Por CARLOS SAPIR

Este verano, activistas de la solidaridad con Palestina en Pittsburgh, Pensilvania, agrupados tras el lema «¡Ningún crimen de guerra a nuestra costa!», se organizaron para proponer una medida electoral que obligaría a la ciudad a desinvertir en empresas cómplices de crímenes de guerra relacionados con la actual invasión y genocidio hecho por Israel en Gaza. La petición recibió un apoyo abrumadoramente positivo por parte del público y consiguió superar el número mínimo de firmas necesarias para acceder a la papeleta electoral.

Los demócratas del gobierno de la ciudad estaban aterrorizados ante la perspectiva de que la medida llegara a las urnas en noviembre. Los políticos, así como las organizaciones sionistas locales, emprendieron rápidas acciones legales para intimidar a los organizadores y quitarlo de la papeleta.

A pesar de que los habitantes de Pittsburgh no van a poder votar sobre la (íntima y provechosa) relación de la ciudad con el Estado israelí este noviembre, los organizadores de la campaña se niegan a rendirse. Más alla, se sienten alentados por la respuesta muy positiva del público de la que fueron testigos mientras hacían campaña, y ven el relativo éxito de la campaña tanto como un paso adelante para desenmascarar la naturaleza antidemocrática de la política estadounidense como una transición hacia la organización de protestas y la construcción de un movimiento de masas para la liberación palestina.

Contra lo que se esperaba

La medida electoral se enfrentó a probabilidades lejanas desde el principio e ignoró gran parte de la sabiduría convencional asociada a las medidas electorales y otras formas de organización electoral. En lugar de planificarse con meses de antelación, con personal a tiempo completo y un fondo para financiar la campaña, No War Crimes On Our Dime se puso en marcha dos semanas tarde en la temporada de peticiones y fue originalmente iniciada por un grupo de activistas locales que se habían reunido para apoyar las acampadas estudiantiles en la Universidad de Pittsburgh en abril. Lo que a la campaña le faltaba en recursos, lo compensaba con entusiasmo, compartido no sólo por la coalición inicial sino también por el público al que se dirigió, que acudió en masa para seguir apoyando la campaña a través del voluntariado y las donaciones.

A lo largo de la campaña, los organizadores dejaron muy claro que consideraban la campaña no sólo como un fin en sí misma, sino principalmente como una forma de hablar a la gente sobre el genocidio en curso en Palestina y de empujarles a la acción política en torno a él. Incluso si la medida electoral hubiera llegado a las elecciones y hubiera sido aprobada, su aplicación requeriría extensas y prolongadas batallas legales en una escala de tiempo totalmente insensible al sufrimiento continuo de los palestinos.

El texto completo de la declaración de la petición decía lo siguiente «¿Debe enmendarse y completarse la Carta de Autonomía de Pittsburgh con un nuevo artículo que prohíba la inversión o la asignación de fondos públicos, incluidas las exenciones fiscales, a entidades que realicen operaciones comerciales con o en el Estado de Israel a menos y hasta que Israel ponga fin a su acción militar en Gaza, permita plenamente que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza y conceda la igualdad de derechos a todas las personas que viven en los territorios bajo control israelí?»

Los Demócratas y sionistas contra la democracia

Los ataques contra la petición se presentaron de diversas formas y mostraron un desprecio general por la democracia y las opiniones políticas de los trabajadores. En nombre del gobierno de la ciudad, controlado por los demócratas, la interventora municipal Rachel Heisler impugnó que la medida era inaplicable y debía desestimarse por motivos de procedimiento. Heisler alegó que, a pesar de que las descripciones de las medidas electorales tienen un estricto y escaso limite de espacios, la medida necesitaba tener preparada de antemano una aplicación legal totalmente articulada. Este tipo de objeción prácticamente excluye que una persona de clase trabajadora (o cualquier otra persona sin un equipo jurídico bien financiado) pueda influir de forma significativa en la política de la ciudad.

Irónicamente, en otros argumentos, Heisler esencialmente argumentó que el referéndum es incompatible con el capitalismo, afirmando que un obstáculo fundamental para la aplicación de la medida electoral es que «vivimos en una economía global», procediendo a enumerar las varias empresas con las que la ciudad tiene contratos y que también hacen negocios con Israel. Aunque los organizadores de la campaña especificaron en respuesta que tenían una definición más restringida de «inversión o asignación de fondos» en relación con las empresas afectadas y que creían que la medida sería finalmente aplicable, no deja de ser una asombrosa admisión de los fallos morales del capitalismo que sea aparentemente «imposible» desvincular económicamente a una ciudad norteamericana de la complicidad en un genocidio que ocurre en otro continente.

Mientras tanto, la Federación Judía del Gran Pittsburgh, que forma parte de las Federaciones Judías de Norteamérica, una red de organizaciones sin ánimo de lucro bien financiadas, lanzó sus propios ataques. Basándose en argumentos jurídicos, alegó que 10.000 de las 15.000 firmas recogidas eran ilegítimas por una u otra razón. Esto se aprovecha de los antidemocráticos detalles del proceso de las medidas electorales. No sólo hay un listón increíblemente alto de firmas necesarias para acceder a la papeleta electoral, sino que las firmas recogidas pueden ser descartadas por cualquiera de una serie de razones. Por ejemplo, las firmas que incluyan «Pitt» o «PGH» en lugar de «Pittsburgh» en la casilla de la ciudad no son válidas según las normas oficiales aunque sean abreviaciones muy comunes. Las firmas también fueron impugnadas por ser supuestamente ilegibles, una afirmación que podía ser rebatida por la campaña, pero sólo cotejando la firma con una base de datos de votantes, un proceso caro y que requiere mucho tiempo.

Al mismo tiempo, la Federación Judía hizo extensos comentarios calumniosos a los medios de comunicación, denunciando la campaña como antisemita. Lo hizo a pesar de que los propios organizadores de la campaña eran desproporcionadamente judíos, y muchos de ellos expresaron que la apropiación indebida de la identidad judía por parte de Israel era un factor motivador de su organización de solidaridad con Palestina. Estos ataques fueron acompañados por el doxxing de las firmas de la petición en los medios sociales. En particular, la presión de los medios sociales se dirigió contra los empleados del gobierno municipal que firmaron la petición, y se presionó dimitir un responsable de comunicación de la oficina del alcalde, el demócrata Ed Gainey. Este doxxing, por supuesto, es otra característica antidemocrática del sistema de medidas electorales, que convierte a cualquiera que organice o participe en una campaña de medidas electorales en un objetivo potencial de acoso.

¿Qué viene ahora para la lucha de solidaridad con palestina?

En última instancia, a pesar de haber demostrado claramente que su campaña representa la opinión popular, el sistema de medidas de votación está configurado de tal manera que gana el bando que cuenta con el mejor equipo jurídico. Reconociendo que no podrían ganar contra este proceso, la campaña retiró la medida electoral y se comprometió a volver a reunir sus fuerzas.

Las medidas electorales suelen ser un vehículo excelente para agitar reivindicaciones políticas de forma inmediata e ineludible. En cada paso de su aplicación, presionan sobre una contradicción central de la democracia burguesa, entre la ilusión de que los votos populares significan que nuestro gobierno está «gobernado por el pueblo» y la realidad de que la ley burguesa pone innumerables obstáculos a la política de participación de la clase trabajadora, y de que los partidos Demócrata y Republicano emplean todos sus esfuerzos en bloquear y desbaratar la actividad política fuera de los márgenes del voto a sus candidatos.

Primero está la lucha inhumana para recoger decenas de miles de firmas en sólo unas semanas. Luego está la impugnación legal de las firmas y las injustas campañas mediáticas burguesas contra la medida. Luego está la campaña real, seguida de la prácticamente inevitable impedimento de la aplicación de la medida por el gobierno incluso ya cuando sea aprobada. De este modo, las medidas electorales brindan la oportunidad de implicar a la gente en el debate político de un modo que la empuja de forma natural hacia la acción política, al tiempo que demuestran las limitaciones de nuestro sistema político actual sin conceder ni un solo principio en el proceso. Si, como escribió Rosa Luxembug, «los que no se mueven no notan sus cadenas», organizar campañas de medidas electorales empuja a la gente a moverse.

Junto con las protestas callejeras, los actos de educación pública y la organización de la solidaridad sindical, la campaña por una medida en las urnas puede ser un motor eficaz para ayudar a construir un movimiento de masas. Los organizadores de Pittsburgh esperan que los organizadores de la solidaridad con Palestina de todo el país puedan utilizar sus esfuerzos como modelo.

Una segunda campaña de la medida en la papeleta, esta vez con más planificación previa y todos los contactos que surgieron de la primera campaña, también es una perspectiva viable. Al mismo tiempo, el impulso hacia la organización solidaria creado por la campaña coincide ahora con el regreso de los estudiantes al campus, lo que ofrece una oportunidad apasionante para que estudiantes y trabajadores unan sus esfuerzos organizativos en Palestina.