POR YUSEF RAMÍREZ

La administración Trump está librando una nueva ronda de la «guerra contra las drogas» contra México y el resto de América Latina. Los bombardeos de embarcaciones pesqueras en el Pacífico y el Caribe, el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela y los nuevos pactos militares entre Estados Unidos y varios gobiernos de derecha de América Latina apuntan a una escalada de la agresión estadounidense en la región. La «guerra contra las drogas» —o, ahora, contra el «narcoterrorismo»— es una guerra de los imperialistas y los ricos contra la clase trabajadora y los pueblos oprimidos de América Latina.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2026, Donald Trump declaró:

«Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegué a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para eliminarlos. Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental: NO son buenas personas. Son enemigos en guerra contra la civilización, que utilizan el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror. Al igual que el ISIS, deberían ser asesinados, expulsados o detenidos como combatientes enemigos, sin posibilidad de liberación».

El gobierno estadounidense ha designado a ocho cárteles mexicanos como «organizaciones terroristas», de un total de veintiuno en toda América Latina. Esta designación no solo proporciona una justificación ideológica para la intervención estadounidense en México, sino que también facilita un mayor acceso a recursos gubernamentales para perseguir, encarcelar y asesinar a quienes acusa de traficar drogas hacia Estados Unidos. La comparación con el ISIS no es casual: busca convencer a la opinión pública de aceptar los planes de guerra de Washington en América Latina bajo el pretexto de defender la «seguridad nacional».

Durante los últimos dos años, varios acontecimientos en las relaciones entre Estados Unidos y México nos permiten comprender cómo Estados Unidos utiliza la lucha contra el «narcoterrorismo» para presionar al gobierno mexicano y obligarlo a ceder ante sus exigencias.

La respuesta del gobierno mexicano ante los chantajes de los EEUU

En febrero de 2025, el régimen de Trump exigió que México frenara el flujo de drogas y migrantes a través de su territorio hacia Estados Unidos, a cambio de levantar los aranceles impuestos a los productos mexicanos. En respuesta, Sheinbaum envió 10.000 soldados adicionales a la frontera con Estados Unidos, que se sumaron a los 5.000 desplegados por el expresidente López Obrador. Del lado estadounidense, 9.000 soldados patrullan la frontera. Esta creciente militarización aumenta los riesgos mortales para los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos y normaliza la ocupación militar de las ciudades del norte de México.

Como describe la investigadora Dawn Paley:

«En México, la militarización de la prohibición ha alimentado la violencia extrema durante casi dos décadas. La estrategia de utilizar soldados —que, cabe señalar, son armados y entrenados por EE.UU.— en funciones policiales para controlar el narcotráfico ha llevado a México por un camino de profundo sufrimiento, con más de medio millón de víctimas directas de homicidio y desaparición y cientos de miles de desplazados desde diciembre de 2006».

De hecho, a través de estos acuerdos entre los EEUU Y México en materia de seguridad, en los cuales la Guardia Nacional mexicana arresta, deporta, y ataca los migrantes entrando por la frontera sur de México, los EEUU están extendiendo su frontera sur hasta la frontera México-Guatemala-Belice, utilizando a los agentes mexicanos como extensión de sus propias fuerzas fronterizas.

En 2025, dos agentes de la CIA que supuestamente se encontraban en México investigando el narcotráfico murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua. La presidenta Sheinbaum afirmó desconocer su presencia. Es difícil saber si el gobierno federal estaba al tanto de ella, pero el episodio revela la difícil situación en la que se encuentra Sheinbaum: si conocía la presencia de los agentes, su discurso sobre la defensa de la soberanía mexicana pierde credibilidad; si no la conocía, su posición frente a Estados Unidos se debilita. El gobierno federal ha llevado a juicio al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, por violar las leyes mexicanas que prohíben la presencia de fuerzas militares extranjeras en suelo mexicano y por no informar al gobierno federal de las actividades de la CIA en su estado.

En 2024, Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, engañó al capo Ismael «El Mayo» Zambada para que abordara un avión que aterrizó en Texas, donde agentes del FBI arrestaron a ambos y los acusaron de narcotráfico. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que sus fuerzas no operaron en suelo mexicano, el gobierno de México afirma, una vez más, que desconocía los planes del FBI.

En la primavera de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó en las redes sociales que sus agentes habían participado en una redada antidrogas en Sinaloa en colaboración con las fuerzas de seguridad mexicanas. Tanto la embajada estadounidense como el gobierno mexicano cuestionaron esa afirmación y sostuvieron que Estados Unidos únicamente había proporcionado información de inteligencia para una operación dirigida por fuerzas mexicanas.

La presencia de las fuerzas estadounidenses en México incluye vuelos de vigilancia con drones sobre territorio mexicano, personal estadounidense que evalúa y entrena a tropas mexicanas, e intercambio de inteligencia entre ambos Estados. El gobierno mexicano utilizó información de inteligencia estadounidense —y probablemente apoyo directo de la CIA— para matar a Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», entonces el hombre más buscado de México, lo que desencadenó una ola de violencia contra el Estado y entre facciones rivales de los cárteles en distintas partes del país. No es casualidad que esta operación se produjera poco después de que el régimen de Trump invadiera Venezuela para arrestar a Nicolás Maduro. El mensaje dirigido a los pueblos de América Latina a través de esa invasión fue claro: más les vale alinearse con la política estadounidense en la región. Y Claudia Sheinbaum así lo hizo.

Aunque las operaciones clandestinas de la CIA están ampliamente documentadas, incluso por medios de comunicación estadounidenses, el gobierno mexicano sigue negando la presencia de fuerzas estadounidenses en México e insiste en que Estados Unidos no debe cruzar ese límite. Esto pone de manifiesto una tensión creciente entre distintos sectores del Estado capitalista mexicano: por un lado, quienes actúan al margen del gobierno federal en connivencia con las fuerzas armadas estadounidenses, como ocurrió en Chihuahua; por otro, el propio gobierno federal, que busca evitar la reacción popular que provocaría una ocupación militar estadounidense de México.

Además de imponer su control militar sobre México, Estados Unidos está ampliando el alcance de su sistema judicial dentro del país. Aunque las extradiciones de México a Estados Unidos no son nuevas, la administración Trump las ha intensificado. En 2025, el partido gobernante, MORENA, aceptó extraditar a noventa y dos importantes capos mexicanos al sistema judicial estadounidense. Estados Unidos exige ahora la extradición de nueve figuras importantes de la política y de los cuerpos de seguridad mexicanos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El principal de estos nueve es Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa. Es miembro de MORENA, partido al que pertenece Sheinbaum, quien inicialmente lo defendió de las críticas. Hasta ahora, el gobierno mexicano se ha negado a extraditarlo, alegando que no existen pruebas suficientes. Sin embargo, la verdadera razón es política: si la presidenta Sheinbaum acepta extraditar a un miembro de su propio partido, podría desencadenarse una crisis interna dentro de MORENA.

El gobierno mexicano es consciente de la impopularidad de una intervención estadounidense entre su propia población: cuatro de cada cinco mexicanos se oponen a ella. Si México permitiera una ocupación militar estadounidense de parte de su territorio, podrían desatarse sentimientos antiimperialistas y una crisis política para el gobierno mexicano. La conciencia nacional mexicana está marcada por un fuerte sentimiento antiestadounidense, arraigado en el despojo de la mitad del territorio mexicano por parte de Estados Unidos durante la guerra entre ambos países en el siglo XIX y en la resistencia armada contra la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914, durante la Revolución mexicana. Por lo tanto, la estrategia de MORENA consiste en actuar como subordinado de los intereses militares estadounidenses mientras aparenta gobernar como una nación «soberana».

Al utilizar su enorme influencia económica y política sobre México, Estados Unidos puede convertir al ejército mexicano en una extensión de sus propios intereses, empleándolo para instaurar un régimen de terror en México que favorece la necesidad del imperialismo estadounidense de dominar su corredor comercial más importante, por el que circulan diariamente miles de millones de dólares en mercancías legales e ilegales, y por el cual las burguesías de ambos países colaboran en actos sistemáticos de corrupción. Mientras los medios de comunicación culpan a los mexicanos por el huachicol, o el contrabando de petróleo entre EEUU y México, es una industria que requiere la activa participación de empresas, agentes, y operadores de ambos lados de la frontera, y que representa una sangría de la riqueza energética mexicana.

Como ocurrió con anteriores intentos estadounidenses de supuestamente frenar la producción de drogas en América Latina, la versión más reciente de la «guerra contra las drogas» en México no ha tenido un impacto significativo en el narcotráfico ni en el consumo de drogas en Estados Unidos. La caída de las incautaciones de fentanilo y de las muertes por sobredosis en Estados Unidos comenzó antes de que Trump pusiera en marcha sus políticas, por lo que difícilmente puede atribuirse a estas operaciones en la frontera o dentro de México. En términos generales, tanto el flujo de drogas como sus precios se mantienen estables. Esto hasta les preocupa a los analistas militares estadounidenses, que consideran que la intervención militar en la «guerra contra las drogas» es un desperdicio de recursos y debilita un arsenal que ya está bajo presión por la guerra en Irán.

El alcance continental de los acuerdos de seguridad entre EEUU y gobiernos latinoamericanos

En marzo del 2026, Estados Unidos y sus aliados de derecha en América Latina, como Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; y Javier Milei, de Argentina, formaron el Escudo de las Américas, una alianza militar dirigida por Estados Unidos para coordinar acciones contra el «narcoterrorismo» en América Latina. México no forma parte de esta alianza porque no quiere aparecer abiertamente asociado con los regímenes de extrema derecha de la región. Sin embargo, esto no cambia la disposición de México a someterse a la dominación militar estadounidense.

En Ecuador, personal militar estadounidense llevó a cabo una redada contra presuntos miembros de cárteles mexicanos a finales de septiembre, junto con la policía ecuatoriana, en una de las varias operaciones de colaboración con las fuerzas armadas ecuatorianas. Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones especiales y bombardeos similares en Colombia y Venezuela y, de manera más encubierta, en México.

Mientras Estados Unidos prepara nuevos despliegues de tropas en América Central y del Sur, la actividad militar estadounidense seguirá siendo una característica central de su política hacia América Latina. Preocupado por la creciente presencia china en el continente, Estados Unidos está intensificando su campaña militar para reafirmar su dominio sobre la región y, en particular, sobre los recursos energéticos y minerales estratégicos que necesitan las industrias militar y de inteligencia artificial.

La militarización yanqui en México es parte de un proceso más amplio en el cual EU busca imponer sus condiciones económicas en México. En las actuales negociaciones del T-MEC, uno de los puntos centrales para los EU es que la producción automotriz entre los dos países incluye más componentes norteamericanos y limite el uso de insumos de ‘terceros países’, es decir, China. Como hemos visto con la imposición de aranceles por parte México a las importaciones chinas, o la cancelación de la construcción de una planta de la empresa automotriz china, BYD, México aceptará las condiciones norteamericanas porque, en realidad, le queda muy poco espacio de maniobra como país subordinado a los EEUU. Los yanquis necesitan intensificar la explotación de la mano de obra y recursos naturales mexicanos para hacerle competencia a su principal rival en el continente y en el marco mundial, China.

La «guerra contra las drogas» nunca ha tenido como verdadero objetivo acabar con el narcotráfico ni ayudar a poner fin a la drogadicción. El narcotráfico es una industria multimillonaria que beneficia a los capitalistas del mismo modo que muchas otras industrias: genera ganancias y poder. Los bancos y los políticos estadounidenses se benefician de este negocio, al igual que las élites latinoamericanas. De hecho, es la clase dominante norteamericana que más lucra; al cruzar la frontera, el precio de la droga se dispara, generando altísimos ingresos que se lavan en los bancos norteamericanos y se entrelazan con las industrias de la trata de personas, el turismo sexual, entre otros sectores ilícitos. Como Dawn Paley señala en Capitalismo antidrogas “el 85% del los ingresos brutos en el mercado de cocaina se quedaban en los Estaos Unidos. Por lo tanto, la actual narcoguerra no pasa de ser un esfuerzo del imperialismo norteamericano para gestionar esta industria en función de sus intereses económicos y políticos.

La respuesta de los socialistas

Para México y el resto de América Latina, la «guerra contra las drogas» ha generado violencia, desplazamientos, desapariciones y terror entre la clase obrera y los oprimidos. Los socialistas revolucionarios apoyamos las luchas de los trabajadores y pequeños negociantes, las madres buscadoras, las organizaciones feministas, y los pueblos indígenas en contra de la violencia del narcotráfico. A la vez, señalamos que esta violencia es el resultado de una política imperialista norteamericana que – junto con sus aliados de la élite mexicana – lucran de la industria de la droga mientras fabrican una “guerra antidrogas” como justificación para militarizar a la sociedad mexicana, limitando los derechos democráticos y el espacio político para la movilización.

Los socialistas revolucionarios planteamos tareas concretas para que la clase obrera le haga frente a esta realidad. Para empezar, exigimos la cancelación de los acuerdos militares entre los EEUU y México, además de un retorno de los soldados mexicanos a sus cuarteles. Como Dawn Paley describió en su libro Capitalismo antidrogas, la militarización con supuestos fines antidrogas que impuso el estado mexicano desde el 2006 no hizo más que disparar la violencia y las desapariciones, sin tener ningún efecto significativo en el flujo o el uso de drogas. Por lo tanto defendemos el derecho de la autodefensa obrera e indígena ante esta violencia estatal y paraestatal, como de hecho ya existen, particularmente entre los pueblos indígenas mexicanos. En el marco de las desapariciones y secuestros a lo largo del todo país, denunciamos la activa participación de funcionarios estatales y exigimos su arresto y encarcelamiento. Y, además, es importante cancelar de deuda imperialista que México le paga a los acreedores internacionales – a los EEUU principalmente- que representa un tercio del PIB mexicano, para invertir esta riqueza para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano.