Por RUSS O’SHEA
MOSCÚ- Tras la criminalización del movimiento mundial por los derechos LGBTQIA+ por parte del Tribunal Supremo ruso, la policía irrumpió en al menos tres bares gays y una sauna masculina el pasado viernes 8 de diciembre por la noche. Los asistentes a los clubes afirman que la policía tomó fotografías de sus documentos de identidad y pasaportes.
El viernes 24 de noviembre, el Ministerio de Justicia ruso presentó una demanda para reconocer al movimiento internacional por los derechos LGBTQ+ como organización extremista y prohibirlo en el país. El jueves siguiente, el Tribunal Supremo ruso “ilegalizó de hecho el activismo LGBTQ+”, según Associated Press. Un club de San Petersburgo conocido como Central Station anunció sus planes de cierre a la luz de la decisión, que es el último ataque en una ofensiva de años contra los derechos de los homosexuales por parte del régimen de Putin.
Esta última ofensiva contra las libertades civiles se inscribe en el contexto más amplio de la invasión imperialista rusa de Ucrania. La clase dominante utiliza sistemáticamente los tiempos de guerra como una oportunidad para atacar las libertades civiles e imponer medidas de austeridad. Tratan de justificar esto diciendo que es necesario para mantener caminando la máquina de guerra. En este caso, Rusia necesita más tropas y acaba de aumentar el tamaño de su ejército en 170.000 soldados más.
A medida que la guerra se prolonga, el estado ruso está tomando medidas drásticas mediante redadas comunitarias diarias de la policía contra personas reclutadas. Las redadas y detenciones son esencialmente un tipo de secuestro para ayudar a reforzar las líneas del frente. Los abogados califican los métodos de reclutamiento como “cáos”. La oposición crece en forma de miles de soldados que desertan del ejército, así como de protestas de las familias de los soldados y, en particular, de sus esposas, que se manifiestan en las calles. Temiendo de las familias de los soldados en el frente, el estado ha intentado pagar a las esposas de los militares que han estado protestando mientras sigue reprimiendo el sentimiento antibelicista mediante detenciones y absurdas penas de cárcel. Por eso no es nada raro que el régimen de Putin se dirija a continuación contra la comunidad LGBTQIA+, una comunidad que históricamente ha desempeñado un papel destacado en las luchas sociales y económicas en todo el mundo.
Putin enmarca el esfuerzo de guerra en Ucrania como una resistencia necesaria contra la influencia occidental, que incluye “ataques a los valores familiares tradicionales”, es decir, el derecho de existir para personas LGBTQIA+. Las personas LGBTQIA+ sí representan una amenaza para Putin, no porque sean agentes occidentales como él afirma, sino porque su liberación desafía la lógica de la ideología imperialista de Putin, sin considerar que la subordinación de género necesaria para justificar los recortes del salario social. A corto plazo, el cierre de espacios LGBTQIA+ alternativos puede contribuir mucho a limitar la libertad de expresión y frenar la oposición a la guerra.
La comunidad LGBTQIA+ está implicada desde hace mucho tiempo en la retórica geopolítica de Putin. Putin equipara su participación en la vida rusa con el envenenamiento del país por parte de Occidente. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 colocó a las personas LGBTQIA+ directamente en el punto de mira, ya que hacía referencia a los valores tradicionales y morales y categorizaba la preservación de la familia y las normas de género como una cuestión de seguridad nacional.
El primer desfile del orgullo de Moscú se celebró en 2006, 13 años después de que se despenalizara la homosexualidad a escala nacional. La respuesta del Estado en ese momento fue increíble: la policía reprimió violentamente la marcha y, sólo un par de meses después, se aprobó una ley regional antigay en Ryazan que tendría un efecto dominó. Después de ganar terreno en las legislaturas regionales de todo el país durante casi una década, la prohibición se promulgó a nivel federal en 2013.
El año pasado se prohibió la “propaganda LGBT+” en el país, ilegalizando la representación LGBTQIA+ en público (es decir, en el cine, los libros y el teatro) y en los medios de comunicación. El pasado mes de julio se produjeron ataques sin precedentes contra los transgeneros rusos, ya que una única ley ilegalizó los cuidados de reafirmación de género y el reconocimiento legal del género, anuló los matrimonios en los que participaba una pareja trans y prohibió a las personas trans adoptar o acoger niños.
El efecto de la ofensiva anti-LGBTQIA+ de Putin ha sido devastador para la salud pública. “En los últimos 20 años, la Federación Rusa ha experimentado un rápido aumento de la mortalidad asociada al VIH tanto en hombres como en mujeres”, según un estudio de 2022. Esto es fácilmente explicable, ya que muchas de las organizaciones que proporcionaban educación y atención sobre el VIH/sida estaban dirigidas por personas LGBTQ+ y han sido declaradas ilegales.
Después de que en 2013 se promulgara una amplia prohibición de la “propaganda gay” “en aras de la protección de los niños”, el país vio el efecto contrario: un aumento sin precedentes de los casos de VIH/SIDA. En una entrevista de 2015, Andrey Beloglazov, director de proyectos de LaSky, un centro de prevención del VIH con sede en Moscú, explicó este fenómeno: “Cuando la gente se esconde, se mueve de un lugar a otro y gravita hacia las relaciones secretas. … Tienen miedo de buscar asistencia médica”.
Los ataques de Rusia contra la comunidad LGBTQIA+ son ataques a todos los trabajadores, y la amenaza se extiende mucho más allá de las fronteras del país. Las leyes que se están aprobando en Rusia intentan recontextualizar el movimiento mundial por los derechos de las personas LGBTQIA+ como corrupción de Occidente, pero los ataques contra los derechos de las personas LGBTQIA+ que se están produciendo allí son escalofriantemente familiares a los que se libran contra las personas LGBTQIA+ en Estados Unidos ¡Manos fuera de nuestra comunidad! De Stonewall a Moscú, ¡solidaridad!
Foto: Alexander Demianchuk / Reuters