por Florence Oppen
 

“Black Lives Matter”: las vidas negras importan

Con esa consigna se movilizaron los jóvenes negros, con sus vecinos, amigos y familias en Ferguson y todo el estado de Missouri y en el resto del país en agosto de 2014 para exigir el juicio y castigo de los policías que mataron a Michael Brown. Y con esa misma consiga volvió a salir la juventud y la comunidad negra primero en Baltimore, tras la muerte de Freddie Gray, un chico negro de 25 años, bajo custodia policial, y luego en muchas otras ciudades.
Sabemos que el 12 de abril Freddie fue brutalmente arrestado, esposado de pies y manos, y conducido en el piso de un furgón policial, boca abajo, sin cinturón de seguridad. Que cuando llegó al hospital tenía el 80% de la médula ósea del cuello seccionada y que murió 7 días después. Algo ocurrió en ese furgón que no sabremos nunca. Lo que si sabemos es que en EEUU las vidas negras no importan, por lo menos no le importan a la policía, a los jueces, a los alcaldes y congresistas, y sobretodo, no le importa al gobierno demócrata del primer presidente negro que ha tenido este país, Barack Obama, que lleva 7 años gobernando.
Y cuando decimos que esas vidas no le importan ni a la administración de Obama, ni al Partido Demócrata ni al Republicano, ni a las multinacionales que controlan el país, nos basamos en los hechos. Tuvieron que salir miles de jóvenes de las barriadas obreras, pobres y negras de Baltimore a protestar de manera contundente durante 5 días seguidos para que se llevara a cabo una investigación policial mínimamente seria por la muerte de Freddie. Y ésta ya concluyó que el arresto fue totalmente ilegal e injustificado, y decidió procesar a 5 policías con distintos cargos de homicidio (algunos se enfrentan a penas de entre 10 y 30 años de cárcel).
Frente a las protestas y saqueos Obama mandó como fue el caso en Ferguson a la Guardia Nacional y su gobierno sigue invirtiendo más dinero en la represión y la militarización de la policía que en cualquier medida de apoyo social o económico a la población negra. Baltimore se vio sumida en un caos y un nivel de enfrentamiento tal que su único punto de comparación son las revueltas de 1968 en protesta por el asesinato de Martin Luther King Jr. Y desde Baltimore 2015, las comparaciones entre 1965 y 2015 no dejan de proliferar.

La realidad y la falacia de unos EEUU “post-raciales”

Si de alguna manera las protestas e incipiente organización de jóvenes y trabajadores negros para defender sus derechos nos dan una esperanza de un posible cambio, la realidad de la justicia norteamericana es inmutable: los policías de Baltimore serán probablemente exculpados como lo fue el oficial D. Wilson que asesinó a Michael Brown o recibirán condenas irrisorias como el policía del BART que asesinó a Oscar Grant en Oakland (California) en enero del 2009 (éste cumplió menos de un año de cárcel).
Si los policías blancos casi nunca son condenados cuando disparan a sangre fría a jóvenes negros, no es por falta de pruebas: tanto los asesinatos de Grant como de Brown están grabados en video y cuentan con decenas de testigos oculares. El problema es otro: es la larga historia de opresión racial en la primera potencia capitalista, una “democracia” que tuvo desde su fundación y durante casi un siglo (1776-1865) esclavos en la mitad de su territorio nacional, y donde los derechos civiles y políticos de los negros en los Estados del Sur sólo se hicieron cumplir por ley a partir de las leyes de 1964-1965 fruto del movimiento por los derechos civiles que le costó sangre, sudor y lágrimas al proletariado negro que lo militó. Esa larga historia de lucha contra la opresión no acabó en 1965, ni en 2008 con la elección de Obama. Es la que vivimos hoy en Baltimore.
En el curso de estos últimos meses hemos visto, otra vez, como el discurso sobre la objetividad del “estado de derecho” y sobre la supuesta misión de sus fuerzas del orden (“servir y proteger” a la comunidad) ha sido barrido por otra realidad. Esa realidad que el capitalismo se esfuerza inútilmente por ocultar: que para mantener la “paz social” en la primera potencia mundial, el “líder del mundo libre” tiene que ejercer una violencia y una segregación diaria sobre la población negra y los inmigrantes y latinos, es decir sobre una porción creciente de su propia clase trabajadora. Que la “guerra contra el terror” hacia fuera tiene un corolario hacia dentro: la guerra contra el pueblo negro y los inmigrantes.
Y con el mito del “Estado protector” con las muertes de Brown y Gray también voló en pedazos ese mito más reciente de una “sociedad post-racial” de la que tanto se vanaglorian los liberales norteamericanos. Ese mito fue el que llevó de manera casi delirante al Tribunal Supremo de los EEUU a invalidar en junio del 2013 la sección 4 de la Voting Rights Act (1965), que es la disposición conteniendo todas las medidas concretas de vigilancia especiales a las administraciones de los 9 Estados exescalvistas y exsegregados para garantizar en la práctica el derecho a voto de los negros, y que tornó un derecho formal en un derecho real. Y lo hizo con el argumento de que ese dispositivo de tutela federal estaba “basado en hechos viejos de 40 años que no tenían ya ninguna relación lógica con la realidad de hoy.” Tanto se equivocó el Tribunal Supremo que no sólo los Estados sureños sino muchos otros estados de la unión vieron esa decisión como una luz verde para volver a los viejos métodos excluyentes y discriminatorios a la hora de votar exigiendo tipos particulares de identificación, la necesidad de registro previo al día de votación, certificados de nacimiento, pruebas de ciudadanía etc.
En marzo de este año salió el “esperado” estudio del Departamento de Justicia sobre la policía local estadounidenses encargado a raíz de las revueltas de Ferguson. Y entonces quedó al descubierto que esos supuestos “hechos viejos de 40 años” están hoy más vivos que nunca pero bajo otras formas, camuflados.
Los datos (incompletos) que brinda el estudio del Departamento de Justicia no dejan lugar a duda sobre el carácter racista de la policía de Ferguson: siendo el 67% de la población negra en esa ciudad, el 87% de los ciudadanos con multas tráfico son negro y también lo son el 93% de los arrestados. Y ese carácter racista se refleja en mayor o menor grado en la policías locales de todas la ciudades del país, que entre 2005 y 2012 se llevaron 400 vidas por delante por año, y cuyos policía blancos asesinaron a dos ciudadanos negros cada semana durante éste último periodo. Eso lo sabemos todos los que vivimos en los barrios negros o inmigrantes, o los que tenemos los ojos bien abiertos a la realidad social, pero a raíz de las movilizaciones de Ferguson y ahora Baltimore, el gobierno se vio forzado a reconocer públicamente lo obvio. En febrero de este año el mismo director del FBI James B. Comey tuvo que aceptar que existía lo que él denominó una “desconexión” entre la policía y las barriadas mayoritariamente negras y latinas, y que muchos policías tenían conductas racistas “inconscientes” que debían ser combatidas con más formación.
Otras investigaciones independientes y series concluyen hechos similares: que los negros si bien sólo representan el 12.9% de la población nacional, representan el 28.3% de los arrestos, es decir que tienen el doble de probabilidades de ser arrestados. Pero que cuando hablamos de homicidios policiales, la probabilidad es aún mayor: un joven negro tiene 21 más posibilidades de ser asesinado por la policía que un chico blanco. Y eso no es una realidad “inconsciente” o “accidental”, es que en un país marcado por una historia de segregación y opresión, la NAACP encontró que hay 20 estados que no prohíben por ley la discriminación racial en las prácticas policiales (“racial profiling”)… ¡y unos 30 que tienes esas prácticas inscritas de un modo u otro en sus libros de leyes! Y esas prácticas racistas no van a cambiar ni con los “talleres de sensibilización” que propone el gobierno y los activistas liberales, ni con la “policía de proximidad”, reclutada en la comunidad negra que proponen las ONG; por que las causas del racismo y la exclusión de la población negra en los EEUU son mucho más profundas y estructurales.

De Ferguson a Baltimore: el problema negro no es un problema de “representatividad”

Y es que uno de los principales obstáculos para combatir la violencia hacia la población negra y su opresión de conjunto es de carácter ideológico. Los partidos burgueses que llevan monopolizando el poder político desde 1776 han instalado que se en la sociedad americana una visión simplista de la cuestión racial: los blancos oprimen a los negros porque tienen “privilegios” y están en el poder, y si los negros gobernaran y ocuparan los cargos de responsabilidad política esto no pasaría. Esta visión que reduce la opresión racial del pueblo negro a un problema individual, el del “privilegio” del hombre blanco, y que propone una “política de la identidad” (ser negro o latino, o mujer es garantía de llevar adelante la lucha de esos sectores por sus derechos) que se traduce en lobby y campañas electorales es errada.
Es errada primero porque los mismos hechos la desarman. Si bien en Ferguson esa discusión tuvo y tiene cabida  (en la población de 21,000 personas donde el 69% son negras, en la unidad de 65 policías militarizados sólo 3 eran negros), la situación de Baltimore, bastión del Partido Demócrata desde hace 150 años, que ha sabido cooptar las luchas y ocupar los puestos de poder con sus representantes negros es bien distinta. En la ciudad de Baltimore (600, 000 habitantes), donde el 64% de la población es negra, sí hay “representatividad racial”: el alcalde es negro, los dos tercios de los concejales son negros, el superintendente escolar es negro… el jefe de policía es negro, y la mayoría de los policías lo son. Y eso no impidió la muerte de Freddie Gray ni hace de Baltimore un lugar donde la juventud negra es menos discriminada y violentada por la policía, ni donde la población esté menos segregada en el espacio urbano y a nivel económico social.
Y es que el tener representantes de un color en puestos de poder no es lo que importa, sino la política llevada a cabo por esos representantes, y aún más, el carácter de clase de las instituciones desde las qué gobiernan: qué intereses representan sus partidos y qué intereses han representado históricamente el congreso, la policía, el FBI, la guardia nacional etc. En EEUU, además de un presidente negro, hay 43 miembros del Congreso y 2 senadores negros, el número más elevado de la historia, y mientras estallaron las protestas de Baltimore, Loretta Lynch se convirtió en la primera mujer negra en ser nombrada fiscal general del Estado. Pero la respuesta del gobierno de Obama frente a los hechos muestran los limites y las falacias del intento de canalizar las luchas hacia la vía electoral, planteado que lograr una mayor “representatividad racial” en las institucionales locales, nacionales e incluso en la policía es la solución.
Pero las ideologías de la “representatividad” y de la “identidad” son erradas y dañinas porque impiden llegar al fondo del problema y proponen un parche que perpetúa la opresión y desmoviliza. Debemos salir de la política anestesiante que repiten los medios y cuestionar porqué tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata han tenido desde los años 80 una política sistemática y deliberada de represión y marginalización económica del pueblo negro. Nosotros decimos que esa ofensiva neoliberal de criminalización y encarcelación masiva del pueblo negro, fue una respuesta a la crisis del capitalismo americano en los 70 y el fin de una ola de acumulación. Y que para recuperar los beneficios y la tasa de ganancia las grandes multinacionales con Reagan a la cabeza no sólo tuvieron que demoler al movimiento sindical y décadas de conquistas y derechos laborales, sino que también tuvieron que volver a someter a ese sector de la clase en una precariedad, super-explotación con peores salarios y marginación social crónica. Es decir que a partir de 1982 con la “Guerra Contra las Drogas” la administración Reagan inició un ciclo regresivo, contrario al imaginario del “progreso” burgués: inició una ofensiva para hacer mella en todas las conquista del movimiento de los derechos civiles de los 60, tornando muchas de ellas en meramente formales.

La “guerra contra las drogas” y la nueva segregación económica y social: el problema negro es un problema de clase

Hace unas semanas el New York Times publicó un artículo con título amarillista y “escandaloso” pero terriblemente cierto: “ Un millón y medio de negros desaparecidos”. A ese millón y medio de negros, la inmensa mayoría trabajadores, no se los tragó la tierra, sino que los devoró el sistema capitalista. El estudio muestra que “por cada 100 mujeres negras que no están en la cárcel, sólo hay 83 varones negros. El resto de los varones – 1.5 millones- están, de algún modo, desaparecidos.” Esa relación es de 99 a 100 para los en los varones blancos. Cuando el índice de masculinidad general del país es de 49% en Baltimore es de 44%, en Nueva York y Chicago de 43% y en Ferguson… de 37.5%. ¿Dónde están entonces los “desaparecidos”? O bien tuvieron una muerte temprana o bien están en la cárcel (600, 000 de éstos). Uno de cada 12 hombres negros de entre 25 y 54 está en la cárcel, para los blancos la relación es de 1 a 60. Ese es el destino de predilección que el sistema capitalista le reserva al pueblos negro hoy.
Estos datos no son nuevos. Sólo que hoy, por causa de Ferguson y Baltimore, el NYT se vio obligado a ponerlos en primera página. De hecho cuando en 2010 la abogada pro derechos civiles e investigadora Michelle Alexander sacó su libro The New Jim Crow, The Age of Mass Incarceration in the Age of Coloblindness, documentando y arguyendo como que el sistema actual de criminalización y encarcelación de la población negra es una forma nueva de segregación, su tesis causó un cierto revuelo. Alexander arguyó que “la encarcelación masiva se ha convertido de manera asombrosa en un sistema de control social racializado de la población muy bien disfrazado, un sistema que funciona sorprendente de una manera muy similar a Jim Crow, la segregación.” Y añadió que las diferencias económicas y sociales con los 60 son más diferencias de lenguaje y mecanismos de control que un cambio real en la sociedad hacia la liberación.
En una conferencia en la Universidad de Chicago en el 2013, Alexander explicó que el sistema de encarcerlación masiva es una ofensiva en contra de la clase trabajadora en su conjunto, que el sistema judicial si bien se ensaña con los más pobres, los negros, los latinos y los sectores más vulnerables, ejerce una opresión política y social sobre el conjunto de la población: “el sistema penal encierra a la gente pobre, mayoritariamente gente de color, en un estatus permanente de segunda clase, es un sistema casi tan eficaz como los sistemas anteriores de control racial y social… una vez has sido marcado como “criminal” entonces todas las formas de discriminación (en el empleo, en la vivienda, en el derecho a voto o ser jurado popular) se tornan legales. Hoy siendo un “criminal” caso no tienes más derechos y por seguro menos respetos que un hombre negro en Alabama en 1950.”
¿Cuáles son los resultados de la “Guerra a las drogas” iniciada por Reagan en 1982? En menos de 30 años la población carceral en los EEUU pasó de 300,000 a más de 2 millones de presos, haciendo de los EEUU hoy el país que el índice de encarcelación más alto del mundo (más que Rusia, China o Irán), aún mas si se lo compara con las supuestas democracias: por cada 100, 000 adultos alemanes, hay 93 en la cárcel, en EEUU la cifra es de 750/100,000. Un estudio del 2014 muestra que por lo menos 12 millones de personas pasan por algún tipo de cárcel local al año, y de los que están en esas cárceles, un poco más de la mitad no han sido condenados sino que están encerrados a la espera de juicio pero no tiene dinero para pagar la fianza o conseguir un buen abogado. El resto están encerrados por ofensas muy menores. El problema judicial es claramente un problema de clase.
La “Guerra contra las drogas” ha sido y es una guerra contra la clase trabajadora y en particular contra el pueblo negro para arrebatarle los derechos ganados y hacerle pagar el costo de las crisis: el 38% de los presos son negros (cuando son solo el 12.9% de la población).El resultado de esa operación de estigmatización, criminalización y encarcelación (“todos los negros son violentos y drogadictos”) ha llevado a la población negra a una nueva segregación social y económica: el 80% de los jóvenes afro-americanos de las principales ciudades tienen hoy algún antecedente penal y no van a lograr encontrar un trabajo estable. A nivel nacional son un tercio de los jóvenes negros los que hoy están de un modo u otro bajo el control y opresión del sistema judicial (cárcel, libertad condicional etc) y estigmatizados de por vida por éste como “criminales”.
El “sueño americano” no existe para los jóvenes y adultos negros. Y Obama no hecho nada para cambiar esto, más bien al contrario. Esta política de estas últimas décadas ha producido un resultado devastador: existen hoy 65 millones de trabajadores que tienen antecedentes penales, es decir un cuarto de la población activa, y la mayoría de ellos son negro y latinos. Eso significa que no van a encontrar trabajo estable o bien pago (con salario digno, plan de salud, pensión, vacaciones y días de enfermedad) porque el 92% de las empresas verifica los antecedentes penales de “algunos” candidatos y el 73% verifica los de todos. Estos trabajadores van están además excluidos por ley de varias profesiones, no pueden acceder a vivienda de protección oficial ni a los cupones de alimento… y muchos de ellos pierden el derecho de votar en las elecciones. En las últimas elecciones nacionales del 2012, un 8% del censo electoral negro no pudo votar por ese motivo. Hoy 5.8 millones de trabajadores no pueden votar en las elecciones por su presente o pasado “criminal”, 1.4 millones de ellos son negros. El problema de la opresión racial es pues un problema de clase: no sólo porque la vida de Obama o del alcalde de Baltimore no tiene nada que ver con la vida del 99% de los negros, sino porque la ofensiva reaccionaria contra la población negra es una ofensiva contra la clase trabajadora en su conjunto. El sistema judicial en EEUU se ha convertido en el principal instrumento para controlar y oprimir a la clase, y en particular la población negra y latina.

La política de Obama: a favor de las multinacionales y la represión

Pero quizás la rebelión y el odio de los jóvenes que salen a las calles hoy no sólo sea el fruto de estas décadas de marginación y violencia, sino el de sentirse víctimas de una terrible traición política. Y es que el candidato electoral en el que todo el pueblo negro depositó sus esperanzas los defraudó una y otra vez. Y los contestó con la Guardia Nacional y el estado de sitio.
En el 2012 a Obama se le llenaron los ojos de lágrimas cuando habló por televisión para dar las condolencias a las familias de las 26 víctimas, la mayoría niños, de la escuela primaria de Newton, Connecticut, que murieron en un tiroteo masivo. Como padre de familia empatizó y lloró. Pero no empatiza, ni llora, ni se indigna, cuando la policía asesina brutalmente a jóvenes negros en los barrios populares. Más bien se enoja. Su gobierno no pasó ni una sola medida a favor del pueblo negro. Lo que si hizo fue continuar la ofensiva criminalización anti-obrera y racista del estado norteamericano, salvar a los principales bancos y multinacionales de la crisis del 2008 y aplicar el ajuste al conjunto de la clase.
El gobierno de Reagan usó la excusa de las drogas para aumentar el presupuesto del Estado destinado a represión y contracción de cárceles: entre 1980 y 1984 la financiación de los programas anti-droga del FBI aumentó de $8 millones a $95 millones, mientras que en el mismo periodo se redujo el presupuesto federal para la educación pública de $14 millones a $3 millones. Similarmente los presupuestos para la lucha contra las drogas del Ministerio de Defensa pasaron de $33millones en 1981 a $1,042 millones en 1991. La política del gobierno de Obama, también una política de choque para enfrentar la crisis, no difiere mucho de Reagan.
Después de Ferguson, enero de este año, Obama se vio obligado por la primera vez en su mandato a mencionar en el discurso sobre el “estado de la unión” el problema de la criminalización masiva de la población negra y se presumió que es la primera vez en 40 años que bajó el índice de encarcelamiento. Y es cierto que entre 2009 y 2013 ese índice bajo 9%. Lo que no dijo es que hay cada vez más presos en las cárceles federales y estatales, un aumento del 4% entre 2012 y 2013. Eso implica que fueron las cárceles locales las que se vaciaron un poquito como respuesta del ajuste presupuestario a las ciudades y condados que redujeron todos sus “servicios”, pero que las que dependen de las instituciones del Estado siguen creciendo, ya que son una fuente de negocio.
Las prioridades del gobierno son claras: este pasado 2014 dedicó el 17% de los recursos del Estado para financiar el Ministerio de Defensa, las ocupaciones, bases militares afuera y sólo 2% para el de educación, porcentajes que se mantiene estables y similares a los de la era Bush. De hecho, el primer presupuesto presentado por el gobierno de Obama para el 2010 representó un aumento del 7% para Defensa y del 21% para el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security), que llegó a su máximo histórico en 2011 ($75 000 millones)… el año que vio nacer el movimiento Occupy.
Obama no ha hecho otra cosa que continuar el programa de militarización de la policía local iniciado por Bush: desde 2003 se han destinado $34 000 millones de dólares a dar fondos federales para que las policías locales compren material militar de los contratistas de guerra. En las principales ciudades, y en particular las que tienen un porcentaje alto de negros y latinos, las policías cuentan con vehículos blindados, helicópteros, drones, tanques, equipamiento de asalto y de visión nocturna etc.

Hay que organizar el movimiento con una política de clase

Frente a las actuales revueltas urbanas, nosotros los socialistas defendemos de manera incondicional el derecho del pueblo negro a rebelarse, a auto-organizarse y a auto-defenderse de las agresiones continuas de la policía local y del estado federal que ha militarizado sus barrios. El debate central no puede es si la lucha política debe o no plegarse al principio moral de la no-violencia, sino el de organizar ese movimiento a escala nacional para enfrentar al gobierno nacional, organizar un movimiento con independencia de clase y con un llamado de unidad a la clase trabajadora en su conjunto.
En 1964 cuando Malcom X, uno de los líderes del ala más radical del movimiento negro, volvió de la Meca y rompió con la organización religiosa Nation of Islam, empezó a ver que el problema de fondo no era “el hombre blanco”, sino el sistema capitalista que sustentaba el sistema de privilegios para unos y super-explotación para otros. Fue entonces cuando el SWP, sección de la IV Internacional, y Malcom X organizaron actividades conjuntas en universidades y foros públicos para hacer un llamado a la unidad de la clase para salir a luchar por los derechos del pueblo negro. En uno de sus últimos discursos en la Universidad de Oxford en diciembre de 1964, tres meses antes de ser asesinado, Malcom X afirmó: “Y es mi opinión que me uniré con quien seas – no me importa el color de tu piel- siempre y cuando quieras cambiar esta miserable condición que existe en este mundo.”
Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones de trabajadores, sindicatos y organizaciones barriales, y en particular a las direcciones de las federaciones AFL-CIO y la Change To Win Coalition a que sigan el ejemplo de los trabajadores portuarios de la costa oeste (ILWU) que organizaron un paro el Primero de Mayo en contra de la violencia policial y el racismo, y por el juicio y castigo de los policías responsables. Lo que necesitamos es un paro general para exigir el fin de la criminalización y militarización de los barrios negros y la recuperación de todos los derechos laborales y civiles.
¡Juicio y castigo a todos los policías culpables de asesinato!
¡Libertad inmediata de todos los jóvenes procesados por participar en las protestas!
¡Basta de militarización de la policía y de la política de encarcelación masiva!
¡Dinero para empleo estable y educación, no para prisiones y militarización!
¡Sigamos el ejemplo de ILWU, organicemos un paro nacional contra la violencia policial y la discriminación racial!