Por DANIEL ADAM

El lunes 6 de julio, el ayuntamiento de Windsor (Connecticut) votó en contra de la reinstalación de las cámaras de reconocimiento automático de placas de coches (ALPR) propiedad de Flock Group Inc. Esta votación supone un avance modesto, pero significativo, para el movimiento contra la vigilancia y la represión estatal, que cuenta con victorias similares en unas 90 localidades de todo Estados Unidos. Los líderes comunitarios se están organizando ahora para sacar el máximo partido a este avance, continuando y ampliando las campañas contra la vigilancia en Windsor y en Connecticut.

Una votación del consejo municipal por 8 votos a 1 desactivó por primera vez las cámaras ALPR de Windsor en febrero, a la espera de un debate sobre si se debe revisar el contrato del municipio con Flock o dejar que este expirara en septiembre. La votación de julio, por 5 votos a 4, en contra de volver a activar las cámaras sugiere que es probable que el gobierno municipal deje que su contrato con Flock expire en septiembre, aunque los concejales siguen mostrando interés en encontrar una empresa menos controvertida para que gestione un sistema de vigilancia similar en la localidad.

Se necesitaron meses de organización y movilización por parte de los miembros de la comunidad para lograr esta votación, incluyendo una reunión organizativa a la que asistieron 80 personas y una campaña de recogida de firmas para aprobar una ordenanza que retirara las cámaras. Este avance se produce en un momento en que crece a nivel nacional la reacción contra Flock y los sistemas ALPR, y en el que los residentes de otras ciudades y localidades de Connecticut se están organizando para denunciar y eliminar las cámaras ALPR, así como la vigilancia estatal sin orden judicial que estas ayudan a ampliar.

¿Qué son los ALPR?

Las cámaras de reconocimiento automático de placas de coches (ALPR) toman fotografías de los coches sus placas, las procesan mediante algoritmos de «IA» que convierten las imágenes en palabras clave y suben dichas palabras a una base de datos nacional propiedad de Flock, en la que la policía y los agentes federales pueden realizar búsquedas sin necesidad de una orden judicial. La base de datos puede rastrear vehículos, establecer patrones de movimiento e identificar relaciones. Resulta difícil encontrar un límite al uso de este tipo de infraestructura de vigilancia. Las cámaras pueden, por ejemplo, rastrear todos los vehículos que visitan una clínica de aborto, un tribunal de inmigración, un lugar de culto o una sede sindical. Flock es solo una de las varias empresas que gestionan este tipo de cámaras.

La campaña de Windsor

Las cámaras de Flock se instalaron por primera vez en Windsor hace cinco años con la aprobación de un oficial de la policía y sin debate ni discusión pública. En 2025 surgieron preocupaciones sobre las cámaras con la creación de un grupo algo informal denominado «Get Flock Out of Windsor» (Saca a Flock de Windsor).

Un residente presentó una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre búsquedas recientes realizadas en los datos recopilados por las cámaras de Windsor. La FOIA reveló que agentes de policía y federales de todo el país habían registrado búsquedas en los datos de Windsor relacionadas con inmigrantes, mujeres que solicitaban abortos, personas que buscaban atención para la reafirmación de género y personas que asistían a protestas pacíficas como las acciones de «Sin Reyes».

La solicitud de la FOIA dejó perfectamente claro el alcance más amplio de las cámaras. En un momento en el que las agencias federales emplean abiertamente en todo el país una represión masiva y al margen de la ley contra disidentes políticos y diversos grupos oprimidos, ya resulta mucho más difícil que en otros periodos afirmar que este tipo de vigilancia masiva sin orden judicial podría emplearse únicamente con las mejores intenciones. La solicitud en virtud de la FOIA, sin embargo, fue una prueba irrefutable: puso de relieve que el contrato con Flock constituye un acto de colaboración abierta entre el gobierno local y el auge del régimen autoritario liderado por Trump.

Y en Windsor, la mayoría del Partido Demócrata en el ayuntamiento no es simplemente sólida. Sin leyes que reserven escaños en el ayuntamiento para un partido minoritario, es probable que los republicanos no tuvieran ni un solo escaño.

En torno a la fecha de la solicitud de la FOIA, miembros locales del Comité de Defensa de las Libertades Civiles de Connecticut (CLDC) se sumaron a la iniciativa para retirar las cámaras de Windsor, y la oposición en las audiencias y reuniones municipales fue en aumento.

Al mismo tiempo, los legisladores estatales indicaron que pronto podrían aprobar en Connecticut una normativa que evitaría a los funcionarios locales tener que rescindir su contrato con Flock. Así pues, en febrero, el ayuntamiento votó a favor de desactivar las cámaras, a la espera de un debate posterior.

En mayo, la Asamblea Legislativa estatal aprobó efectivamente el proyecto de ley SB397, que parece imponer diversas restricciones al uso de las cámaras ALPR, como la prohibición de utilizarlas para «vigilar o investigar a alguien por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado de embarazo, discapacidad, ciudadanía, nacionalidad o nivel de ingresos, o por antecedentes penales percibidos», y la restricción del intercambio de datos a las fuerzas del orden de Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Nueva York.

Sin embargo, la normativa es prácticamente inútil. Incluso según sus propios términos, la disposición sobre el intercambio de datos contiene lagunas legales enormes para «grupos de trabajo multijurisdiccionales autorizados en condiciones específicas» y «agencias que operan en virtud de una orden judicial u otra autorización legal limitada». Esta redacción permite que el ICE y otras agencias federales vuelvan a acceder a la base de datos.

Pero, lo que es más importante, el Gobierno federal ya incumple abiertamente la ley de Connecticut sin sufrir consecuencias (como ocurre cuando los agentes de ICE irrumpen en los juzgados con máscaras puestas). Flock es una empresa privada valorada en miles de millones de dólares que posee mucho más conocimiento y control sobre sus propios centros de datos que cualquier funcionario de Windsor o de Connecticut, y cada disposición de la normativa puede infringirse de cien formas diferentes sin que el público lo sepa. Lo que importa no es una normativa sobre el papel, sino si las cámaras están en funcionamiento y llenando los bancos de data de Flock.

Así pues, cuando los concejales del Comité de Salud y Seguridad recomendaron volver a poner en marcha las cámaras, los opositores redoblaron sus esfuerzos y se organizaron para solicitar una ordenanza que rescindiera el contrato y retirara las cámaras. La campaña (denominada «Surveillance off Our Streets» o «SOS») se puso en marcha con una reunión de 80 personas el 1 de julio, en la que se unieron residentes de otras ciudades y localidades para debatir y poner en marcha nuevas campañas. Asistieron representantes de New London, Stamford, Norwalk, West Hartford y Hamden.

En los cinco días siguientes previos a la votación del pleno (tres de los cuales alcanzaron los 100 grados y en uno de los cuales llovió), los activistas recogieron unas 300 firmas y distribuyeron un breve folleto sobre las cámaras (se necesitan algo más de 1000 firmas para convocar una asamblea municipal extraordinaria con el fin de aprobar la ordenanza). Esta breve iniciativa atrajo a un nuevo grupo de residentes al ayuntamiento para la votación, varios de los cuales se pronunciaron en contra de las cámaras por primera vez.

Tras la votación, los activistas decidieron continuar con la campaña de recogida de firmas. Se supone que las cámaras están apagadas, pero siguen instaladas en las calles, y el contrato no se ha rescindido ni ha caducado. Mientras tanto, algunos de los concejales que votaron en contra de poner en marcha las cámaras han comentado abiertamente la posibilidad de buscar otra empresa con mejor reputación para llevar a cabo la vigilancia en la localidad. Y los medios de comunicación locales (como el Hartford Courant) han publicado o bien artículos de opinión en defensa de la vigilancia masiva mediante cámaras ALPR, o bien noticias que presentan las cámaras bajo una luz positiva.

La campaña de recogida de firmas está sirviendo como un importante vehículo para aclarar lo que está en juego con los residentes a través de numerosos debates. También ha demostrado ser un medio esencial para conocer y formar a nuevos activistas. Con más de 500 firmas ya entregadas (en el momento de redactar este artículo), también es una forma de mantener la presión sobre el ayuntamiento para que formalice la rescisión del contrato con Flock y garantice que las cámaras sean finalmente retiradas.

Mientras tanto, la localidad de Killingworth, en Connecticut, también se encuentra en proceso de retirar sus cámaras de Flock. Se están poniendo en marcha iniciativas similares en otras localidades y ya se está planificando la celebración de nuevas reuniones educativas y de organización.

Foto: Una cámara de Flock instalada en un poste de la calle. (Arnold Gold / Hearst Connecticut Media)