Las “violaciones de Mazan”: Más allá de la cobertura mediática ¡organicemos la lucha contra la violencia sexual!
Por Brune Ernst
El 2 de septiembre de 2024 comenzó en Francia el juicio contra Dominique Pelicot, acusado de ser el organizador de numerosas violaciones contra su esposa. Durante casi diez años, Gisèle fue drogada por su marido y violada sin su conocimiento más de cien veces por unos cincuenta hombres, también acusados de violación agravada.
Un asunto llamado “histórico”, pero emblemático de la opresión sistémica
En 2020, Dominique Pelicot fue captado tomando fotografías bajo las faldas de unas mujeres. Siguió una investigación, especialmente en su ordenador, donde se encontraron numerosas fotografías y vídeos que mostraban a Gisèle, inconsciente, violada por decenas de hombres. Cuatro años después comenzó el juicio contra Dominique Pelicot y los violadores que se han podido identificar gracias a las fotos y vídeos.
En el banquillo de los acusados, los abogados de los violadores han recurrido a la ya conocida estrategia de invisibilización o minimización de los hechos, calificando las imágenes de «relaciones sexuales» y no de violaciones, e interrogando a la víctima sobre sus «preferencias y prácticas sexuales». – tríos o swinging. Pero las imágenes hablan por sí solas, y en Francia se habla de un “juicio histórico” que sería considerado el caso de violación más grave jamás juzgado en Francia.
Poner la noción de consentimiento en el centro de la definición de violación
Este juicio se desarrolla en Francia en un contexto en el que la definición de violación se debate desde hace varios años. De hecho, tras la propuesta, en 2022, de la Comisión Europea de unificar la caracterización de la violación en Europa en torno a la noción de consentimiento, Francia fue uno de los 11 países que se opusieron a esta definición. En Francia, la violación se define como “un acto de penetración donde la agresión sexual se comete bajo amenaza, coacción, sorpresa o violencia”. Por tanto, no se tiene en cuenta la noción de consentimiento, lo que deja un enorme margen a la defensa de los violadores e ignora, entre otras cosas, la dimensión psicológica del acto y el trauma creado, que puede, por ejemplo, provocar estados de shock en que la víctima es incapaz de reaccionar ante la violencia que está viviendo. Esta definición también hace posible una “zona gris”, particularmente en los casos de violación conyugal, que resulta casi imposible de caracterizar como tal.
La negativa de Francia a unificar la definición de violación en torno al consentimiento a escala europea, ha sido fuertemente criticada por ciertos grupos políticos de izquierda, pero especialmente por colectivos y asociaciones feministas que luchan por defender a todas las personas que son víctimas de violaciones y violencia en este sistema de opresión representado por el capitalismo patriarcal. Este debate parece haber experimentado un “giro de 180 grados” el 8 de marzo de 2024, cuando, al margen de la ceremonia de sellado de la ley que constitucionaliza la interrupción voluntaria del embarazo, el presidente de la República, Emmanuel Macron, declaró que la noción de consentimiento debía consagrarse en la legislación francesa.
Es interesante el paralelo con la inclusión del aborto en la Constitución. En efecto, la presión que ejercen sobre la sociedad campañas como la de MeToo, los movimientos sociales o las huelgas feministas que han surgido en varios países del mundo como España, Argentina, Polonia… y los avances que a veces han hecho posible, han permitido poner estos debates en el centro de la sociedad y de los medios de comunicación, que empiezan a tratar seriamente el tema de la violencia sexual y de género. El gobierno francés (y otros partidos que reivindican su radicalismo en estas cuestiones) no se libran de estas presiones y recurren al «pinkwashing», dando la apariencia de tener en cuenta esta violencia, o incluso de actuar de forma progresista hacia ella. La cobertura mediática del asunto Pelicot es sin duda también una consecuencia de esta presión. Pero no debe hacernos olvidar que más allá de la singularidad del caso de Gisèle, son muchas las violaciones cometidas contra víctimas del sometimiento químico, la mayoría de las cuales siguen sin conocerse ni juzgarse.
Mantener la presión a través de las luchas.
Más allá de estos efectos, no es difícil hacer saltar por los aires las apariencias y mostrar su vacuidad. Por ejemplo, la constitucionalización del aborto, que había sido fuertemente apoyada en particular por la Francia Insumisa, no engañó a todos, y algunos colectivos feministas demostraron muy rápidamente que seguía siendo insuficiente si no se disponía de los medios materiales para llevarla a cabo con medidas efectivas. En efecto, sin medios para mantener los centros para llevar a cabo un IVE(Interrupción voluntaria del embarazo) existentes o para crear otros nuevos, especialmente en el campo, sin retirar la cláusula de conciencia detrás de la cual todavía se esconden muchos profesionales de la salud, sin una apertura explícita del aborto para las personas trans, no hay garantía de que este derecho sea efectivo.
Lo mismo ocurre con la inclusión de la noción de consentimiento en la ley. De hecho, los casos de violación son emblemáticos del sexismo sistémico que impregna al Estado y a la sociedad por todos lados. En primer lugar, porque los lugares donde es posible hablar sobre este tema no son numerosos o, cuando los hay, carecen de financiación y recursos humanos para cumplir su función. Luego, porque la acogida de las personas que logran hablar –en la gendarmería o en las comisarías– es cuanto menos violenta. Finalmente, porque los casos –pocos en número dadas las trabas previas– que efectivamente se juzgan, acaban en muchos casos archivándose por falta de pruebas.
Así, lo que hace que el caso Pelicot sea tan resonante es sobre todo la presencia de una gran cantidad de pruebas en forma de vídeos y fotografías encontradas en el ordenador del acusado. Podemos pensar fácilmente que sin estas pruebas, y a pesar de los trastornos psicológicos y ginecológicos inexplicables que la víctima presentaba desde hace años, el juicio no se habría llevado a cabo y que la violencia contra Gisèle habría continuado, a la sombra del “ámbito privado”.
Por lo tanto, incluir la noción de consentimiento no será suficiente. Al igual que con el aborto, debe haber una garantía de recursos financieros y humanos dedicados a la cuestión de la violación y, más particularmente, a la violencia sexual y machista. También es necesario una formación obligatoria, a todas las personas que reciben, acompañan, defienden o juzgan casos de violación. Pero estos medios, al igual que la transformación de la sociedad que los sustenta, sólo serán posibles si se intensifica la presión sobre ellos. Al igual que las movilizaciones masivas en muchos países del mundo sobre estos temas, es necesario fortalecer los colectivos autoorganizados existentes sobre estos temas, y en particular la coordinación de los colectivos que se dan a sí mismos la tarea de organizar la huelga feminista –una huelga para exigir derechos para las mujeres y las minorías, y exigir una sociedad libre de las opresiones sistémicas que la caracterizan.
Desde esta perspectiva, y aunque esta lucha debe de ser continua, es importante aprovechar el 25 de noviembre y el 8 de marzo, denunciar su utilización por parte de la clase política, y organizarse junto con las organizaciones sindicales, que deben abrirse a los colectivos autoorganizados sobre estos temas, para presentar una plataforma de demandas, así como una huelga general. En todas las numerosas ciudades donde se celebran las fechas del 25 de noviembre y el 8 de marzo, llamemos a unirse a los colectivos que organizan la lucha y las manifestaciones previstas, y a construir reivindicaciones que permitan la convergencia de todas las luchas contra la opresión.
¡Es hora de que la vergüenza cambie de bando!
Mama, te has enterado de los “51 en Francia”? ¡Es horrible, mamá! No, hija, ¿de qué me hablas? Es entonces cuando una rápida búsqueda en Google, me golpea en la cara y una oleada de indignación y también por supuesto de vergüenza, sacude mi cuerpo. Vergüenza por ella, por mí y por todas las mujeres. La realidad vuelve a ser más dura que la ficción, por más retorcida que esta sea. Por muchos “avances y logros” que según nos dicen, hayamos logrado en la civilizada y democrática Europa, la cruda realidad nos recuerda que, para algunos hombres, seguimos siendo de “su” propiedad. Y lo peor; no están solos.
Por Laura R. – Corriente Roja
Los hechos: «Violación no es la palabra, es barbarie»
Gisèle de 67 años, vecina de la localidad de Mazán, al sureste de Francia, fue violada repetidamente por más de 50 hombres a lo largo de 10 años, durante los cuales su marido Dominique Pélicot, un jubilado de 71 años, ofrecía los “servicios sexuales de una esposa sonámbula y obediente”, en un portal web que fue clausurado por la Policía francesa en junio de este año. Un portal web que entre otras cosas servía a una red ya desmantelada de distribución de pornografía infantil, a través del servicio de mensajería WhatsApp, que se extendía a ocho países de Europa y América.
En relación al caso, que se juzga en Aviñon, aunque las autoridades han identificado a 51 agresores, que ahora se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de violación agravada penado con hasta 20 años de cárcel, se sospecha que el número podría ascender a 83. Noventa y dos violaciones entre octubre de 2020 y julio de 2011. Varios de los agresores están muertos y uno está prófugo, según informa el diario Le Parisien.
La víctima, que se negó a ver los vídeos de las violaciones hasta mayo del 2024, vivió por primera vez, en diferido, las violaciones que ha sufrido durante diez años. Nada podría definir mejor que sus propias palabras, lo que se vio obligada a ver: «Violación no es la palabra, es barbarie».
Como consecuencia de estos abusos y la ingesta de drogas que le administró durante años su marido, que podría estar implicado también en otros casos de violación e incluso en un asesinato en 1991, Gisèle sufría lagunas mentales, un gran cansancio que no sabía explicar y molestias que provocaron varias visitas al ginecólogo.
Un sistema que cosifica y mercantiliza el cuerpo de las mujeres
Queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a esta mujer valiente, que pese a sufrir estréso Pstraumático por lo sucedido, ha decidido junto a sus tres hijos, declarar a puerta abierta en un juicio que, con toda probabilidad, se alargará durante meses. Como ella misma declaraba ante el Tribunal Criminal de Vaucluse, en el sureste de Francia: “Para mí el daño ya está hecho. Lo hago en nombre de todas las mujeres que quizás nunca serán reconocidas como víctimas».
Mas allá del horror y rechazo que suscita, este caso es una muestra más de que vivimos en un orden social y político que se basa en el control y la opresión de las mujeres. Es lo que algunas feministas llaman la “cultura de la violación”, en la que más de la mitad de las agresiones sexuales, que no siempre resultan tan fáciles de probar como en este caso, se llevan a cabo en el entorno social, familiar o laboral de la víctima. Y la mayoría, no se denuncian; ya sea por miedo o por vergüenza. Es en este clima de impunidad, en el que se apoyan algunos de estos depredadores sexuales para cometer sus actos. Por otro lado, la industria del sexo y el entretenimiento de este sistema capitalista cada vez más violento y opresivo, cosifica, sexualiza y mercantiliza nuestros cuerpos, especialmente el de las mujeres a un nivel tal, que estas se convierten en un objeto más, listo para el consumo.
Solo Sí es Sí, lo demás es violación
De los 51 hombres que han sido citados en el juicio de Aviñón, algunos defienden haber sido engañados por Dominique Pélicot y afirman que creían que se trataba de un “delirio libertino” de la pareja. Otros dijeron que no creían que fuera una violación, “porque su marido estaba allí y creían que podía dar su consentimiento por ambos”. Por ahora, solo 14 se han declarado culpables.
Este juicio que ha conmocionado a la sociedad francesa que pone en el centro la cuestión del consentimiento, se lleva a cabo en un momento de ascenso electoral de la extrema derecha y en un contexto de revisión sobre la ley que regula los delitos sexuales en Francia. Se habla de un “juicio histórico”, que sería considerado el caso de violación más grave jamás juzgado en Francia. Hay que recordar que actualmente la violación se define en la legislación francesa como un “acto de penetración sexual” cometido “mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa”.
En Francia como en otros lugares del mundo, hay que salir a pelear por cambiar la Ley que define y pena las agresiones sexuales, para que deje claro que el sexo sin consentimiento es violación. Que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y que no puede existir consentimiento si la agresión sexual se comete “abusando de un estado que impide el juicio del otro”, como ocurre en las sumisiones químicas que son cada vez más frecuentes.
En el Estado Español, la Ley integral de garantía de la libertad sexual, más conocida como Ley “del Solo Sí es Sí”, entró en vigor en octubre de 2022, gracias a una lucha en las calles que duró cinco largos años. Una ley que tiene muchas deficiencias y lagunas. Entre otras, que toda la parte no penal de la norma, para llevar a cabo tareas de prevención y educación sexual en las escuelas, necesita recursos económicos de los que todavía no se ha dotado.
Pese a ello, desde Corriente Roja la defendemos frente al intento de la derecha y ultraderecha de derogarla, porque fue una conquista arrancada en las calles, que sitúa en el centro el consentimiento, para demostrar que hubo agresión sexual.
Pero esto no nos puede hacer olvidar que ninguna ley puede acabar con la violencia sexual en este sistema de opresión y explotación. La violencia sexual es un problema estructural complejo que necesita un abordaje por muchas vías. Actualmente esta Ley sigue sin ser garantía de nada, porque las leyes en favor de la clase trabajadora y los sectores oprimidos en este sistema capitalista, se convierten en papel mojado si no seguimos luchando por hacerlas efectivas y, sobre todo, siempre están amenazadas mientras exista el capitalismo.
Igualmente es necesario señalar que la experiencia demuestra que bajo la democracia burguesa, donde la separación de poderes es en realidad una ficción, no es suficiente con cambiar las leyes. El sistema judicial en todos los países, está lleno de jueces y juezas machistas que a menudo revictimizan a las mujeres cuando se atreven a denunciar y que aplican una vara de medir muy distinta según la clase social a la que pertenezca la persona juzgada.
Un ejemplo es lo que ocurrió en los primeros meses tras la aprobación de la Ley del Solo Sí es Sí, en los que algunos jueces interpretaron y aplicaron algunos de sus artículos de una forma antojadiza, para rebajar las condenas ya impuestas a agresores sexuales y pederastas. En Francia, los abogados defensores de estos violadores califican las imágenes de «relaciones sexuales» y no de violaciones, y han interrogado a la víctima sobre sus «preferencias y prácticas sexuales», aunque las duras imágenes hablan por sí solas.
Lograr más recursos para combatir la violencia sexual y todas las formas de violencia a las mujeres y los sectores oprimidos como migrantes o personas LGTBI, no es un asunto solo de las mujeres, ni únicamente de la juventud, sino del conjunto de la clase trabajadora. Hay que organizarse para que las organizaciones obreras, empezando por los sindicatos, las tomen como parte del pliego de sus demandas y reivindicaciones y pongan al conjunto de la clase trabajadora, con los sectores oprimidos al frente, a luchar por ellas.