Solidaridad internacional con la lucha boliviana!

Por LENA SOUZA

La promulgación de la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción por parte del gobierno de Rodrigo Paz significa la profundización de la represión del Estado en la crisis política y social que atraviesa Bolivia. Aunque el Ejecutivo aún no ha decretado formalmente el estado de excepción, la aprobación de una norma que amplía las facultades del Gobierno y de las fuerzas represivas ocurre en medio de un escenario de ampliación de las movilizaciones populares, bloqueos y protestas. La ley constituye una advertencia sobre el rumbo que pretende adoptar el gobierno frente al creciente descontento popular. Mientras se prepara el marco legal para una eventual intervención más dura de las fuerzas de seguridad, hay una fuerte persecución y aprehensión de dirigentes sindicales, campesinos e indígenas.

La ley de estado de excepción: licencia para matar

Las organizaciones sindicales, populares, indígenas y numerosos defensores de los derechos democráticos afirman que la nueva ley representa la impunidad para la represión a la protesta. La norma amplía las atribuciones del Ejecutivo para intervenir en conflictos internos y modifica los límites que anteriormente regulaban la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Una de las diferencias más perceptibles entre la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción y la anterior Ley 1341 radica en la ampliación de las facultades del Órgano Ejecutivo y en las mayores garantías otorgadas a las fuerzas represivas del Estado. Mientras la ley anterior establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir de manera complementaria a la Policía cuando esta hubiera sido efectivamente rebasada y mantenía la responsabilidad penal, civil y administrativa individual de sus efectivos, la nueva normativa incorpora la figura de la “insuficiencia operativa sobreviniente” para justificar la actuación conjunta de policías y militares y, además, en su artículo 26 establece que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía durante el estado de excepción gozarán de una presunción de legalidad. Asimismo, el artículo 27 garantiza patrocinio legal estatal a los efectivos procesados por hechos ocurridos durante los operativos.

Para los sectores movilizados, la ley constituye una verdadera «licencia para matar», al priorizar la defensa del orden establecido por encima de las libertades democráticas y del derecho del pueblo a protestar.

La represión aumenta y se detiene a varios dirigentes

Aunque el estado de excepción todavía no ha sido declarado, las denuncias sobre persecución política y represión continúan creciendo. La escalada represiva se ha profundizado a medida que el gobierno prepara las condiciones para una eventual declaración del estado de excepción. Según datos difundidos en los últimos días, al menos 365 personas fueron arrestadas durante las más de cinco semanas de conflicto social que atraviesa el país.

Entre las detenciones más recientes se encuentran la de Justino Apaza, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), secuestrado por encapuchados, en un vehículo sin placa y enviado a prisión preventiva bajo acusaciones de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir; la de Bernabé Gutiérrez, dirigente de los Ponchos Rojos; y la aprehensión de cinco dirigentes nacionales de la COB ocurrida el 7 de junio. Según la denuncia de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes fueron interceptados mientras circulaban por la vía pública en un vehículo particular en la ciudad de El Alto por individuos encapuchados, vestidos de civil y armados, quienes no se identificaron ni exhibieron órdenes de aprehensión. Durante el operativo se lanzó gas lacrimógeno al interior del vehículo para obligar a los ocupantes a descender y posteriormente, los dirigentes fueron trasladados a dependencias de la FELCC.

Esta política busca generar miedo entre los sectores movilizados y desarticular la organización popular. De esta forma, la aprobación de la nueva ley de estado de excepción es parte de una estrategia ya en marcha para contener el movimiento social mediante la fuerza.

Paz sigue el libreto de la derecha y Trump

Durante la promulgación de la nueva Ley de Estados de Excepción, el presidente Rodrigo Paz ha justificado la represión con el discurso ya conocido al asociar las movilizaciones y bloqueos a una estructura vinculada al “narcoterrorismo”. Esta retórica no es nueva en América Latina En los últimos años los gobiernos de derecha y los sectores alineados con la política exterior de Estados Unidos han utilizado etiquetas como “terroristas”, “subversivos” o “narcoterroristas” para desacreditar y criminalizar las luchas sociales, justificar la intervención de las fuerzas represivas y restringir las libertades democráticas. Al presentar a los sectores movilizados como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno busca deslegitimar reivindicaciones que tienen origen en la crisis económica, el deterioro de las condiciones de vida y el descontento popular. La supuesta lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado está siendo utilizada reiteradamente como argumento para aumentar la injerencia política, diplomática y militar de Estados Unidos en América Latina. En este contexto, el discurso de Paz constituye un intento de preparar a la opinión pública para una mayor escalada represiva, legitimar las detenciones de dirigentes sindicales, campesinos e indígenas y convencer la población de la necesidad de injerencia imperialista en el país.

De esta forma, más una vez repudiamos la posición de Lula, que bajo el argumento de “respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho” se ha puesto al lado del gobierno Paz, en contra la movilización de los trabajadores.

¡Libertad para los presos por luchar! ¡Llamamos a la más amplia solidaridad internacional!

La lucha que hoy se desarrolla en Bolivia trasciende las fronteras nacionales. Su desenlace tendrá consecuencias para el conjunto de los pueblos trabajadores, campesinos e indígenas de América Latina, que enfrentan una ofensiva cada vez más agresiva de los gobiernos de derecha, las grandes corporaciones transnacionales y el imperialismo sobre los derechos democráticos, los recursos naturales y las condiciones de vida del pueblo pobre y trabajador.

Una victoria de la movilización popular en Bolivia fortalecería las luchas de los pueblos de toda América Latina contra los planes de ajuste, la represión y el saqueo de los recursos naturales; del mismo modo, una derrota abriría el camino para nuevas ofensivas contra las conquistas sociales y democráticas en toda la región.

La solidaridad internacional no es solamente un acto de apoyo al pueblo boliviano, sino también una forma de defender los intereses comunes de los pueblos latinoamericanos frente a la dominación imperialista y las políticas al servicio de las élites económicas.

Por ello, es fundamental desarrollar la más amplia unidad de acción en defensa de la lucha del pueblo boliviano y la libertad de los detenidos y perseguidos políticos.

Hacemos un llamado a la solidaridad internacional a las centrales sindicales, organizaciones campesinas, movimientos indígenas, organizaciones democráticas y de derechos humanos de América Latina y del mundo. La defensa de las libertades democráticas en Bolivia es una causa que concierne a todos los trabajadores y pueblos que enfrentan políticas de ajuste, persecución y criminalización de la protesta.

Es necesario impulsar pronunciamientos, campañas de denuncia, actos públicos y acciones de solidaridad ante las embajadas bolivianas en distintos países para exigir el respeto a los derechos democráticos y la libertad de todos los detenidos.

La historia demuestra que cuando los gobiernos intentan resolver las crisis sociales mediante la represión, la solidaridad nacional e internacional se convierte en un arma fundamental de los pueblos. Frente a cualquier intento de imponer una salida autoritaria a la crisis boliviana, respondamos con más organización, más unidad y más solidaridad.

¡Libertad inmediata para todos los presos por luchar! ¡Abajo la criminalización de la protesta social! ¡Viva la solidaridad internacional de los trabajadores y los pueblos! ¡Todo poder a la COB!

Por Lena Souza

Los antecedentes del actual estallido

La profunda crisis política y económica y el estallido popular que atraviesa la Bolivia actual no pueden comprenderse sin analizar el ciclo histórico abierto hace más de dos décadas. Las calles, que hoy vuelven a ser escenario de enfrentamientos, heredaron las lecciones y las contradicciones de procesos revolucionarios, como del 2003 y del 2005, que no transformó de raíz la estructura del sistema capitalista ni destruyó el Estado burgués, sino que apenas significó un recambio en el mando político.

a) La insurrección del 2003 y la caída del gobierno de Sánchez de Lozada

El año 2003 marcó el inicio de una profunda crisis de hegemonía para el modelo neoliberal implantado en 1985. El segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”) inició bajo una rigorosa crisis fiscal, altas tasas de desempleo y un profundo descontento social heredado de la privatización previa de las empresas públicas. El detonante de la insurrección fue el proyecto estatal de exportar gas natural hacia los mercados de Estados Unidos y México, a través de puertos de Chile. Se trataba de frenar el saqueo de los recursos estratégicos por parte de corporaciones transnacionales (como el consorcio Pacific LNG), las cuales robaban el Estado boliviano pagando regalías de 18%.

La población civil identificó la exportación del gas bajo esas condiciones como una reedición del despojo histórico de la plata de Potosí y del estaño de principios del siglo XX. La consigna unificadora del movimiento obrero, campesino y vecinal pasó a ser la defensa y recuperación de los recursos naturales para la industrialización soberana del país.

La revuelta popular adoptó métodos de lucha radicales y comunales:

El cerco a las ciudades: Las comunidades indígenas del Altiplano, lideradas por Felipe Quispe («El Mallku»), cercaron los accesos de la sede de gobierno mediante el bloqueo de caminos estratégicos, exigiendo la anulación del proyecto gasífero y la liberación de dirigentes detenidos.

La insurrección armada en El Alto: La ciudad de El Alto, de composición mayoritariamente migrante y aymara, se convirtió en el epicentro de la resistencia. Organizados a través de las Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Federación de Trabajadores de El Alto, miles de pobladores paralizaron la ciudad con barricadas, zanjas y comisiones de vigilancia vecinal para repeler el avance de los blindados militares.

La respuesta del gobierno de Sánchez de Lozada fue el enfrentamiento militar de la protesta, promulgando el «Decreto de la Muerte» (Decreto Supremo 27209), que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en el control del orden público. En octubre de 2003, el intento del ejército de romper los bloqueos vecinales en El Alto mediante convoyes militares cargados de gasolina para abastecer a La Paz desató la llamada «Masacre de Octubre». Las tropas emplearon armas de guerra y francotiradores contra civiles desarmados.

La brutal represión del Estado dejó más de 60 personas muertas y por lo menos 400 heridas. Pero, al contrario de doblegar la resistencia, la masacre de civiles generó una ola de indignación nacional que sumó el apoyo activo de las clases medias de La Paz, estudiantes universitarios y sectores profesionales pidiendo el juicio penal para el mandatario. Con un gabinete ministerial fragmentado, sin apoyo político parlamentario y desautorizado por la opinión pública internacional, Sánchez de Lozada huyó en helicóptero hacia los Estados Unidos el 17 de octubre de 2003.

Tras la huida de Goni, correspondía la sucesión constitucional al vicepresidente, el historiador y periodista Carlos Mesa. En las calles de La Paz y El Alto, la masa movilizada debatía si avanzar hacia la toma directa del poder o permitir la transición institucional.

La Central Obrera Boliviana (COB), dirigida en ese momento por líderes como Jaime Solares, adoptó una postura que resultó decisiva: decidió levantar el bloqueo humano y el cerco militar-popular que rodeaba el Palacio de Gobierno. Al dar una tregua y viabilizar la posesión de Carlos Mesa, la dirección de la COB contuvo la fuerza insurreccional de las bases. Esto otorgó un respiro a la burguesía boliviana bajo la promesa de Mesa de convocar a una Asamblea Constituyente y realizar un referéndum sobre el gas, desviando la crisis de las calles hacia los canales institucionales.

b) Desviación electoral del proceso y la elección de Evo Morales

La tregua de 2003 no resolvió las demandas estructurales. En 2005, una nueva oleada de protestas contra Carlos Mesa (quien se negaba a nacionalizar los hidrocarburos) forzó también su renuncia. El movimiento popular exigía la nacionalización total sin indemnización y una Constituyente soberana.

Sin embargo, la energía revolucionaria que amenazaba con disolver el Estado burgués fue canalizada hacia la vía electoral. El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, se presentó como la única alternativa institucional viable para pacificar el país. En las elecciones de diciembre de 2005, Morales capitalizó el descontento y ganó con un histórico 53,7% de los votos. Este triunfo electoral operó como una desviación del proceso insurreccional: la lucha por el poder en las calles se transformó en la gestión del aparato estatal existente.

c) El desvío del proceso insurreccional 

Una vez en el poder, el gobierno de Evo Morales implementó reformas que respondían a la presión de la Agenda de Octubre de 2003, logrando una estabilidad económica inédita en la historia del país.

Nacionalización de las empresas de petróleo y minería: En mayo de 2006, se decretó la «nacionalización» de los hidrocarburos (Decreto Héroes de Chaco). Mediante la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Estado pasó a controlar la propiedad de los recursos y a exigir la renegociación de contratos con las multinacionales, capturando hasta el 82% de los ingresos petroleros en los campos más grandes. De igual forma, se reactivó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y se recuperaron fundiciones estratégicas como la de Vinto.

Distribución de la renta petrolera: El masivo ingreso de divisas por la exportación de gas (favorecido por el bum de las materias primas), en parte, se destinó a la inversión pública y a la creación de bonos sociales universales. Programas como el Bono Juancito Pinto (para reducir la deserción escolar), el Bono Juana Azurduy (para mujeres gestantes) y la Renta Dignidad (una pensión para la vejez) sacaron a millones de bolivianos de la extrema pobreza y dinamizaron el mercado interno.

A pesar de la retórica antiimperialista y la proclamación del «Estado Plurinacional», el gobierno de Evo Morales operó como un factor clave de contención social. En lugar de avanzar hacia la destrucción del Estado terrateniente y capitalista, el MAS, en los hechos, mantuvo la continuidad del capitalismo dependiente y extractivista. Lo que hizo el gobierno de Evo Morales fue aprovechar el bum de las materias primas para capturar mayores rentas y otorgar concesiones asistenciales a las masas, logrando amortiguar la lucha de clases sin tocar las ganancias de la oligarquía terrateniente ni de las corporaciones transnacionales.

La movilización independiente de los sindicatos y comunidades originarias fue sistemáticamente desalentada o cooptada. Cada vez que las bases intentaban desbordar los límites de la propiedad privada o de las leyes vigentes, el gobierno utilizaba su prestigio revolucionario para pacificar los conflictos, argumentando que «atacar al gobierno era hacerle el juego a la derecha». De este modo, la participación obrera quedó subordinada a la burocracia estatal.

d) Evo Morales proporciono grandes beneficios a los terratenientes y a la banca

Detrás del discurso socialista, la gestión del MAS consolidó la estructura del poder económico tradicional, sellando pactos de convivencia con la oligarquía del Oriente boliviano (Santa Cruz) y el sector financiero.

Alianza con la agroindustria: El gobierno frenó la reforma agraria radical en las tierras bajas. Leyes como la de Función Económico-Social (FES) fueron flexibilizadas y hubo “perdonazos” a los desmontes (deforestación) ilegales garantizando la propiedad de los grandes latifundios ganaderos y soyeros. Se promovió el uso de transgénicos y se ampliaron las fronteras agrícolas mediante decretos que permitían quemas controladas, lo que benefició directamente a los terratenientes tradicionales a cambio de paz política.

Récords para la banca: El sector financiero privado vivió su época de mayor bonanza económica. El gobierno garantizó la seguridad jurídica de los bancos privados, los cuales multiplicaron sus ganancias año tras año gracias a la liquidez de la economía y al consumo interno, sin sufrir jamás intentos de estatización.

e) El ataque al movimiento por parte del gobierno del MAS en contra de la conquista de la jubilación en el 2011 y la entrega de las áreas de minería a transnacionales

Las contradicciones del modelo estallaron cuando la clase trabajadora chocó de frente con los intereses del gobierno y sus aliados corporativos.

Conflicto por la jubilación (2011-2013): En la reglamentación de la nueva Ley de Pensiones, la COB y sectores mineros salieron a las calles exigiendo una jubilación con el 100% de los últimos salarios y una reducción en la edad laboral. El gobierno de Evo Morales calificó las protestas de «golpistas» y «egoístas», movilizando a sectores afines para contrarrestar las marchas obreras.

Entrega minera a transnacionales: Pese a la retórica de la nacionalización, la Ley de Minería y Metalurgia consolidó el control de empresas extranjeras (como la japonesa Sumitomo en la mina San Cristóbal o la estadounidense Coeur Mining) sobre los yacimientos más ricos del país. Además, se otorgaron enormes prerrogativas a las cooperativas mineras tradicionales —que operan bajo lógicas de explotación laboral privada— en detrimento de la minería estatal y de los derechos ambientales de las comunidades locales.

f) El desgaste de Evo y la recuperación de la derecha

Hacia finales de la década de 2010, el modelo empezó a dar señales de agotamiento debido a la caída de los precios internacionales del gas. Al mismo tiempo, el empecinamiento de Evo Morales por reelegirse indefinidamente provocó un severo desgaste político.

El desconocimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), donde la mayoría votó en contra de una nueva postulación, le restó legitimidad democrática y alienó a amplios sectores de las clases medias urbanas. Este escenario de descontento fue hábilmente capitalizado por las fuerzas de la derecha tradicional y los comités cívicos empresariales, que reorganizaron sus fuerzas, utilizando la bandera de la «defensa de la democracia» para preparar el asalto al poder.

g) Golpe de estado en el 2019

La crisis política alcanzó su punto de quiebre en las elecciones de octubre de 2019. Tras denuncias de fraude electoral promovidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la interrupción del sistema de conteo rápido, la derecha radical desató violentas movilizaciones urbanas.

La insurrección reaccionaria se consolidó cuando la Policía Boliviana se amotinó y las Fuerzas Armadas «sugirieron» la renuncia del mandatario. El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales dimitió y se exilió en México (y luego en Argentina). Dos días después, la senadora derechista Jeanine Áñez asumió la presidencia interina en una sesión legislativa sin quórum, inaugurando un régimen tutelado por militares que persiguió a dirigentes sindicales y perpetró masacres contra la resistencia popular en Sacaba y Senkata.

h) La derrota del golpe y la ascensión de Luis Arce

El régimen de Áñez se desmoronó rápidamente debido a su violenta represión, escándalos de corrupción en plena pandemia y una desastrosa gestión económica. La resistencia de las bases obreras e indígenas se reorganizó de manera independiente y en agosto de 2020, mediante un bloqueo nacional de carreteras que paralizó el país, obligó al gobierno a fijar una fecha para las elecciones.

En octubre de 2020, el MAS regresó al poder por la vía de las urnas. Luis Arce Catacora, exministro de Economía de Evo Morales, ganó las elecciones presidenciales con el 55,1% de los sufragios, reflejando el rechazo unánime del pueblo a la derecha golpista.

i) El Gobierno de Luis Arce

El gobierno de Luis Arce asumió el mandato bajo la promesa central de aplicar la «reconstrucción económica». Como exministro de Economía y considerado el «arquitecto» del bum económico previo, su estrategia se basó en inyectar liquidez de inmediato a las bases mediante el Bono Contra el Hambre y lanzar el ambicioso Modelo de Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI). Este plan estatal proyectó la construcción de más de 150 plantas industriales públicas (plantas de biodiésel, fertilizantes NPK, refinadoras de zinc, y procesadoras de litio y alimentos) con el objetivo de procesar las materias primas locales, reducir la dependencia de manufacturas extranjeras y evitar la fuga de divisas.

Sin embargo, el ambicioso plan de industrialización estatal tropezó de frente con los límites estructurales e insalvables del modelo extractivista boliviano. El sostenimiento de todo el aparato estatal y los subsidios dependía históricamente de la exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Décadas de falta de inversión en exploración hidrocarburífera provocaron el agotamiento crítico y declive de las reservas de gas.

Este declive de la principal fuente de ingresos del país desencadenó un efecto dominó catastrófico:

La crisis de escasez de dólares: Al contraerse drásticamente las exportaciones de gas, el flujo de divisas que alimentaba a las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central se secó. Esto provocó una escasez crónica de dólares estadounidenses en el mercado formal.

El desabastecimiento de combustibles: Históricamente, Bolivia subsidia internamente el precio de la gasolina y el diésel para mantenerlos artificialmente baratos. Al no producir suficiente petróleo crudo, el Estado se vio obligado a importar volúmenes cada vez mayores de carburantes a precios internacionales. Sin dólares suficientes en las arcas públicas para pagar a los proveedores internacionales, la estatal YPFB comenzó a retrasar los pagos. Esto derivó en un desabastecimiento crónico de diésel y gasolina, obligando a transportistas, productores agrícolas y ciudadanos a realizar filas kilométricas de días enteros en las estaciones de servicio.

Al cierre de su gestión, su gobierno terminó atrapado en un callejón sin salida de déficit fiscal y estanflación, dejando un escenario de profunda vulnerabilidad económica y fractura social que allanó el camino para el conflictivo panorama político posterior.

j) Las divisiones en el MAS

El ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS) ingresó a su fase terminal debido a una fractura interna irreversible. La violenta pugna por el liderazgo del partido entre el ala «evista» (leal a Evo Morales) y el ala «arcista» (leal al presidente Luis Arce) dividió a las principales organizaciones sociales del país.

Ambos bandos se enfrentaron en los tribunales, congresos paralelos y bloqueos de carreteras para inhabilitarse mutuamente. La falta de consenso provocó la proscripción virtual de sus candidaturas unificadas o llamados a la abstención. Esto dejó a las bases trabajadoras e indígenas fragmentadas y sin una opción política cohesionada.

k) Las elecciones del 2025

En un escenario cruzado por la profunda crisis del MAS y una gran crisis económica, se celebraron las elecciones generales en agosto de 2025. El proceso electoral estuvo condicionado por una recesión abierta que el país arrastraba desde 2024, detonado por el agotamiento de las reservas internacionales, la escasez crónica de combustibles y una severa falta de dólares que disparó el mercado paralelo. Este colapso demostró que la bonanza previa no fue más que un periodo sustentado en el bum de las materias primas que al disiparse los altos precios internacionales, el modelo del MAS dejó al descubierto la persistencia del capitalismo dependiente, extractivista y subordinado que Morales y Arce se encargaron de preservar.

En este contexto, la primera vuelta del 17 de agosto dio la ventaja al senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con un 32,1% de los sufragios, seguido por el exmandatario conservador Jorge «Tuto» Quiroga, de la Alianza Libertad y Democracia (Libre), con el 26,8%, consolidando un viraje hacia la derecha tradicional como consecuencia del desvío y el fracaso histórico del reformismo gubernamental.

l) La victoria de Paz

El 19 de octubre de 2025 se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial. Contra muchos pronósticos de las encuestas iniciales, Rodrigo Paz Pereira (hijo del expresidente Jaime Paz Zamora) y su fórmula vicepresidencial, Edmand Lara, alcanzaron la victoria al obtener el 54,5% de los votos frente al 45,4% de Quiroga.

Paz logró imponerse moderando su discurso en la campaña final para captar el voto del centro y del progresismo desencantado, presentándose como una alternativa institucional frente a la crisis económica.

El voto histórico del MAS se pulverizó. El electorado, castigado por la inflación, las filas por combustible y la falta de dólares, castigó duramente al partido en las urnas.

La sigla oficial del MAS-IPSP obtuvo un histórico y marginal 2,48%, y pasó de tener una bancada mayoritaria de 96 asambleístas electos en 2020 a conservar un único diputado en el Parlamento tras el conteo oficial de 2025.

m) Las medidas de Paz

Bajo el lema de abrir la economía e implementar un «capitalismo para todos», el gobierno de Rodrigo Paz no tardó en sellar alianzas políticas con los gobiernos de la ultraderecha internacional, manifestando un rápido e incondicional apoyo a Donald Trump adoptando rápidamente un agresivo paquete de reformas de corte neoliberal y en sintonía con su programa económico:

Ajuste cambiario y fiscal: Creación de un Fondo de Estabilización Cambiaria para unificar el mercado del dólar, acompañado de una liberalización total de exportaciones e importaciones junto a una reconfiguración impositiva para bajar tributos a las empresas.

Apertura internacional: Un giro diplomático inmediato para estrechar lazos financieros y políticos con Estados Unidos y organismos de crédito internacionales.

Reformas estructurales: Propuestas de reforma agraria de libre mercado en las regiones productivas y el planteamiento de una reforma constitucional que la oposición denunció como el inicio de la privatización de los recursos naturales estratégicos.

Ofensiva judicial: El anuncio de una profunda reestructuración de la justicia con advertencias directas de que se procesaría penalmente a los líderes del gobierno anterior, especialmente a Evo Morales.

n) De las luchas aisladas del 2025 a la rebelión de enero de 2026: La primera derrota de Paz

Durante el año 2025, la resistencia de las masas bolivianas frente a la crisis cambiaria y la recesión heredada de 2024 comenzó manifestándose a través de una serie de luchas aisladas, sectoriales y fragmentadas a lo largo del país. Las protestas de gremiales contra la inflación, los paros de choferes por la falta de combustible, las huelgas de maestros por presupuesto y los bloqueos campesinos locales operaron inicialmente de forma dispersa. Sin embargo, este escenario cambió radicalmente con la promulgación del violento paquete neoliberal del Decreto Supremo 5503, el cual eliminó los subsidios a los combustibles, congeló salarios públicos, recortó el gasto del Estado y desreguló la economía para abrir los recursos estratégicos al capital transnacional. El decreto funcionó como el detonante definitivo que unificó la rabia acumulada de todas las bases explotadas. Rompiendo el aislamiento sectorial y desbordando a sus propias dirigencias, los diferentes sectores en lucha centralizaron sus fuerzas en la gran movilización nacional de enero de 2026, la cual congregó a más de 500 mil personas en las calles y paralizó el país mediante bloqueos y huelgas obreras. Esta colosal acción directa de masas impuso su primera gran derrota al gobierno de Rodrigo Paz al obligarlo a derogar por completo el decreto.

o) El estallido de mayo del 2026

La fragmentación social se rompió definitivamente en mayo de 2026, confluyendo en un masivo estallido social de alcance nacional. La persistente escasez de carburantes, los bajos salarios devorados por la inflación y el rechazo rotundo a la privatización encubierta de los recursos naturales unificaron a los comités cívicos populares, sindicatos independientes y comunidades agrarias.

Las principales carreteras del país se encuentran bloqueadas, paralizando el tránsito logístico y cortando los accesos clave a la ciudad de La Paz. Mientras el presidente Rodrigo Paz insiste públicamente en que existen «grupos radicales que no quieren dialogar» y criminaliza las marchas, la clase trabajadora, los indígenas y sectores populares de Bolivia ha vuelto a recuperar sus métodos históricos de acción directa, abriendo un nuevo capítulo de confrontación en las calles que recuerda las jornadas insurreccionales de 2003 y pone en jaque la estabilidad del nuevo régimen capitalista.

¡FUERA RODRIGO PAZ! ¡CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA PARA EL PAÍS!

El escenario de confrontación que hoy paraliza a Bolivia marca el agotamiento definitivo de las ilusiones reformistas. La experiencia histórica demostró que los gobiernos de conciliación de clases, como los de Evo Morales y Luis Arce, constituyeron un engaño estratégico para la clase obrera: cambiar el mando político del Estado burgués sin transformar de raíz el sistema socioeconómico solo sirvió para oxigenar a la burguesía terrateniente y a las transnacionales y facilitar el posterior retorno de planes neoliberales brutales como el de Rodrigo Paz.

Las lecciones acumuladas dejan una enseñanza irrefutable a los sectores en lucha: las masas solo triunfan cuando unifican sus demandas dispersas en las calles, desbordan a las burocracias sindicales y confían exclusivamente en sus propias fuerzas de manera independiente. Por lo tanto, la tarea del momento ante el actual estallido nacional no es negociar migajas o nuevos pactos institucionales, sino, como ya planteado por los luchadores/as, derribar al gobierno hambreador de Paz.

Al mismo tiempo es imprescindible la edificación de una alternativa revolucionaria propia, para que la clase trabajadora, junto con los campesinos, indígenas y sectores populares pueda tomar las riendas del país, resolver las tareas democráticas e institucionales pendientes y fundar, sobre las ruinas del Estado burgués, una Bolivia socialista.

Primera publicación aquí por la LITCI

El 28 de abril de 2012, Carolina Garzón Ardila desapareció mientras estaba de vacaciones con sus compañeros de clase en Quito, Ecuador. Nacida en Colombia, Carolina era estudiante de la Universidad del Distrito de Bogotá, además de una comprometida activista política y miembro del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Colombia. Desde el primer momento, la investigación sobre la desaparición de Carolina se llevó a cabo de forma chapucera. Ante la falta de avances por parte de los investigadores, la familia, los amigos y los compañeros de Carolina en el PST se unieron para exigir una investigación seria y la intervención de las autoridades tanto de Ecuador como de Colombia para encontrar respuestas en el caso de Carolina.

Con cada nuevo gobierno, tanto en Ecuador como en Colombia, los seres queridos y compañeros de Carolina han redoblado sus esfuerzos para presionar a los gobiernos a fin de que investiguen seriamente y determinen que paso con Carolina. Esta carta (reproducida a continuación) de la madre de Carolina, quien ha encabezado la campaña, exige que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dé un paso al frente donde los gobiernos anteriores se han negado a hacerlo.

La elección de Petro como el primer presidente que se autodenomina de izquierda en la historia de Colombia despertó la esperanza entre los colombianos de que finalmente se abordara el delito de las desapariciones. Petro ha apoyado públicamente diversas iniciativas para localizar a las más de 100 000 personas desaparecidas en Colombia como parte de su plan de paz más amplio, destinado a poner fin a la guerra de medio siglo en el campo entre grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares y escuadrones de la muerte de extrema derecha, y el Estado colombiano reaccionario, con el fin de lograr la verdad y la reconciliación. Sin embargo, a pesar de estas promesas, Petro y su administración aún no han reconocido ni actuado en el caso de Carolina.

La búsqueda de respuestas en el caso de Carolina no es un caso aislado. En toda América Latina, las desapariciones de activistas políticos, así como la violencia contra las mujeres, han sido un punto central de la lucha social durante décadas. La campaña por la justicia para Carolina forma parte de una lucha mucho más amplia para poner fin a la violencia, la impunidad y los encubrimientos que constituyen la norma tanto en las dictaduras como en las democracias de toda la región. — LOS EDITORES DE LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

Por Alix Mery Ardila

Señor presidente Gustavo Petro, mi hija, Carolina Garzón, desapareció en Quito, Ecuador, el 28 de abril de 2012 mientras estaba de vacaciones con otros compañeros de la Universidad Distrital de Bogotá, donde estudiaba. Ella, de 22 años entonces, era activista estudiantil y militante del Partido Socialista de los Trabajadores.

En ese entonces, el presidente de Ecuador era Rafael Correa y el de Colombia, Juan Manuel Santos. Los dos en cada país nos atendieron: el presidente Correa directamente en su despacho de Quito y el presidente Santos a través de su canciller.

El gobierno de Correa aprobó una recompensa de 20.000 dólares para quien supiera del paradero de mi hija y hubo coordinación entre fiscalías de ambos países.

Después del cambio de presidentes, en Ecuador Lenín Moreno y en Colombia Iván Duque, no hubo ningún interés por parte de ellos en el caso de desaparición de mi hija. Desde hace 14 años, cada 28 de abril vamos a la Cancillería colombiana a intentar hablar con quien esté en el cargo para solicitar ayuda del gobierno colombiano para buscar coordinación con el gobierno de Ecuador.

Del presidente Iván Duque no esperamos nada; sabíamos que, como buen uribista, no le interesaban las víctimas de desapariciones, menos si eran activistas estudiantiles y militantes de una organización de izquierda. Pero de su gobierno, del que sí esperábamos al menos que nos atendiera, pasados más de tres años, no hemos recibido ningún apoyo y cuando vamos a la cancillería a buscar apoyo, se limitan a decirnos que la dejemos en correspondencia.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda, como integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), estuvo también pendiente del caso de mi hija y organizaciones como el Colectivo José Alvear Restrepo y el senador Alirio Uribe.

Una vez más, tal vez como última oportunidad en su gobierno, mi familia y el PST esperamos que nos pueda escuchar, directamente o a través de su canciller. Los funcionarios que han estado al frente de la Cancillería no saben el dolor de tener un ser querido desaparecido; usted, que sí lo ha vivido con compañeros y compañeras del M-19, lo comprenderá.

Cordial saludo,

Alix Mery Ardila

Madre de Carolina Garzón

Bogotá, 28 de abril de 2026

 

Republicado del sitio de la LIT-CI