Por Valentina Salgado

En las últimas semanas, Los Angeles, Washington DC, Memphis, Portland, Chicago y otros centros urbanos han sido el blanco de redadas de la migra, respaldadas por tropas federales movilizadas so pretexto de combatir el crimen. El violento operativo en Chicago iniciado el 8 de septiembre demostró que ni las leyes, ni los tribunales, ni la constitución impedirán que el gobierno de Trump agudice sus ataques a inmigrantes, trabajadores, juventudes, y oprimidos. Esa madrugada, cientos de efectivos de ICE, CBP y la Guardia Nacional con el Operativo Midway Blitz (una clara referencia a la letal guerra relámpago nazi – blitzkrieg –en la segunda guerra mundial) saltaron de helicópteros de guerra sobre edificios del barrio obrero de Southshore, derribando puertas y rompiendo ventanas, agrediendo a los habitantes con gases lacrimógenos y granadas de estruendo, maniatando a niños aterrorizados, y disparando balas de goma por doquier. Hasta la fecha, Midway Blitz continúa con sus brutales ataques, y ha detenido a más de 3000 inmigrantes que el gobierno califica de “criminales” y varios ciudadanos.

Escenarios similares se repiten por todos los centros urbanos “santuario” para inmigrantes y donde haya oposición a las políticas de Trump, lo cual se suma a las redadas “de rutina” por todo el país. Según el DHS (Ministerio de Seguridad Nacional, que incluye a ICE) en lo que va del año, ya deportaron a 548.000 personas, la mayoría sin antecedentes delictivos sin proceso legal alguno, mientras que en los centros de detención tienen a unas 60.000 personas en condiciones inhumanas. Todo esto es posible gracias al aumento dramático del presupuesto y reclutamiento para ICE y CBP: más de 85 mil millones de dólares (compárese con el presupuesto anual total de Guatemala, de 19 mil millones) para más armas, servicios de biometría, centros de detención, y miles de nuevos agentes reclutados entre la escoria de la sociedad.

Las comunidades inmigrantes no se han quedado cruzadas de brazos ante esta escalada brutal. Han respondido de dos maneras, en general: formando Redes de Respuesta Rápida (RRR) y cabildeando a favor de leyes en municipios y estados que prohíban la colaboración de las policías locales y agencias públicas con ICE, con un modelo como el del Immigrant Trust Act en varios estados. Las RRR dan talleres sobre derechos civiles que en teoría tenemos todos, mantienen líneas telefónicas de emergencia donde llamar cuando aparece ICE, despachan patrullas con activistas que intentan ahuyentar a los agentes, documentando su conducta y asesorando a los afectados.

Este modelo de RRR se ha difundido por todo el país gracias a ONGs (organizaciones no gubernamentales) como NDLON (National Day Laborer Organizing Network), Resistencia en Acción, Movimiento Cosecha, Raíces, Mijente, Sagrado Corazón, Amigos de Guadalupe, El Concilio y muchas más, que actualmente dirigen el movimiento inmigrante. Las RRR atraen a cientos de activistas, desde estudiantes a amas de casa, nativos o ellos mismos también inmigrantes, promoviendo la solidaridad y la capacidad de lucha. Sin embargo, los resultados de este modelo son desiguales: a veces, las RRR logran impedir las detenciones, e infunden fuerzas a las familias inmigrantes al verse apoyadas. Pero al ser pequeños equipos móviles de composición cambiante, no constituyen una presencia ni constante ni numerosa en los barrios, y por ello difícilmente puedan contribuir a la autoorganización y movilización defensiva de estas vecindades.

La segunda estrategia de las ONGs, la de cabildear a políticos Demócratas y presionar a los consejos municipales y legislaturas para que aprueben medidas que amparen a los inmigrantes impidiendo colaboraciones entre agencias locales y ICE, al igual que RRR ha servido para convocar y movilizar activistas. Eso debe celebrarse. Al mismo tiempo, ¿de qué sirve una ley, sea la que sea, que no tenga mecanismos o recursos para su ejecución? ¿Quién obligará a la policía y las agencias gubernamentales locales a rehusarse a colaborar con ICE? Y, si la policía y la migra “son la misma porquería”, ¿no se alinearán más o menos disimuladamente llegado el momento? Pero el problema fundamental con esta estrategia es que se limita a pedir la “protección”, por un lado, y por otro lado en que la pide a políticos e instituciones que jamás podrán representar nuestros intereses porque pertenecen a los partidos de los ricos, los Demócratas y Republicanos.

Esos enormes esfuerzos de movilización a las reuniones de los consejos y legislaturas, ese tiempo y esos recursos gastados en cabildear a esa gente para un objetivo limitado de “protección”, ¿no valdría la pena redirigirlos a construir ese movimiento de masas con nuestros compañeros de clase nativos, los trabajadores de acá, con o sin sus sindicatos, con los estudiantes, con los activistas de solidaridad con Palestina que sea capaz de conquistar los papeles para todos, e incluso, la abolición de ICE y las agencias represivas que atacan a todos los que luchamos por un mundo mejor?

Para esto, el reto que enfrenta el movimiento inmigrante es la formación de dirigentes propios, que sean capaces de elaborar un programa político, estrategias y tácticas de lucha que sirvan para conquistar nuestros plenos derechos. Esto es difícil de lograr cuando la dirección del movimiento inmigrante, incluyendo las RRR, son las ONGs. Primero, porque, aunque estas organizaciones surjan de sinceros luchadores de las propias comunidades, muchas dependen de donaciones y subsidios de agencias y fundaciones que les impiden enfrentarse verdaderamente al sistema capitalista que crea la desigualdad y explotación, aun siendo críticas de él. Y segundo, porque las ONGs generalmente no son democráticas internamente. Las gobiernan juntas directivas que no son electas por la comunidad, y que transmiten este modo de funcionamiento al movimiento, dificultando así su desarrollo político y capacidad para encabezar la formación de frentes de lucha masivos con otros sectores sociales.

Por mas bienintencionados que sean sus directivos, las ONGs nunca podrán prepararnos para enfrentar operativos con decenas de agentes armados hasta los dientes que irán atacando nuestras comunidades y lugares de trabajo más y más a medida que ICE se equipe y reclute más y más. La fórmula de las ONGs de las RRR y el cabildeo, y los actos de heroísmo individual en arrestos de desobediencia civil no sólo no bastarán, sino que nos impedirán convocar un movimiento de masas unificado que a partir de los inmigrantes movilice también a los sindicatos y otras organizaciones obreras para decidir democráticamente una política y tácticas capaces de frenar la agresión gubernamental primero y conquistar los plenos derechos después. Entonces, ¿No sería importante que convoquemos grandes asambleas en nuestras comunidades inmigrantes para discutir a fondo y votar democráticamente qué objetivos políticos queremos, cómo queremos organizarnos para ello, con cuáles estrategias y tácticas, con quién, y quienes serán nuestros dirigentes? ¿Donde podamos discutir y votar si nos contentamos con pedir “protección” o queremos exigir el derecho a la ciudadanía para todos? En la Voz de los Trabajadores creemos que sí, y apoyaremos a quien quiera luchar por esto.