Por La Voz de los Trabajadores, Escribiendo desde San Jose, CA, 6-12-13
Como lo hemos mencionado anteriormente, el pasado 24 de Febrero, se levantaron en armas los pobladores de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, con el apoyo de sus tenencias: la principal de ellas, la Ruana, además con el apoyo de las comunidades y rancherías grandes aledañas de las municipalidades. Posteriormente, el día 15 de Mayo del año en curso, se incorporó a la causa el municipio de Coalcomán y el día 30 de Mayo el municipio de Chinicuila o Villa Victoria, una pequeña población de unos 1.300 habitantes, ubicada en el vientre de la Sierra Madre. Cansados de tanta extorción y cobro de piso o cuota por parte de los carteles de la droga, todos ellos decidieron unirse a la lucha para defender sus propios intereses como campesinos pobres y como trabajadores, tomando en sus propias manos la solución de sus problemas ante la decidía y la pasividad cómplice del gobierno.
Ya era casi imposible para todos los habitantes de dichos municipios solventar las cuotas que imponía el crimen organizado de los “Caballeros Templarios”. Pero ellos no son los únicos afectados., todo el estado se ve perjudicado por esta situación, e inclusive gran parte del país tiene el mismo problema del cobro de piso o extorsión. Hasta a el mismo gobierno se le cobra cuota, tal es el caso de los ayuntamientos municipales quienes pagan una cuota por nómina de trabajadores y obras que realizan a favor del municipio.
Hace cerca de un mes la acción directa de los pobladores organizados y armados en la “policía comunitaria” iniciaron acciones de control y patrullaje en sus comunidades. Hubo captura y se persiguió a reconocidos miembros del temido cartel de los “Caballeros Templarios” quienes prácticamente fueron puestos en fuga lo que trajo como resultado una brizna de paz y tranquilidad a estas poblaciones. Sin embargo, “La Policía Comunitaria”, el cuerpo armado de los propios habitantes no fue bien visto por el gobierno y el ejército federal mexicano. Ese tercer poder surgido de las entrañas de los propios pobladores, la mayoría de ellos campesinos pobres y trabajadores, puso al descubierto la actitud pasiva y cómplice del gobierno y del ejército federal mexicano con el accionar de las bandas de narcotraficantes pues de tiempo atrás venía haciendo oídos sordos a los reclamos de justicia de los habitantes.
La “Policía Comunitaria” fue condenada por el gobierno de Peña Nieto quien los acusó de haber sido armados por el Cártel de Jalisco. Estas acusaciones fueron completamente rechazadas por las propias comunidades quienes en grandes movilizaciones callejeras expresaron su inconformismo con la desidia del gobierno y la intención de acabar con el accionar de las bandas de narcotraficantes, exigiendo que los dejen vivir en paz, que puedan tener comida y trabajo.
Frente a esta delicada situación, el gobierno de Peña Nieto envió al ejército federal para retomar el control de las poblaciones sublevadas y fue así como se inició un proceso de negociaciones. El ejército mexicano exigió el desarme de la “Policía Comunitaria” a cambio de tomar acción contra los integrantes de los carteles. Las negociaciones parecen no haber sido fáciles para los representantes del ejército pues muchas de las comunidades aceptaron que el ejército tomara control de las municipalidades pero no aceptaron entregar las armas argumentando haber perdido también la confianza en el ejército.
Esta situación se ha venido desarrollando con informaciones que parecen darles la razón a los pobladores. El ejército tomó control de las municipalidades, con equipo militar pesado, pero se oyen quejas que dicen que de nada ha servido pues se incautan armas y municiones pero no se llevan a cabo capturas de los reconocidos miembros de los carteles, algunos de los cuales han hecho pronunciamientos públicos anunciando su intención de regresar con sus actividades de extorsión y violencia contra los pobladores. Lo que sí se sabe es que el ejército capturó a cuatro “policías comunitarios” quienes venían cumpliendo las tareas de requisa y control que originalmente la propia población les había asignado.
La conclusión que podemos sacar de esta nueva situación es que los campesinos pobres y los trabajadores en estas comunidades se encuentran en un cruce de caminos. Por un lado, la amenaza latente de las bandas criminales de narcotraficantes hacia las comunidades y por el otro la intención del gobierno de desarmar a la población. Pensamos que la lucha de los pobladores de estas municipalidades debe continuar adelante. Deben seguir organizándose y movilizándose. En este proceso el papel que puede jugar la organización de los trabajadores es crucial pues son los únicos que pueden levantar una posición independiente por su condición de desposeídos y explotados frente al gobierno de Peña Nieto y de los narcotraficantes. La ausencia de sindicatos independientes puede ser una debilidad en este proceso pero pueden crear comités por ranchería o por colonia en los cuales se discuta cómo seguir levantando las demandas de paz, comida y trabajo así como también organizarse contra las intenciones del gobierno de desarmarlos y el posible regreso de las bandas de narcotraficantes.
En California, en donde se viene llevando a cabo una importante labor de solidaridad y de apoyo con la lucha de nuestros familiares en Michoacán, es necesario fortalecer las actividades de colecta de dinero, de difusión del conflicto y denuncia del gobierno de Peña Nieto y las acciones criminales de los narcotraficantes contra la población trabajadora buscando el apoyo de los trabajadores no solo inmigrantes sino de la clase trabajadora americana.