Por MAURICE

Tras seis semanas de protestas, los trabajadores, los campesinos y las organizaciones populares siguen manteniendo bloqueos por toda Bolivia y desafiando el mandato del Gobierno de Rodrigo Paz. La represión se ha intensificado: se ha secuestrado a líderes sindicales en plena calle y al menos 360 personas siguen detenidas por la policía. Lo que comenzó como una grave crisis económica se ha convertido en una crisis política que vuelve a plantear una vieja pregunta en la historia de Bolivia: ¿quién debe tomar el poder en el país?

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Desde hace muchas semanas, Bolivia vive una ola nacional de movilizaciones que combina bloqueos de carreteras, huelgas, asambleas populares y cabildos, reuniones abiertas en las que sindicatos, comunidades y organizaciones sociales debaten y votan sobre la dirección de la lucha.

El detonante fue la escasez de combustible, las largas colas en las gasolinerías, el aumento de los precios de los alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, muy pronto las reivindicaciones económicas dieron paso a una crisis política abierta. En mayo, activistas campesinos e indígenas marcharon hacia La Paz y lograron que se aceptaran sus reivindicaciones para la derogación de la Ley 1720, que habría incrementado la mercantilización de las pequeñas parcelas de tierra —en beneficio de las grandes empresas agroindustriales—. Desde entonces, los manifestantes han levantado el lema «Fuera Paz».

Se han levantado más de 100 bloqueos en diferentes regiones del país; según los informes, cerca de 50 siguen activos en el momento de redactar este artículo. También hay manifestaciones masivas, especialmente en las principales ciudades de El Alto y La Paz, sede del Gobierno boliviano. A pesar de las detenciones, la represión y la reciente promulgación de la represiva Ley de Estado de Excepción, los manifestantes no han dado marcha atrás. Tres ministros ya han abandonado el Gobierno en medio de la crisis cada vez más profunda.

Lo que está en juego no es solo la continuidad de Rodrigo Paz en la presidencia. La crisis pone en tela de juicio la capacidad del régimen político para contener o neutralizar una movilización que no deja de crecer.

¿Quién está en las calles?

Para los trabajadores y activistas de Estados Unidos, la experiencia boliviana ofrece un ejemplo importante de cómo un movimiento de masas liderado por organizaciones vinculadas a la clase trabajadora puede adquirir una capacidad real para influir en la dirección de la política nacional. La fuerza de las movilizaciones radica tanto en su amplitud como en su nivel de organización.

Los trabajadores organizados en la Central de Trabajadores de Bolivia (COB), los mineros, los campesinos (es decir, la Federación Campesina de La Paz y otros grupos), las comunidades indígenas, las organizaciones vecinales como la FEJUVE (Federación de Consejos Vecinales de El Alto), los trabajadores del transporte y los docentes constituyen el núcleo del movimiento. Entre ellos destaca la Federación Túpac Katari, una de las principales organizaciones del campesinado indígena aimara y que históricamente ha tenido gran influencia en las movilizaciones en todo el altiplano boliviano. Entre los sectores más activos y destacados se encuentran los Ponchos Rojos, una organización indígena aimara vinculada históricamente a las luchas campesinas y a la autodefensa comunitaria en el altiplano.

Las movilizaciones han planteado reivindicaciones centradas en la lucha contra los efectos de la crisis económica y la defensa de las libertades democráticas, incluido el derecho a la protesta. Entre las organizaciones indígenas y campesinas, también está cobrando fuerza la oposición a la conversión de la pequeña propiedad agraria en propiedad de tamaño medio y al avance de la mercantilización de la tierra y de los recursos estratégicos del país.

Las asambleas y los cabildos reúnen a cientos y, en algunos casos, a miles de participantes. Los bloqueos funcionan por turnos rotativos, y las decisiones importantes se someten a votación entre las bases. Esta democracia de base es decisiva para evitar que las negociaciones impulsadas desde arriba, al margen de las organizaciones, vacíen al movimiento de su fuerza. Según informan líderes y activistas bolivianos, entrevistados por La Voz de los Trabajadores la semana pasada, las propuestas para negociar con el Gobierno fueron incluso rechazadas por los propios manifestantes.

No obstante, el 17 de junio, la COB entabló negociaciones directas con el presidente Paz y otros responsables gubernamentales. La federación sindical presentó una lista de ocho reivindicaciones, entre las que figuraban el compromiso de no privatizar la industria nacionalizada y de salvaguardar el «derecho a la movilización». Al mismo tiempo, la COB retiró de sus reivindicaciones la exigencia de que Paz dimitiera. Tras unas cuatro horas de conversaciones, la reunión se dio por concluida sin acuerdo alguno, y los bloqueos se mantuvieron.

El recuerdo de 1952 y el papel de los bloqueos

La autoridad de la COB tiene profundas raíces en la Revolución Boliviana de 1952. En aquel proceso, los trabajadores —y especialmente los mineros— derrotaron a sectores del antiguo ejército, organizaron milicias obreras e impulsaron la nacionalización de las minas. Durante un tiempo, la COB llegó a funcionar como un embrión de poder obrero, como alternativa a la junta militar que estaba en el poder.

La revolución acabó siendo contenida después de que el reformista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomara el poder, resorganizando el ejército y se desarmando a las milicias. Aun así, el recuerdo de aquel proceso sigue vivo y ayuda a explicar el peso político que la federación sigue teniendo hoy en día.

La crisis actual también ha vuelto a poner de relieve el papel de El Alto, una ciudad obrera y mayoritariamente indígena de casi un millón de habitantes, situada en las afueras de La Paz. Algunos de los bloqueos más importantes tienen lugar en las carreteras que unen ambas ciudades. Otros se extienden por todo el interior, interrumpiendo la circulación de combustible, alimentos y mercancías.

Al condicionar el abastecimiento y el funcionamiento cotidiano del país, estas movilizaciones reavivan una vieja cuestión en la política boliviana: la capacidad de las organizaciones populares para influir directamente en la vida económica nacional reabre la disputa sobre quién ejerce la autoridad real en el país.

La dinámica de las movilizaciones también parece estar yendo más allá de la influencia del MAS (Movimiento al Socialismo), el partido liderado por Evo Morales. Aunque sigue siendo una figura influyente, Evo ha defendido una solución institucional y negociada a la crisis (véase su postura en esta entrevista de YouTube).

Esta postura pone de manifiesto los límites históricos del proyecto del MAS, que administró el Estado capitalista boliviano durante casi dos décadas sin romper con la burguesía nacional, las multinacionales ni la dependencia económica del país, y que hoy busca una solución negociada a la crisis en el marco del régimen.

Estados Unidos, el litio y la rivalidad interimperialista

Bolivia forma parte del Triángulo del Litio, junto con Argentina y Chile, una región que concentra algunos de los mayores recursos mundiales de este mineral estratégico, así como otros recursos codiciados por las grandes potencias.

El control de estos recursos se ha convertido en objeto de disputa entre Estados Unidos, China y Rusia. Bajo los gobiernos del MAS, especialmente bajo el de Luis Arce, Bolivia profundizó los acuerdos sobre litio con empresas chinas y rusas. El Gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, busca fortalecer las relaciones con Washington y ampliar la apertura al capital extranjero.

Entre los líderes sindicales y los activistas existe una fuerte desconfianza respecto al papel de Estados Unidos en Bolivia, reforzada por una reciente declaración (véase enlace) de apoyo de Washington al Gobierno de Rodrigo Paz y por la larga historia de influencia estadounidense en la política boliviana.

Las declaraciones de Elon Musk en 2020, cuando afirmó que Estados Unidos podría «dar un golpe de Estado a quien queramos» durante un debate sobre Bolivia y sus recursos de litio, ilustran las tensiones y los intereses en juego en la disputa internacional por los recursos estratégicos del país.

Para los trabajadores y sindicalistas estadounidenses, la solidaridad con la lucha boliviana significa seguir de cerca la situación en el país, reforzar los lazos con organizaciones como la COB y denunciar cualquier intento de intervención estadounidense.

¿Quién controla el Estado boliviano?

A pesar de la fuerza de las movilizaciones, el Gobierno mantiene el control sobre los principales instrumentos de represión estatal. Por el momento, no hay indicios públicos de divisiones relevantes en las fuerzas armadas ni en la policía, a pesar de los llamamientos de los manifestantes para que los sectores armados rompan con el Gobierno y apoyen las movilizaciones. Esto limita, al menos por ahora, la capacidad de las movilizaciones para transformar su fuerza social en un poder alternativo efectivo.

El Congreso aprobó recientemente la derogación de la Ley 1341, que regulaba los estados de excepción. Con ello, abrió el camino para que el Ejecutivo recurra a medidas excepcionales en medio del crecimiento de las movilizaciones, mientras aumentan las detenciones y la persecución de líderes sindicales, campesinos e indígenas.

Esta es una de las principales contradicciones de la situación actual. Por un lado, existe un movimiento de masas con una fuerte presencia de trabajadores, campesinos y organizaciones populares. Por otro, existe un aparato represivo estatal que permanece unificado y bajo el control del Gobierno.

Bolivia ya ha atravesado crisis importantes en las últimas décadas, desde la Guerra del Gas de 2003 hasta el golpe de Estado de 2019. La movilización actual forma parte de esta tradición de intensa lucha de clases. Lo que queda por ver es si esta energía se canalizará hacia una solución institucional o si abrirá espacio para formas alternativas de poder.

En cualquier caso, la cuestión del poder ha vuelto al centro de la política boliviana.

¿Quién debe gobernar el país?

Desde el punto de vista de los trabajadores y los sectores populares, la salida a la crisis pasa por fortalecer y centralizar las fuerzas que hoy sostienen la lucha boliviana. Dado su peso histórico, su presencia nacional y su capacidad de movilización, la COB debería asumir la tarea de unificar a los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y las organizaciones populares en torno a una alternativa política independiente, basada en la movilización de masas, la democracia de base y la falta de confianza en el Gobierno de Rodrigo Paz, en la derecha tradicional o en los límites del proyecto representado por el MAS.

La respuesta a la crisis no vendrá de acuerdos entre sectores de la élite política y económica, sino de la capacidad de las organizaciones de masas para disputar el poder en el país. Por ello, una de las tareas centrales que plantea la situación actual es fortalecer a la COB y a las organizaciones populares como embrión de un poder alternativo de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas de Bolivia.