración a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Como parte del recién creado Departamento de Seguridad Nacional, la agencia surgió en un clima de miedo y de ampliación de funciones, con un mandato que fusionaba la lógica de la lucha contra el terrorismo con la política de inmigración. El resultado fue una agencia militarizada, sin transparencia, que rápidamente amplió su poder».
Varela continúa: «Con el regreso de Trump, el ICE tiene su aliado político más fuerte hasta la fecha. Se está intensificando la aplicación de la ley sin preocuparse de los tribunales, las justificaciones o las consecuencias. Pero la rapidez y la magnitud de la ampliación de la aplicación de la ley solo es posible gracias a la estructura del ICE, fruto de un consenso bipartidista».
La financiación de la represión
El proyecto de ley presupuestaria firmado por Trump en julio contiene un aumento masivo de la financiación del ICE, lo que lo convierte en la mayor agencia policial de Estados Unidos, con la incorporación de hasta 10 000 agentes más. El ICE también podría subcontratar la aplicación de la ley a empresas mercenarias. Además, la administración tiene previsto desplegar 1700 soldados para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración y la detención. La dificultad para reclutar agentes ha llevado al ICE a ofrecer una bonificación por firma de 50 000 dólares y hasta 60 000 dólares en condonación de préstamos estudiantiles. A los trabajadores federales jubilados se les ofrece la bonificación de 50 000 dólares para que regresen, junto con una «exención de doble compensación». Además, el ICE ha eliminado las restricciones de edad para los reclutas.
Anteriormente, los límites de edad eran de 21 a 37 o 40 años, dependiendo del puesto. Ahora, los límites son de 18 a 59 años. Se han relajado los requisitos de formación de los agentes, que antes exigían una licenciatura. El 6 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en X: «¡Sirve a tu país! ¡Defiende tu cultura! ¡No se requiere título universitario!», en un llamamiento abierto al racismo blanco.
Trump ya ha envalentonado a los grupos nacionalistas blancos con su retórica y, tras años de quejas sobre la infiltración de supremacistas blancos en todos los niveles de la policía, existen preocupaciones legítimas sobre la infiltración fascista en el ICE. En febrero, James Joseph Rodden, asesor jurídico adjunto del ICE en el área de Dallas, fue desenmascarado como administrador de una cuenta de X supremacista blanca. En junio, se observó a un agente del ICE durante una redada con un tatuaje de valknut, que se asocia a menudo con grupos neonazis y racistas blancos.
El proyecto de ley presupuestaria también destina 45 000 millones de dólares a la construcción de nuevos centros de detención. Según el Brennan Center, la nueva financiación «duplicará aproximadamente la capacidad de detención de inmigrantes, pasando de unas 56 000 plazas a más de 100 000». Las empresas privadas de prisiones, muchas de las cuales fueron importantes patrocinadoras financieras de los candidatos republicanos al Congreso y de la campaña electoral del presidente, obtendrán importantes beneficios económicos de este gasto, ya que casi el 90 % de las personas bajo custodia del ICE se encuentran actualmente en instalaciones gestionadas por empresas con ánimo de lucro».
Según The Independent, la financiación del ICE «supera los presupuestos militares anuales de Irán, Turquía, [Estado] Españ[ol], México y al menos otros 23 países». Esto convierte al ICE, supuestamente una agencia policial interna, en uno de los 20 ejércitos mejor financiados del mundo.
Los abusos
Las detenciones y los encarcelamientos masivos de trabajadores inmigrantes provocarán sin duda más abusos, y ya hay informes que citan hacinamiento, condiciones insalubres, trabajo forzoso, falta de camas y ropa de cama, comida y agua insuficientes y exposición a temperaturas extremas. También hay denuncias de racismo, agresiones sexuales, negligencia médica y abusos físicos, con 14 muertes registradas bajo custodia del ICE durante 2025.
The Guardian informa: «Los migrantes de una cárcel de inmigración de Miami fueron esposados con las manos atadas a la espalda y obligados a arrodillarse para comer en platos de poliestireno «como perros»». Los detenidos en la llamada Alligator Alcatraz, una prisión al aire libre en los Everglades, están recluidos en jaulas y expuestos a los mosquitos con luces brillantes encendidas en todo momento.
¿Qué hacer ahora? ¡Abolir el ICE! ¡Oponerse a la ocupación militar!
Los trabajadores deben construir una defensa masiva y sólida de las comunidades de inmigrantes y contra el ICE y la ocupación militar. Debemos construir una lucha unificada en múltiples frentes para hacer retroceder la redada de inmigrantes de Trump y frustrar los ataques a la libertad de expresión y al derecho a organizarse. Esto también significa construir una campaña no solo para exigir responsabilidades a las agencias policiales, sino para abolir por completo estas fuerzas represivas.
La ocupación militar de las ciudades debe ser respondida con resistencia masiva a todos los niveles. Las redes de defensa comunitaria y respuesta a emergencias, basadas en asambleas participativas y democráticas, pueden ser un componente crucial de la infraestructura de la resistencia. La defensa comunitaria, combinada con acciones masivas de frente único, debe involucrar a las filas de los sindicatos y todas las demás fuerzas sociales que se oponen al autoritarismo de Trump.
Otra tarea urgente es preparar la ruptura con el Partido Demócrata capitalista. No podemos permitirnos ilusiones en un partido cómplice del genocidio en Palestina y que ha sido un factor clave en el crecimiento del aparato represivo.
Foto: Tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. garantizaron la seguridad de la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021. Ahora han sido enviadas de nuevo para supuestamente hacer frente a los delincuentes y las personas sin hogar. (Foto de la Guardia Nacional Aérea de EE. UU. por el sargento mayor Matt Hecht / Dominio público).
-
La cuestión drusa en Siria
Por Fabio Bosco
El 11 de julio, un grupo de beduinos1 atacó a un comerciante de verduras que viajaba por la carretera que une la ciudad de Sweida2 con la capital siria, Damasco. El comerciante fue agredido y le robaron su mercancía.
Al día siguiente, milicianos drusos3 secuestraron a ocho beduinos y, a continuación, milicianos beduinos secuestraron a cinco drusos. La situación se deterioró gravemente con más secuestros e intercambios de disparos en la ciudad de Sweida y sus alrededores4.
El 14 de julio, las fuerzas de seguridad y militares del Gobierno nacional intervinieron para asegurar su control sobre la provincia, con el argumento de restablecer el orden público. La intervención fue un desastre político. Las milicias drusas resistieron la intervención y se multiplicaron el número de muertos y heridos, entre otras violaciones de los derechos humanos, cometidas por todas las partes, ya fueran las milicias locales —drusas y beduinas— o las fuerzas del Gobierno nacional. La intervención demostró una vez más la presencia de salafistas sectarios dentro de las fuerzas de seguridad, lo que contribuye al clima de guerra entre las comunidades.
El 16 de julio, el ejército israelí bombardeó las fuerzas gubernamentales en Sweida, además del Ministerio de Defensa sirio y el Palacio Presidencial en Damasco, alegando la defensa de la población drusa. Además, alrededor de mil drusos que viven en Palestina y en la Siria ocupada por Israel entraron en territorio sirio no ocupado para apoyar a las milicias drusas.
El mismo día, el Gobierno nacional reiteró el acuerdo de alto el fuego alcanzado con los líderes drusos locales que no son hostiles a Damasco, les cedió el control de la región y retiró todas las fuerzas nacionales a partir de la medianoche.
A pesar de la retirada de las fuerzas nacionales, el conflicto local continúa. Según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, desde el día 11 hay más de 500 muertos, la mayoría combatientes de las fuerzas locales y nacionales. Pero 154 son civiles, de los cuales 83 fueron ejecutados sumariamente por las fuerzas del gobierno nacional.
Drusos y beduinos en lucha por la tierra
La provincia de Sweida está situada en el sur de Siria, en la frontera con Jordania, y siempre ha sido descuidada por los gobiernos nacionales. Su principal actividad económica es la agricultura, pero en los últimos años de la dictadura de Assad ha cobrado fuerza el contrabando, principalmente de una droga sintética llamada captagon. La mayoría de la población es drusa, una religión originaria de la rama chiíta e ismaelita. También hay una presencia de seis grandes tribus beduinas, musulmanas y cristianas.
Los conflictos entre las dos comunidades son anteriores a la caída del régimen y su solución depende de garantizar el acceso de todos a la tierra, mediante la reforma agraria y los incentivos a la producción agrícola. Además, todos los implicados en actos de venganza deben ser juzgados y castigados, y las milicias vinculadas al tráfico de drogas, desarmadas.
Cualquier tipo de reforma agraria se enfrentará a la oposición de los grandes terratenientes, ya sean drusos o beduinos, y de las milicias vinculadas al tráfico y el contrabando en la frontera. Hasta el momento, no ha habido ninguna postura a favor de una reforma agraria por parte del gobierno nacional.
La conquista de la reforma agraria dependerá de la lucha de los campesinos pobres, ya sean drusos o beduinos, en alianza con los trabajadores y la juventud urbanos.
¿Sionismo druso?
La comunidad drusa en Siria está dividida con respecto a Damasco e Israel. Por un lado, hay importantes líderes religiosos como el jeque Youssef Jaboua y la milicia Hombres de Dignidad, liderada por Laith al-Balaous, que defienden la plena integración en la nueva Siria y se oponen a cualquier interferencia israelí. Por otro lado, están el jeque Hekmat al-Hijri y el Consejo Militar de Sweida (que reúne a 160 milicias), que se oponen a Damasco y se alían con el Estado sionista.
El jeque al-Hijri pidió la intervención extranjera en Siria en abril y ahora se opone a la intervención del Gobierno nacional en Sweida, defiende la normalización de las relaciones con Israel y afirma que «el enemigo no está en Israel, está en Damasco», en apoyo a los ataques israelíes. Su postura es minoritaria entre los drusos, pero la desastrosa intervención del gobierno nacional en Sweida ha aumentado la popularidad de al-Hijri. Hay vídeos circulando por Internet que muestran una bandera de Israel entre banderas drusas.
Esta postura del jeque al-Hijri le ha valido el apodo de «Antoine Lahd sirio». Lahd lideró el infame «Ejército del Sur del Líbano», una milicia financiada y armada por Israel, que actuó y ocupó el sur del Líbano desde 1975 hasta 2000, cuando las tropas israelíes fueron expulsadas del Líbano y Lahd huyó a Israel. Lahd colaboró con la ocupación y la agresión israelí contra el Líbano y fue juzgado traidor a la patria por la justicia libanesa5.
Fuera de Siria, la comunidad drusa también está dividida. En el Líbano, existe una postura contraria a Israel expresada por el principal líder druso, Walid Jumblat. En la Palestina ocupada, por el contrario, hay unos 150 000 drusos con ciudadanía israelí y con una participación significativa en las fuerzas armadas sionistas, las FDI. Todavía hay unos 26 000 drusos sirios en los Altos del Golán, ocupados por Israel en 1967. La gran mayoría rechaza la nacionalidad israelí y reivindica su condición de ciudadanos sirios que viven bajo ocupación.
El 16 de julio, en medio de los conflictos en Sweida, unos mil drusos, armados y desarmados, entraron en territorio sirio para apoyar a los drusos de Sweida. No hay información disponible para afirmar que la mayoría fueran sionistas o sirios que viven en las colinas del Golán ocupadas por Israel.
Israel y la partición de Siria
El Estado de Israel tenía un acuerdo de no agresión con la dictadura de Assad desde 1974. En la práctica, Assad protegía la frontera israelí contra cualquier acción antisionista. Además, hay indicios de que Assad pasaba información a los israelíes sobre la ubicación de depósitos y convoyes de armas en territorio sirio. Por eso el Estado de Israel no apoyó la caída de Assad.
Tras su caída, Israel entendió que la reconstrucción de Siria la pondría, en el futuro, en ruta de colisión con las atrocidades sionistas. Por eso, destruyó todos los depósitos de armas sirios, además de bases aéreas y edificios del servicio de inteligencia. Además, presionó a Estados Unidos para que mantuviera las sanciones contra Siria y las tropas en el noreste del país para promover una partición de Siria en zonas de influencia israelí (al sur), estadounidense (al noreste) y rusa en la costa.
Sin embargo, Trump, bajo la presión de sus aliados saudíes y turcos, retiró las sanciones, redujo las tropas y no dio luz verde a Israel para seguir con el plan de partición. Además, aconsejó a Israel que buscara negociaciones para normalizar las relaciones con Siria. Esto no significa que Trump esté en desacuerdo con las ambiciones israelíes de convertirse en la única potencia regional a la que todos los países deben someterse y tomar tierras árabes de acuerdo con sus intereses.
En estas negociaciones, el Gobierno sirio buscó retomar los compromisos de no agresión firmados por Assad en 1974. Israel, por el contrario, quiere la rendición de Damasco, negociando los altos del Golán, desmilitarizando el sur del país, permitiendo ataques israelíes en territorio sirio (tal y como Assad y los rusos le permitían) y la apertura de una oficina israelí en Damasco.
Sin acuerdo, Israel bombardeó Sweida y Damasco el pasado día 16. Su objetivo sigue siendo dividir Siria, separando el sur y el noreste con el apoyo de los drusos y los kurdos.
A pesar de la oposición de todos los gobiernos de la región a las agresiones israelíes, nadie va más allá de la diplomacia. Esta semana, uno de los principales aliados del nuevo gobierno sirio, Turquía, expresó su renuencia a apoyar cualquier enfrentamiento militar con Israel a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan6.
Mahdi Amel contra el Estado sectario
La fórmula israelí de dividir Siria en pequeños protectorados es una fórmula colonialista clásica. El emperador Julio César la aplicó para dominar a los galeses, y el imperialismo británico para colonizar la India.
En la región, el imperialismo francés la aplicó para dividir el Líbano de Siria. Luego, para mantener su hegemonía, implantó el sistema de gobierno confesional (o sectario, relativo a las sectas religiosas). En el sistema sectario, cada individuo está representado por los líderes de su secta religiosa. Un dirigente burgués libanés, Michel Chiha, teorizó sobre la cuestión y afirmó que no hay clases sociales en el Líbano, solo sectas religiosas.
Mahdi Amel, uno de los principales intelectuales marxistas árabes, miembro del Partido Comunista Libanés, criticó la posición de Chiha y señaló que la división del pueblo libanés en sectas religiosas no es «natural», sino una construcción histórica cuyo objetivo es mantener el dominio colonialista y burgués sobre la clase trabajadora. Para Amel, la clase trabajadora debería rechazar la conciliación de clases intraconfesional y luchar contra el Estado sectario mediante métodos de revolución socialista.
De acuerdo con Amel, el periodista sirio Victorios Shams escribió:
«Lo que está sucediendo hoy en Siria y en los países de la «Primavera Árabe» es similar en algunos aspectos a lo que logró el Líbano después de muchos años de guerra civil. En otras palabras, el capitalismo está trabajando para reproducir la historia de una manera que garantice la continuidad de sus intereses. Por eso, en Siria y en esos países, se alimenta con urgencia la cuestión de la división por motivos confesionales, tribales y de otro tipo, con el telón de fondo de estas brutales guerras capitalistas con costos humanos exorbitantes, como una de las posibles soluciones que fragmentan a los pueblos de la región e impiden su unidad y desarrollo en fuerzas políticas que puedan desequilibrar la balanza y acabar con los regímenes colonial-compradores existentes7.»
El modelo de Estado sectario, basado en el identitarismo religioso, no responderá a los intereses de la clase trabajadora siria. Por el contrario, solo reforzará su dominación y, por lo tanto, debe ser combatido.
Asamblea constituyente con elecciones libres para decidir el futuro del país
Los conflictos en Sweida demuestran que una dictadura desde Damasco no es una solución y va en contra de los objetivos de la revolución siria. El ejemplo del Estado sectario en el Líbano (y también en Irak) demuestra que tampoco es una solución.
La fórmula para garantizar la integridad territorial de Siria frente a las injerencias extranjeras, para establecer la relación entre el gobierno y el parlamento nacional con las 14 provincias, para garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo, debe decidirse democráticamente mediante una Asamblea Constituyente con elecciones libres.
La declaración constitucional hecha por el presidente interino Ahmed al-Sharaa el 13 de marzo de 2025 no fue discutida ni decidida por la población.
Para una asamblea constituyente es urgente la legalización de todos los partidos que estén de acuerdo con los propósitos de la revolución y la convocatoria de elecciones para este año.
Los revolucionarios deben unirse para legalizar un partido revolucionario basado en la clase trabajadora para conquistar la conciencia de la clase trabajadora para la autoorganización independiente de la burguesía, incluida la autodefensa de cada barrio y ciudad contra la agresión israelí y la violencia sectaria, venga de donde venga.
¡Fuera Israel! ¡Palestina libre, desde el río hasta el mar!
Otro tema para la Constituyente es la prohibición de entregar ni un centímetro de territorio sirio al Estado de Israel.
Paralelamente a la Constituyente, es importante saber que el Estado de Israel será un obstáculo permanente para Siria. Israel no cumple los acuerdos y la única solución a las agresiones israelíes es el fin del Estado genocida.
En este sentido, es fundamental que el gobierno sirio comience a crear las condiciones para enfrentarse a Israel, ya sea mediante el armamento o mediante la construcción de alianzas con la resistencia palestina y otros países de la región.
¡No hay confianza en el gobierno sirio! ¡Por la autoorganización independiente de los trabajadores!
De inmediato, es necesario combatir la violencia sectaria. Este conflicto en Sweida se produce tras las masacres en la costa —cuando las fuerzas de seguridad que se enfrentaron a las milicias asadistas asesinaron a cientos de civiles alauitas— y en Jaramana y Sahnaya, en Damasco.
Ahmed al-Sharaa constituyó una comisión para investigar las masacres en la costa que hasta ahora no ha presentado ningún informe. Es necesario publicar ese informe y castigar a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos, expulsando de las fuerzas de seguridad a todos los salafistas sectarios.
Lo mismo debe hacerse con respecto a Sweida: una comisión de investigación independiente y el castigo de todos los responsables de violaciones de los derechos humanos, empezando por las fuerzas de seguridad y el ejército.
No está garantizado que Ahmed al-Sharaa expulse a los salafistas de las fuerzas de seguridad y del ejército, ni que castigue a los implicados en violaciones. Al-Sharaa busca la reconstrucción de un Estado burgués, y estos sectores salafistas sectarios pueden ser útiles en este proyecto.
Por eso es decisivo impulsar la organización independiente de la clase trabajadora en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios. Solo la clase trabajadora tiene interés en combatir la violencia sectaria, ya que siempre es su principal víctima.
- Pueblos árabes nómadas que habitan los desiertos de Oriente Próximo, la península arábiga y el norte de África, por donde se expandieron durante las conquistas árabes del siglo VII. ↩︎
- Ciudad del sur de Siria, considerada «capital» del pueblo druso en dicho país. ↩︎
- El pueblo druso es un grupo etnorreligioso esotérico de lengua árabe originario de Oriente Próximo o Asia occidental. ↩︎
- https://today.lorientlejour.com/article/1469872/what-we-know-about-the-atrocities-committed-in-sweida.html ↩︎
- https://today.lorientlejour.com/article/1469652/enemy-or-not-southern-syrians-torn-over-israel.html ↩︎
- https://www.middleeasteye.net/news/turkey-doesnt-have-many-options-against-israel-syria ↩︎
- https://litci.org/pt/2021/07/09/64412-2/?utm_source=copylink&utm_medium=browser ↩︎
-
¡Solidaridad por el pueblo trabajador de Angola!
Por LA VOZ DE LOS TRABAJADORES
Angola es actualmente uno de los centros de la lucha de clases en África. Los trabajadores están luchando contra las políticas de austeridad que Joao Lourenço, del MPLA, ha impuesto en beneficio del imperialismo estadounidense y chino, con recortes al presupuesto social y a los subsidios de gasolina, así como la privatización de los servicios públicos y ataques a los pocos derechos legales que les quedan a los trabajadores.
Los trabajadores han respondido con importantes movilizaciones, que han sido reprimidas con dureza por el MPLA, lo que ha provocado decenas de muertos y miles de heridos y detenidos. Estas movilizaciones han sido en gran parte espontáneas, lideradas por los sectores más pobres del país, pero también se han unido los trabajadores organizados, como los taxistas en huelga.
Angola tiene una importancia especial en la historia del movimiento de liberación negra, ya que fue una de las regiones de África más saqueado por el negocio de esclavitud transatlantico. Más tarde, entre 1960 y 1975, los trabajadores angoleños libraron una guerra encarnizada en la que lograron liberarse del yugo del colonialismo portugués. Hoy en día, los negros tanto en África como en la diáspora siguen luchando contra la opresión junto con sus compañeros, ya sea expresada en el racismo discriminatorio contra los negros en las sociedades multirraciales o en los roles económicos neocoloniales asignados a los países africanos por las instituciones del imperialismo.
Estamos totalmente solidarios con los trabajadores y estudiantes angoleños que luchan por sus derechos contra la opresión brutal y reaccionaria desatada por el MPLA y el orden capitalista más amplio al que sirve hoy en día. El 8 de agosto habrá un día de acción, con manifestaciones organizadas en las embajadas y consulados angoleños de todo el mundo para alzar la voz del pueblo angoleño que lucha contra la represión y para unirnos como clase obrera internacional contra la opresión y la explotación.
-
La luna de miel de Trump y el sector de la tecnología
Por HERMAN MORRIS
La presidencia de Trump comenzó con el mayor apoyo político explícito jamás otorgado a un partido y a un presidente por parte de los capitalistas tecnológicos. Mientras que los presidentes anteriores cortejaban el apoyo de la industria tecnológica, el segundo mandato de Trump ha recibido donaciones políticas explícitas a su fondo de investidura, participación personal en la campaña electoral y una ya infame foto de grupo en la que aparecen la mayoría de los nombres más importantes de la industria tecnológica como invitados de honor a su investidura. Sin duda, los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas esperaban obtener algo a cambio de esta descarada muestra de lealtad.
A través del poder ejecutivo, estas victorias han sido evidentes: Trump rechazó al ala nativista de su partido para proteger el programa H1-B (una importante fuente de mano de obra barata para los industriales tecnológicos), derogó el decreto ejecutivo de Biden para regular la industria de la inteligencia artificial y comenzó a formar una reserva estratégica de criptomonedas.
Más allá de las órdenes ejecutivas, el mayor regalo de Trump a la industria tecnológica fue colocar a Elon Musk al frente de DOGE y permitirle llevar a cabo un ataque masivo contra los trabajadores federales, que incluyó despidos, recortes presupuestarios y la ruptura de los contratos sindicales. Después de que las medidas quedaran bloqueadas en los tribunales durante algún tiempo, la Suprema Corte ha dado luz verde a Trump para continuar con los despidos de los trabajadores federales. Aunque llevará algún tiempo evaluar completamente cuántos puestos de trabajo fueron eliminados por Trump, The New York Times estima que, hasta ahora, se han eliminado más de 130,000 puestos de trabajo y hay más de 140,000 recortes adicionales previstos.
Aunque el programa DOGE no logró su objetivo de eliminar un billón de dólares del presupuesto público, sí consiguió muchas victorias estratégicas para Trump y la extrema derecha, al otorgar al poder ejecutivo la facultad de redefinir y destruir unilateralmente secciones del gobierno a su antojo, y de despedir a más de cien mil trabajadores, lo que ha reducido el valor de la mano de obra en todo Estados Unidos al hacer disparar el desempleo.
Fuera del espectaculo de sus acciones sin precedentes, también ha continuado la adjudicación de contratos de defensa y aeroespaciales a las empresas tecnológicas. Desde hace años, las empresas tecnológicas participan cada vez más en contratos gubernamentales tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos se encuentran JEDI (un contrato militar en la nube con Estados Unidos y Microsoft), NIMBUS (un contrato en la nube con el ejercito de Israel y Google/Amazon) y el proyecto Maven (un contrato de vigilancia con IA entre el Pentágono y Palantir). Trump ha continuado con esta tendencia: más de 600 millones de dólares en contratos a Anduril (una empresa de armas autónomas y software), 200 millones de dólares a Google, OpenAI y xAI para servicios de IA, 795 millones de dólares adicionales a Palantir para continuar el trabajo de Maven y miles de millones en contratos para la exploración espacial a SpaceX. Más allá de esto, los datos del gobierno federal se han puesto a disposición de las empresas de IA para que los examinen y accedan a ellos, incluidas OpenAI, xAI y Palantir. Estas nuevas fuentes de datos para el entrenamiento de la IA son importantes en la actual etapa de carrera por el desarrollo de herramientas, ya que el internet se está agotando rápidamente como fuente de información para los datos de IA.
Tanto dinero para tan poco camino
Estas concesiones a la industria tecnológica son importantes no solo para las empresas tecnológicas, sino también para el dominio continuado de la economía estadounidense tal y como está construida actualmente. Aunque la mayoría de las grandes empresas tecnológicas recuperaron sus elevados beneficios tras la caída provocada por la burbuja del Covid, la valoración de sus acciones se basa en el argumento general que esgrimen ante los inversionistas de que seguirán aumentando sus beneficios abriendo nuevos mercados y arraigándose más profundamente en la economía estadounidense. Estas promesas especulativas son fundamentales para que las empresas sigan teniendo el mismo valor. En el caso de Tesla, con sus recientes fracasos con el Cybertruck y la caída de las ventas, esta dinámica queda al descubierto y podemos ver una caída de casi el 50 % en el valor de la empresa en un periodo tan corto como unos pocos meses.
Dado que los mercados de las criptomonedas y la IA aún no han demostrado una rentabilidad constante en sus propios términos, las empresas tecnológicas se ven cada vez más obligadas a recurrir al Estado para que desregule y proporcione más financiación y recursos públicos para sostener las pérdidas que incurren al especular en nuevos mercados. Además, ahora han avanzado con los despidos regulares de trabajadores, incluso en períodos rentables, ya que los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas se ven obligados a reducir la plantilla de sus divisiones más antiguas para justificar los cientos de miles de millones de dólares que están invirtiendo en IA sin esperanza de rentabilidad. A corto plazo, esta estrategia ha dado buenos resultados a las grandes empresas tecnológicas (con la excepción de Tesla), cuyos beneficios se mantienen en un nivel que les satisface mientras siguen invirtiendo en especulación en IA.
A largo plazo, esta estrategia fracasará si la IA no demuestra su potencial de rentabilidad. Desde el punto de vista financiero, la competencia entre las grandes empresas tecnológicas en negocios tradicionales que carecen de monopolio (servicios en la nube, teléfonos inteligentes, publicidad) hará bajar los beneficios, y los despidos solo podrán continuar durante un tiempo antes de que sus operaciones comerciales centrales comiencen a verse afectadas. Y lo que es más importante, hay un costo político por seguir sosteniendo un sistema que desvía una cantidad cada vez mayor de riqueza social hacia un grupo cada vez más reducido de líderes empresariales, mientras que las migajas de los trabajos bien remunerados comienzan a agotarse para los trabajadores tecnológicos, que se enfrentan a una tasa de desempleo superior al 6 % al salir de la universidad, un 2 % más que el promedio nacional.
¿Una ruptura? No es tan simple.
El último proyecto de ley presupuestaria parece haber supuesto una ruptura importante entre el Partido Republicano y los líderes tecnológicos. Trump ha mantenido una disputa muy pública con Musk sobre el proyecto de ley presupuestaria para 2025, en particular en torno al fin de los créditos fiscales para los vehículos eléctricos, de los que depende Tesla, al aumento gigante de la deuda nacional, y ahora a la histórica enmienda sobre la IA para impedir cualquier regulación estatal sobre las herramientas de IA, que ha sido retirada del presupuesto de Trump tras la ruptura con la representante republicana Marjorie Taylor Greene y una votación de 99 a 1 en el Senado para eliminarla. Esto fue una sorpresa para quienes seguían el proceso presupuestario del Partido Republicano, ya que el segundo mandato de Trump hasta este proyecto de ley había sido en gran medida una colaboración con los grandes propietarios de la tecnología. Las acciones de los legisladores republicanos demuestran que incluso dentro del Partido Republicano siguen existiendo divisiones sobre la postura que se debe adoptar hacia la industria tecnológica, así como la ansiedad que sienten otros estratos de la clase capitalista y la clase media de Estados Unidos ante el continuo dominio de la industria tecnológica.
También cabe destacar el impacto que tendrán los aranceles sobre los insumos materiales necesarios para llevar a cabo la expansión de capital propuesta actualmente por la industria tecnológica. Los continuos intentos de Trump de recaudar fondos estatales mediante la imposición de aranceles a las importaciones podrían provocar una inflación masiva de los costos derivados de la construcción de nuevos centros de datos y hardware, tanto a través de aranceles sobre los chips avanzados como sobre los materiales de construcción. Aunque los aranceles sobre los semiconductores se han suspendido en el pasado, la situación cambia casi a diario y puede contribuir a impulsar la inflación de los costos de los ya enormes gastos de capital que están asumiendo las empresas tecnológicas para construir su infraestructura de IA.
Aunque estas divisiones son notables, la propia Casa Blanca de Trump sigue firmemente arraigada en el capital tecnológico, aunque en ocasiones no consiga todo lo que quiere. El vicepresidente sigue siendo un antiguo inversor de capital riesgo en el sector tecnológico con vínculos directos con Peter Thiel, y Trump está empezando a eludir al Congreso mediante órdenes ejecutivas que prohíben cualquier influencia de la DEI en el desarrollo de la IA, tratando implícitamente de adelantarse a cualquier regulación de las herramientas de IA basada en la discriminación.
Aunque no se puede negar la enemistad entre Trump y Musk, un presidente de los Estados Unidos siempre tendrá las puertas abiertas para uno de los hombres más ricos del mundo, que además controla una gran parte de la producción industrial y la manufactura. Incluso si esta enemistad durara, en el pasado, cuando Trump se ha enfrentado a un capitalista tecnológico que le choco mal, no ha tenido reparos en trabajar con otro director ejecutivo, lo que ha seguido beneficiando al sector. Este fue el caso de la controversia por el contrato JEDI en el primer mandato, cuando Trump supuestamente intervino para adjudicar un contrato a Microsoft en lugar de a Amazon debido a su enemistad con Jeff Bezos. Trump también afianzó aún más el mercado de las criptomonedas en las finanzas tradicionales mediante la firma de la ley GENIUS, que sentó las bases para que las monedas estables se negociaran como activos financieros tradicionales, pero sin la misma regulación.
A medida que la desigualdad sigue aumentando en Estados Unidos y la industria tecnológica continúa intentando hacerse con el control de la economía, es de esperar que los dos partidos capitalistas del país cuenten con más miembros que se opongan a los capitalistas tecnológicos. Sin embargo, los trabajadores deben comprender que tanto los demócratas como los republicanos no tienen ningún interés en redistribuir las ganancias corruptas de la industria tecnológica entre sus trabajadores, ni los recursos que explotó ni los datos que se robó de las personas que utilizaron sus servicios. A lo sumo, estos políticos quieren ver medidas antimonopolio que garanticen que las ganancias lleguen a unos pocos intermediarios más.
En última instancia, solo se puede confiar en que los trabajadores tengan en cuenta sus propios intereses de clase. A través de instituciones y tácticas de la clase trabajadora, como sindicatos, consejos laborales, movilizaciones masivas y huelgas, los trabajadores pueden organizarse contra esta coalición de líderes de las grandes empresas. Algunos elementos de esto se pueden ver en las protestas Sin Reyes, así como en las protestas Tesla Takedown y las movilizaciones para proteger a los inmigrantes. Sin embargo, los trabajadores tecnológicos, ya sea en la fábrica o en la oficina, están en gran medida desorganizados, incluso en comparación con los niveles ya pésimos de la sindicalización de los Estados Unidos.
Para que la industria tecnológica y su cómoda relación con el poder del Estado estadounidense se vean realmente desafiadas, los trabajadores de estas empresas deben entrar en el movimiento sindical, ya que el poder de huelga que ejercen en empresas como Amazon, Tesla o Google tiene el potencial de perjudicar a estas empresas, además de paralizar sectores potencialmente masivos de la economía estadounidense, que depende cada vez más del software y los servicios de entrega proporcionados por las grandes empresas tecnológicas.
Los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas y la extrema derecha parecen poderosos ahora, con el enorme poder de sus empresas y el respaldo del Estado estadounidense, pero ese poder solo es posible gracias al trabajo de los montadores de fábrica, los repartidores, los programadores y otros trabajadores del sector tecnológico. La mayoría de estas personas solo verán una migaja de los beneficios que actualmente obtiene la industria tecnológica, y el empeoramiento de sus condiciones laborales les da un interés material en querer enfrentarse a estas empresas y a las formas en que explotan tanto a los trabajadores como a la sociedad en general. Solo poniendo a estas personas en contacto con el movimiento obrero histórico y movilizándolas contra el ataque que la tecnología está lanzando contra los trabajadores de todo el mundo se podrá construir la base real de una lucha contra el dominio de la tecnología.
Además, la enorme concentración del control económico en la producción, el mantenimiento y la investigación tecnológicos apunta a la necesidad de la nacionalización y el control obrero de la industria tecnológica. Las decisiones que se toman en las altas esferas de las grandes empresas tecnológicas afectan a los medios de vida y las condiciones laborales de millones de personas, y estas decisiones se toman para aumentar los beneficios de un grupo cada vez más reducido de ejecutivos e inversionistas.
La columna vertebral de las comunicaciones por Internet, la producción tecnológica y la investigación no debe dejarse en manos de una burocracia no elegida y que no rinde cuentas, formada por los líderes de la industria. En cambio, el control debe estar en manos de los trabajadores que operan y utilizan estas herramientas cada día. Cuestiones como cuánto invertir en el desarrollo de la IA, dónde debe implementarse y qué tipo de herramientas de seguridad deben incorporarse solo pueden resolverse de forma racional entre los trabajadores que gestionan las consecuencias negativas que las nuevas tecnologías pueden acarrear cuando se implementan en el lugar de trabajo o en su comunidad. Debido a este interés material de los trabajadores, el control obrero de la industria es la única salida politica que puede hacer realidad el poder emancipador que proponen la ciencia y la tecnología.
-
¿Rehén del Congreso? El verdadero pacto entre Lula y el «Centrão»
Por Érika Andreassy (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – Brasil)
Es común escuchar de la base gubernamental e incluso de sectores activistas que Lula es un presidente bien intencionado, que quiere crear un gobierno para los pobres, pero que tiene las manos atadas por culpa del Congreso y del «Centrão1«, que es «rehén» de la correlación de fuerzas.
Esta visión, si bien puede tener sentido para una parte de los trabajadores que se aferran a la esperanza de que algo pueda mejorar –sobre todo ante derrotas como la ocurrida recientemente, cuando la Cámara de Diputados revocó el decreto presidencial que ajustaba las tasas del impuesto IOF–, necesita ser firmemente rechazada.
No es cierto que el gobierno de Lula sea un actor neutral, que busca reformas profundas pero se ve obstaculizado por las instituciones. El gobierno es parte del régimen. Hoy, es el principal gestor político del estado burgués brasileño e implementa un programa de conciliación de clases que, lejos de enfrentarse a los grandes capitalistas, opera para garantizar sus intereses mientras gestiona el descontento popular.
Un directivo consciente del orden burgués
El sistema político brasileño es uno de los principales instrumentos del dominio de clase de la burguesía. Cualquier gobierno que acepte actuar dentro de los marcos institucionales, sin movilizar a la clase trabajadora y rompiendo con los pilares del capitalismo, está condenado a gestionar la crisis para mantener el orden.
La llamada «gobernabilidad» es solo un nombre elegante para este sistema de control burgués sobre cualquier gobierno que se proponga gestionar sus intereses. El Partido de los Trabajadores (PT) conoce bien este juego y lo acepta conscientemente. El «Centrão», en cambio, no es una «fuerza externa» ni un enemigo que intente bloquear el proyecto popular del gobierno. Es parte integral de la base de apoyo del régimen y también del propio gobierno de Lula.
La gobernabilidad que busca el Partido de los Trabajadores (PT) no se opone al «Centrão», sino que se basa en él. El gobierno ha forjado alianzas conscientes con este sector, con la agroindustria, con la banca y con el ejército. Esto ha sido así desde la campaña de 2022, cuando selló la alianza con Alckmin, y continúa siendo así hoy, con ministerios ocupados por sus representantes directos.
La derrota de las IOF pone de manifiesto que, en la decadencia capitalista actual, ni siquiera las medidas más tímidas pueden arrebatarle a la burguesía sin confrontación. Pero el gobierno no quiere confrontación. Busca estabilidad para mantener el marco fiscal, garantizar las ganancias de los bancos y las grandes corporaciones, y al mismo tiempo seguir presentándose como progresista con acciones concretas. No es un rehén, sino un cómplice.
El espectro de la extrema derecha como chantaje político
Desde 2018, la extrema derecha ha ocupado un lugar destacado en el panorama político brasileño. Incluso con la inhabilitación de Bolsonaro, el bolsonarismo se mantiene vigente y en proceso de reorganización. Se divide entre sectores que buscan una imagen más institucional, como Tarcísio de Freitas, y otros más radicales e ideológicos, como Níkolas Ferreira y Pablo Marçal. Su base social se mantiene activa, alimentada por el moralismo reaccionario, las iglesias, las redes sociales y el resentimiento social de los sectores de clase media y trabajadora.
¿Qué hace el gobierno al respecto? Alimenta un chantaje constante: «No podemos criticar demasiado al gobierno, si no, la ultraderecha volverá». Esta retórica la repiten parlamentarios del PT y el PSOL, dirigentes sindicales e incluso intelectuales que se autodenominan de izquierda. Cualquier crítica a la conciliación, la política económica o la represión en las periferias se considera «fuego amigo», como si Lula fuera el último dique contra el «fascismo».
Pero este chantaje no sirve para derrotar al bolsonarismo. Sirve para proteger al gobierno. Y peor aún: esta estrategia paraliza a la clase trabajadora, impidiendo la construcción de una alternativa real, independiente y revolucionaria. El resultado es que la extrema derecha avanza, no a pesar del gobierno de Lula, sino también gracias a él.
El papel del gobierno: contener la lucha y proteger al régimen
La retórica de que «no es momento de criticar, o la ultraderecha volverá» es repetida hasta la saciedad por sectores del partido gobernante. Esto incluye al Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), la mayor parte del PSOL (Partido Socialista) y la UP (Partido de los Trabajadores), así como algunos líderes sindicales, de base y estudiantiles. Estos sectores desempeñan un papel central: actúan como correas de transmisión entre el gobierno y los movimientos sociales, canalizando el descontento dentro de los límites del sistema.
Justifican cada retroceso del gobierno como «lo que es posible dentro del equilibrio de poder», instan a la paciencia y hablan de avances tácticos, pero siguen alimentando la ilusión de que es posible gobernar para los pobres de la mano de los ricos. Su función principal es impedir la construcción de una alternativa socialista independiente.
El “apoyo crítico” también ayuda a blindar al gobierno
Ante la erosión de la base gobernante tradicional, surgen sectores que intentan presentarse como una alternativa dentro de ella. Afirman ofrecer un apoyo crucial y afirman estar con el pueblo, pero siguen contribuyendo al sostenimiento del gobierno.
Este es el caso de sectores del PSOL, como el MES, y de parte de la intelectualidad progresista. Denuncian algunas políticas gubernamentales, a veces incluso votando en contra de medidas específicas, pero se niegan a romper con la estrategia de colaboración de clases. Permanecen atrapados en la lógica institucional, creyendo que es posible presionar desde dentro y lograr el progreso.
Si bien en 2022 estos sectores pidieron el voto por Lula sin ninguna reivindicación política, ahora afirman estar fuera del gobierno, pero en la práctica cumplen un papel similar al de la coalición gobernante. Participan en frentes amplios con el Partido de los Trabajadores (PT), firman manifiestos conjuntos y formulan críticas tímidas y específicas que no contribuyen a cambiar el rumbo de la política general.
Esta postura es aún más peligrosa porque confunde a sectores de activistas y contribuye a bloquear la construcción de una oposición de izquierda al gobierno y de una solución de clase e independiente para los trabajadores, es decir, una alternativa real.
¿Qué significaría gobernar verdaderamente para el pueblo?
Para gobernar para los trabajadores, sería necesario romper con los intereses del gran capital. Esto implica, por ejemplo, derogar el marco fiscal y poner los recursos estatales al servicio de las necesidades populares; renacionalizar las empresas estratégicas bajo control obrero; imponer un alto impuesto a las grandes fortunas; suspender el pago de la deuda pública; garantizar vivienda, educación, sanidad y transporte públicos gratuitos y de calidad; enfrentar a la policía que asesina a jóvenes negros en las favelas; y garantizar los derechos democráticos de las masas, como la legalización del aborto femenino.
Estas medidas no son utópicas: son reivindicaciones concretas que podrían mejorar la vida de la clase trabajadora y allanar el camino para una transición socialista. Pero son imposibles de implementar por un gobierno cómplice de la burguesía.
Por otro lado, dado que la única manera de implementarlo sería mediante la movilización popular, y no mediante acuerdos con el mercado, algo que Lula no tiene intención de hacer, no cabe duda de que esta narrativa del gobierno como supuesto rehén del Congreso y del «Centrão» es completamente falsa. La derrota del decreto del IOF fue solo un recordatorio más de que no hay solución institucional dentro de un régimen construido para garantizar las ganancias del capital.
Un gobierno obrero, apoyado por las masas
La solución a la crisis brasileña no vendrá del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista (PSOL) ni de ninguna otra variante reformista o conciliadora de clases, sino de un gobierno obrero, sin patrones, banqueros ni generales. Un gobierno que se base en la movilización directa de las masas, en consejos de base y comités de lucha. Uno que confronte a los ricos, rompa con el imperialismo y comience a reorganizar la sociedad sobre una base diferente: la del socialismo.
Esto requiere involucrarse en luchas reales e invertir esfuerzos en la autoorganización de trabajadores, sectores precarios, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, personas negras y comunidades LGBTI+, no en apostar por alianzas con quienes ostentan el poder. Esta es la tarea central del activismo que busca no solo derrotar electoralmente a la extrema derecha, sino también acabar con el propio sistema capitalista que sustenta su existencia política: romper con la conciliación, desenmascarar el rol del gobierno, desafiar la conciencia de la nueva vanguardia que emerge en las luchas y preparar las condiciones para una verdadera alternativa al poder.
- Dominación que se utiliza en el Brasil para identificar a un grupo de partidos políticos burgueses oportunistas que negocian sus votos en el parlamento a cambio de prebendas o puestos. ↩︎
-
Despues de la huelga, ¿qué sigue para los trabajadores de Filadelfia?
Por B. COOPER
El 21 de julio, los trabajadores del Consejo Distrital 33 (DC 33) de la AFSCME en Filadelfia, que llevaban ocho días en huelga por cuestiones salariales, de asistencia sanitaria y otras demandas, votaron a favor de aprobar un nuevo contrato de tres años. El nuevo contrato incluye un aumento salarial del 3 % anual con carácter retroactivo al 1 de julio de este año, una prima por firma de 1500 dólares y el mantenimiento del plan de asistencia sanitaria. El acuerdo también establecerá una quinta categoría salarial que se introducirá gradualmente y que supondrá un aumento del 2 % para los trabajadores con más antigüedad, y que en teoría incluirá al 80 % de la plantilla en un plazo de tres años.
El voto de ratificación se produjo justo después de que los miembros del DC 47 —que representa a más de 6000 trabajadores municipales, en su mayoría de cuello blanco, pero también trabajadores de servicios culturales, y está compuesto por dos sindicatos locales independientes, el 2186 y el 2187— aprobaran su nuevo contrato sin ir a la huelga. Aunque sus contratos expiraban en la misma fecha, la dirección del sindicato DC 47 decidió no ir a la huelga junto con los trabajadores del DC 33, sino prorrogar su contrato dos semanas más. Sin embargo, muchos de los afiliados apoyaron las reivindicaciones del DC 33, y los trabajadores de las bibliotecas del DC 47 cerraron las bibliotecas en solidaridad. Los trabajadores del Museo de Arte de Filadelfia consiguieron la representación sindical del DC 47 en 2022.
De hecho, las reivindicaciones originales del DC 33 y el 47 a la ciudad de Filadelfia eran similares. Ambos sindicatos habían pedido contratos que proporcionaran un aumento del 8 % anual, además de mantener la asistencia sanitaria y las normas sobre horas extras. La ciudad ofreció al DC 47 solo un aumento salarial anual del 2,5 %, lo que el presidente del Local 2187, Jesse Jordan, calificó de «inaceptable». Al final, el DC 47 negoció un contrato similar al que había conseguido el DC 33, aunque con solo un 2,5 % para el primer año y una prima por firma de 1250 dólares.
En general, esto representa una derrota táctica para ambos sindicatos, ya que ninguno de los dos consiguió nada parecido a sus demandas originales y solo uno de ellos participó en una huelga militante. De hecho, la dirección del movimiento sindical de Filadelfia no estaba dispuesta a contrarrestar los métodos rompehuelgas (como el de un juez alineado con el Partido Demócrata que ordenó a los operadores del 911 que volvieran al trabajo) y las exigencias intransigentes de la administración demócrata de la ciudad.
El alcalde Parker, un demócrata de la vieja escuela, se declara «pro-sindical», pero consiguió varias órdenes judiciales contra el sindicato y aprobó la contratación de esquiroles durante la huelga. Greg Boulware, presidente de DC 33, señaló en una entrevista con Fox News que la administración estaba «intentando dividirnos con órdenes judiciales por todas partes». La ciudad también intentó limitar los piquetes en algunas zonas.
Análisis de los votos de DC 33
De los más de 9000 afiliados al sindicato, solo 2375 votaron en la sede de AFSCME 33 durante siete días, con 1535 votos a favor y 838 en contra (dos votos fueron nulos). Es decir, aunque el 64 % de los trabajadores que votaron apoyaron el nuevo contrato, solo votó el 26 % del total de afiliados y solo el 17 % votó activamente a favor del nuevo contrato. Esto contrasta fuertemente con el voto de los afiliados, que aprobó la huelga por un 95 %.
The Philadelphia Inquirer señaló, al publicar entrevistas con algunos trabajadores de DC 33, que existía un gran descontento entre los trabajadores con el contrato propuesto. Sin embargo, los periodistas afirmaron que muchos trabajadores se daban cuenta «de manera realista» de que sería muy difícil reiniciar la huelga y que, esta vez, probablemente obtendrían mucho menos apoyo popular.
Este resultado es similar al que se produjo con la votación del contrato tras la histórica huelga de los trabajadores de la limpieza de 1986, cuando reinó un descontento similar después de que solo una minoría insignificante de los trabajadores (300 de más de 12 000 trabajadores municipales) acudiera a votar.
Tras la votación actual, The Inquirer citó a un empleado de Parques y Ocio diciendo: «El tiempo no curará esta herida. La herida no es de la huelga». Y añadieron: «La herida es de la situación que provocó la huelga. El tiempo no la curará. Lo hará un contrato justo».
Aunque los periódicos informan de la «desmoralización» de los trabajadores, los miembros del DC 33 que hablaron de sus experiencias en reuniones públicas a favor de los trabajadores organizadas por el DSA consideraron que la huelga había reforzado la solidaridad dentro del sindicato y que seguía habiendo un ánimo optimista de que podrían ganar la próxima vez.
Tras un revés temporal, es necesaria la acción unida
Ninguno de los trabajadores obtuvo el contrato que merecía. Mientras que la ciudad ofrece desgravaciones fiscales a las empresas para atraer negocios, gasta cientos de millones en una enorme destrucción medioambiental en el parque FDR y gasta millones en los preparativos de la Copa del Mundo, los trabajadores de la ciudad han recibido ajustes salariales insuficientes, que no cubrirán el coste de la vida en esta ciudad.
Una de las principales lecciones de la huelga que los trabajadores deberán tener en cuenta en futuras negociaciones contractuales es la necesidad de la acción unida. En este caso, los líderes sindicales del DC 47 no supieron aprovechar la situación militante que presentaba el DC 33. Si ambos consejos distritales hubieran ido a la huelga simultáneamente, el impacto habría sido mucho más poderoso. Tal y como están las cosas ahora, el instinto de los burócratas sindicales —jugar sobre seguro y relegar la lucha de los trabajadores a acuerdos entre bastidores— puede haberles costado a ambos sindicatos un contrato mejor.
Otro aspecto de la acción unida es la construcción de la acción y la solidaridad entre sectores, lo que requerirá romper la dura coraza de una burocracia sindical acostumbrada al aislamiento sectorial. Por ejemplo, el contrato del sindicato United Steelworkers Local 286 con la ciudad estará pronto en negociación, según 6ABC News. Además, muchos sindicatos, como la Federación Americana de Docentes y el Sindicato de Trabajadores del Automóvil, esperan que en 2028 se produzcan acciones laborales simultáneas en todo el país. Es una buena propuesta, que debe ampliarse para incluir al mayor número posible de sindicatos.
También hay que movilizar el apoyo popular, lo que puede hacerse de muchas maneras. En el pasado, las auxiliares femeninas (en la época en que las mujeres aún no eran aceptadas como trabajadoras industriales) contribuyeron al éxito de huelgas como la famosa huelga de los camioneros de Minneapolis de 1934. Hoy en día, fuerzas similares podrían involucrar a familias, estudiantes y desempleados en el apoyo a las huelgas. Esto requeriría una preparación seria antes de la huelga.
Independencia de clase: la pieza que falta
Una segunda lección importante de esta huelga es la necesidad de contar con un liderazgo obrero —que vaya más allá de líderes militantes individuales y abarque a toda una capa de trabajadores— que sea políticamente independiente de los partidos capitalistas. Una de las principales dificultades de esta huelga, por ejemplo, fue el papel de las direcciones sindicales municipales en el apoyo al Partido Demócrata; algunos dirigentes indicaron a la prensa que se sentían divididos entre apoyar al DC 33 y su lealtad al alcalde Parker.
En las elecciones primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de 2023, el DC 33 —entonces dirigido por el expresidente Ernest Garrett— apoyó al candidato favorito, Jeff Brown. Pero luego, después de que Brown hiciera comentarios desfavorables sobre los trabajadores de saneamiento, haciendo campaña con el lema de que si ganaba «recogería la maldita basura», dos de los sindicatos locales afiliados al DC 33 se pusieron del lado de Parker, mientras que los demás se mantuvieron fieles a Brown. Al final, Cheryle Parker ganó las primarias y las elecciones generales, con el apoyo general del movimiento sindical organizado de Filadelfia.
El actual presidente del DC 33, Boulware, prometió librar una lucha militante para garantizar que los trabajadores del DC 33 recibieran una compensación justa y se mostró profundamente decepcionado con el resultado de la huelga. Pero Boulware, después de decir a los periodistas que estaba «frustrado» por haberse visto obligado a ceder ante una administración municipal que «no cedía» en sus demandas, no ha indicado ninguna ruptura con el Partido Demócrata. Se necesitará el control democrático de los miembros de los sindicatos para desafiar el historial de apoyo sindical a los partidos capitalistas en Estados Unidos.
Un ejemplo particularmente atroz de la represión sindical del Partido Demócrata era el intento en 1992 del alcalde demócrata de Filadelfia, Ed Rendell, de destripar la plantilla del DC 33 y privatizar la recogida de basuras. Fue necesaria una gran lucha de la comunidad y los aliados sindicales para derrotar ese ataque contra los trabajadores. Sin embargo, Rendell logró imponer al DC 33 un contrato que contenía una serie de concesiones, además de una congelación salarial de dos años; ese fue el «precio» por no privatizar el trabajo. Tras una huelga de 14 horas, en gran medida simbólica, la ejecutiva del sindicato aprobó el acuerdo por 15 votos a favor y 6 en contra, pero los afiliados siguieron frustrados durante años por la imposibilidad de recuperar el terreno perdido.
-
La larga lucha de los trabajadores panameños contra el imperialismo estadounidense
Por JAMES MARSH
La huelga nacional en Panamá se acerca a su tercer mes en la lucha de los sindicatos militantes y las organizaciones activistas del movimiento social para rechazar las políticas antiobreras del presidente José Raúl Mulino. La huelga ha presentado una resistencia considerable a la instauración de cambios políticos neoliberales en Panamá, pero sus participantes se han enfrentado a una intensa represión por parte de las fuerzas estatales.
Aunque la huelga está llegando a su fin, demuestra la voluntad de la clase obrera panameña de luchar por sus intereses. También supone un nuevo episodio en la larga historia de resistencia de la clase trabajadora panameña al imperialismo estadounidense y a sus colaboradores en la oligarquía panameña.
Un repaso a la historia de la lucha de clases en Panamá muestra cómo las empresas multinacionales, los intereses militares estadounidenses y los oligarcas panameños mantuvieron su dominio sobre el país y explica por qué esta combinación de fuerzas estalló en la actual ola de huelgas cuando la clase trabajadora panameña lanzó una nueva ola de resistencia a los ataques del imperialismo estadounidense.
Panamá y el imperialismo estadounidense
La Zona del Canal de Panamá, el área que se extiende a lo largo de cinco millas a ambos lados del canal de Panamá, era a principios del siglo XX una colonia estadounidense.
El descontento popular por esta colonia estadounidense que dividía Panamá en dos provocó, en 1964, un movimiento estudiantil que desencadenó protestas masivas. La policía de la Zona del Canal y las fuerzas militares estadounidenses intentaron reprimir las protestas y el 9 de enero mataron a 22 panameños, muchos de ellos estudiantes, en lo que se conoció como el levantamiento del Día de los Mártires.
El descontento popular en Panamá sería cooptado por el hombre fuerte bonapartista, el general Omar Torrijos, que tomó el poder tras un golpe de Estado en 1968. Torrijos y su partido gobernaron con políticas de colaboración de clases que hacían concesiones a los trabajadores y los campesinos, al tiempo que mantenían a la burguesía en el poder y conservaban fuertes lazos económicos con los capitalistas estadounidenses, lo que, al cooptar el descontento de la clase obrera, desvió sus esfuerzos políticos de los objetivos socialistas. Torrijos adoptó un modelo desarrollista nacional para Panamá, que incluía la nacionalización del canal de Panamá, siguiendo los pasos del presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, que había nacionalizado con éxito el canal de Suez.
Una de las políticas nacionalistas implementadas por Torrijos fue una reforma agraria, llevada a cabo entre 1969 y 1977. United Brands, conocida como United Fruit Co. antes de 1970, efectivamente monopolizaba por total las exportaciones de plátanos del país en ese momento. Torrijos respondió a la presión popular redistribuyendo una parte de las tierras excedentes de la empresa e imponiendo un pequeño impuesto a la exportación, aunque, incluso después de esta redistribución de tierras, United Brands siguió siendo el mayor exportador de plátanos del país. United Brands se ha reorganizado hoy en día como la empresa Chiquita.
La lucha por la soberanía de la zona del canal, por su parte, condujo a la negociación de un tratado con los Estados Unidos, que fue ratificado en 1978. Con la creciente presión popular en Panamá para nacionalizar el canal, lo que provocó presiones diplomáticas sobre los Estados Unidos, y dado que el canal ya no tenía importancia militar en una época de portaaviones y submarinos nucleares demasiado grandes para atravesar las estrechas esclusas, los gobiernos de los respectivos países ratificaron un tratado para entregar el canal en 1999.
Sin embargo, este tratado incluía algunas condiciones. Una de ellas era una cláusula de neutralidad, que establecía que la Zona del Canal permanecería neutral, sin que se estacionarían tropas extranjeras en ella; en aquel momento, el objetivo era mantener alejada a la URSS. También incluía disposiciones neocoloniales que otorgaban a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Panamá para defender el canal, incluso después del año 2000, lo que dejaba la amenaza de una intervención como condición para la entrega.
Políticas como estas acabaron canalizando el descontento de la clase trabajadora hacia esfuerzos reformistas que mantuvieron el imperialismo estadounidense mientras trataban de evitar levantamientos masivos como los que se vieron en el Día de los Mártires.
Tras la muerte de Torrijos, el general Manuel Noriega, miembro del mismo partido que Torrijos, consolidó su poder entre bastidores, afianzando su gobierno en 1983 y manteniéndolo con un golpe de Estado llevado a cabo en 1984. Noriega colaboró estrechamente con las agencias de inteligencia estadounidenses, con la DEA y en la guerra de los Contras, que buscaba derrocar a los sandinistas en Nicaragua.
Aunque el duro régimen militar de Noriega había sido inicialmente aprobado por el Gobierno estadounidense, a finales de la década los partidos civiles neoliberales parecían ser socios más atractivos y estables para los capitalistas estadounidenses. La creciente vacilación de Noriega a la hora de ayudar a los Contras nicaragüenses contra los sandinistas también empañó su aprobación por parte del Gobierno estadounidense. Aunque Noriega había sido colaborador de Estados Unidos durante mucho tiempo, la clase dominante estadounidense consideró que su perro de presa se había soltado de la correa, y en 1989 invocó el derecho a «defender militarmente el canal» e invadió Panamá para derrocar a Noriega. Esta invasión tendría un paralelo directo en la acción militar contra otro hombre fuerte y ex-colaborador de Estados Unidos convertido en enemigo, Saddam Hussein, al año siguiente.
Este uso de las disposiciones del tratado que otorgan al ejército estadounidense el derecho a intervenir a voluntad en Panamá para defender sus intereses demuestra el legado neocolonial del colonialismo en la Zona del Canal.
El gobierno neoliberal civil instaurado tras el derrocamiento de la dictadura, que continuó con el mantenimiento de la oligarquía panameña, incluyó la elección del presidente Ricardo Martinelli en 2009.
Martinelli se enfrentó a la resistencia de la clase trabajadora a sus políticas, incluidas las protestas contra la expansión de la minería en la comarca indígena Ngäbe-Buglé. La minería y el extractivismo se presentaron como una alternativa al «transitismo», la dependencia de los ingresos del canal, y se buscaba abrir minas a cielo abierto devastadoras para el medio ambiente en tierras indígenas.
Las movilizaciones contra las políticas antiobreras impuestas en nombre de los capitalistas panameños y extranjeros se intensificaron en 2019. Los nuevos intentos de privatización neoliberal y los recortes presupuestarios en los servicios públicos llevaron a las mujeres jóvenes a movilizarse contra los recortes en la educación pública, lo que desencadenó una nueva ola de resistencia popular.
Esta ola de movilizaciones incluyó protestas contra la mina Cobre Panamá de First Quantum Minerals, una mina a cielo abierto de propiedad canadiense, en 2023. Durante dos meses, los manifestantes bloquearon puertos y carreteras, acompañados de marchas masivas y asambleas públicas celebradas en las barricadas, que unieron a organizaciones de movimientos sociales y medioambientales con sindicatos. Esta movilización logró paralizar las operaciones de la mina.
La oligarquía contraatacó ante esta resistencia. El presidente José Raúl Mulino, sucesor designado de Martinelli, fue elegido en 2024; muchos observadores lo consideran parte de una ola de líderes de derecha que están tomando el poder, entre los que se encuentran Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina.
Esta historia pone de relieve el dominio continuo de Panamá por parte de la clase capitalista estadounidense, tanto a través del poder corporativo y militar como a través de sus intermediarios panameños, los regímenes colaboracionistas que han mantenido en el poder a la burguesía panameña utilizando tanto la zanahoria como el garrote contra la clase obrera panameña.
Esta historia también muestra que la explotación por parte de los capitalistas extranjeros y panameños ha provocado continuamente que la clase trabajadora panameña pase a la acción. Esta acción ha sido cooptada en ocasiones por los reformistas, pero ha logrado victorias notables y está resurgiendo una vez más en una ola de movilizaciones masivas que han utilizado el poder de los trabajadores para paralizar el país y luchar contra la dominación imperialista.
Huelga nacional contra las políticas de Mulino
Tres elementos clave de las políticas actuales del presidente Mulino provocaron las huelgas que formaron parte de la ola de movilizaciones populares en curso. Mulino, con el apoyo del Parlamento, privatizó los servicios de pensiones, mientras que las pensiones futuras se redujeron del 60 % de los ingresos al 30 %, lo que situó a la mayoría de los jubilados por debajo del umbral de la pobreza. También tiene la intención de llevar a cabo negociaciones para reabrir la mina a cielo abierto First Quantum Minerals, la misma mina que se cerró en respuesta al levantamiento masivo de 2023. Además, Mulino llegó a un acuerdo con Trump para reabrir tres bases militares estadounidenses y estacionar tropas estadounidenses en la antigua zona del canal, en violación de la cláusula de neutralidad de los tratados del canal, que prohíben a las fuerzas armadas extranjeras estacionar tropas en la zona. Esto se produjo tras las declaraciones de Trump de que intentaría recuperar el Canal de Panamá.
Las protestas comenzaron a estallar en todo Panamá en febrero de este año. Los sindicatos desempeñaron un papel clave y lanzaron la actual huelga nacional en abril, a la que se sumaron los sindicatos de maestros y trabajadores de la construcción, junto con los trabajadores bananeros de Chiquita. Los huelguistas han sufrido una represión considerable.
Chiquita respondió a la huelga con despidos masivos, a lo que los trabajadores bananeros respondieron con barricadas en las carreteras. Las barricadas fueron una táctica habitual en las protestas de 2023, pero esta vez la represión policial para despejarlas ha sido más intensa. Se declaró el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro para dar a la policía mayor autorización para el uso de la fuerza, y la policía atacó a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Ante esta represión, el sindicato de trabajadores bananeros llegó a un acuerdo para desmantelar los bloqueos, poniendo fin al estado de emergencia, aunque los bloqueos siguen en pie por ahora.
Los sindicatos de trabajadores de la construcción también fueron coaccionados para que pusieran fin a su huelga. La policía comenzó a detener a los huelguistas en sus lugares de trabajo, obligando a muchos a quedarse en casa e intimidando a otros para que volvieran al trabajo. El Gobierno también congeló los fondos de algunos sindicatos. El líder del sindicato de trabajadores de la construcción SUNTRACS se vio obligado a exiliarse políticamente en Bolivia, huyendo de la amenaza de ser detenido por su papel en la huelga.
La huelga de los docentes se vio obstaculizada por tácticas similares. Los docentes se enfrentaron a la amenaza de despidos masivos, mientras que la policía persiguió a los líderes sindicales para detenerlos. La mayoría de los sindicatos de docentes, todos excepto cuatro de los 21 que participaban anteriormente, negociaron el fin de la huelga general el 14 de julio. Los sindicatos de docentes que siguen en huelga, entre ellos el sindicato ASOPROF, están buscando ayuda internacional.
Aunque la actual ola de huelgas está remitiendo, la respuesta del Gobierno panameño del presidente Mulino muestra la ferocidad de la represión que la clase dominante panameña está dispuesta a desatar para mantener su posición de colaboradora del neocolonialismo estadounidense y del capital internacional. Sin embargo, también demuestra la voluntad de la clase obrera panameña de organizarse y luchar contra la oligarquía panameña y el imperialismo estadounidense para resistir las políticas antiobreras de Mulino, incluso ante dificultades considerables.
La lucha internacional de la clase obrera
Esta huelga nacional sitúa a la clase obrera panameña al frente de la lucha contra el imperialismo estadounidense y contra la red global de líderes de derecha asociados con Trump. La lucha contra la clase capitalista es internacional.
La historia del imperialismo estadounidense en Panamá muestra cómo la burguesía estadounidense ha dependido de una combinación de colaboración, intervención y poder corporativo para mantener sus intereses estratégicos en el acceso al Canal de Panamá y la explotación de la clase trabajadora panameña. La actual ola de movilizaciones desde 2019 demuestra que la lucha contra el imperialismo en Panamá está lejos de haber terminado.
La huelga nacional muestra el poder de la acción de masas con independientes organizaciones de la clase trabajadora, incluidos los sindicatos y las organizaciones de los movimientos sociales, a la vanguardia de la lucha. Demuestra además la necesidad de un cambio de clase para derrocar a la oligarquía panameña y poner fin de una vez por todas a la era del imperialismo estadounidense en Panamá.
En el contexto de la historia de resistencia de la clase obrera panameña y de la colaboración de la clase dominante con el imperialismo estadounidense, la movilización de la clase obrera en Panamá, como la actual ola de huelgas, tiene la capacidad de lograr victorias clave para todos los trabajadores explotados por los capitalistas estadounidenses en Estados Unidos y en otros lugares. Debemos inspirarnos en el modelo proporcionado por los activistas panameños y llamar a la solidaridad con los sindicatos y las organizaciones de movimientos en Panamá, así como a la defensa de todos los activistas perseguidos.
Fuentes:
Una ola de huelgas y protestas sacude Panamá – La Voz de los Trabajadores
Es el canal de Panamá – La Voz de los Trabajadores
Panamá: el movimiento popular y sindical se prepara para la lucha – La Voz de los Trabajadores
Lecciones de la lucha medioambiental en Panamá – La Voz de los Trabajadores
«La huelga nacional de Panamá, la represión estatal y los intereses imperiales de Estados Unidos: Entrevista con el líder sindical José Cambra», José Cambra y Ben Radford, LINKS – International Journal of Socialist Renewal, 10 de julio de 2025, https://links.org.au/panamas-national-strike-state-repression-and-us-imperial-interests-interview-union-leader-jose
«Panamá: Estudio de un país: Agricultura», Sandra W. Meditz y Dennis M. Hanratty, 1987, https://www.loc.gov/item/88600486/
«Jimmy Carter y los tratados del Canal de Panamá», Robert A. Strong, Presidential Studies Quarterly, edición de primavera de 1991, https://www.jstor.org/stable/27550717
«Las secuelas de la intervención: Panamá 1990», Richard L. Millett, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, número de primavera de 1990, https://www.jstor.org/stable/166127
«1968-1990: La invasión de Panamá y la intervención estadounidense», Noam Chomsky, libcom.org, 8 de septiembre de 2006, https://libcom.org/article/1968-1990-invasion-panama-and-us-intervention
«El gigante bananero estadounidense Chiquita despide a miles de trabajadores en huelga en Panamá», Common Dreams, 23 de mayo de 2025, https://www.commondreams.org/news/chiquita-fires-striking-workers
«La huelga de los trabajadores bananeros termina en Panamá tras un acuerdo sobre las pensiones», Tico Times, 12 de junio de 2025, https://ticotimes.net/2025/06/12/banana-workers-strike-ends-in-panama-after-pension-agreement
«El máximo líder sindical de Panamá se exilia en Bolivia», Pablo Meriguet, People’s Dispatch, 22 de julio de 2025, https://peoplesdispatch.org/2025/07/22/panamas-top-union-leader-goes-into-exile-in-bolivia/
«LatinNews Daily – 14 de julio de 2025: En resumen: Los docentes ponen fin a la huelga en Panamá», Latin News, 14 de julio de 2025, https://www.latinnews.com/component/k2/item/106467.html?archive=3&Itemid=6&cat_id=836891:in-brief-teachers-end-strike-in-panama
Foto: Por SUNTRACS — Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Afines) en Panamá.
-
¡Dona para apoyar a las enfermeras ucranianas!
Por JOHN LESLIE
La Red de Solidaridad con Ucrania (RSU), una red nacional de organizaciones y activistas individuales, ha iniciado su proyecto más ambicioso hasta la fecha: una campaña para recaudar 38 000 dólares para el sindicato de enfermeras ucranianas. El sindicato, Se como nosotras! (Будь як ми!), está tratando de recaudar fondos para la compra de dos máquinas de diagnóstico médico en colaboración con la organización sin ánimo de lucro ucraniano-estadounidense Kryla.
Una campaña anterior de la RSU recaudó más de 6000 dólares para 12 generadores portátiles para los miembros del Sindicato Libre de Trabajadores Ferroviarios de Ucrania, en la región de Kyiv, y del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania, en Kryvyi Rih. La RSU apoya de forma inequívoca e incondicional el derecho de Ucrania a la autodeterminación frente al brutal intento de Rusia de desmembrar el país. Lo hacemos sin dar apoyo político al gobierno capitalista de Zelensky. Los activistas de la RSU también han recaudado fondos para los convoyes de ayuda a los trabajadores que han entregado ayuda a las organizaciones de trabajadores ucranianos.
La RSU inició esta campaña en la Conferencia Socialismo 2025, repartiendo folletos para promover la recaudación de fondos. Tras regresar de la conferencia, algunos simpatizantes de la RSU con sede en Filadelfia han comenzado a difundir la campaña entre las organizaciones locales. El plan es promover la campaña lo más ampliamente posible entre las organizaciones ucranianas locales, los grupos estudiantiles y los sindicatos. En la primera salida, distribuyeron folletos a varias organizaciones ucranianas de la ciudad, incluida la principal iglesia católica ucraniana.
Más recientemente, los activistas visitaron varios grupos ucranianos en los suburbios de Filadelfia, donde repartieron el folleto y mantuvieron conversaciones amistosas. Una organización, Ukrainian-American Relief, les aseguró que publicaría la recaudación de fondos en su boletín informativo en línea. Más recientemente, han comenzado a contactar con sindicatos locales de la región de Filadelfia.
Qué puedes hacer:
- Si es posible, haz una donación personal, pero la tarea principal es dar a conocer esta campaña a las organizaciones comunitarias y sindicales y a la población en general.
- Imprime copias del folleto tríptico. El archivo se encuentra en el sitio web de la RSU junto con otros recursos.Comparte la GoFundMe en las redes sociales.
- Busque grupos ucranianos locales en su zona y póngase en contacto con ellos. En el sitio web de la RSU hay recursos al respecto. Las comunidades ucranianas agradecen que personas que no son ucranianas quieran ayudar. Es posible que estas organizaciones no estén en condiciones de ayudar, pero esta labor de divulgación sigue siendo significativa. Es posible que estas organizaciones desconfíen de la izquierda, dado el legado del estalinismo en la Ucrania de la posguerra. Todos estos grupos participan activamente en la recaudación de fondos para proyectos en Ucrania.
- Busca sindicatos locales. Empieza por tu propio sindicato, si perteneces a uno. Pídeles que hagan donaciones y ofréceles que alguien de la RSU vaya a hablar con la junta directiva. Los sindicatos del sector sanitario son otro lugar natural al que pedir ayuda. Los grupos de trabajadores por Palestina, como Healthcare Workers For Palestine, también son posibles aliados. Habla con tus compañeros de trabajo. Si hay gente interesada, haz una foto de solidaridad para amplificar la campaña.
- Busca organizaciones de estudiantes ucranianos en tu campus y pídeles que se sumen a esta campaña. Las facultades de enfermería y medicina de tu universidad son buenos lugares para encontrar aliados.
Esta campaña es una oportunidad de importancia clave para construir una solidaridad verdadera entre trabajadores con la clase obrera ucraniana. En estos tiempos de guerra, mientras el imperialismo ruso bombardea sin piedad a la población civil, nuestra solidaridad tiene una importancia fundamental. Ya hemos recaudado más del 10 % de nuestro objetivo, pero se necesita mucho más.
Recursos:
GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/support-krylas-lifechanging-mission
¡Dona para apoyar a las enfermeras ucranianas! en la página web de RSU: https://www.ukrainesolidaritynetwork.us/donate-to-support-ukrainian-nurses/ Incluye material descargable y tarjetas para redes sociales.
Foto: Personal médico ayuda a retirar escombros y buscar supervivientes tras el bombardeo ruso de un hospital infantil en Kiev en julio de 2024. (Gleb Garanich / Reuters)
