Por UNA TOLCA

BAKERSFIELD, Calif.—Es el 27 de abril del 2022 y en Centro de Detención Mesa Verde de la migra estalla una huelga de migrantes detenidos. Ya es julio, y los huelguistas siguen en lucha. Y no es huelga de hambre: inspirada por la ola huelguística y de organización sindical que sacude al país, esta es una huelga laboral en contra de la explotación extrema a la que son sujetos los detenidos en este centro que, como muchos otros, el gobierno ha dado en concesión a una compañía privada – nada menos que el GEO Group, el mayor contratista carcelario y de monitoreo electrónico de mundo.[1]

Por una paga que sirve solamente para disimular la semejanza de estos centros a un campo de concentración, los detenidos en Mesa Verde participan “voluntariamente” de un programa de trabajo limpiando los dormitorios del centro en condiciones insalubres y con ropas inadecuadas al clima, gastadas y manchadas. Los huelguistas señalan el descaro de su trato: “[afuera] no nos dejan trabajar por nuestro estado migratorio, y acá nos dicen que sí podemos, pero nos pagan solamente $1 al día.” Exigen un salario acorde a la ley laboral californiana ($15 la hora como mínimo), ropas limpias y adecuadas, alimentos correctamente preparados, agua potable, un médico, enseres de higiene personal, y trato digno.[2] (Lea sore nuestra campaña de solidaridad en el artículo inserto).

Mientras tanto, en la frontera sur de Estados Unidos los migrantes se agolpan en cifras récord. En mayo, más de 239.000 intentaron cruzar la frontera. De estos, 100.700 fueron capturados y expulsados a México gracias a las provisiones de la orden Título 42, que bajo pretexto de impedir la propagación de la COVID permite las expulsiones en caliente en la frontera, inmediatas y sin juicio ni derecho a pedir asilo. Con la excusa de frenar la transmisión de la COVID, el gobierno de Trump instaló esta orden de sanidad pública. Biden prometió levantar esta orden, pero no solamente ésta sigue en vigor, sino que además aumentaron las expulsiones en caliente a un total de 1,7 millones de personas bajo su gobierno.

En cuanto a los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, de las promesas de legalización que hiciera en su campaña electoral, el gobierno de Biden ha fracasado rotundamente. Si bien el número de deportaciones de indocumentados que ya están en el país ha disminuido – en el 2021 la cifra bajó a 74.000 de 104.000 en el último año de Trump[3] — la precaria situación legal, laboral y de salud de los millones restantes sigue como bajo Trump.

Es decir, con la entrada de los demócratas al gobierno no solamente no hemos visto mejoras significativas para los migrantes y los indocumentados, sino que la sofisticación del control de trabajadores migrantes y el proceso de privatización y por tanto alejamiento del escrutinio público del sistema de represión migratoria siguen avanzando. Y todo para ganancia de la clase capitalista en su conjunto y en particular de las empresas contratistas especialistas en cárceles, centros de detención y monitoreo electrónico que forman parte del gran complejo industrial-militar-carcelario. Bajo Biden, el Ministerio de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) norteamericano sigue gozando del honor de presidir el sistema de detención de migrantes más grande del mundo.[4]

Un giro táctico

Pero debajo de la aparente inercia, sí está ocurriendo un giro. Los liberales se ufanan de que por lo menos Biden frenó la construcción del nefasto muro en la frontera. Esto es cierto. ¿Pero por qué ha cambiado de táctica el gobierno? Primero, es importante señalar que ni siquiera bajo Trump el objetivo era cerrar el flujo de inmigrantes. Es decir, el muro era más un instrumento de propaganda que una barrera real a la entrada de trabajadores migrantes. Y esto es porque la presencia de inmigrantes, aun de indocumentados, favorece al capitalismo al darle a los patrones una reserva de trabajadores mal remunerados con los cuales amedrentar a los trabajadores nativos y al conjunto de la clase trabajadora, obligándola a aceptar peores condiciones de trabajo y salarios. La razón por la que la clase capitalista y sus políticos atacan a los migrantes no es para impedir que entren, sino para que su opresión facilite la explotación de toda la clase trabajadora, al mismo tiempo que fomentan el odio racista como manera de dividir a la clase.

Segundo, el gobierno demócrata se ha llenado la boca de lindas palabras sobre los trabajadores y ha tomado un giro “humanitario” con respecto a los migrantes. El ministro de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, ha declarado que su gobierno busca una estrategia que fortifique la frontera en combinación con un sistema migratorio “seguro, ordenado y humanitario.” ¿Qué quiere decir esto? Lo que se busca no es la disminución de la explotación de los trabajadores y de los migrantes, sino por el contrario un mejor control sobre ambos. ¿Y cómo? A través de una política más sofisticada de monitoreo electrónico y de privatización de servicios migratorios que de paso redunde jugosas ganancias para los aliados capitalistas de los políticos de turno. Es decir, lejos de pretender abrir la frontera, como le chillan los defensores del muro, el gobierno demócrata sólo busca sistematizar y controlar mejor el movimiento de personas sin con ello alterar un ápice su explotación como trabajadores sin derechos y su opresión racial en Estados Unidos.

Frontera de alta tecnología

Dada esta necesidad de controlar el flujo migratorio pero sin frenarlo, el muro físico era un carísimo y sobre todo inflexible instrumento. Trump heredó de Barak Obama y de George Bush unas 650 millas de muro, a las que agregó 576 a un costo de 11 mil millones de dólares.[5] Pero los demócratas han redirigido los recursos del estado a un proyecto de control de migrantes muchísimo más sofisticado y mejor alineado con su alianza político-económica con los sectores del capitalismo yanqui vinculados a la alta tecnología.

En vez de del “racista”[6] muro físico y los embarazosos centros de detención, los demócratas y sus amigos de Silicon Valley y la industria informática, están creando uno de los sistemas de vigilancia y recabación de datos biométricos y personales de los migrantes y sus aliados con fines represivos más vastos del mundo. Un sistema informático que en su momento utilizarán para reprimir dizque “humanitariamente” e “inteligentemente” a los migrantes y a sus aliados fuera de la mirada pública, como han operado desde siempre los operativos represores parapoliciales en nuestros países.

Los presupuestos públicos para la migra han ido aumentando hace décadas: más del 2.000% de aumento en las últimas tres décadas. Para el 2022, Biden ha solicitado más de 56 mil millones para el Ministerio de Seguridad Nacional del cual depende la migra, o sea un 5% de aumento con respecto al 2021. Estos aumentos de financiamiento de la Migra le han incrementado su capacidad de detención física en la frontera de 13.000 personas al día en el 2021 a 18.000 al día en el presente, gracias a la contratación de más agentes y el uso de equipos electrónicos de vigilancia de territorio.

Pero lo notable en este presupuesto es la reducción del presupuesto para los políticamente embarazosos centros de detención.[7] Bajo Trump, se erigieron cuarenta nuevos centros de detención, la vasta mayoría para ser administrados por la empresa GEO Group o a su competencia, CoreCivic.[8] El gobierno de Biden dijo querer eliminar 9,000 camas para migrantes detenidos en los infames centros, lo cual ha sido recibido con alabanzas entre los liberales. Pero el propósito no parece ser la eliminación de estos centros, sino más bien su utilización coordinada con sistemas de control más sofisticados. A través de un programa inocuamente denominado “Alternativas a la Detención” (Alternatives to Detention, ATD), los migrantes podrían ingresar al territorio e incluso integrarse a diversas comunidades, pero bajo vigilancia constante a través de cepos electrónicos, monitoreo telefónico, reconocimiento facial y de voz del migrante y sus conocidos y familiares, inspecciones de domicilios, y seguimiento GPS a través de sistemas SmartLINK.[9] El número de migrantes monitoreados de esta forma va en constante aumento – hasta hace poco, más de 200.000, el doble que el año anterior, todo bien financiado por el gobierno federal con más de 440 millones de dólares en sólo una ronda presupuestal en el Capitolio.[10] Los demócratas podrían incluso llegar a cerrar los centros de detención sin por un segundo dejar de reprimir y vigilar, sólo que menos visiblemente y con extraordinarias ganancias para las industrias de la vigilancia y recabación de datos.

Casi todas estas funciones de vigilancia remota y detención las hace ahora no el personal de la migra, sino empresas privadas como las citadas y por lo tanto aún más fuera de vista del público. El presupuesto entonces se usa en gran parte para pagar nutridos contratos de Alternativas a la Detención con este sector empresarial.

A pesar del discurso benévolo, humanitario y muy tecnocrático con el que el gobierno habla de estos sistemas, nada tienen de benévolo, ya que significan la vigilancia total de la vida de las personas y sus familias. Hay que tener en cuenta que desde el 2001, cuando aprovechando la ola patriótica tras el atentado a las torres gemelas el régimen se lanzó a la recabación masiva de datos so pretexto de combatir al terrorismo, la migra ha aumentado su colección de datos de huellas digitales de 10 a 212 millones personas, mientras que los sistemas de Homeland Advanced Recognition Technology que usa la agencia migratoria recoge datos identificatorios biométricos que pronto incluirán el ADN de las personas.[11] Ante un auge en la lucha de clases, de vigilar solamente a migrantes, el gobierno pasará fácilmente al monitoreo represivo de todos los trabajadores, oprimidos y jóvenes.

Y ¿quién paga y quién se beneficia de este gasto? Los que pagan son los trabajadores en Estados Unidos, incluyendo los propios indocumentados, que cada semana sacrifican parte de sus ingresos en impuestos con los que el gobierno subsidia a los capitalistas a través de su presupuesto. Y los que se benefician son las compañías que manejan los centros de detención privados y las que fabrican y proveen la infraestructura que ahora usa la migra en lugar de estos centros y para el control más sofisticado con drones y demás equipos de alta tecnología en la frontera. Y, claro, la clase patronal en su conjunto, que así se arma con los datos personales de millones de trabajadores para una vigilancia más profunda.

Es en parte así, con vistas al montaje de este aparato cada vez más vigilante y controlador de los movimientos de migrantes (y a futuro, de los trabajadores en general), que se entiende la postura de Biden de terminar con la política de detenciones en caliente que permitió la orden del Título 42. Si bien no logró levantar la orden de Título 42, el plan de Biden era y es reemplazar al sistema de devolución en caliente con otro que permita la entrada controlada de las personas pero con el simultaneo refuerzo “inteligente” multimillonario de la frontera y del monitoreo electrónico de los migrantes.

Es por eso que tenemos que ajustar nuestras luchas. Muchas organizaciones de derechos de los migrantes e indocumentados han venido luchando por el cierre de los centros de detención, entre otras cosas. Debemos seguir exigiendo esto. Debemos apoyar sin reservas la acción de migrantes huelguistas como los de Mesa Verde, impulsando a nuestros sindicatos a solidarizarse material y políticamente con ellos, recaudando fondos para sustentarlos, exigiendo su liberación irrestricta.

Pero claramente esto no es suficiente, dada la multiplicación de tácticas de parte del gobierno. Para combatir los esfuerzos de la patronal y su estado por controlar mejor a la clase trabajadora y a su sector más vulnerable, los migrantes, es imperativo que el movimiento sindical norteamericano milite en contra de esta expansión de la vigilancia y la represión contra migrantes en general y abrace la lucha de los migrantes e indocumentados como propia. El por ahora fragmentado movimiento de lucha por los derechos de los migrantes e indocumentados, por su parte, debe superar esta fragmentación y unificarse independientemente de los demócratas y de las ONGs que sofocan su militancia en inútiles campañas de cabildeo para así lanzar una eficaz defensa contra la represión y el monitoreo de los migrantes y por la conquista de los plenos derechos, buscando el apoyo de los trabajadores nativos y de los sindicatos, no de los políticos demócratas. La Voz de los Trabajadores lucha no solamente por los plenos derechos para los millones de indocumentados que ya hay en el país, sino también la abolición de la migra y apertura de la frontera. Porque las fronteras solamente benefician a los capitalistas, pero en nada a los trabajadores. Y es también por eso que reclamamos el derecho inmediato e incondicional a la ciudadanía para cada uno de los 11 millones de indocumentados y el resto de los inmigrantes en este país. Solo con la igualdad entre todos los trabajadores y la lucha conjunta impediremos que los capitalistas dividan nuestra clase y nos usen los unos contra los otros.

¡Solidaridad con los detenidos y huelguistas de Mesa Verde!

Iniciada el 27 de abril, la huelga de los migrantes detenidos en Mesa Verde, es la segunda en estallar en este centro de detención privado, administrado lucrativamente por la corporación GEO Group (ver artículo principal). Explotados y maltratados, los migrantes de Mesa Verde deben limpiar las instalaciones en condiciones deplorables de higiene y remunerados $1 por día. La Voz de los Trabajadores apoya las demandas de estos trabajadores y llama a todas las organizaciones sociales, sindicatos e individuos a solidarizarse material y políticamente con la huelga, recolectando fondos, aprobando resoluciones exigiendo el cumplimiento de las demandas de los huelguistas, y organizando o apoyando manifestaciones de apoyo. Ayúdenos a difundir y apoyar las demandas de los huelguistas:

1. Trato digno para todos los detenidos
2. Aumento del salario de los trabajadores migrantes detenidos a $15 la hora
3. Mudas de ropa de cama, toallas, ropa y calzados apropiados al clima y actividad y en buen estado
4. Enseres de higiene personal de buena calidad
5. Alimentos de calidad, en porciones adecuadas y con frutas frescas y limpias, agua caliente en todas las comidas
6. Agua potable en todo el centro
7. Derechos de visitas en persona y visitas virtuales gratuitas
8. Contratación de un médico residencial y dedicado al centro, servicio de referidos a especialistas; bloqueados solar en el verano.

Para realizar donaciones, por favor envíe su contribución a https://gofund.me/fb8d96f0, que nuestra organización entregará la suma a los huelguistas. Contáctenos para participar en la campaña de solidaridad vía litcilavoz@gmail.com.

[1] https://investigate.afsc.org/company/geo-group

[2] https://www.pangealegal.org/news-and-updates/2022/6/7/l4s5d0en0wgtkysr5cfqsc3w40773c

[3] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/11/ice-report-deporations-arrests/

[4] https://immigrantjustice.org/issues/immigration-detention-enforcement

[5] https://www.npr.org/2020/01/19/797319968/-11-billion-and-counting-trumps-border-wall-would-be-the-world-s-most-costly

[6] Calificación usada por una legisladora demócrata Nina Lowey en 2021 para ensalzar la propuesta presupuestal demócrata, que prohibió financiar el muro y dotar en vez su alternativa “moderna” e “inteligente”. https://www.tni.org/en/article/walls-are-dumb-but-president-bidens-smart-border-is-even-worse

[7] https://www.boundless.com/blog/biden-requests-56-7-billion-dhs-2023-budget/

[8] https://thesoutherneronline.com/87106/comment/biden-administration-should-end-the-use-of-privately-owned-ice-facilities/

[9] https://www.detentionwatchnetwork.org/issues/alternatives

[10] https://www.nytimes.com/2022/03/25/us/politics/biden-immigration-detention-beds.html; https://trac.syr.edu/immigration/reports/678/

[11] https://www.tni.org/en/article/walls-are-dumb-but-president-bidens-smart-border-is-even-worse

FOTO: Ciudad Juárez, México — Migrantes deportados desde los EEUU cruzan el Puente de Paso del Norte, 29 de enero, 2021. (Jose Luis Gonzalez / Reuters)