Por JAMES MARSH
La guerra contra las drogas, al igual que la guerra contra el terrorismo, ha sido una guerra contra un concepto lo suficientemente abstracto como para proporcionar un respaldo retórico a una amplia gama de políticas imperialistas estadounidenses.
El presidente Donald Trump, en su último uso de la retórica de la guerra contra las drogas como excusa para perseguir objetivos militares, está movilizando al ejército estadounidense en el Caribe. Al mismo tiempo que su administración está desplegando a la guardia nacional en el país para «combatir el crimen» (o, en realidad, para realizar una prueba piloto del uso de las fuerzas militares para llevar a cabo una política de terror contra las comunidades de clase trabajadora), está desplegando a la marina en el mar Caribe. Trump ha enviado siete buques de guerra, un submarino nuclear y miles de soldados como parte de lo que él describe como operaciones contra los cárteles.
Esta operación incluyó un ataque armado el 2 de septiembre contra un barco que el gobierno yanqui dijo fue operado por el cártel Tren de Aragua para transportar drogas ilegales de Venezuela a Estados Unidos. Según Trump, 11 personas que se encontraban en el barco murieron en el ataque. Observadores internacionales han condenado el ataque como una violación de los derechos humanos.
Este ataque a un barco civil y el envío de la Armada de los Estados Unidos hacen aún más grande la larga sombra de la intervención militar que se cierne sobre Venezuela. Venezuela ya ha sido testigo de intentos de golpe de Estado en 2002 por parte de las fuerzas de la oposición con la aprobación de los Estados Unidos y en 2020 con la participación directa de mercenarios estadounidenses. En abril de este año, el ejército venezolano también declaró que había descubierto planes para un ataque de «bandera falsa» que incriminaría a Venezuela por atacar una plataforma petrolera de Exxon Mobil en las aguas del territorio en disputa de Essequibo/Guyana Esequiba, lo que se utilizaría como pretexto para una invasión. El presidente Nicolás Maduro está movilizando a 4,5 millones de milicianos en respuesta a la amenaza que representan los buques de guerra estadounidenses que permanecen frente a las costas del país.
Junto con la creciente amenaza de una intervención militar en Venezuela, la narrativa de que el objetivo principal de las movilizaciones es combatir a los cárteles de la droga es cuestionable. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, declaró el 19 de agosto que «el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel narcoterrorista. Maduro no es un presidente legítimo. Es un jefe fugitivo de este cártel de la droga». Estas acusaciones, para las que se han aportado muy pocas pruebas, intentan utilizar la retórica de la guerra contra las drogas para deslegitimar a Maduro y justificar un cambio de régimen.
Durante varias décadas, la retórica de la lucha contra los cárteles de la droga en América Latina ha servido repetidamente de excusa para que Estados Unidos refuerce las fuerzas policiales de los Estados colaboradores con el fin de proteger mejor sus inversiones en el extranjero e intervenir militarmente para expandir su hegemonía. Desde el derrocamiento del Gobierno de Panamá hasta la lucha contra la guerrilla en Colombia, esta retórica ha justificado la agresión militar flagrante.
Contrainsurgencia e intervención
El fin de la Guerra Fría supuso una transición en la política estadounidense en América Latina, ya que consolidó los logros obtenidos mediante tácticas de contrainsurgencia e intervención militar y pasó de las narrativas de la Guerra Fría a utilizar el marco de la guerra contra las drogas como justificación de sus políticas.
Durante la Guerra Fría hubieron intervenciones militares estadounidenses en toda América Latina, desde el golpe de Estado de 1973 en Chile hasta la invasión de Granada en 1983, entre muchas otras.
En Centroamérica, la época iniciada por la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 fue testigo de la resistencia guerrillera a las dictaduras llevadas a cabo en Guatemala y El Salvador a lo largo de la década de 1980. Estados Unidos combatió esta amenaza a su poder respaldando el terrorismo de Estado y a los paramilitares de derecha. Estas tácticas de contrainsurgencia obligaron a las organizaciones guerrilleras a capitular, y sus líderes aceptaron acuerdos de paz a finales de la década de 1980 que incorporaron a sus grupos a la política institucional.
Junto con la caída de la URSS, el declive del poder de estas guerrillas de izquierda debilitó la justificación de la continua injerencia militar de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos a medida que la Guerra Fría llegaba a su fin. Pero Estados Unidos seguía teniendo ambiciones políticas que exigían continuas intervenciones militares. Para seguir justificando la intervención, una de las nuevas excusas fue que el ejército y la ayuda militar lucharían contra la venta de drogas por parte de los cárteles.
Un ejemplo de este cambio de propaganda al final de la Guerra Fría fue la invasión de Panamá en 1989. El general Manuel Noriega había actuado durante años como hombre fuerte de Estados Unidos en Panamá y había colaborado estrechamente con las agencias de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la creciente reacción contra su gobierno dictatorial estaba resultando ser un lastre para Washington, y los partidos civiles neoliberales parecían ser colaboradores más atractivos.
Aunque la CIA sabía desde hacía tiempo que su colaborador era cómplice del tráfico de drogas, esta implicación se utilizó como pretexto para destituir a Noriega del poder. Estados Unidos invadió y ocupó Panamá, presentando cargos penales contra Noriega por el tráfico de drogas y la extorsión como su justificación. Aunque Noriega había aceptado varios millones de dólares en sobornos del Cartel de Medellín, había otras historias que eran puras invenciones, como la de que, en el momento de la invasión, estaba consumiendo cocaína con prostitutas en lugar de pasar tiempo con su esposa. Se trataba del mismo Noriega que, solo dos años antes, había recibido una carta de elogio directamente del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos por cooperar en operaciones de lucha contra el narcotráfico.
Esta invasión intensificó la retórica de la criminalidad para justificar el derrocamiento de un régimen, basándose en la premisa de que, en su supuesta lucha por erradicar el tráfico de drogas, el Gobierno de Estados Unidos tenía derecho a intervenir en los asuntos políticos de otros países.
Las operaciones de contrainsurgencia y el uso retórico de la guerra contra las drogas para justificar la intervención militar se fusionaron como parte del Plan Colombia. Lanzado en 2000, el Plan Colombia comenzó como un plan para que Estados Unidos proporcionara ayuda económica estratégica que fortaleciera la posición del Estado colombiano en las negociaciones con grupos guerrilleros de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, siguiendo los dictados del imperialismo estadounidense, la operación pasó de proporcionar ayuda económica a financiar al ejército colombiano, junto con los paramilitares de derecha. Las FARC, que operaban en comunidades campesinas simpatizantes en las regiones productoras de coca y vendían cocaína para financiar sus operaciones, fueron tildadas de «narco guerrilleras» responsables del tráfico de cocaína, lo que convirtió los esfuerzos de contrainsurgencia en parte de la guerra contra las drogas.
Si bien el Plan Colombia vio cómo los paramilitares aterrorizaban a las comunidades campesinas, se fortalecía el ejército colombiano y se debilitaba a las FARC como una espina clavada en la hegemonía estadounidense en la región, no hizo prácticamente nada para frenar la venta de cocaína. La fumigación de los campos de coca con herbicidas desde aviones simplemente empujó a los campesinos a adentrarse más en la Amazonía. Mientras el Plan Colombia estuvo en vigor, el cultivo de la coca aumentó y el precio de la cocaína exportada desde Colombia cayó. A pesar de no haber logrado frenar el tráfico de cocaína, la operación se presentó como un modelo para militarizar la guerra contra las drogas.
El fin de la Guerra Fría no supuso el fin de las tácticas de contrainsurgencia y las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Por el contrario, las contrainsurgencias y las invasiones pasaron a enmarcarse en la retórica de la guerra contra las drogas.
Militarización del Estado policial
El papel de Estados Unidos en la guerra contra las drogas en América Latina ha consistido en colaborar con los partidos de derecha para utilizar las operaciones de lucha contra las drogas como pretexto para militarizar el Estado policial. La guerra contra el terrorismo no hizo más que reforzar esta dinámica.
La retórica de la guerra contra el terrorismo intentó afirmar que los territorios sin gobierno y los Estados débiles de cualquier parte del mundo amenazaban a Estados Unidos al servir de refugio potencial para las células terroristas. A pesar de la falta de pruebas de la actividad terrorista islamista en América Latina, la lógica de este discurso sugería que Estados Unidos necesitaba ejercer control o fortalecer los gobiernos colaboracionistas en toda América Latina y en todo el mundo, una conveniente tapadera para el mandato imperialista de controlar y vigilar los mercados globales.
Esta retórica regreso contra México durante la guerra contra el terrorismo. Los medios de comunicación describieron la frontera entre Estados Unidos y México como un frente abierto en la guerra contra el terrorismo, que proporcionaba una puerta abierta no solo a los trabajadores inmigrantes, sino también a ejércitos imaginarios de terroristas, lo que motivó el inicio de la construcción del muro fronterizo y la intensificación de la vigilancia fronteriza. Las barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que en 2005 incluían unos 120 km de vallas, se ampliaron a unos 1000 km de barreras en 2011. Algunos analistas militares del gobierno de Obama señalaron la corrupción y los cárteles de la droga para afirmar de que México era un Estado fallido que necesitaba una respuesta más contundente contra los cárteles.
En México, la militarización de la lucha entre el Estado y los cárteles de la droga fue iniciada por el partido conservador PAN con la Operación Michoacán en 2006. La operación utilizó la policía federal y las fuerzas militares, prestó especial atención al Cártel del Golfo, y fue responsable de un aumento de los delitos violentos. La aumentación de la guerra contra las drogas también condujo a la reducción de las libertades civiles, ya que, en virtud de la política de arraigo, los ciudadanos sospechadoas de participar en el crimen organizado podían ser detenidos sin juicio por un máximo de 80 días, una política utilizada para mantener a las personas en celdas de detención y obtener información mediante tortura. La operación se amplió con el apoyo de Estados Unidos como parte de la Iniciativa Mérida, puesta en marcha en 2007.
La Iniciativa Mérida, también llamada el Plan México, se inspiró en las tácticas de contrainsurgencia del Plan Colombia. Al igual que en el Plan Colombia, la retórica de la lucha contra el narcotráfico sirvió de tapadera para atacar a las guerrillas de izquierda con base en las comunidades campesinas, ya que reforzó al ejército mexicano en su lucha contra las guerrillas zapatistas en Chiapas. También amplió el control neocolonial de Estados Unidos sobre las instituciones mexicanas, ya que la financiación y el entrenamiento reforzaron los lazos entre Estados Unidos y las fuerzas represivas de México.
Al igual que el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida no detuvo el tráfico de drogas, sino que lo reorganizó. El ganador de la guerra contra las drogas en México fue el cártel de Sinaloa, que evitó las decapitaciones dirigidas a sus competidores, como el cártel del Golfo, colaborando con las agencias antidroga. La DEA llegó a acuerdos con los líderes de Sinaloa en los que permitía al cártel seguir traficando con drogas a cambio de información, además de ayudar a armar al cártel de Sinaloa a través de la operación de tráfico de armas conocida como Operación Rápido y Furioso.
Las tácticas utilizadas por la Iniciativa Mérida no solo formaban parte de un proyecto de prohibición en gran medida fallido, sino que sirvieron para militarizar el estado policial y llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia, reforzando las fuerzas represivas en México en nombre de los intereses estadounidenses. En el contexto de la retórica de la guerra contra el terrorismo, esto favorece la idea de la clase dominante de que Estados Unidos necesitaba hacer más para ampliar su control sobre las regiones sin gobierno de todo el mundo.
El papel de Estados Unidos en la militarización de las fuerzas policiales de los Estados colaboradores utiliza la guerra contra las drogas como tapadera para el control neocolonial sobre las comunidades de la clase trabajadora en América Latina.
Trump y los ataques con misiles en el Caribe
Trump, utilizando el argumento de la lucha contra los cárteles para justificar el despliegue militar en América Latina, ha designado una lista de cárteles de la droga como grupos terroristas. Esta acusación es la base legal para el ataque aéreo llevado a cabo hace unos días en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Esta designación de los cárteles como combatientes ilegales que carecen de las protecciones legales de los criminales acusados o los soldados enemigos intenta justificar acciones militares que ignoran las libertades civiles y la protección de los derechos humanos. Como ha sido el caso de muchas otras operaciones militares que operan bajo el nombre de lucha contra las drogas, también amenaza con una intervención militar, en particular contra Venezuela.
En México, la designación de los cárteles como terroristas y la presencia de la Armada en el Golfo de México supone una amenaza de expansión de la guerra con drones. La administración Trump ha desplegado tropas en la frontera entre Estados Unidos y México y está llevando a cabo vuelos de vigilancia con drones sobre México. Al igual que con el reciente ataque con misiles en el Caribe, fuentes dentro del ejército estadounidense han sugerido que Trump podría estar preparando una acción militar declarada unilateralmente contra los cárteles en México, en violación de la soberanía mexicana. Las amenazas de actuar militarmente contra los cárteles ponen de relieve el hecho de que el Gobierno estadounidense considera que tiene la prerrogativa de intervenir en los asuntos internos de sus neocolonias.
En Venezuela, la narrativa de que las movilizaciones militares luchan contra el tráfico de drogas es aún más cuestionable. Para empezar, las fuerzas enviadas a Venezuela en agosto son demasiado grandes para ser utilizadas en la lucha contra el narcotráfico. Además, el flujo principal del tráfico de drogas pasa por las aguas del Pacífico, no por el Caribe, por lo que enviar a la Armada al sur del Caribe no sería especialmente útil para la lucha contra el narcotráfico. Y quizás lo más importante es que las movilizaciones contra los cárteles se producen al mismo tiempo que la administración Trump acusa sin fundamento al presidente Maduro de ser un líder de los cárteles.
Aunque algunos observadores han sugerido que la movilización actual es demasiado pequeña para ser una invasión abierta, el despliegue militar sigue siendo una amenaza para intentar un cambio de régimen. El liderazgo populista de Venezuela bajo el presidente Maduro ha consolidado una dictadura militar, con políticas nacionalistas (en este caso, la nacionalización de los ingresos petroleros) que suponen una barrera para la extracción de petróleo en el país por parte de las multinacionales estadounidenses. A la luz de la serie de intentos de golpe de Estado respaldados por Estados Unidos en el país, la amenaza de una intervención imperialista sigue siendo alta. Al tildar al gobierno venezolano de «narcoterrorista», los ataques aéreos contra los cárteles amenazan con una acción militar más amplia destinada a cambiar el régimen.
El envío de la Armada también podría formar parte de un intento de Estados Unidos de intimidar a Venezuela para que haga concesiones, como táctica de diplomacia de las cañoneras. A pesar de la nacionalización del petróleo, Venezuela permite que empresas estadounidenses como Chevron operen en el país como socios en la extracción de petróleo, lo que pone de manifiesto su disposición a negociar con los capitalistas estadounidenses. Otro frente de negociación es el territorio en disputa de Essequibo/Guyana Esequiba, la región que rodea el río Essequibo entre Venezuela y la vecina Guyana, donde Estados Unidos tiene un interés particular en influir en las negociaciones sobre qué empresas petroleras tienen derechos de extracción en los yacimientos petrolíferos de la costa.
Utilizar la narrativa de la guerra contra las drogas como excusa para la acción militar en América Latina no es nada nuevo para el gobierno estadounidense, como se ha demostrado en las iniciativas de contrainsurgencia contra las FARC y los zapatistas y, lo que es más importante, en la invasión de Panamá. La militarización de la lucha contra las drogas también tiene un historial preocupante de recortes de las libertades civiles y fortalecimiento del estado policial.
El movimiento obrero debe oponerse a las intervenciones imperialistas. Debemos exigir el fin de la desastrosa guerra contra las drogas. Y debemos exigir que Estados Unidos mantenga sus manos alejadas de Venezuela.
Fuentes:
«El ejército estadounidense despliega más de 4000 soldados adicionales en aguas de América Latina como parte de la misión de Trump contra los cárteles», Natasha Bertrand, CNN, 15 de agosto de 2025. https://www.cnn.com/2025/08/15/politics/us-military-deploying-caribbean-latin-america-cartel-mission
«Ataque estadounidense contra un ‘barco de drogas venezolano’: ¿qué sabemos y fue legal?», Matt Murphy y Joshua Cheetham, BBC, 3 de septiembre de 2025. https://www.bbc.com/news/articles/cdjzw3gplv7o
«Buques de guerra estadounidenses navegarán frente a las costas de Venezuela mientras aumenta la tensión entre Trump y el régimen de Maduro por acusaciones relacionadas con cárteles», CBS, 21 de agosto de 2025. https://www.cbsnews.com/news/us-warships-venezuela-trump-nicolas-maduro-tension-drug-cartel-accusations/
«Venezuela afirma haber descubierto un complot estadounidense para fabricar un incidente y justificar una invasión», Demian Bio, Latin Times, 7 de abril de 2025. https://www.latintimes.com/venezuela-says-it-uncovered-us-plot-fabricate-incident-justify-invasion-580110
«Venezuela moviliza a 4,5 millones de soldados mientras Trump despliega marines estadounidenses en el Caribe», Democracy Now!, 20 de agosto de 2025.
«La verdad fue aparentemente una de las víctimas de la invasión de Panamá», Susan Benesh, Tampa Bay Times, 26 de mayo de 1990.
https://www.tampabay.com/archive/1990/05/26/truth-was-apparently-one-casualty-of-panama-invasion/
«Geopolítica del Plan Colombia», James Petras, Economic and Political Weekly 35, n.º 52/53, 2000. http://www.jstor.org/stable/4410105.
America’s Backyard: The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror, «George W. Bush and the ‘War on Terror’», Grace Livingstone, 2009.
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«México, el debate sobre el Estado fallido y la Ley Mérida», Carolyn Gallaher, The Geographical Journal 182, n.º 4, 2016. http://www.jstor.org/stable/44132379.
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«Lo que redescubrí en México», Michael Estrada, Counterpunch, 6 de agosto de 2008.
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«El fin de la guerra contra las drogas: sus implicaciones y el futuro del tráfico de drogas en México», Tomas Kristlik, Georgetown Security Studies Review, 19 de diciembre de 2013. https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2013/12/19/the-end-of-the-drug-war-its-implications-and-the-future-of-drug-trafficking-in-mexico/
«CONFIRMADO: La DEA llegó a un acuerdo con el cártel de la droga más famoso de México», Michael B Kelley, Business Insider, 13 de enero de 2014. https://www.businessinsider.com/the-us-government-and-the-sinaloa-cartel-2014-1
«El ejército prepara ataques contra los cárteles mexicanos: órdenes secretas señalan a los cárteles como los nuevos terroristas», Ken Klippenstein, 20 de agosto de 2025. https://www.kenklippenstein.com/p/military-preparing-attacks-on-mexican
«La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, niega tener conocimiento de la iniciativa antidroga de EE. UU.», Al Jazeera, 19 de agosto de 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/8/19/mexicos-president-claudia-sheinbaum-denies-knowledge-of-us-drug-initiative
https://www.editorial24.com/en/cartel-de-los-soles-fantasma-poder-sombra-dentro-venezuela/
«Las sanciones de EE. UU. tergiversan el Cartel de los Soles de Venezuela», Unidad de Investigación de Venezuela, InSight Crime, 1 de agosto de 2025. https://insightcrime.org/news/us-sanctions-mischaracterize-cartel-of-the-suns-venezuela/
«Estados Unidos refuerza sus fuerzas en el Caribe mientras funcionarios y expertos se preguntan por qué», Idrees Ali, Patricia Zengerle y Andrea Shalal, Reuters, 1 de septiembre de 2025.
https://www.reuters.com/world/us/us-builds-up-forces-caribbean-officials-experts-ask-why-2025-08-29/
«Organizaciones sin fines de lucro estadounidenses apoyan a Exxon y Chevron en relación con el petróleo venezolano», Joseph Bouchard, World of Crime Newsletter, 26 de agosto de 2025. h