Por CARLOS SAPIR
El jueves 27 de agosto, un juez federal levantó la prohibición contra Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) en la Universidad de Pittsburgh, al dictaminar que la universidad había violado su derecho a la libertad de expresión. La reincorporación se consiguió gracias a la decidida organización de los estudiantes y los profesores, que movilizaron a la comunidad universitaria y los sindicatos para llevar a cabo su defensa pública.
Esta victoria sigue a la que se ganó en febrero de 2024 por una campaña en defensa de las libertades civiles en la Universidad Estatal de Ohio, donde los Socialistas Revolucionarios del Centro de Ohio (CORS) fueron prohibidos brevemente por organizar eventos a favor de Palestina, y lograron su reincorporación tras una campaña de presión pública. A pesar de los numerosos esfuerzos draconianos de las universidades por limitar o suprimir la libertad de expresión en el campus, estos derechos siguen dentro de nuestro alcance y proporcionan una valiosa plataforma para ganar una audiencia más amplia para la solidaridad con Palestina.
¿Qué ocurrió en Pittsburgh?
Los Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) de la Universidad de Pittsburgh han sido acosados por los administradores de la universidad por todas sus actividades de protesta contra el genocidio en curso en Palestina. Además de las comunicaciones hostiles de la universidad, han sido acosados por grupos sionistas, que los amenazaron públicamente con violencia durante la invasión israelí del Líbano en 2024 (amenazas que les gustaron al senador demócrata John Fetterman).
En diciembre de 2024, durante la semana de exámenes finales, los estudiantes organizaron un estudio en grupo en la biblioteca Hillman, de la universidad. Durante varios días consecutivos, los estudiantes, vestidos con keffiyehs, ocuparon un espacio en la planta baja de la biblioteca, mientras que los administradores de la universidad y la policía los amenazaban periódicamente y les exigían que se dispersaran por motivos disciplinarios vagos. Los estudiantes, flanqueados por profesores que los apoyaban, insistieron en que los administradores especificaran las políticas universitarias exactas que supuestamente habían infringido y accedieron a borrar los mensajes de las pizarras comunitarias. Los estudiantes fueron remitidos a un opaco proceso disciplinario interno, mientras se les amenazaba continuamente con repercusiones por seguir con su actividad política.
Los estudiantes no se dejaron intimidar. Publicaron una carta abierta en la que pedían a la universidad que retirara los cargos contra ellos, con el respaldo firmado de 70 organizaciones universitarias y comunitarias. La universidad respondió suspendiendo oficialmente a SJP, acusándola de interferir en el proceso disciplinario por enviar la carta abierta a la junta de revisión disciplinaria.
Los organizadores estudiantiles plantearon las cuestiones fundamentales del momento al conjunto estudiantil, proponiendo tres medidas electorales en las elecciones al gobierno estudiantil de marzo de 2025 que estaban directamente relacionadas con su lucha política:
- ¿Debería modificarse el Código de Conducta Estudiantil para garantizar que, en todas las audiencias disciplinarias, uno o más estudiantes participen como arbitros?
- ¿Debería la Universidad de Pittsburgh publicar detalles de sus inversiones financiales y someterse a un proceso de auditoría pública anual para garantizar que las operaciones de la universidad sean transparentes y responsables?
- ¿Debería la Universidad de Pittsburgh deshacerse de todas sus participaciones financieras que tenga, en fabricantes de armas destinadas por Israel?
Las tres medidas se aprobaron con una alta participación, junto con una cuarta medida por eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso. Miles de estudiantes expresaron su apoyo a la desinversión en Israel, a la transparencia financiera que permita dicha desinversión y a un mayor control de los estudiantes sobre los procesos disciplinarios, una demanda clave, histórica y democrática de los movimientos estudiantiles de todo el mundo.
Los estudiantes y el profesorado también se pusieron en contacto con asistencia jurídica, y la ACLU aceptó presentar una demanda pro bono en un tribunal federal. El sindicato de profesores, United Steel Workers Local 1088, organizó una manifestación coincidiendo con el día de acción nacional por la educación superior del 17 de abril, vinculando las cuestiones de los ataques federales a los presupuestos universitarios, la libertad académica y los programas de diversidad con la censura de Palestina por parte de la universidad. También exigieron respuestas a la universidad sobre su trato a SJP en reuniones sobre la política universitaria frente el ataque del gobierno federal a la financiación de las universidades y al discurso político.
Mientras tanto, el proceso disciplinario interno siguió su curso con nuevas audiencias, y la universidad finalmente retiró los cargos relacionados con la sesión de estudio en la biblioteca de diciembre, pero mantuvo la suspensión.
En agosto, los estudiantes acudieron a la audiencia preliminar rodeados de una multitud de simpatizantes. Tras varias horas de deliberaciones en la sala del tribunal federal, el juez publicó una orden judicial en la que afirmaba que la universidad, una entidad gubernamental, había violado los derechos de expresión de los estudiantes, que su suspensión durante el periodo de reclutamiento a principios del semestre les había causado un daño irreparable y que la reincorporación de SJP beneficiaría al público «al aumentar el nivel de asociación y expresión en el campus».
Podemos luchar y ganar
Las universidades son importantes campos de actividad política: en ningún otro lugar de la sociedad hay tanta gente formando y reconstruyendo activamente su comprensión política del mundo. Los vínculos de los estudiantes con sus comunidades de origen, así como su posición como nuevos trabajadores que se incorporan al mercado laboral, les permiten organizarse e influir en la actividad política más allá de la geografía de la propia universidad. Además, las universidades a menudo son los mayores empleadores de las ciudades en las que se encuentran, y muy arraigadas en los servicios de salúd locales. Mantener una presencia en estos campus es importante para los movimientos sociales y las organizaciones socialistas, y también proporciona acceso a los recursos puestos a disposición de los grupos estudiantiles.
Los derechos democráticos que tenemos hoy en día, como la libertad de expresión, son el resultado de siglos de lucha de clases. Contrariamente a la perspectiva ideológica de la clase dominante de que estos derechos están protegidos por estar consagrados en la ley, sabemos por experiencia que hay que luchar, exigir y proteger continuamente estos derechos.
Conseguir la reincorporación del SJP en la Universidad de Pittsburgh, al igual que ocurrió con los Socialistas Revolucionarios de Ohio Central en la Universidad Estatal de Ohio, supuso meses de organización y acción política para impulsar el apoyo al caso lo más ampliamente posible. En el proceso, estos grupos estudiantiles pudieron demostrar los vínculos entre la opresión del pueblo palestino por parte de Israel y la represión de la libertad de expresión en su país, ganando el apoyo de capas cada vez más amplias de la población por la causa palestina y por otras luchas de liberación. Estas luchas no se contraponen, sino que se complementan y permiten que el movimiento en su conjunto avance políticamente hacia la derrota de la agenda de la clase dominante tanto en Palestina como en Norteamérica.
Foto: La policía de la Universidad de Pittsburgh ataca a estudiantes pro palestinos cerca de su campamento el 3 de junio de 2024. (Quinn Glabicki / Public Source)