Por JOSÉ MONTEROJO
La rivalidad interimperialista en la que las potencias imperialistas dominantes (principalmente Estados Unidos y China) intentan restablecer el control social/político y la acumulación rentable de capital está reconfigurando las realidades políticas, sociales y económicas de América Latina. El impulso para restablecer la rentabilidad en todo el mundo está profundizando la dependencia de América Latina de las potencias imperialistas, creando condiciones sociales que dan origen a movimientos de extrema derecha, rebeliones de la clase obrera y una nueva ola de gobiernos reformistas o de la “marea rosa”.
En toda América Latina, las potencias imperialistas están incrementando el papel de América Latina como proveedora de materias primas a bajo precio e importadora de productos manufacturados y tecnológicos a un gran coste humano y medioambiental. Aunque históricamente Estados Unidos y Europa han sido los principales explotadores de los recursos del continente, el crecimiento de China como potencia imperialista en ascenso ha motivado su expansión hacia América Latina para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas y alimentarias. Hoy en día, China se ha convertido en el mayor socio comercial de toda Sudamérica, incluso en las mayores economías de la región, como Brasil y Argentina, con importantes incursiones en Centroamérica, el Caribe y México. Esto ha desplazado a Estados Unidos en ese papel a medida que este país se ve cada vez más envuelto en conflictos en Europa, Oriente Medio y el Pacífico.
La relación de China con América Latina ha evolucionado en los últimos 15 años. Tras su admisión en la Organización Mundial del Comercio en 2001, China aceleró su relación comercial con el continente utilizando América Latina como mercado para sus productos manufacturados baratos y como fuente de energía y alimentos para cumplir con su creciente mercado interno. En estos años, China comenzó a hacer incursiones en los sectores agrícola, petrolero y energético sudamericanos. La inundación de productos chinos en lugares como México, por ejemplo, desempeñó un papel importante en el desplazamiento de capitalistas locales más pequeños en un proceso de acumulación y centralización de capital que continúa hasta hoy.
En 2008, China publicó un plan estratégico destinado a expandir su poder económico por todo el mundo. Así comenzó la carrera de préstamos de China por todas las semicolonias, ofreciendo préstamos más baratos a cambio de materias primas, allí donde las instituciones financieras dominantes, como el FMI, se negaban a hacerlo u ofrecían préstamos bajo condiciones de drásticos reajustes estructurales. La crisis económica mundial que comenzó en 2008 hizo que los préstamos chinos resultaran atractivos para países profundamente endeudados de América Latina, como Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela, siendo este último el mayor deudor de China en la actualidad. Desde entonces, las crisis económicas y la pandemia del virus Covid-19 han dificultado el reembolso de estos préstamos por parte de estas semicolonias. Y alrededor de 2013, China comenzó a desarrollar sus ahora infames megaproyectos de infraestructuras, incluida la construcción de puertos, presas hidroeléctricas y ferrocarriles.
Sin embargo, desde 2017 aproximadamente, China ha cambiado su enfoque. En lugar de grandes proyectos de infraestructura y préstamos, se está moviendo hacia inversiones más pequeñas con retornos más rápidos en la llamada tecnología verde, inteligencia artificial y telecomunicaciones, ambas en el corazón de la rivalidad imperialista con Estados Unidos. En el caso de Brasil, Argentina y México, las empresas chinas de vehículos eléctricos como BYD, Geely y Stellantis están aumentando sus inversiones en materias primas y producción industrial de vehículos eléctricos, tratando de utilizar estas naciones como puntos de apoyo clave desde los que acceder a mercados de vehículos eléctricos más amplios en todo el hemisferio occidental, aprovechando al mismo tiempo la desinversión estadounidense en toda la región. Uno de los actuales proyectos de infraestructuras de China para complementar y apoyar estas inversiones es un puerto en Chancay (Perú), que está previsto volverse el mayor puerto del Pacífico sudamericano y en el que China poseerá la mayoría de las acciones.
En Estados Unidos, la ley CHIPS y las leyes de reducción de la inflación aplicadas por la administración Biden son un intento estadounidense de desarrollar un sistema tecnológico y energético nacional independiente de China. Esta política otorga una mayor importancia a países latinoamericanos como México, que se ha convertido en el centro del “nearshoring”, término utilizado para describir el traslado de empresas industriales estadounidenses a México debido a su ubicación estratégica y a su mayor rentabilidad. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha considerado a México, Costa Rica y Panamá como posibles lugares de producción y distribución de tecnología de semiconductores, aunque sigue haciendo llamando por el desarrollo de una base nacional de semiconductores dentro de Estados Unidos. Brasil es el único país de América Latina que cuenta con importantes instalaciones de fabricación de semiconductores y está buscando en China más inversiones en este campo.
El imperialismo estadounidense ve con preocupación la espectacular inversión china en América Latina. Considera las infraestructuras de China -desde sus puertos y ferrocarriles hasta sus sistemas de satélites- como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y su crecimiento económico como un desafío para el capital estadounidense. El imperialismo estadounidense utiliza diversas herramientas a su disposición para frenar el avance de China; en Ecuador, por ejemplo, Estados Unidos prometió facilitar créditos para saldar la deuda de Ecuador con China a cambio de que el gobierno ecuatoriano rechazara que el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei hiciera negocios en el país. En el caso de México, el régimen de Biden -con la esperanza de hacer crecer una base industrial estadounidense- obligó a las autoridades mexicanas a negar a las empresas chinas de vehículos eléctricos un punto de apoyo industrial en el país, que, según Estados Unidos, China utiliza para eludir los elevados aranceles estadounidenses sobre los productos chinos.
Además de las maniobras para contrarrestar el crecimiento chino -que Estados Unidos es incapaz de frenar en última instancia-, el imperialismo estadounidense ha propuesto sus propios proyectos económicos con América Latina en respuesta a la inclusión de 20 países latinoamericanos en el BRI. Trump lo intentó con América Crece y Biden con la Alianza para la Prosperidad Económica de Estados Unidos, que no han llegado a ninguna parte mientras China sigue estrechando lazos económicos con las burguesías latinoamericanas.
El afán imperialista de poder y lucro en América Latina está provocando cambios estructurales que siguen devastando las condiciones de vida de los trabajadores, las libertades políticas y los hábitats ecológicos. Las crisis sociales resultantes de la creciente precariedad y violencia han producido una polarización en la sociedad entre movimientos y partidos de extrema derecha y movilizaciones de izquierda y partidos reformistas. Un ejemplo de ello es el ejemplo más celebrado de la extrema derecha mundial, Nayib Bukele, recientemente reelegido presidente de El Salvador. Su primer mandato se caracterizó por la declaración de un estado de excepción aún vigente, el encarcelamiento de decenas de miles de salvadoreños -la mayoría de los cuales no puede comprobarse que pertenezcan a bandas criminales-, la construcción de enormes prisiones y el recorte de las libertades democráticas y políticas de activistas y medios de comunicación. En su toma de posesión en junio de 2024 -para la que Bukele tuvo que manipular la constitución de su país- aparecieron figuras de extrema derecha como Tucker Carlson (ex de Fox News), Donald Trump Jr, Javier Milei de Argentina y el senador de Florida Matt Gaetz.
Estas figuras representan una muestra representativa del ala internacional de extrema derecha de la burguesía, que está respondiendo a la crisis que produce el capitalismo con los proyectos sociales, económicos y políticos más reaccionarios, incluyendo medidas autoritarias que eluden las normas democráticas burguesas, como el estado de emergencia en El Salvador y Ecuador; legislación anti-mujer y LGBTQIA+; recortes masivos de los servicios públicos, como bajo Milei en Argentina; e intensificación de la explotación de combustibles fósiles, como Donald Trump anunció alegremente en su reciente mitin en Nevada. El ascenso de la extrema derecha en las elecciones de la Unión Europea demuestra un patrón de crecimiento que representa un peligro para los trabajadores, los oprimidos y las organizaciones de nuestra clase.
Por otro lado, las condiciones de explotación y barbarie producidas por la crisis del capitalismo también generan resistencia y rebelión entre los oprimidos de América Latina. Las oleadas de levantamientos en Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú expresan una polarización de izquierdas que apunta hacia la posibilidad de revoluciones democráticas y socialistas dirigidas no sólo a desafiar las condiciones inmediatas de represión y pobreza, sino también las realidades estructurales de la dominación imperialista. Estas rebeliones involucraron a millones de latinoamericanos en un intenso conflicto con sus opresores, crearon muchas organizaciones independientes de la clase obrera e inspiraron a trabajadores de todo el mundo.
La falta de una dirección política revolucionaria, sin embargo, ha permitido a los partidos reformistas canalizar estas rebeliones hacia el Estado burgués a través de lo que los marxistas llaman la “reacción democrática”, donde las burguesías en el poder se salvan ofreciendo vías legislativas y electorales para reparar las demandas de las masas con el fin de evitar que se desarrolle una situación revolucionaria. En Chile y Colombia, por ejemplo, las rebeliones nacionales que pedían la destitución de Sebastián Piñera e Iván Duque, respectivamente, fueron reprimidas violentamente y desmanteladas con éxito a través de las promesas de reforma electoral de los partidos reformistas.
Gustavo Petro y Gabriel Boric, los nuevos regímenes “progresistas” de Colombia y Chile, utilizan una retórica izquierdista y nacionalista, pero en realidad son incapaces de cambiar la realidad básica a la que se enfrentan los latinoamericanos. Mientras que la anterior oleada de gobiernos “socialistas”, como los de Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia, ofrecieron concesiones significativas a los trabajadores y a los pobres a través de subsidios derivados de los altos precios de las materias primas, las crisis económicas en todo el mundo han cerrado esta posibilidad a estos nuevos regímenes. La victoria de Claudia Sheinmbaum en las elecciones presidenciales de México ha reanimado el entusiasmo en toda la izquierda reformista, pero su retórica nacionalista y feminista puede hacer poco -como con su predecesor, López Obrador (“AMLO”)- para cambiar la explotación de México por el capital extranjero; la horrible violencia, política y social, del narco; y la desigualdad y la pobreza que marcan la nación.
Si bien el capitalismo mexicano y brasileño (las dos economías más grandes de América Latina) viven un momento de relativa paz social en comaparados a otros países, esto no es más que un período de transición que la burguesía no puede mantener indefinidamente. En México, las políticas keynesianas de AMLO sí mejoraron las condiciones de la mitad más pobre de la población mexicana, mientras que el relativamente nuevo mandato de Lula aún no ha arrojado cifras comparables. Ambas burguesías, sin embargo, se han beneficiado de la afluencia de capital chino porque han sido capaces de aprovecharlo contra el capital estadounidense, fortaleciendo momentáneamente sus monedas nacionales y haciendo crecer una clase media ligada a las inversiones chinas y estadounidenses en tecnología y extracción de recursos. La tendencia a la caida de la rentabilidad capitalista durante décadas en todo el mundo, combinada con la intensificación de la explotación y la austeridad que estos gobiernos seguirán aplicando, auguran nuevos períodos de inestabilidad política, polarización y revolución.
Como socialistas en el corazón del imperialismo, La Voz de los Trabajadores está con las luchas de los trabajadores, los oprimidos y los pueblos indígenas en toda América Latina, que se enfrentan a un ataque de la pobreza, la inestabilidad, la represión y la degradación del medio ambiente. No tenemos fe en los regímenes de la marea rosa, que cubren la naturaleza explotadora de sus estados con una retórica izquierdista para aplacar los impulsos revolucionarios de las masas operarias. Apoyamos las luchas en curso contra la austeridad en Argentina, la destrucción medioambiental en Panamá, la violencia narcocapitalista en México, etc.
La creciente presencia de China en América Latina no nos alegra; reconocemos la dinámica cambiante hacia una rivalidad intensificada entre el imperialismo chino y el estadounidense, pero no tomamos partido por el imperialismo chino porque no representa, como algunos partidos reformistas quieren hacernos creer, una salida progresista para el mundo semicolonial. China es un nuevo colonizador con un estilo y una retórica distinta. Por último, luchamos por la cancelación de la deuda externa colonial que encadena las economías latinoamericanas y por la despenalización de las drogas adictivas, lo que podría poner fin a la lacra de la narcoviolencia para millones de latinoamericanos.
Foto: Protesta de vecinos y ecologistas en 2019 contra el “megapuerto” financiado por China en Chancay, Perú. (Miriam Arce vía Global Voices).